“Es difícil medir el Plan Control Territorial porque solo presentaron un Power Point”

Tiziano Breda es analista para Centroamérica del International Crisis Group (ICG), un organismo internacional enfocado en la resolución de conflictos armados. Desde esa posición ha estudiado durante los últimos años el choque de los gobiernos salvadoreños contra las pandillas y ha notado un descenso en las bajas de homicidios durante los últimos meses.

Aunque las cifras son alentadoras, Breda subraya en su más reciente informe para el ICG que lo que sucede en nuestro país puede ser también un espejismo y habla con FOCOS sobre la percepción internacional en el tema de una posible negociación con las pandillas.

En el informe más reciente que publicaron en el ICG, llamado “Milagro o espejismo”, sobre las pandillas en El Salvador, y mencionan que hay una cierta duda sobre si la actual reducción de homicidios en El Salvador se debe exclusivamente al plan Control Territorial que ejecuta el gobierno del presidente Nayib Bukele, incluso dejan entrever que pueden haber otras causas, ¿qué causas o posibilidades incluirían ustedes? ¿qué han identificado?

Hay tres conjuntos de elementos que nos hacen poner en duda de que realmente solo y exclusivamente el plan control territorial de la administración Bukele pueda ser la única causa detrás de esta reducción de homicidios. Primero, muchas de las medidas que se han implementado, como el despliegue de policías y militares, confinamiento en las cárceles, detenciones masivas, son ejercicios que se han experimentado en administraciones precedentes anteriores y nunca han tenido un éxito tan inmediato, drástico. Hay unos elementos de la política de Bukele que se pueden resaltar como diferentes, en particular, algunas políticas carcelarias, de quitarle la exclusividad a las cárceles por afiliación a las pandillas o la intervención comunitaria que se ha venido haciendo en particular a través de la reconstrucción del tejido social pero, por sí sola, tampoco pueden explicar que haya un cambio tan dramático de las dos políticas es los resultados.

También, estadísticamente, mientras el plan se concentra en 22 municipalidades priorizadas, vemos la tendencia de homicidios que se da a nivel nacional y hasta en algunas de estas municipalidades priorizadas, percibimos un leve aumento en los índices de violencia homicida hasta abril que es el último dato que tenemos. También no encontramos un impacto estadísticamente significativo de la aplicación de las políticas de Bukele como el lanzamiento del plan, la imposición de medidas del estado de Emergencia en las cárceles, su levantamiento, no tuvieron un impacto como procedieron las tendencias de los homicidios que, de hecho, ya se venían reduciendo a nivel anual, pero la reducción tan marcada se empieza a dar antes, unos días antes de que Bukele tome la presidencia y siguen paulatinamente, gradualmente bajando durante su mandato.

El tercer punto es que a través de nuestro trabajo de campo, hablando con pobladores de comunidades y organizaciones que trabajan en las comunidades que tienen una fuerte presencia de pandillas, también notamos que no ha habido un cambio sustancial en la manera en que las pandillas están presentes en estas comunidades, en la manera en que operan, en la manera en que administran o controlan, si así queremos decirlo, esas comunidades. Por lo que es difícil explicar exclusivamente estos elementos que sean como la única causa. Ahora, experiencias pasadas, indicios que hemos tenido, nos llevaron a pensar que más bien esto pueda ser el efecto de una decisión que ha sido tomada por las pandillas y posiblemente como parte de un entendimiento por informar con las autoridades que se ha venido progresivamente construyendo.

Joel Hernández, Presidente de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una entrevista en FocosTV mencionó que el gobierno de Bukele ha sido poco transparente en mostrar el plan, de hecho, no sé si ustedes han tenido acceso y si lo han visto. ¿Qué conocen de ese plan?

Precisamente otro elemento que también constamos en nuestras conversaciones con diferentes representantes de organizaciones nacionales e internacionales es que no ha sido presentado un documento como tal, detallado sus objetivos, sus ejes de acción, sus elementos para monitoreo o evaluación, por lo cual es difícil medir realmente cómo ha sido su implementación hasta ahora y cuál es la correlación entre las acciones y los resultados en términos de seguridad. A nosotros nos consta también que no se ha presentado más allá de unas presentaciones en Power Point, pero no hay un documento físico que justifique o que detalle este plan que puedes ser tomado en cuenta para evaluar realmente cuál es la correlación entre él y los resultados en seguridad.

