Empresa bitcoin movió $3.1 millones en El Salvador y cerró sin dejar rastro

Dream Finance, una empresa de bitcoin que se registró para operar en El Salvador, pagó un préstamo de $1 millón de dólares en tiempo récord y custodió criptomonedas para casinos en línea por $2.1 millones, sólo para desaparecer en 2024 sin dejar rastro. La compañía es dueña de dos plataformas de alto riesgo que han sido señaladas por lavado de dinero y fraude fiscal, y ninguna de sus transacciones causó alerta entre las autoridades reguladoras de El Salvador.

La empresa se inscribió en el Registro de Comercio salvadoreño como Dream Finance S.A. de C.V. en 2021, con la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin, y según su presentación ante el Banco Central de Reserva (BCR) pretendía operar como una billetera electrónica, casa de cambio, y custodio de criptoactivos para el público en general. 

Estos servicios, sin embargo, pasaron desapercibidos entre los usuarios y las empresas salvadoreñas. Según los estados financieros de Dream Finance, sus únicos clientes y acreedores durante los tres años que operó en El Salvador fueron cuatro empresas extranjeras ubicadas en zonas de baja tributación o paraísos fiscales como las Islas Marshall, Panamá y San Vicente y las Granadinas. 

El principal negocio de Dream Finance en El Salvador fue la custodia de criptomonedas para dos empresas hermanas: Luckland Services Ltd., una compañía dueña de cripto casinos en línea, y Meg Services Ltd., dedicada al marketing digital. Ambas están registradas bajo la misma dirección en las Islas Marshall, un territorio que exime a las empresas del pago del impuesto sobre la renta y está en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE).

Aunque ninguna de estas empresas opera directamente en El Salvador, sí eligieron a la filial de Dream Finance en el país para resguardar sus cripto activos, después de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal por parte del gobierno de Nayib Bukele. 

Estos fondos, sin embargo, se fueron tan rápido como llegaron: tres años después de haber iniciado operaciones, la empresa decidió liquidar su sociedad alegando “falta de operatividad”.

Una empresa bajo sospecha de lavado

Mientras estuvo activa, Dream Finance S.A. de C.V. respondía a su casa matriz Dream Finance OÜ, un conglomerado de empresas domiciliadas en Estonia que están controladas por el ucraniano Max Krupyshev, uno de los principales cripto influencers en el mercado de pagos virtuales; junto a su socio austríaco Alexander Horst Riedinger, creador y CEO de SoftSwiss, otra plataforma de cripto casinos.

Dream Finance, sin embargo, es un nombre casi desconocido. En el mundo cripto, la compañía es más conocida por sus plataformas CoinsPaid y CryptoProccesing, dos de los principales procesadores de pagos en criptomonedas a nivel global. 

Según su sitio oficial, CoinsPaid hace más de 1 millón de transacciones mensuales, valoradas en $700 millones; mientras que su subsidiaria CryptoProcessing asegura ser la plataforma de pago número uno en la industria de juegos en línea. Según Blockchain Intelligence Group, los principales usuarios de ambas plataformas son los casinos en línea, una de las industrias más expuestas al riesgo de lavado de dinero.

Ambos procesadores de pago, aunque populares y con miles de usuarios, han sido calificadas como “plataformas de riesgo” por agencias de calificación especializadas en procesadores de pagos, como PayRate42 y RatEx, que buscan identificar a operadores de criptoactivos que operan fuera del marco regulatorio.

Las marcas de Dream Finance, aunque sí están reguladas en otras jurisdicciones, “han enfrentado desafíos de cumplimiento significativos, con acusaciones de lavado de dinero, fraude fiscal y cumplimiento regulatorio inadecuado”, según PayRate42. En el caso de CoinsPaid, añade, la empresa podría estar involucrada en “el procesamiento de fondos ilícitos”, particularmente a través de “plataformas de juego ilegales”; así como “fraude fiscal” y “cumplimiento normativo inadecuado”. 

A pesar de estos señalamientos, las autoridades salvadoreñas encargadas de regular las transacciones con bitcoin, como el Banco Central de Reserva (BCR) o la Oficina Nacional de Bitcoin, no identificaron a ninguna de las operaciones de Dream Finance S.A. de C.V. como sospechosa, ni perfilaron a la compañía para dar seguimiento a sus movimientos financieros. Se consultó a estas instituciones sobre el caso, pero hasta la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta. 

FOCOS también consultó a Dream Finance sobre los señalamientos de procesamiento de fondos ilícitos y lavado de dinero por parte de las agencias especializadas; sin embargo, no respondieron a solicitudes de entrevista. 

