El régimen de Bukele despertó a un tirano que acosó a niñas en Puerto El Triunfo

Por Claudia Palacios y Gabriela Castellón
Con reportes de Andrés Dimas

Antes del régimen, el capitán Cortez Henríquez sembraba miedo en Puerto El Triunfo.

“Él odiaba el puerto. Decía que aquí todos éramos pandilleros. Llegaba al Barrio La Playa y se paraba en una esquina y gritaba, como para que todos lo oyeran:  ‘¡A todas estas viejas putas me las voy a llevar presas!’», cuenta una vecina.

Antes del régimen, el capitán Cortez Henríquez se ensañaba con los más jóvenes. 

“Él iba regresando de un partido, con unos amigos y un par de cervezas en una bolsa. El capitán los detuvo a todos, los comenzó a registrar y los obligó a tomarse las cervezas de un solo, sin respirar. Los pobres muchachos se estaban ahogando y él se reía”, cuenta otra.

Antes del régimen, el capitán ya era conocido por acosar a  menores de edad.

“Él me decía que quería a mi hija para su mujer. Y yo una vez le dije: ‘mire, si ella está pequeña, usted puede ser hasta su papá’”, cuenta una tercera vecina del puerto. 

Pero cuando el régimen de excepción entró en vigencia a finales de marzo de 2022, el capitán Cortez Henríquez encegueció de poder. 

Profundizó los abusos y los acosos.

“El capitán había cometido abusos antes, pero tal vez tenía un poquito de temor, por la situación de que había derechos humanos; con la llegada del régimen de excepción él se enfermó. Como que le inyectaron veneno y ya podía hacer las locuras que antes no podía hacer”, dice una de sus víctimas, un detenido del régimen que pagó dos meses en prisión acusado luego de que una unidad subordinada al capitán lo detuviera, sin pruebas, acusándolo de ser un pandillero.

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Si el régimen de excepción ordenado por el presidente Nayib Bukele y el oficialismo pudiera describirse con un rostro de maldad, para los habitantes de Puerto El Triunfo, en Usulután, ese rostro se parecería mucho al de José Edid Cortez Henríquez, un capitán de la Fuerza Naval que dirigió con puño de hierro esa localidad entre marzo de 2022 y abril de 2023. 

Los vecinos de Puerto El Triunfo lo describen como un “hombre déspota”, “furioso”, “loco” y “violento”. Un acosador de mujeres y niñas que abusó de su poder para forzar a muchas de ellas a tener relaciones sexuales con él; un oficial que ordenó la detención arbitraria de cientos de personas y permitió golpizas a los capturados en un pequeño pueblo de unos 168 kilómetros cuadrados, ubicado a orillas de un malecón, en la zona costera del oriente del país. 

Durante ocho meses, Focos visitó 10 comunidades afectadas por Cortez Henríquez y entrevistó a una treintena de personas que denuncian arbitrariedades ordenadas y cometidas por el militar.  También contrastó estos testimonios con entrevistas a agentes policiales y miembros de la Fuerza Naval. La acusación por la que fue detenido en abril es apenas una porción de los excesos que cometió en su calidad de capitán de la Fuerza Naval a cargo de operativos en el marco del régimen de excepción. La mayoría de denuncias en su contra continúan en impunidad.

 Tras su captura, y su posterior liberación para continuar un proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, Cortez Henríquez ha estado resguardado bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, un trato distinto comparado con el que han merecido otros militares señalados públicamente por abusos sexuales.

El caso de este capitán de Puerto El Triunfo no es único en su especie, pero es quizá uno que dimensiona cómo impacta la concentración de poder y la falta de garantías constitucionales en los territorios dominados por la agenda militarista de Bukele. A inicios del régimen, los abusos de los militares, particularmente de las Fuerzas Navales, contra pobladores, cobraron notoriedad cuando, en el Bajo Lempa, un grupo de marinos secuestró y torturó a un grupo de 8 jóvenes. Recientemente, otro caso contra un grupo de navales acusados por la violación de una menor de edad reabrió el debate sobre cómo el gobierno Bukele ha permitido que los cuerpos de seguridad actúen a sus anchas y en total impunidad. Desde la instauración del régimen de excepción, las denuncias contra agentes de la Policía y soldados se han disparado, según Cristosal. La organización registró 4,324 víctimas de la Policía Nacional Civil, 412 de las Fuerzas Armadas y 851 de ambas instituciones en conjunto. 

En el Puerto El Triunfo, durante 12 meses, el capitán Cortez usó el poder que le daba el régimen, y la complicidad de la Policía, para ensañarse con mujeres y con quien se interpusiera en su camino sin que el Estado lo impidiera o lo procesara. Focos registró 35 denuncias de detenciones arbitrarias durante el periodo en que el militar estuvo a cargo de los operativos. 

