“Hay una obligación de todo gobierno de ser transparente en sus acciones”

Joel Hernández, Presidente de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

(Transcripción editada de la entrevista realizada por Karen Fernández, transmitida el domingo 7 de junio de 2020)

Joel Hernández, Presidente de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) / Fotografía: Cortesía CIDH.

Joel Hernández, presidente de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es diplomático al hablar: No se asegura que en el país haya visos de un régimen autoritario; pero recordó que todos los poderes del Estado salvadoreño deben respetar el juego democrático “en donde puede convivir una sociedad con pleno disfrute de derechos humanos”; pero recordó que sucedieron cosas en el país que preocuparon a la comisión como los hechos del 9 de febrero pasado, aunque se mostró positivo: “Yo confío en los poderes independientes y que una sociedad civil organizada pondrá los límites a los excesos.”

Cualquier medida tomada por un Estado debe ser racional y jamás desproporcionada. Hernández recordó que la CIDH se activa, solo cuando una persona agota los recursos internos que proporcionan su legislación nacional y la violación de sus derechos consagrados en la convención interamericana persiste. “En un mundo ideal la Comisión no debería tener casos porque quedaron resueltos a nivel del interior del país. Por lo tanto es muy importante la fortaleza de los sistemas nacionales de justicia”, dijo.  En casos específicos durante la pandemia de COVID19, la CIDH se pronunció por el caso concreto de que el Ejecutivo no atendía las medidas cautelares de la Sala de lo Constitucional para el caso del ingeniero Carlos Henríquez Cortez.

En una intervención suya para la Procuraduría de los Derechos Humanos de nuestro país usted se refirió al caso de Carlos Henríquez, de 67 años, que falleció en nuestro país por Coronavirus luego de que nuestro gobierno lo sometió a internamiento forzoso y se le negó atención médica oportuna. Usted dijo que este caso le había preocupado porque se actuó con negligencia en su repatriación, ¿cuáles son las actuaciones negligentes que identifica en la actuación del Estado Salvadoreño en este caso?

El caos que plantea me llamó la atención, me preocupó, fue reportado por algunos medios y aquí la parte que hay que destacar en primer lugar el derecho que tenía Henríquez de regresar a su patria. Él había estado fuera del país, en un viaje de negocios y quería regresar a su patria. Ahora bien, entendemos perfectamente en la Comisión que deben adoptarse medidas de control sanitario para contener la pandemia, pero estas medidas deben atender a ciertos estándares, uno de ellos es el de la racionalidad, las medidas no pueden ser desproporcionadas, no pueden ir más allá del objetivo que se persigue. Cuando a una persona se le pone en confinamiento a fin de aislarlo a él como foco de contagio de otras personas debe también tenerse en cuenta, el estado de salud que tiene la propia persona y aquí es donde las autoridades debieron haber tenido en cuenta esta situación para que la persona fuese aislada de manera razonable pero protegiendo su salud y en cuanto hubo algún indicio de enfermedad, haberlo atendido de manera pronta.

En estos casos ¿las actuaciones negligentes son imputables a los servidores públicos de primer nivel o la cadena de responsabilidades debe seguirse hasta los altos funcionarios? 

Creo que hay dos niveles de responsabilidad. Uno es el nivel interno, en donde cada una de las legislaciones establece cuál es el nivel de responsabilidad administrativa que tienen los funcionarios, cada uno de los países debe tener los mecanismos de investigación y sanción cuando se realiza algún tipo de negligencia. Un tema distinto es el de la responsabilidad internacional y ahí es cuando alguno de los casos que son agotados a nivel interno, donde no se reparan las violaciones de manera satisfactoria, pasan al sistema Interamericano de Derechos Humanos y ahí es el estado en su conjunto el que es responsable internacional. Esos son los dos niveles de responsabilidad.

¿Las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto de esta pandemia pueden denunciar al Estado Salvadoreño frente la CIDH?

La respuesta es sí, pero hay una regla básica del sistema Interamericano de Derechos Humanos: el principio de complementariedad. La Comisión Interamericana solo actúa una vez que las personas han agotado los recursos internos que proporciona la legislación nacional. Cuando estos han sido agotados y persisten violaciones a alguno de los derechos consagrados en la convención interamericana, entonces un caso es admisible frente a la comisión para que siga su curso y eso hace muy importante tener sistema de justicia nacionales fuertes, para que sean los propios sistemas de justicia los que resuelvan las violaciones al interior. En un mundo ideal, estoy hablando hipotéticamente la comisión no debería tener casos porque quedaron resueltos a nivel del interior del país. Por lo tanto es muy importante la fortaleza de los sistemas nacionales de justicia.