En su sitio web, CoinsPaid asegura que “no tolera el lavado de dinero, la financiación del terrorismo o cualquier otra forma de actividad ilícita”. Además, la empresa se compromete a “implementar políticas, procedimientos y controles moldeados por las mejores prácticas de la industria y las normas más efectivas contra el lavado de dinero”, que aplican, sin excepción, “a todos los empleados de la Compañía, los miembros de la Junta, funcionarios, contratistas y consultores”.

Casinos, los usuarios de Dream Finance 

Durante los tres años que operó Dream Finance S.A de C.V., solo tuvo tres clientes: un grupo de empresas extranjeras que realizaron transacciones para poner bitcoin en custodia de la empresa basada en El Salvador; y dos de ellas, relacionadas con el mundo de los cripto casinos en línea.

Una de estas empresas es Bonibel, S.A., que se dedica al marketing digital y aparece en los estados financieros como deudora de Dream Finance. Esta compañía cuenta con filiales en Chile y Brasil.

Sin embargo, los dos usuarios que reportaron mayor cantidad de dinero en custodia son Luckland Services Ltd y Meg Services Ltd, empresas que según sus sitios web oficiales, comparten la misma dirección en las Islas Marshall, en el Complejo de Sociedades Fiduciarias de la calle Ajeltake, ubicada en la capital, Majuro, número 96960. 

Esta misma dirección fue utilizada por empresas que aparecieron en las filtraciones de Offshore Leaks y los Pandora Papers, informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que divulgaron filtraciones con miles de empresas que trasladaron sus sociedades a paraísos fiscales.

Según los estados financieros de Dream Finance, la compañía custodió un total de $2,079,307.13 dólares en criptomonedas para Meg Services Ltd, y debido a que únicamente sirvió como “custodio” de estos fondos, no especifica cuál es el origen de los recursos de su cliente, del que no existe registro en El Salvador.

Según su sitio web, Meg Services es una empresa que se dedica al marketing digital, optimizando el contenido de sus clientes para aparecer en motores de búsqueda y en redes sociales. Entre sus «socios confiables» aparece Luckland, dueña de cripto casinos en línea como Jack Million, Casino Midas, Spin Samba y Krypto Oddsen.

Dream Finance custodió también $20,186.27 en criptomonedas para Luckland, que aparece en el registro mercantil de las Islas Marshall como Luckland Services LTDdesde enero de 2015. Los sitios web de los casinos de Luckland, además, refieren a las licencias que tiene la compañía para operar en las Islas Marshall, Curazao y Chipre.

Todas las locaciones de las empresas que han hecho transacciones con la filial salvadoreña de Dream Finance, han sido catalogadas por informes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y diferentes medios de comunicación internacionales como “paraísos fiscales”. 

Estas transacciones, según expertos consultados por FOCOS, deberían activar las alertas de autoridades reguladoras, como el Banco Central de Reserva, la Oficina de Bitcoin y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Se consultó a estas instituciones sobre las operaciones de Dream Finance en el país, pero no se obtuvo respuesta. 

Laura Hernández, abogada especialista en Tecnologías y Protección de Datos, aseguró que a diferencia del sistema financiero tradicional, el bitcoin permite mover grandes cantidades de dinero sin declarar su origen o exigir a sus clientes parámetros de transparencia como los destinatarios finales. 

En el caso de los movimientos realizados por Dream Finance en El Salvador, asegura que son “potencialmente riesgosos” en el ecosistema de criptomonedas, pero también representan un obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado para contrarrestar el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas.

Para la especialista, los riesgos radican en la acción de custodiar sumas altas de dólares sin claridad sobre la fuente de los fondos propios o de sus clientes y sin conocer el propósito del servicio. Hernández advirtió que el rol de la SSF y el BCR para supervisar y auditar las operaciones en criptomonedas “está reducido al mínimo”, a comparación de los mecanismos aplicables a los sistemas financieros tradicionales.

La ley bitcoin, la ley de activos digitales y sus reglamentos, añadió, “son debiles y no son exhaustivas respecto de normas sobre la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo  o actividades ilicitas si las comparamos con las regulaciones aplicables para la banca tradicional”. 

El especialista de la organización Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), Carlos Palomo, también calificó como riesgosos los movimientos financieros realizados por Dream Finance. El especialista señala que hay un fallo de las instituciones contraloras al haber pasado por alto este tipo de transacciones sin pedir al proveedor más información. 

Un préstamo pagado antes del plazo

El 7 de noviembre de 2022, Dream Finance El Salvador suscribió un contrato de préstamo con la empresa AlphaPo por $1 millón de dólares. Este contaría con un interés mensual del 1.5 % y sería por un plazo de amortización de dos años; sin embargo, se pagó en menos tiempo del estimado, antes de cerrar sorpresivamente en 2024. 