Cortez Henríquez fue detenido el 2 de abril por delitos sexuales contra menores de edad,  en  el marco de la Operación Valentina, en la que se capturó a 232 agresores sexuales de todo el país.

Por unos días, la población del puerto pudo respirar tranquila. Pero el miedo no tardó en volver. Dos meses después de su detención, “El capitán”, como le conocen en la zona, fue liberado condicionalmente mientras continúa su proceso penal en el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco. Algunos vecinos aseguran haberlo visto “campante” haciendo mandados en San Miguel, vociferando en el desfile militar del 15 de septiembre o incluso, afirman haber visto su sombra pasearse por el malecón. Lo cierto es que el Ministerio de Defensa decidió alejarlo de Puerto El Triunfo, lo trasladó por unos meses a la base de la Fuerza Naval en San Salvador, en los terrenos que antes pertenecían a la Policía de Hacienda, y hace dos semanas lo movió de nuevo a la base ubicada en La Unión, cerca de su casa y su familia.

Focos lo buscó en esas instalaciones, pero no pudo siquiera atravesar la garita de entrada. “El capitán está de licencia”, informó uno de los guardias, después de telefonear consultando a sus superiores. Minutos después, otro militar llegó a la entrada para saber quiénes y por qué estaban buscando al capitán. Luego de informarle sobre esta investigación, pidió referir todas las preguntas al ministro de Defensa.  Se envió una solicitud a la oficina indicada, pero el ministro respondió a través de una carta que no tenía competencia para autorizar la entrevista. “El capitán debe responder personalmente”, dijo la funcionaria del despacho jurídico delegada para entregar la respuesta oficial del MDN. 

Focos volvió a buscarlo en la sede de la Fuerza Naval, pero nuevamente indicaron que no se encontraba presente. En esta ocasión, porque había sido trasladado al Puerto de La Unión. Focos llamó a las instalaciones de la base oriental, pero un marín indicó que no tenía conocimiento del traslado del capitán a esa sede. Al cierre de esta investigación fue imposible dar con su paradero. 

Para los vecinos del puerto, es difícil pensar que algún día Cortez Henríquez pagará, no solo por los casos por los que fue detenido, sino por todos los abusos que cometió durante su gestión como capitán del puerto. “Él es un hombre con mucho poder, él no va a salir condenado, como muchos de nuestros familiares”, dice una de sus víctimas.

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Ocurrió a la medianoche. El régimen de excepción cumplía el sexto mes. La familia se despertó cuando los militares tiraron la puerta de entrada de la pequeña vivienda. Cuando el esposo de S. salió del cuarto a ver qué pasaba los soldados del capitán lo tiraron al piso, lo golpearon y lo amarraron de las manos con una pita. Le dijeron que habían recibido una llamada anónima en la que lo denunciaban por esconder armas a la pandilla. 

Entonces, el capitán se acercó a ella y S. sintió olor a alcohol en su aliento.

El militar se dirigió a su marido.

“Si tu mujer se acuesta conmigo, vos te quedás”, le dijo Cortez Henríquez al hombre, que estaba de rodillas en el suelo, con las manos atrás de la espalda. Dos soldados tenían las culatas de sus fusiles apuntándole a la nuca, obligándolo a mirar hacia abajo a fuerza de golpes. 

En otra esquina del pequeño cuarto, una niña de cinco años miraba la escena horrorizada.

—A mí hágame todo lo que quiera, pero a mi mujer no la vaya a tocar— suplicó el esposo.
— Entonces vas a aceptar todos los cargos que te ponga —respondió el capitán Cortez Henríquez.

Semanas antes, el esposo de S. había recibido una amenaza. Él trabajaba en un comercio del centro de Puerto El Triunfo y el capitán ya había llevado detenido a uno de sus compañeros de trabajo, acusándolo de ser colaborador de las pandillas.

“El capitán vino hoy y me amenazó con que iba a volver por mí, pero si eso pasa vos no vayás a acceder a nada de lo que te pida”, le había dicho a su S. 

En el pueblo ya se hablaba que el oficial chantajeaba a mujeres para obtener favores sexuales a cambio de su libertad o la de sus conocidos. Las amenazaba con detenerlas en el marco del régimen de excepción, o de detener a sus parejas o familiares si no accedían a tener relaciones sexuales con él, según los denunciantes.

Lo más fácil hubiera sido irse inmediatamente, pero  los recursos no sobraban y el capitán también le había dejado claro al hombre que si huía, capturaría a su madre y su hermano en represalia. El esposo de S. no quería arriesgar a su familia y, además, confiaba en que policías y militares, que lo conocían por el comercio donde era empleado, reconocerían que era un muchacho trabajador y no un pandillero. 

Decidieron quedarse. 

