Organizaciones denuncian ante el Congreso de EE.UU. posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador

Organizaciones de derechos humanos, periodistas y expertos internacionales denunciaron ante el Congreso de Estados Unidos las violaciones masivas a derechos humanos, persecución, arrestos y exilio contra la población civil y voces críticas en El Salvador durante el régimen de excepción vigente desde 2022; actos que, según reafirmaron expertos independientes, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sostuvo una audiencia titulada “El estado de excepción en El Salvador: quinto año” para analizar la situación de derechos humanos en el país, que en marzo de 2026 inició su quinto año bajo estado de excepción.

Durante la sesión, los testimonios apuntaron a un patrón sistemático de abusos que incluyen miles de denuncias por capturas arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y muertes en custodia del Estado; y señalaron que, como consecuencia del uso del régimen contra voces críticas, decenas de personas defensoras y periodistas han salido al exilio.

Sergio Arauz, periodista de El Faro y presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), declaró desde el exilio que el país atraviesa un clima de temor que afecta directamente la libertad de expresión.

“El Salvador ya no es un lugar seguro para quienes ejercemos el periodismo. Hoy se ha normalizado la persecución sistemática de cualquier voz crítica y disidente”, señaló. Arauz aseguró que el uso de herramientas de vigilancia como Pegasus y la presión estatal han empujado al menos a 53 periodistas a salir del país hasta 2025.

La experta independiente Susana SáCouto, quien forma parte del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), afirmó ante el congreso estadounidense que los hechos documentados podrían encajar en la categoría de crímenes de lesa humanidad.

“Existen motivos razonables para creer que la respuesta de El Salvador cumple los elementos de crímenes de lesa humanidad”, indicó. “Se trata de un patrón organizado y acumulativo de violaciones extremadamente graves, no incidentes aislados”.

El 10 y 11 de marzo, el GIPES presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas un informe que contiene graves acusaciones por violaciones a derechos humanos en contra del gobierno de Nayib Bukele. 

Además, subrayó el límite del uso de la fuerza estatal. “La seguridad pública no puede lograrse cometiendo crímenes de lesa humanidad”, dijo.

Hasta ahora, el gobierno de Nayib Bukele ha defendido su estrategia de seguridad, asegurando que ha permitido reducir drásticamente la violencia, y ha rechazado las acusaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

“Tienen que ser procesados”

El congresista republicano Chris Smith, subjefe de la comisión, cuestionó a las organizaciones defensoras de derechos humanos argumentando que la tasa de homicidios en El Salvador «ha caído en picada, la extorsión ha disminuido, y los salvadoreños comunes pueden vivir su día a día con un nivel de seguridad que antes era inimaginable».

El investigador de Human Rights Watch, Juan Pappier, reconoció que la estrategia de seguridad ha tenido efectos visibles en la reducción de la violencia; sin embargo, advirtió que esa mejora convive con un patrón extendido de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

Pappier señaló que HRW ha documentado decenas de casos de detenciones arbitrarias que afectan a personas sin vínculos con estructuras criminales, incluidos niños desde los 12 años, personas con discapacidad y trabajadores sin antecedentes; así como torturas y abusos sexuales.

El congresista estadounidense respondió que la comisión de delitos por parte de las pandillas no justifica que las fuerzas del orden actúen de la misma manera.

“Cualquier funcionario que torture o cometa actos horribles de depravación sexual contra las personas, no solo debería ser despedido (…) sino que deberían ser procesados sin ninguna duda», aseguró.

Según información oficial recabada por HRW, solo existen 19 investigaciones penales y todas se encuentran en proceso, sin que se conozcan cargos, acusaciones o sentencias contra los oficiales involucrados.

Aunque el presidente Nayib Bukele ha sostenido que los errores serán corregidos con el tiempo, Pappier advirtió que las condiciones actuales hacen que eso sea poco probable. 

“La falta de independencia judicial, los cambios en las leyes penales y la sobrecarga de los defensores públicos hacen virtualmente imposible acceder a un recurso legal efectivo”, afirmó.

93 nuevas muertes en 2026

El director de Cristosal, Noah Bullock, advirtió que los abusos dentro del sistema penitenciario salvadoreño no solo persisten, sino que continúan acumulándose. “La violencia criminal de las pandillas ha sido reemplazada por la corrupción y la violencia de un régimen autocrático”, señaló.

Según sus registros de Cristosal, desde enero de 2026 se han documentado 93 nuevas muertes bajo custodia estatal, lo que eleva a 513 el total de fallecimientos vinculados al régimen de excepción.

Bullock detalló que 420 de estos casos han sido verificados individualmente mediante expedientes médicos, informes forenses, testimonios directos y evidencia fotográfica. Este cruce de información —dijo— permite identificar patrones consistentes de violencia física, negligencia médica y condiciones de detención incompatibles con estándares básicos.

Los datos muestran que al menos 181 víctimas presentaban signos de violencia, mientras que otras muertes están asociadas a enfermedades tratables que no recibieron atención oportuna. Infecciones, desnutrición y la falta de asistencia médica aparecen de forma reiterada en los registros analizados.

Las condiciones materiales de detención agravan este panorama. La organización documentó 36 muertes por desnutrición severa y siete por deshidratación, indicadores que, según señaló, reflejan privaciones básicas dentro de los centros penales.

Además, el informe de Cristosal incluye 245 casos de persecución contra personas consideradas críticas del Gobierno, entre ellas opositores, líderes comunitarios, periodistas y defensores de derechos humanos. 86 continúan en prisión hasta abril de 2026.

Isabel Carlota Roby, abogada principal para América Latina del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy, compartió el relato de víctimas detenidas en el sistema penitenciario salvadoreño, describiendo un entorno marcado por amenazas, humillaciones y deshumanización. 

Se refirió a los migrantes venezolanos deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y cómo a los reclusos se les sometió a torturas, violencia sexual y psicológica. Citando el caso de un sobreviviente identificado como RM, relató que los guardias amenazaban con desapariciones, difundían mensajes de terror —como la existencia de “barriles de ácido” para hacer desaparecer cuerpos— y reiteraban que “los derechos humanos no existían” dentro del centro de detención.

El presidente de la Comisión y congresista demócrata James McGovern, quien visitó El Salvador en noviembre de 2024 para constatar las denuncias sobre violaciones a derechos humanos, criticó nuevamente el régimen de excepción y cuestionó a la administración de Donald Trump por su apoyo a Bukele.

“Me reuní con familias cuyos hijos murieron misteriosamente en el CECOT, quienes me suplicaron que no revelara sus identidades porque tienen otros hijos e hijas”, denunció el congresista. “Su miedo era real. No fue inventado. Es real”.