En el estado financiero de 2023, presentado en diciembre de ese año, ya no aparece reflejado este préstamo por pagar. Esto, sin dejar claro cómo hizo frente a estos pagos: en 2022, la empresa no reportó tener criptomonedas en custodia y sus activos no superaban los $3,000 dólares.

Captura de pantalla del estado financiero de 2022 de la empresa, en específico donde da detalles sobre el préstamo con AlphaPo, documento consultado en el CNR.

AlphaPo, la prestataria, es una compañía basada en San Vicente y las Granadinas que también cuenta con una filial en Panamá, ambos territorios reconocidos por ofrecer baja o nula tributación a las empresas. Según información disponible en su sitio web, además, es también una plataforma de pagos con criptomonedas que se utiliza para contratar servicios de suscripción de comercio electrónico, sitios de juegos y otros negocios en línea. 

Según la agencia RatEx, existen reportes sobre una superposición entre AlphaPo y Dream Finance, que operarían como una sola entidad en sus departamentos de tecnología, cumplimiento, y prácticas financieras. El informe indica que las transacciones entre CoinsPaid, plataforma de Dream Finance, y AlphaPo “ocurren sin responsabilidad formal”, lo que podría representar “una estrategia para saltarse la supervisión regulatoria”. 

Además, tanto CoinsPaid como AlphaPo  experimentaron la misma vulneración de seguridad a sus billeteras activas con criptomonedas, causando una pérdida estimada de $60 millones. El grupo de cibercriminales norcoreanos Lazarus fue el que robó de las billeteras de AlphaPO, Atomic Wallet y CoinsPaid alrededor de $160 millones, de los cuales se lograron rastrear solamente $150,000.

El préstamo de AlphaPo a Dream Finance S.A. de C.V. es una de las pocas transacciones entre ambas empresas que sí se encuentran respaldadas por documentos públicos. Sin embargo, después de cumplir con su obligación de pago, Dream Finance cerró su operación en El Salvador, sin mayores explicaciones. 

Según el Acuerdo de Disolución y Liquidación de la Sociedad consultado por este medio de comunicación, el  13 de marzo de 2024 se acordó la disolución y liquidación de Dream Finance bajo el argumento de “falta de operatividad y ejercicio de actividades económicas”.

FOCOS revisó los balances financieros de Dream Finance OÜ en Estonia, disponibles en el registro mercantil de ese país, que muestran a una filial muy distinta a la que opera en El Salvador, a pesar de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal por este último.

En 2021, Dream Finance OÜ reportó ingresos en Estonia por 10,453,998 euros, equivalentes a más de $10.9 millones de dólares, y un beneficio neto de 4.562,530 euros, $4.7 millones de dólares. Ese mismo año, Dream Finance OÜ informó en su reporte anual que entre sus «pasos importantes y expectativas» para el crecimiento empresarial, buscarían ampliar su presencia geográfica, abriendo entidades jurídicas en Lituania y El Salvador.

Ese año, el Gobierno salvadoreño estrenaba la Ley Bitcoin, y delegó al Banco Central de Reserva (BCR) y a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) crear las normas técnicas necesarias para regular la operación de las empresas bitcoin que decidieran instalarse en el país. 

Uno de estos filtros es la inscripción de proveedores en el Banco Central, que hasta diciembre de 2024 reportaba 153 empresas de bitcoin registradas. De estas, solo 21 aparecen operando activamente, a tres años de la adopción de la criptomoneda en el país. 

Dentro de esta lista se encuentra Dream Finance S.A. de C.V., que se constituyó el 1 de diciembre de 2021 en el Centro Nacional de Registros (CNR) con apenas $2,000 dólares de capital inicial, el mínimo requerido para conformar una sociedad.

Tan solo un año después, en 2022, Dream Finance reportó la custodia de $2,102,358.70 dólares en criptomonedas, provenientes de las dos empresas extranjeras; así como la firma de un préstamo por $1 millón en criptomonedas.

En el balance general de ese 2022, la compañía reportó ganancias por $14,493.33 dólares y un gasto de operación de apenas de $244 dólares. Esto, a pesar que 2022 fue el único año en que Dream Finance sirvió como custodio de criptomonedas.

En 2023, la filial salvadoreña reportó ganancias por $14,033.84, muy cercana a la del año anterior, pero con un gasto operativo 100 veces mayor, de $25,747.90 dólares, de los cuales $17 mil fueron destinados a servicios profesionales. 

Ese mismo año, Dream Finance reportó que la deuda de $1 millón ya había sido saldada –un año antes del plazo– y, a pesar de los buenos resultados, alegó “falta de operatividad” para liquidar la sociedad en El Salvador.