Esa noche en que el capitán cumplió su amenaza llegó acompañado de cinco soldados más. 

Le dieron vuelta a toda la habitación.

El capitán se acercó a la cama, levantó el colchón con todo y la niña de 5 años en ella, haciéndola rodar hacia la pared y golpearse. 

La madre del detenido salió de su cuarto y comenzó a rogar porque lo dejaran en paz. 

“Cállese o aquí mismo se lo voy a matar”,  le dijo el capitán. 

En la casa, los soldados no encontraron armas, pero no importaba, porque el militar dejó claro que esa captura era la última que le faltaba para “completar el número de detenidos del día”. Esa frase es una que otros testigos de los abusos del capitán también recuerdan haber escuchado, y coincide con las investigaciones periodísticas que han revelado que las fuerzas de seguridad han recibido órdenes de entregar un número determinado de detenidos al día durante el régimen de excepción. 

Antes de llevarse al esposo de S., un solo marín mostró algo de empatía por la familia. 

“¿No va a dejar que se despida de la niña?”, le dijo al capitán, que accedió a regañadientes. 

El padre y la niña se abrazaron. 

Antes de irse, el mismo soldado le dio a S. un consejo: “Le voy a decir algo. No se vaya detrás de él, porque sino a usted también se la van a llevar”. 

S. esperó a la mañana para llevarle desayuno a su esposo y alcanzó a ver cuando era trasladado junto a otros detenidos hacia las bartolinas de Usulután. “Cuando salió, apenas podía caminar. Tenía la pierna destrozada, como a golpes”, dice. 

Hasta la fecha, S. no sabe sobre el estado en que se encuentra su esposo dentro de la prisión y su hija pequeña no ha salido del estado de terror que sufrió esa noche.

“Ella todavía no puede ver soldados — dice, en referencia a la niña — los primeros días cuando se los topaba en la calle, se orinaba del miedo”.

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— ¿Quién te detuvo? —  preguntó una de las presas. 

— El capitán — dijo la recién llegada, y las detenidas que escuchaban la plática lo comenzaron a insultar a una sombra: “Desgraciado. Hombre malo. Déspota. Trastornado”.

A la cárcel de Apanteos, Santa Ana, llegaban mujeres capturadas de todo el país. Durante los seis meses que H. estuvo presa vio pasar a varias vecinas de Puerto El Triunfo por las mugrientas y hacinadas celdas del penal. 

Como ella, muchas habían sido víctimas directas del capitán. 

Una de las mujeres del puerto, una joven y bonita, le contó, entre lágrimas, que el capitán la obligó a tener relaciones sexuales con él, a cambio de no llevarla presa. El miedo la hizo aceptar y él comenzó a visitarla. “Él llegaba a su casa y la abusaba. La usó y, al final, de todos modos, la capturó”, cuenta H.

Tras las rejas, perdía la noción de los días y las horas. Dependía del sol para adivinar si ya era mediodía y aprovechaba las visitas de iglesias o la Cruz Roja para preguntar en qué fecha estaban. Lo que más recuerda de esos tiempos es la pestilencia del suelo, donde algunas presas defecaban o meaban, cuando ya no se aguantaban, porque las hacían ir al baño por turnos y, a veces, había que esperar demasiadas horas.

H. pasaba buena parte del tiempo rezando. Pedía para sí misma fuerza para aguantar el hambre, las enfermedades, los golpes e insultos de las custodias. Para sus hijas, pedía que no cayeran en manos del capitán. 

Ella sabía lo que significaba decirle que no al capitán. Su hija mayor, 18 años recién cumplidos,  se había negado a tener una relación con él y días después procedió con la captura de H. y la de su esposo, dejando a las hijas sin la protección de ambos padres. No era la única con esa historia. 

“Él también quería que le diera a mi hija. Y yo le dije que mejor me matara, pero que no iba a hacer eso”, le contó otra presa.  

Aferrada a sus oraciones, H. logró sobrevivir seis meses en Apanteos, hasta que salió libre. El juez que conoció su caso determinó que sus hijas necesitaban de ella, así que le permitió seguir el proceso en libertad condicional. 

Lo que supo cuando salió hizo todavía más dolorosos los recuerdos de su encierro y más aterradora la posibilidad de volver a prisión. Mientras ella estaba ahí, sin poder hacer nada por sus hijas, el capitán había comenzado a acosar también a su hija adolescente.

“Después de tu hermana, seguís vos — le decía — y va a ser mejor, porque vos estás más bonita”, cuenta H. 

La menor, de 14 años, otrora una niña alegre, conversadora y amigable, se convirtió en un fantasma tras lo ocurrido con su madre y el acoso del militar. “Casi no comía. La vine a encontrar bien delgadita”,  cuenta la madre entre lágrimas. 