¿En otros países de América Latina han operado estos centros de contención gubernamental?

Cada uno de los países ha adoptado distintos modelos, no hay ni puede haber un modelo único porque cada país tiene realidades distintas. Me parece que hay dos cosas fundamentales, por un lado, recomendaciones que ha emitido la Organización Mundial de la Salud para contener la pandemia que eso es lo que está siendo ahora la base de actuación de los estados y por otro lado hay medidas que deben de adoptar los estados conforme a ciertos parámetros. En el primer caso, las recomendaciones de la OMS, la primera ha sido el distanciamiento social, está comprobado que el Covid es un virus de propagación muy alta, muy rápida y de alta letalidad sobre todo a ciertos grupos vulnerables. La recomendación es el distanciamiento social. Algunos países han optado por el confinamiento voluntario en casa o el confinamiento obligatorio a partir de medidas legislativas o iniciativas que han establecido pero, por el otro lado esas medidas deben de pasar un test que es el test democrático y ese test significa que las medidas deben de ser necesarias, proporcionales, legales y, sobre todo, temporales. No puede haber una limitación de derechos absoluta, tiene que estar delimitada por esos principios para que estas medidas preserven para que al mismo tiempo que se controla la pandemia, sean respetuosas de los derechos humanos.

Dice que las medidas de contención de la pandemia deben pasar por el test democrático y que lo ideal es que el sistema de justicia de cada país sea fuerte para resolver. Pero en medio de la pandemia, el presidente Bukele ha dicho que no obedecerá medidas cautelares de la Sala de lo Constitucional. Con estos hechos, ¿la CIDH observa un debilitamiento de la institucionalidad salvadoreña?

Ya en una ocasión la CIDH ha expresado su preocupación alrededor del cumplimiento por el Ejecutivo de los fallos de la Corte Constitucional, el tema puede abordarse de una manera muy clara: en todo estado democrático existen pesos y contrapesos, esa es la esencia de la democracia. Ningún poder público puede estar por encima de ninguno de los otros poderes y aquí es muy importante para atender una pandemia que se lleve a cabo en el marco de este juego democrático. El Salvador ha avanzado mucho en su democracia después del conflicto interno y ha consolidado instituciones autónomas independientes como la fiscalía, el poder judicial, la Corte Suprema. En este caso con una Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, son cosas que tienen que ser preservadas en El Salvador, porque solo a partir de esta independencia de poderes y estos controles constitucionales previstos en la constitución son los que van a permitir que las medidas que se adopten sean respetuosas de los derechos humanos. Yo estoy convencido que se puede llevar a cabo un control de la pandemia respetando al mismo tiempo los derechos humanos.

¿De dónde viene esa preocupación? ¿Qué hechos les preocupan?

Pueden revisar nuestra cuenta de Twitter, hicimos un pronunciamiento reciente, hicimos un llamamiento a las autoridades de El Salvador a cumplir las medidas necesarias por la Sala de lo Constitucional en su decisión 148/2020, este es un tuit del 16 de abril y tuvo que ver con un Habeas Corpus que había dictado la comisión, ahí es donde expresa esa preocupación, es ese llamamiento por el cumplimiento del fallo de la corte constitucional. 

Es decir, ¿la preocupación de la CIDH es que el Ejecutivo no atienda la medidas cautelares de la Sala de lo Constitucional? De ahí viene su preocupación…

Correcto, es un caso concreto en el que nos hemos pronunciado.

El presidente Bukele rechaza los controles institucionales, estigmatiza a los defensores de derechos humanos y reniega cuando se le señalan sus visos dictatoriales, ¿usted identifica que El Salvador está en riesgo de caer en un régimen cada vez más autoritario?

Es un tema que le dejo a los salvadoreños opinar. A mí lo que me parece fundamental es que, en El Salvador, cada uno de los poderes públicos pueda realizar su función la propia constitución prevé los mecanismos para llevar a cabo estos controles constitucionales y también, la propia constitución de El Salvador, como la de cualquier otro país tiene los mecanismo legislativos para poder llevar a cabo procesos de reformas de leyes y es al interior de ese juego democrático en donde puede convivir una sociedad con pleno disfrute de derechos humanos. Han sucedido cosas en El Salvador que nos han preocupado a la comisión, en febrero expresamos un tuit con preocupación en donde hubo una presencia de militares en el congreso de la república para solicitar la autorización de un préstamo. Ahí son expresiones, hechos públicos que muestran un irrespeto hacia las autoridades, pero yo confío poderes independientes y que una sociedad civil organizada pondrá los límites a los excesos.

