El “costo humano” del régimen: cuatro bebés muertos y otros 261 fallecimientos sin investigar
Un informe elaborado por Cristosal reveló que 261 adultos y cuatro niños y niñas han muerto a causa del régimen de excepción que comenzó el 26 de marzo de 2022. Según el análisis de la organización, los fallecidos se dedicaban a oficios varios y en muchos casos hay evidencia de muertes violentas.
El 26 de marzo de 2022, Ana (nombre ficticio) estaba en su casa cuando un grupo de policías tocó a su puerta. Su captura siguió el mismo modelo que tantas otras siguieron desde que inició el régimen de excepción: sin orden de captura ni explicación, se la llevaron a la delegación policial. Para ese momento, ella tenía siete meses de embarazo y un cuadro de depresión clínica.
La familia de Ana cuenta que las autoridades penitenciarias no les dieron información de su estado de salud, por ello decidieron acudir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Sin embargo, la institución encargada de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas no les dio ninguna respuesta.
Fue hasta el 20 de junio de 2023 que las autoridades penitenciarias llamaron a la hermana de Ana para que se hiciera cargo del bebé de dos meses. “Vaya madre, el niño va enfermo, pero no se preocupe porque lleva medicamento”. “El niño tiene neumonía”, le dijeron.
Además de la neumonía, el bebé también estaba desnutrido —con un peso de solo 13 libras— y “tenía escabiosis (o sarna) por todo el cuerpo”. Sus familiares tuvieron al bebé en sus brazos menos de un día. Lo llevaron a la unidad de salud y luego fue trasladado al Hospital Benjamín Bloom, donde le dijeron que “tenía una infección en el estómago, insuficiencia renal, neumonía y otras enfermedades”.
El bebé de Ana murió el 26 de junio del año pasado. Este fue uno de los cuatro niños y niñas y otros 261 adultos (244 son hombres y 17 mujeres) que han muerto por el régimen de excepción que ha estado vigente desde marzo de 2022, según un informe de Cristosal, una de las principales organizaciones de la sociedad civil que ha investigado los abusos de esta política represiva del Estado.
De acuerdo con el informe, al menos dos bebés fallecieron a escasos días de haber sido entregados a familiares; y otros dos murieron después que sus madres sufrieran abortos espontáneos “probablemente producidos por falta de atención prenatal o porque la cárcel es una institución que vulnera derechos esenciales como la alimentación, la salubridad, la salud y hasta el derecho a respirar libremente”.
Según la investigación de Cristosal, “el 93 % de esas personas eran hombres, en su mayoría de entre 18 y 35 años. El 55 % provenía del área urbana y casi 40% del área rural”.
Los adultos fallecidos en su mayoría eran jornaleros, agricultores, comerciantes, ladrilleros, entre otros oficios varios. Según el análisis de la organización, 90 de los 261 fallecidos estaban recluidos en el Centro Penal de Izalco, 48 en el Centro Preventivo de Cumplimiento de Penas de la Esperanza (conocido como Mariona), 31 en Centro Penal de Apanteos y otros 31 en el Centro Especial en Salud de Quezaltepeque, entre otros centros de reclusión.
Cristosal también identificó que de las 261 muertes, 88 son sospechosas de criminalidad; 87 fueron “muertes naturales” en custodia del Estado; en 72 no hay poca información para clasificarlas y las 14 restantes son probablemente “muertes violentas».
El informe señala que 106 adultos fallecidos tenían hijos, por lo que 176 menores quedaron en orfandad por la muerte de su madre o padre. Mientras que 62,022 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años pudieron haber sufrido alguna modalidad de abandono.
Cristosal basó sus hallazgos en entrevistas con familiares, empleados de las funerarias y otras fuentes; la verificación de inhumaciones y exhumaciones; así como la obtención de documentación sustantiva: autopsias, informes médico-legales, certificaciones de partidas de nacimiento y defunción, entre otras.
Sin investigación
El informe, que recoge los hallazgos de más de dos años de investigación, concluye diciendo que “las autoridades salvadoreñas incumplieron sus obligaciones de investigar con la debida diligencia las muertes de personas detenidas bajo el régimen de excepción, con injustificables negligencias forenses que han contribuido a la impunidad y obstaculizan la depuración de la responsabilidad de las autoridades penales”.
Según el informe, el Estado se ha encargado de ocultar la información relacionada con las muertes dentro de las cárceles del régimen y “hasta se promueve que los familiares no den declaraciones a medios de comunicación o informen de estas muertes a organizaciones de la sociedad civil”. Los familiares incluso temen que si dan información sufran represalias que lleven a nuevas capturas.
Cristosal también señala que “el uso de fosas comunes para el entierro de personas privadas de libertad es una práctica recurrente por parte de las autoridades penitenciarias”.
En junio del año pasado, el fiscal general impuesto por la Asamblea Legislativa oficialista, Rodolfo Delgado, dijo que había archivado 142 muertes porque no había crimen que perseguir. Delgado aseguró en esa ocasión que “142 casos no constituyen delito, de acuerdo con nuestras investigaciones” y agregó que “hemos comprobado científicamente, con el auxilio del Instituto de Medicina Legal, las causas de las muertes”.
Cristosal identificó que entre las causas de las muertes violentas hay seis por asfixia, siete por diferentes traumas y casos de vapuleo, homicidio, muerte violenta, hematoma subdural, politraumatismo. También se han documentado cadáveres con signos de violencia.
La “justicia” del régimen
En su informe, Cristosal analizó 1,178 casos de personas detenidas y procesadas que conforman el universo de la muestra. De estos, un 81 % son hombres (949) y el 19 % mujeres (229). Del total de los casos, “se detecta una absoluta falta de fundamentación de las imputaciones de los fiscales contra las personas acusadas por el delito de agrupaciones ilícitas”.
Diferentes medios y organizaciones han documentado con ayuda de documentos judiciales que en muchos casos los capturados han sido capturados por mostrar “una conducta nerviosa y sospechosa” y porque la “voz pública” los perfiló como pandilleros, o porque los policías tenían que llenar una cuota de detenciones que les impuso la dirección general para poder tener días de descanso.
Muchos expedientes fiscales se construyeron con la ficha de captura que elaboró la policía y con datos de contexto de las pandillas. Cristosal establece que esto “evidencia un patrón sistemático de actuación que trasciende a la decisión individual de cada fiscal y devela una política institucional de persecución penal arbitraria”.
“Al estar basadas estrictamente en las actuaciones, versiones y documentos policiales, se
puede afirmar que las acusaciones por agrupaciones ilícitas estudiadas se fundamentan, todas ellas, de forma arbitraria en el mero señalamiento hecho por los captores”, apunta el informe.
Según el análisis de Cristosal, del total de detenidos solo el 0.8 % eran presuntos jefes pandilleros, como los palabreros o corredores. Mientras que el 93.3 % fueron catalogados por las autoridades con “roles de bajo rango en la estructura de una pandilla, sumadas a las de términos genéricos como soldado, miembro o homeboy/homegirl”.
El jefe de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales, aseguró que “el régimen de excepción no investiga ni procesa por los delitos más violentos que se atribuyen a las pandillas”, como homicidios o extorsión.