Las denunciantes aseguran que el militar las perseguía por las calles solas, las buscaba en sus casas. “Él pasaba por aquí. Se paraba ahí enfrente de mi casa y se quedaba viendo. Me seguía, cuando venía del trabajo, se venía detrás de mí hasta que yo entraba a la casa. Él me decía: si vos te vas de aquí, te voy a meter presa, porque te voy a poner que vos vas huyendo”, cuenta una de las víctimas. 

A otra mujer entrevistada le registró la casa hasta tres veces ofreciendo liberar a su hijo. La primera vez que se negó, el capitán se fue sin hacer alboroto. La segunda, la amenazó con llevarse a su esposo si no tenía relaciones con él. La tercera vez, llegó a capturarlo. 

En la comunidad aseguran que cuando alguna accedía, el militar hacía que todos se enteraran. “Él las visitaba en sus casas. Llegaba, dejaba dos soldados en la puerta cuidando y entraba solo”, dice una testigo. A otras, las detenía, las llevaba a la Capitanía y permanecían ahí toda la noche. Al día siguiente, las soltaba. Uno de los militares entrevistados para este reportaje confirmó que el capitán ingresaba mujeres a la sede militar. 

El miedo hizo que la mayoría de mujeres que sufrieron acoso por parte del capitán no denunciaran. Sin embargo, unas pocas, a pesar del temor y la falta de confianza en la instituciones de justicia, se atrevieron a hablar y uno de esos procesos llevó a la captura del militar. De acuerdo con La Prensa Gráfica, una fuente que conoce del caso afirmó que actualmente son tres expedientes los que se mantienen contra Cortez Henríquez: dos por violación a menores de edad y otro por acoso contra una adulta. 

Una de las fuentes militares dijo a Focos que el capitán cuenta con respaldo de la Fuerza Armada para llevar el proceso y que la estrategia es intentar conciliar con las víctimas para lograr que retiren sus casos. Ante la solicitud de una posición institucional sobre estos señalamientos, el Ministerio de Defensa solo responde: “esta secretaría de Estado ha estado colaborando con las autoridades competentes en la investigación correspondiente”. 

La cartera de Estado tampoco ha iniciado un proceso disciplinario contra el militar por las acciones que cometió como funcionario del Ejército. “Por respeto del principio de legalidad, la justicia debe comprobar primero si de lo que se le acusa es verdad, antes de que nosotros podamos hacer algo al respecto”, dijo una funcionaria del Ministerio de Defensa.

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M. mira por la ventana del vehículo que se conduce por la vía principal de Puerto El Triunfo. Mientras avanzamos, lento, sobre las calles adoquinadas del casco urbano, M. señala con el dedo, a través del vidrio polarizado, las casas donde vivían o trabajaban sus vecinos antes de ser capturados. “Aquí se llevaron a dos muchachos peluqueros. Aquí, dos muchachas jóvenes que vendían ropa. Más adelante, hay un taller de reparación de bicicletas de donde se llevaron al dueño”,  dice.

El pueblo se divide en 16 colonias que se apretujan cuadra tras cuadra. Al norte y al oeste, hacia Jiquilisco, y al este, hacia Usulután,  la población se desperdiga entre lotificaciones y haciendas. Hacia el sur, el municipio colinda con el Océano Pacífico extendiéndose hasta las islas Espíritu Santo, Corral de Mulas y Madresal. 

Los nombres de los detenidos salen de su boca con más agilidad y frecuencia mientras el vehículo se aleja del área urbanizada. En la zona incluso hay casas que, de tanto habitante capturado o que huyó por temor al capitán, aún continúan vacías. 

“Aquí viven con una tía dos niños a los que le llevaron a la mamá y la abuela”, dice M. que, en total, enlista 25 personas  detenidas en un trayecto de 10 minutos en carro, pasando por las colonias Los Lirios, La Militar, Las Palmeras, la IVU y Barrio El Centro. Ninguna de estas personas era parte de las pandillas, afirma. 

Entre esas personas que nombra, está un vecino suyo, un joven treintañero que fue detenido en abril de 2022. Era miembro de un club de fútbol federado, trabajaba para una institución estatal y no tenía antecedentes penales.  Meses antes había tenido una discusión con el militar, cuando lo detuvo junto a sus amigos en la calle, regresando de un partido de fútbol. Sus conocidos suponen que este encuentro fue lo que puso en su lista de enemigos.

M. ha crecido y ha visto crecer a muchos de los detenidos. Así como creció y vio crecer a los pandilleros. “Uno sabe quiénes son ellos. A muchos de los que se han llevado, los han llevado de sus casas o de sus trabajos. Pero aquí ningún pandillero trabaja ni los van a encontrar durmiendo tranquilos en sus casas; viven escondidos en el manglar. Y eso  lo saben ellos — policías y militares — también”. 