La CIDH visitó El Salvador en diciembre de 2019 por invitación del Estado salvadoreño a través del gobierno Bukele. Esa visitas tuvo el objetivo de observar en terreno la situación de derechos humanos. El gobierno de Bukele ha reportado las cifras más bajas de homicidio durante los últimos años y se lo atribuye al Plan Control Territorial, del cual tenemos muy poca información. La CIDH ha alentado al gobierno a publicar el plan, ¿por qué es necesario?

Hay una obligación de todo gobierno de ser transparente en sus acciones, pero desde luego que hay ciertas materias que conforme a la Ley pueden ser de reserva por razones de seguridad nacional. Sin embargo, es muy importante que se conozcan los fundamentos del plan para que autoridades y sociedad civil puedan hacer un control social de las medidas. Es importante también que la ciudadanía conozca cuáles son las acciones que está haciendo el gobierno en materia de seguridad y eso creemos que puede hacerse a través de una presentación del plan. De lo contrario cualquier observador se queda con la impresión de que es un plan sin una base sólida. Creo que además una información de las autoridades sobre el Plan Control Territorial opera en beneficio del trabajo que realizan las autoridades. En una sociedad democrática es muy importante ganar la confianza de la sociedad y a medida se transparentan las acciones se gana confianza.

La CIDH también observó que el presupuesto del Ministerio de Defensa aumentó en un 17.9 % para 2020 y que también se ha incrementado el reclutamiento militar. ¿Cuáles son los riesgos que identifican en la participación permanente del Ejército en las tareas de seguridad pública?

La participación de las Fuerzas Armadas es tareas de seguridad debe ser de carácter temporal, bajo un mando civil y bajo un estricto control ciudadano y cívico de esas acciones. Por lo tanto en El Salvador, donde existe una policía nacional que fue establecida posterior al conflicto armado, debe tener un papel fundamental que desempeñar en las tareas de seguridad. La participación de las Fuerzas Armadas debe ser de coadyuvancia  y debe ser de carácter temporal. Es ahí donde, en el contexto de control y de temporalidad, llama la atención que haya un incremento al presupuesto de las fuerzas armadas en un país que se encuentra en paz.

¿Pero qué es lo que está en juego si no se cumple el estándar internacional de que la participación el ejército en la seguridad pública debe ser limitada?

Está en juego, y es una experiencia que tiene la CIDH en todo el continente, que la tarea de seguridad la realicen fuerzas armadas que no tienen como centro de su formación la seguridad ciudadana y eso ha dado lugar a los abusos de autoridad, los excesos y a la violación de derechos humanos. Son las policías civiles las que tienen el mandato, la capacitación, la vocación de proveer la seguridad civil. Y es ahí donde las autoridades tienen que estar haciendo la inversión de recursos y esfuerzos. Por lo tanto la participación de las fuerzas armadas tiene que ser de manera excepcional.

«Me llamó la atención como en las bartolinas, los presos, para poder dormir de manera horizontal, tejían hamacas de bolsas de plástico.Son bolsas de residuos y eso es deshumano»

Joel Hernández, Presidente de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Usted participó en la visita a El Salvador en diciembre de 2019 y recorrió instalaciones de centros penales y bartolinas de la Policía Nacional Civil. Desde la perspectiva de derechos humanos, ¿qué vio en estas instalaciones?

Vi una situación profundamente desgarradora y deshumanizante. En mi experiencia como comisionado y en carácter de relator para personas privadas de libertad, nunca había visto una situación de hacinamiento como la que vi en El Salvador, sobre todo en las bartolinas. Porque las bartolinas por su naturaleza, por ser centros de detención de la policía, transitorias, mientras las personas pueden ir hacia un penal o son dejadas en libertad, el tiempo que pasan ahí es muy prolongado y el nivel de hacinamiento es deshumano. Nunca había visto una experiencia en donde en un espacio muy reducido, en base a la entrevista que en el momento hicimos, habían muchas personas en espacio donde solo cabían 12 o 15 personas, pero encontrábamos más de cien.