«En este caso estamos viendo una reducción gradual que nos lleva a pensar más bien que se esté creando paulatinamente este entendimiento entre autoridades y pandillas.»
Tiziano Breda, analista para América Central de ICG.

En su informe recogen el período de La Tregua. En estos momentos, estadísticamente hablando, El Salvador presenta índices muy similares de homicidios que había durante La Tregua o incluso más bajos, desde el punto de vista de ustedes, ¿cabría la posibilidad de que exista una nueva tregua?

No encontramos una evidencia de que haya sido alcanzado o se haya consolidado o estructurado un pacto con condiciones y concesiones claras, no se ha definido básicamente un acuerdo entre el gobierno y pandillas y también hay una diferencia en comparación con la experiencia de La Tregua y es que en ese entonces, cuando se dio la negociación, cuando se llegó a un acuerdo básicamente, desde entonces lo niveles de homicidio, de un día para otro, bajaron de 14-15 homicidios diarios a cinco, más o menos. La reducción fue inmediata y se fue manteniendo estable por unos meses.

En este caso estamos viendo una reducción gradual que nos lleva a pensar más bien que se esté creando paulatinamente este entendimiento entre autoridades y pandillas y que hay tres elementos que lo hayan venido construyendo en estos meses: un intercambio de mensajes, que ha ocurrido tanto a nivel público, tras entrevista, presencia en medios y por parte de Bukele, como por parte de representantes de pandillas y acompañado con la introducción, supuestamente más directa a nivel local por parte de algunos oficiales de gobierno con comunidades que por ende han sido involucradas en este intercambio de mensajes.

Otro elemento es que vemos ese un descenso en el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la policía, que se traduce en una reducción de enfrentamientos y de la letalidad, que contribuyen a que se creen las condiciones para bajar los niveles de enfrentamiento y hostilidad entre Estado y pandillas, que en los últimos años había crecido.

Y el tercer elemento también es una relación con los cambios que se han dado dentro de las pandillas, en términos de la creación o el creciente liderazgo afuera de las cárceles a nivel local y su autonomía a nivel local que también podría explicar cómo se está dando este proceso de manera gradual y paulatinamente llegando a todo el territorio nacional y explicaría por qué algunos territorios sigue manteniendo algunos niveles de conflictividad un poco más altos.

En el informe aborda las posibilidades de tomar el diálogo con las pandillas, sin embargo, por lo menos en el país genera un poco de roce político porque hay mucha acusación entre político por la negociación, ¿consideran desde su análisis que es posible retomar este diálogo y qué es necesario?, ¿cómo podría hacerse de una forma legal? Tomando en cuenta que en el país hay una ley que tachó a las pandillas como entes delictivos.

Totalmente, nosotros partimos el informe reconociendo claramente este rechazo popular que se debe tanto por el sufrimiento tan causado por las pandillas a muchas familias salvadoreñas a lo largo de los años y también al fracaso que fue el proceso al final de la tregua, desde cómo se manejó y las consecuencias que trajo su rompimiento en términos de violencia, pero partimos también del supuesto de que, dada la presencia y el alcance territorial que tienen las pandillas, el control que ejercen en muchísimas comunidades del país, básicamente cientos, sino miles de empleados públicos deberían enfrentar juicios si el simple interactuar o buscar acuerdos para entrar a esas comunidades, para operar, para proveer servicios automáticamente se tradujera en un juicio, en ser detenidos.

Además, existen varios ejemplos en el país y en la región de procesos de diálogo entre gobiernos y grupos armados hasta que han sido considerados terroristas, claramente la experiencia con grupos criminales cuyo surgimiento no conlleva un propósito político, hay menos experiencia en ese campo, pero partimos del supuesto de que las pandillas es una realidad que no se puede ocultar o que no se puede pensar de resolver exclusivamente con la mano dura.