Dos fuentes policiales dijeron a Focos que durante el primer año del régimen, tiempo en que Cortez Henríquez estuvo al frente de Puerto El Triunfo, se registraron entre 500 y 600 detenciones. Muchas de ellas fueron realizadas durante operativos dirigidos u ordenados por el militar, ya sea en compañía de la Policía o solo por grupos de soldados de Naval. Los 26 testigos entrevistados para este reportaje coincidieron en que las personas inocentes capturadas en este periodo son muchas más que las “manchadas”. 

Los vecinos responsabilizan al militar en gran medida. “El régimen de excepción en Puerto El Triunfo fue el capitán, y la Policía se dejó meter los dedos a la boca por él”, dice M. 

En las primeras semanas del régimen de excepción, los soldados del capitán llenaron las calles de Puerto El Triunfo, colocaron retenes y puntos de registro en las vías principales y comenzaron a realizar operaciones de cateo “casa por casa” constantemente. El capitán y sus soldados entraban y salían de las viviendas del puerto, amenazando vecinos, acosando mujeres y capturando a muchos inocentes. 

A partir de ese momento, las detenciones ocurrieron cada día, en grupos de hasta 20 personas. Las redes sociales de la Fuerza Naval dan cuenta de estas capturas, con fotografías de los detenidos frente a la base militar y custodiados por un soldado a cada lado. Los detenidos eran llevados a la base naval antes que a la base policial, a unos metros de distancia. Ahí permanecían por varias horas. En la mayoría de los casos, como narró S., los hombres salían golpeados. “Históricamente la capitanía ha sido un lugar para torturar. Incluso, antes de el régimen, todos sabían que si te llevaban ahí, es porque te van a moler”, dice otra vecina. 

Por las noches, el capitán recorría las calles del municipio manejando la pick up Hilux gris que tenía asignada, acompañado de un soldado en la cabina y otros en la parte de atrás, donde acomodaban una bocina para perifonear por las noches:  “Pueblo de Puerto El Triunfo, entreguen a los pandilleros. Ya no se coman ese dinero manchado con sangre. No importa si es tu papá, tu hermano, tu hijo, tu esposo. Entréguenlos”. 

Sabiéndose poderosos gracias al régimen, Cortez Henríquez hizo de su voluntad ley. Personas con las que había convivido, de la nada se convirtieron en blancos de su cacería. Así ocurrió con dos barberos que le cortaban el pelo, a quienes acusó de cortarle el pelo también a los pandilleros. O como pasó con los encargados de vender el gas a la capitanía, señalados de colaborar con las pandillas. Y como también pasó con la mujer vendedora de lácteos que en algún momento lo llamó su amigo y a quien en el acta de captura le inventó el sobrenombre “La Patrona”. En todos estos casos, al menos tres personas que no son familiares cercanos aseguraron que se trataban de personas trabajadoras, que no se metían en problemas. 

Los gritos e insultos del capitán resonaron en todas las esquinas del centro de Puerto El Triunfo. Cruzarse con el militar implicaba una alta posibilidad de ser detenido o, cuando menos, ser humillado, agredido o acosada, en el caso de las mujeres. 

“A cualquiera que usted le pregunte, le va a decir lo mismo. Él gritaba y decía: ‘Esa IVU, Las Palmeras, ese Vaticano, ese barrio La Bolsa, a todos me los voy a llevar. Yo voy a acabar con este puerto’. Y realmente se lo acabó. Aquí se llevó a todos los jóvenes. Los estudiantes, jardineros, jóvenes que eran de familia”, dice T. Dos de esos detenidos por la Fuerza Naval eran sus hijos. Uno se dedicaba a la pesca en altamar; el otro, reparaba barcos. Ambos se criaron trabajando junto a su padre desde pequeños. En ambos casos, el padre fue a reclamar al capitán, quien ya lo conocía, porque el dueño de la empresa, a veces, lo enviaba a la capitanía a entregar camarones o pescado . Llevó consigo los papeles del trabajo de sus hijos y todo lo que podía para probar su inocencia.

“A mis hijos yo los mantenía de la casa a la escuela, del trabajo a la casa. Siempre los tuve conmigo. A mis hijos yo les puse disciplina militar y eso yo se lo dije al capitán, porque yo también fui militar un tiempo”, cuenta  T. 

El capitán Cortez le respondió a su reclamo: “Vos no sos nada. Aquí todos son terroristas, si son inocentes, allá van a salir”, dijo antes de amenazar con detenerlo también si no se iba de la base naval. 

El terror sembrado por el capitán se extendió durante todo un año, en el que la gente tenía temor de salir a la calle. “Esto parecía un pueblo fantasma. La gente pasaba y los miraba por la calle y ni los podía ver a los ojos (a los militares). Hasta los comercios permanecían cerrados. Solo unos poquitos seguían funcionando. La Navidad, la navidad fue lo más triste que hay. Todo está calle sola, nadie quiso salir”, recuerda una de las vecinas entrevistadas que habla con la condición de anonimato. 