No hay lugar en esos espacios para que las personas puedan dormir, están sentados una al lado de la otra. Me llamó la atención como en las bartolinas, los presos, para poder dormir de manera horizontal, ellos mismos tejían unas hamacas hechas con bolsas de plástico. Son bolsas de residuos y eso es deshumano. Luego cuando estuvimos en las prisiones nos llamó la atención es la aplicación de medidas de control que originalmente eran extraordinarios pero se traducen en un aislamiento absoluto de las personas privadas de libertad del resto del mundo exterior, sobre todo de la familia.

La familia del preso cumple una función fundamental, porque en todo nuestro continente las prisiones carecen de recursos suficientes para aspectos básicos para los privados de libertad, entonces las familias son un apoyo, aunque la obligación principal es del Estado. Pero en El Salvador eso es imposible porque los presos están totalmente aislados del mundo exterior.

En su informe preliminar, la CIDH señala que de todas estas personas detenidas el 25 % están siendo procesadas, lo que quiere decir que hay personas en las cárceles que ni siquiera han sido condenadas. ¿El Estado salvadoreño podría estar cometiendo crímenes contra la humanidad por someterlas a estas condiciones?

La expresión crímenes contra la humanidad tiene una connotación específica y un umbral muy alto. Ahí  lo que a me parece es que hay un tratamiento deshumano en las prisiones. Hay un principio fundamental en el derecho internacional de los derechos humanos que es el de proveer un trato humano a las personas y en este caso ese principio está totalmente ausente.

La CIDH destaca además que de 38,000 personas privadas de libertad el 65 % son jóvenes entre 18 y 35 años, es decir unos 25,000 jóvenes están en prisión. ¿Qué tiene de relevante esta composición demográfica del sistema penitenciario salvadoreño?

Es un dato que tiene hacer que las autoridades tengan una reflexión sobre la fenomenología criminal y sociológica del conflicto en El Salvador y ese estudio debe derivar en una política criminal.

La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que un alto porcentaje de la población carcelaria es de jóvenes? De manera empírica la respuesta es que se trata de jóvenes que pertenecer a maras o pandillas. Entonces la reflexión tiene que ir dirigida al trabajo que tiene que hacerse con las comunidades para atender a estos jóvenes, algunos que empiezan muy temprano a estar en conflicto con la ley, antes de llegar a la mayoría de edad, y que se debe trabajar sobre las causas subyacentes de esa criminalidad para evitar precisamente que luego se cometan delitos y las cárceles estén sobrepobladas.

La Comisión condena el uso permanente del régimen de aislamiento, pero el presidente Bukele atribuye a esa medida el éxito en la reducción de los homicidios, es decir, es una medida exitosa en su primer año de gobierno. ¿Qué espera la CIDH del gobierno salvadoreño sobre esta medida en particular?

Un dato positivo que hay que destacar es que se haya reducido la tasa de homicidios y eso es algo importante para toda sociedad y sobre todo para la salvadoreña. Pero también en la Comisión estamos convencidos que se pueden alcanzar reducciones de homicidios y al mismo tiempo dar un trato humano a las personas que se encuentran privadas de libertad. Tal vez esto implica hacer una revisión de las políticas carcelarias, con el propósito que la cárcel sea una medida de último recurso, que implica también que las cárceles y el número de personas que se encuentran en proceso, las que no han sido condenadas, sea reducida la tasa para evitar el hacinamiento. Yo he comprobado en distintas visitas a las prisiones que las personas pueden tener un trato humano, un contacto con sus familiares y al mismo tiempo mantenerse medidas de seguridad, que entiendo que es la medida en El Salvador. Requiere una mayor inversión de recursos, más custodios para estar vigilando las salidas al sol, se requiere mayores recursos económicos para dar ese mejor trato. No está reñida la seguridad ciudadana con el buen trato a los privados de libertad.

La CIDH ha pedido al Estado salvadoreño que diseñe medidas de justicia para las víctimas de la masacre de El Mozote. El presidente Bukele se reunió con las familias de las víctimas al inicio de su gestión y cambió el nombre de una sede militar que honraba a uno de los perpetradores de la masacre, ¿con eso la CIDH tiene por cumplida la sentencia?

Es un paso muy importante para el cumplimiento de la sentencia. Hemos visto avances significativos, pero creemos que todavía hay más acciones que realizar, como el tema de la apertura de los archivos militares de la guerra, para conocer a ciencia cierta la suerte de muchas víctimas, que es algo que señalamos en nuestra visita.

Puede ver la entrevista completa conJoel Hernández, Presidente de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y otras materiales de Focos en nuestro canal de Youtube o a través de este link
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