Por lo tanto, si pensamos que se deberían diseñar en algún momento, si las condiciones actuales de homicidios bajos, delitos bajos, colaboración entre comillas en abrir espacio para que el Estado entre y ofrezca alivio y ayuda humanitaria a las personas que están sufriendo por la pandemia, por ejemplo, se podría diseñar un proceso de diálogo que tenga primeramente un alcance más amplio, que no fuera limitado a la reducción de los hechos delictivos, sino que aborde las condiciones estructurales que permitieron las pandillas se permean y se consolidaran en la sociedad salvadoreña y además creemos que tiene que tener un componente de transparencia que debe ser con un marco legal para permitir que estas interacciones puedan ser formalizadas de alguna forma y tener un alcance más estructural y pensamos que al principio y debería tener una dimensión total en donde las comunidades, sobre todo las organizadas, sociedad civil, iglesia, puedan tener un papel en definir el alcance, pero sobre todo las víctimas, que han sido las grandes olvidadas de estos procesos, puedan tener un papel central en definir su alcance y definir digamos también de parte de las pandillas que debería ser otorgado, concebido más allá de la reducción de los hechos delictivos.

En los últimos 20 años, en El Salvador se han marchado entre la mano dura, el “manodurísmo”, y justamente estas iniciativas de intentar los procesos de pacificación con las pandillas- Ahora le sumamos el contexto que la región termina en una crisis sanitaria, una crisis económica en la que se está invirtiendo poco en seguridad, en salud, en educación por el desvío de dinero hacia la actividad económica, ¿qué política se debería seguir? ¿cuál es la adecuada desde la óptica que ustedes tienen?

Con la crisis por el Coronavirus va a dejar una huella, en el país va a tener consecuencias muy graves en términos económicos y humanitarios, que van a poner una carga adicional a que esta acción estatal, donde hay sobre todo limitados recursos. Creemos que el Estado debe expandirse y puede tener dos opciones, la primera es esta de intentar buscar un entendimiento, unos acuerdos para atender a la población afectada, repensar la economía, impulsar proyectos que incrementen, que fortalezcan la presencia estatal, el acceso a servicios, las oportunidades a nivel local por parte de las comunidades marginadas y empobrecidas también por la crisis o pueden seguir el rumbo que se ha mantenido a lo largo de sus 20 años con la excepción de este paréntesis de la tregua, de un enfrentamiento directo, de una política basada en la represión y que últimamente, finalmente ha alimentado este ciclo de marginación, de estigmatización y de producción de violencia, es cierto que se necesitan bastantes recursos que en este contexto, en la crisis global presentada por el Coronavirus, son aún más difícil de recaudar, pero la voluntad política es el pilar fundamental que rige este tipo de iniciativas para nosotros.

En El Salvador se acaba de abrir un nuevo capítulo del juicio legal por la tregua, en este caso contra los que la fiscalía considera los autores principales, el expresidente Mauricio Funes y el exministro de seguridad David Munguía Payés. Ya pasaron siete años desde que fue este proceso y no hemos logrado cerrar este episodio, desde el punto de vista de ustedes como analistas, ¿revivir este juicio ayuda al proceso que debería haber de llegar a acuerdos, de buscar pacificación o por el contrario empeora el proceso que puede existir? ¿qué se debería hacer?

Seguramente criminalizar todo el proceso y cuando delitos como el de agrupación ilícita incluye funcionarios de alto nivel como fue el general Munguía Payés, no abona a que se supere este tabú que se ha creado frente a este tipo de interacción entre Estado y pandillas y que eso genere las condiciones para que otros sectores políticos sea el que incurre en procesos parecidos, pero vemos que analizar la seguridad, atender las lecciones que la tregua y que este proceso nos está dando, podrían abonar, podrían ayudar a enseñar un proceso menos defectuoso.

En particular yo evidenciaría tres elementos, tres lecciones que nos deja este proceso de la tregua. El primero es que la búsqueda de acuerdos a través de un diálogo, una negociación es una herramienta poderosa para reducir los niveles de violencia en el país; el segundo es que de todas formas llevarla a cabo de manera turbia y poco transparente y con irregularidades y deficiencias puede traer consecuencias legales y sobre todo de rechazo público y la tercera es que finalmente, si el objetivo de este tipo de ejercicio de proceso es simplemente enfocado o limitado a un elemento que componen la violencia en el país, el de los homicidios y no existe un compromiso estatal y una coordinación estatal para abordar los temas que están a la raíz del surgimiento de las pandillas es un proceso básicamente destinado a fracasar. Entonces, estas lecciones que la tregua, el proceso que se está dando en contra de algunos de sus proveedores pueden claramente por un lado dificultan que se esté creando las condiciones para volver a intentar procesos pero ayudan a proveer indicios para que se pueda diseñar un proceso más estructurado, más transparente y más integral.