Mientras, la Policía guardaba silencio o cerraba los ojos frente a las arbitrariedades ordenadas por el capitán. La delegación recibía todas las capturas ordenadas por Cortez.   

C., por ejemplo, fue acusado de colaborar con las pandillas, porque se veía forzado a pagar extorsión en su negocio, como la mayoría de los comercios en el centro de Puerto El Triunfo.  Voluntariamente, colaboraba con los soldados y los policías ofreciendo sus servicios gratuitamente. Por eso, no le pareció extraño que esa tarde de abril un grupo de militares llegara a su casa a decirle que el capitán lo mandaba a llamar. “Debe necesitar algún favor”, pensó. 

Pero en vez de conducirlo a la capitanía, los soldados lo llevaron a la delegación. Ahí, unos agentes esperaban para recibirlo. Su detención provocó un debate interno, cuando un policía intentó abogar por él. Quiso argumentar ante el jefe policial, señalando que lo conocía y sabía que no era un pandillero, sino una víctima de ellos. Pero el inspector no cedió ante la explicación. Si era una víctima de extorsión, ¿por qué nunca denunció?, reclamó. 

C. tiene una explicación para esa pregunta, aunque nunca tuvo la oportunidad de hacerla llegar al jefe policial: nunca denunció porque nunca confió en la Policía. Tanto él como otros vecinos de Puerto El Triunfo dijeron a Focos que las pandillas tenían informantes dentro del cuerpo de seguridad.

Un inspector y un cabo que estuvieron a cargo de operativos en Puerto El Triunfo y que hablan con la condición de anonimato argumentan que en el régimen la Policía solo hizo su trabajo y que “nunca se enteraron” de los abusos del capitán. Sobre las capturas ordenadas bajo su mando, dicen, es el Ejército quien debe dar respuestas. 

“Ellos — los soldados — elaboraban actas de entrega y nosotros remitimos solamente, indicando que ellos eran quienes habían hecho la captura”, dice uno de los policías consultados. 

“Ellos tienen sus propias investigaciones, nosotros solo cumplíamos con el trámite de remitir”, se excusa el otro. 

Tras la detención de Cortez Henríquez, la sede policial de Puerto El Triunfo cambió a varios de sus jefes y agentes.

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 “Sólo voy a responder unas preguntas. Ya voy a venir”, le dijo Johnny a su compañera de vida la madrugada del 11 de mayo de 2022. Pero Johny no volvió. Dieciocho días después, su familia recibió la noticia de que había fallecido. 

“El Sitio” es una comunidad semirrural ubicada en Puerto El Triunfo, Usulután. Y, como signo característico de la vida comunitaria, muchas personas conocían a Johnny Lovo, un hombre trabajador dedicado a la agricultura y a cualquier otra labor que le permitiera ganarse la vida.

Pero ese 11 de mayo, el grupo de policías y militares que irrumpió en su hogar lo acusó de agrupaciones ilícitas. Lo capturaron en el marco del régimen, le dijeron que tenía que acompañarlos, lo subieron a una Hilux gris y lo llevaron a la Capitanía de la Fuerza Naval de Puerto El Triunfo.

La pareja y el hijo de Johnny, a cuya casa fueron a buscarlo primero, recuerdan que era un buen grupo de militares quienes acompañaban a los policías, aunque no tuvieron tiempo de contarlos. Sin embargo, siguen sin entender la razón por la que no lo llevaron en una patrulla ni directamente a la delegación policial, que está a pocos metros de la Capitanía, cruzando la calle.

A las 8:00 de la mañana de aquel 11 de mayo, el hijo de Johny, quien prefiere el anonimato por temor, pudo ver a su papá: lo sacaron de la Capitanía para fotografiarlo y publicaron en redes sociales de la Fuerza Armada la captura de varios “terroristas” de la zona.

“Si usted no debe nada, papá. Usted va a salir, no se preocupe”, cuenta que le dijo. Pero tres días después lo llevaron al centro penal de Izalco, en Sonsonate.

El 29 de mayo, a las 9:00 de la noche, llegó un muchacho a la casa del hijo de Jhonny. Era un trabajador de una funeraria de Sonsonate y llegó hasta esa casa pequeña, sobre calle de tierra y poco iluminada, para decirle lo que el Estado tuvo que haberle informado de forma oficial: su padre, capturado de manera arbitraria y expuesto deliberadamente en las redes sociales como un terrorista integrante de pandillas, había fallecido.

Con el apoyo de la funeraria, la familia fue a la Fiscalía a retirar los documentos y así poder llegar a Medicina Legal a reconocer el cuerpo para retirarlo.