Los accionistas de la filial salvadoreña de Dream Finance son dos connacionales: Mario Noé Castillo Barahona, quien posee el 99% de las acciones (con una aportación de $1,980 dólares)  y Fidel Ernesto Quiteño Aldana, con un 1% de acciones ($20). 

El  representante legal y administrador único propietario según el asiento de la compañía es  Semkras Serhi, un ciudadano ucraniano de quien no hay más información disponible en el registro de comercio y de propiedades. 

Las personas a cargo de liquidar la sociedad y el secretario en las sesiones de la junta directiva de Dream Finance, Antonio Guirola Moze, trabajan para la firma de abogados Consultores Legales Corporativos S.A. de C.V.  Tanto Dream Finance como sus consultores comparten la misma dirección de oficina según el CNR, situada en el 3a Calle Poniente y 71 Avenida Norte, Edificio Lexincorp, en la Colonia Escalón de la ciudad de San Salvador. 

Esta es una práctica común entre las empresas offshore, es decir, compañías que crean sociedades “de papel” en países extranjeros donde consideran que tendrán mejores beneficios regulatorios o tributarios. Por sí mismas, este tipo de operaciones en destinos offshore no son ilegales, pero sí pueden llegar a serlo cuando no son reportadas a las autoridades de control fiscal o cuando se utilizan para ocultar capitales ilegales.

FOCOS consultó a las personas mencionadas sobre su rol en las operaciones de Dream Finance, y sobre los controles que aplican a sus servicios de inscripción de compañías extranjeras; pero no se obtuvo respuesta a la solicitud de entrevista.

El despegue fallido del bitcoin

Con la adopción del bitcoin, el gobierno de Nayib Bukele apostó por atraer millones de dólares en inversión extranjera y llevar inclusión financiera a todos los salvadoreños. En la práctica, el proyecto no despegó: ni siquiera el uso obligatorio de la criptomoneda en todos los establecimientos del país o el bono de $30 dólares en bitcoin, logró convencer a los salvadoreños de usar la criptomoneda.

Aunque el Gobierno salvadoreño vendió el uso del bitcoin como una alternativa para que las personas envíen remesas de forma “gratuita” al país, las transacciones en criptomonedas no crecen. Entre enero y octubre de 2024, las remesas familiares recibidas mediante billeteras de criptomonedas ascendieron a $6,857.5 millones; de los cuales apenas $71.7 millones, el 1.4 %, representan envíos con bitcoin, según datos del BCR.

Las empresas tampoco usan bitcoin para operar diariamente: según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), ocho de cada 10 salvadoreños no han utilizado nunca el bitcoin.

En diciembre pasado, El Salvador accedió a reformar la Ley Bitcoin para que no sea obligatorio el uso de la criptomoneda, así como descontinuar el monedero de bitcoin del Gobierno, Chivo Wallet, como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida busca cumplir uno de los requisitos que impuso el FMI para que El Salvador acceda a un préstamo de $1,400 millones del organismo.

Una captura de pantalla publicada en la red social X por Nayib Bukele, muestra que El Salvador  ha  invertido $269,743,800 dólares en la compra de un bitcoin diario. Esto, sin contar la inversión en la creación de la Oficina del Bitcoin y la entrega del bono. Toda la información relativa al bitcoin se encuentra reservada.

La falta de transparencia con respecto al bitcoin y el gasto de dinero público en esta política causó retrasos para a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en 2021 se opuso a la adopción de la criptomoneda como moneda curso legal.

El bitcoin también ha significado retos de cumplimiento para adoptar estándares internacionales contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En 2022, el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) sugirió a El Salvador “reforzar la supervisión de la actividad de los proveedores de servicios de activos digitales, proveedores de servicios bitcoin y emisión de ofertas públicas y privadas de tokens”, pues considera que su obligación de regular a proveedores de bitcoin solo está “parcialmente cumplida”.

Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal, señaló que esta recomendación evidencia que “no existe un control sobre las facultades y capacidades dentro del Estado para poder atender a todas las necesidades de este ecosistema bitcoin”. 

López recalcó que una de las principales fallas en la legislación bitcoin es que no se contemplan los destinatarios finales, y no hay una regulación para lograr determinar quiénes en verdad están siendo beneficiados con este ecosistema económico. 

Hasta  la fecha, la empresa bitcoin que más terreno ha ganado en el país es Bitfinex, que ha liderado proyectos estatales como la tokenización del Hotel Hilton en el aeropuerto internacional de El Salvador, el cual no alcanzó el financiamiento mínimo. En Estados Unidos el uso de los servicios de Bitfinex está prohibido debido a procesos sancionatorios por irregularidades en sus transacciones.  

Edición por Gabriela Villarroel. 

Este reportaje fue producido gracias al apoyo del Programa de becas de Activos Digitales de la Asociación de Periodistas de El Salvador.