El hombre recuerda que el cuerpo de su padre estaba maltratado de un brazo, que tenía varios moretones en otras partes del cuerpo, como la espalda, incluyendo unos que asemejaban golpes de macana, y tenía ambas rodillas “peladas”.

En los documentos de Medicina Legal constaba que el fallecimiento había sido por “edema pulmonar”, una constante adjudicada a los fallecimientos ocurridos en centros penitenciarios con privados de libertad detenidos durante el régimen. A la fecha, desconoce si falleció en el centro penal o en el hospital.

“Para la familia fue un golpe duro, porque él nunca tuvo que haber llegado a eso. Y nunca lo tuvieron que haber mandado allí (penal). No es fácil, nosotros lo que le pedimos a Dios es que un día se va a hacer justicia”, dice el hijo.

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Luego del arresto del capitán, el Ejército pintó la fachada de la Capitanía de la Fuerza Naval en Puerto El Triunfo y quitó el escudo de la Fuerza Naval, sustituyéndolo por el de la Marina Nacional. Algunos vecinos quieren ver en este cambio, un símbolo de algo que parece más un deseo que una realidad: una intención de parte de la nueva capitanía de querer borrar el legado de Cortez Henríquez. 

El capitán, en realidad, nunca tuvo por qué llegar a tener el nivel de influencia que ejerció en el Puerto, señalan dos militares de la Fuerza Naval que hablaron separadamente, bajo condición de anonimato, por temor a ser castigados por la institución. 

“Él no tenía nada que andar haciendo en el régimen de excepción, porque él era capitán de puerto, y ahí hay una infantería de marina, que es la que se ha encargado de ver el Plan Control Territorial”, explica uno de ellos. Es decir, un capitán de puerto, como él, solo dirige operaciones propias de la marina, mientras que la infantería es la encargada de las operaciones terrestres. 

Cómo Cortéz Henríquez llegó a dirigir operativos militares y en alianza con la Policía, es una pregunta que tiene dos respuestas por parte de los entrevistados: una, es que en el marco del régimen de excepción, el Ejército puso a disposición de la “guerra contra las pandillas” a todos y cada uno de sus miembros, por lo que la Fuerza Naval, cuerpo al que pertenece el ministro de Defensa, obtuvo la potestad involucrarse en actividades que cotidianamente no le corresponden. La otra es simplemente que Cortez Henríquez se impuso sobre la Policía y sobre sus propios compañeros gracias a su poder dentro de la institución y su cercanía al Alto Mando.

Quienes conocieron al capitán dentro de la institución, coinciden en que el carácter autoritario del militar se fue fortaleciendo con los años, en la medida que ganaba poder e influencia con las autoridades superiores de la Fuerza Naval. 

Anthony Cruz estudió en la Escuela Militar junto a Cortez Heríquez entre 2003 y 2004. Él iba un año abajo del capitán y asegura que desde ahí ya ejercía sus primeros pulsos de autoridad. “En la Escuela Militar hay una semana en que los de cuarto año se hacían cargo de los que iban antes que ellos”,  explica Cruz. En esa semana, “este señor se encargaba de maltratarlos y extorsionarlos para que le dieran favores a cambio de que lo tratara bien”, dice.  Le pregunto qué tipo de favores y cuenta un chantaje estudiantil: “Por ejemplo, a algunos, les pedía comida para no ponerlos a hacer limpieza”. 

Cruz no se graduó de la escuela militar; actualmente trabaja como abogado y es candidato a una diputación por el partido Vamos. Tras escuchar la noticia de la detención de su excompañero, publicó un video de Tik Tok en el que denuncia el comportamiento del militar. “Yo soy abogado, sé que puedo exponerme a una demanda por difamación si digo una mentira, pero si me atrevo a hablar con mi nombre es porque todo lo que digo es verdad”, dice. Entre sus fotos de esos años hay una en la que aparece detrás de Cortez Henríquez, quien mira directamente a la cámara, con los brazos cruzados y la misma expresión seria, con una mueca en la boca, como la que aparece en otra foto, años después, cuando ya era capitán de Puerto el Triunfo. 

Otros que le conocieron aseguran que Cortez también se ganaba el favor de los superiores delatando faltas de sus compañeros.  “Si él se enteraba de un error que hubiera cometido otro compañero, lo sabía hasta el Estado Mayor”, dice una de las fuentes.  “Todo el mundo sabía que iba a terminar perdiendo con él, porque tenía la venia del Alto Mando”, dice otra. 

El militar fue creciendo en la institución, superando, para sorpresa de sus compañeros, procesos de selección duros, como el ascenso a oficial y teniente coronel, rangos para los cuales no solo basta aprender conceptos teóricos y mantener un récord disciplinario excelente, sino también requisitos físicos de alto nivel. A la vez, Cortez Henríquez ganó reconocimientos y becas para estudiar en países como Estados Unidos y Colombia, privilegios a los que solo puede acceder quien tiene cierta influencia en el círculo de poder, afirman los que le conocieron.

En el 2018, año en que Cortez Henríquez fue trasladado de la base naval en el Puerto de La Unión a Puerto el Triunfo, el ahora ministro, René Merino Monroy, era Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval. Este cambio de sede no solo tuvo como motivación la salida del entonces capitán del puerto, Edgar Amaya, para asumir como alcalde del municipio, sino también tuvo que ver la voluntad del Alto Mando de “blindar” a Cortez Henríquez, quien, con su labor de informante, ya había acumulado rencores entre superiores destacados en ese departamento del Oriente del país, afirma uno de los militares. 

Esa vinculación del capitán al Alto Mando es lo que, para los entrevistados, explica la protección que ha recibido en el marco de las acusaciones por delitos sexuales contra menores de edad que actualmente enfrenta. El despliegue de procesamiento penal que el oficialismo ha mostrado contra un grupo de militares por la violación de una menor de edad es inexistente en el caso del capitán Cortez, acusado no de uno sino de al menos tres casos de acoso y violación sexual en Puerto El Triunfo. 

Su detención la ejecutó un equipo policial externo a Puerto El Triunfo, pero una vez el Ministerio de Defensa tuvo conocimiento, procedió a tomar custodia del militar, quien guardó arresto en la Sexta Brigada de Infantería, en Usulután. La captura se conoció por medios de comunicación, pero hasta la fecha no ha existido ningún pronunciamiento público por parte del Ministerio de Defensa. Mientras, el proceso continúa, según confirmó el juzgado que ve la causa.

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Cuando el sol va cayendo sobre Puerto El Triunfo, el mar retrocede sobre sí mismo y deja descubierto el suelo lodoso del manglar. Pequeños cangrejos salen en grandes cantidades de hoyitos invisibles y los pájaros bajan para meter sus picos en la arena para buscar alimento. Un viento cálido mece el aire húmedo del malecón. 

Hace algunos años esa brisa era el augurio de que los “muchachos” estaban por tomarse el pueblo. 

Puerto El Triunfo era un territorio controlado por las tres pandillas principales desde hace al menos dos décadas. Sobre la calle principal de su casa, M. los veía cruzar a toda velocidad en sus bicicletas camino a abastecerse de comida y demás cosas, para luego volver al manglar, ese santuario natural que encontraron para esconderse y que aprendieron a habitar y conquistar.

Dos policías confirmaron a Focos que muchos de ellos continúan escondidos ahí. Uno de los agentes entrevistados, estimó que hay al menos 40 pandilleros resguardados en el bosque salado y que ahí han llegado a refugiarse incluso miembros de otros departamentos. 

Pese a estas cifras, los vecinos no dejan de reconocer que las pandillas perdieron el control sobre el municipio, lo cual, no quiere decir que hayan desaparecido. Su amenaza latente continúa sobre la población. 

“Si usted quiere ir al manglar no va a poder caminar, se va a lastimar los pies, se va a caer. Nosotros aprendimos porque trabajamos ahí y ya sabemos cómo poner los pies, cómo hay que agarrarse de los palos” dice una mujer curilera a la que la Policía le llevó a su hijo. “Los pandilleros también saben y por eso ni la Policía ni el Ejército no los pueden agarrar, porque en lo que ellos caminan dos pasos, los otros ya avanzaron una cuadra; donde ellos ven un solo desorden de árboles, los otros ven pasajes y calles”, añade. 

En la comunidad El Tercio una docena de niños juega fútbol en la cancha . Un directivo de la zona nos explica que acaban de retomar los campeonatos locales. Antes, todo evento deportivo estaba limitado por el temor a las pandillas. “Pero ahí donde usted mira — dice en tono menos alegre — varios de esos niños están huérfanos porque les llevaron a las mamás”. En esa colonia, una de las 16 que conforman Puerto El Triunfo, la ADESCO hizo un censo de 35 mujeres víctimas del régimen.

Puerto El Triunfo vive ahora bajo el terror por la amenaza del regreso de las pandillas y  el terror hacia el nuevo victimario que ha marcado a la comunidad: el Estado. 

Una noche, caminando hacia la casa de una familia en la comunidad Los Lirios, un hombre en bicicleta se paralizó del miedo al toparse con nuestras siluetas, mientras caminábamos en la oscurana. En otros tiempos no hubiéramos podido ingresar a ese terreno de noche sin correr riesgos; en estos tiempos, el hombre que nos encontramos suspiró relajado al ver que no éramos soldados. “Perdonen, pensé que eran militares”, dijo, y retomó su camino.

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Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).