Especialistas consideran inconstitucional Decreto Ejecutivo 31 que incluye la reapertura económica

El Decreto Ejecutivo 31 del Ministerio de Salud, que busca mantener la emergencia sanitaria por Covid-19 a la vez que regula el reinicio de la actividad económica, es inconstitucional según tres abogados consultados hoy por Focos.

Todos ellos concuerdan en que el nuevo acuerdo emitido el domingo 14 de junio mantiene violaciones a derechos constitucionales de los salvadoreños e invade atribuciones de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto no cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida el 8 de junio.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, y la secretaria Carolina Recinos, explican los alances del Decreto Ejecutivo 31. Foto tomada del Twitter del Ministerio de Salud

Para Ruth López, abogada y docente universitaria, dijo que como el decreto establece fases para la reapertura económica, ya “implican una restricción o una limitación previa a los ciudadanos, que solo puede ser aprobada por la Asamblea” algo que violenta lo establecido por la sentencia de inconstitucional dictada por la Sala de lo Constitucional.

Además, el decreto aunque formalmente no establece una cuarentena colectiva en todo el país, al dividir al país en cuatro zonas e incluir todos los departamentos de El Salvador, en ellas, en su artículo tres, “materialmente sí están estableciendo una cuarentena colectiva”, otra atribución exclusiva del Legislativo, “porque la cuarentena implica la suspensión de algunos derechos, por tanto solo puede ser establecidas con base a lo que dice la Constitución, y eso es una potestad de la Asamblea”.

Para López, lo que sí puede hacer el Ejecutivo es establecer y verificar el cumplimiento los protocolos de bioseguridad en los ambientes laborales.

Irrespeto a la resolución de la Sala

Germán Rivera, abogado constitucionalista y maestro en derecho, asegura que es evidente que el Ejecutivo no acata las órdenes de la Sala de lo Constitucional y creó un documento que no tiene validez jurídica.

«La Sala ya dijo que toda aquella normativa que se extendiera excediendo las competencias de cada órgano del Estado automáticamente sería considerada inconstitucional, aunque falta que la Sala lo diga en una resolución de seguimiento. Por ahora es evidente que esto es inválido y el riesgo es que volvemos a quedar sin normas legales», analizó Rivera.

El abogado pone como ejemplo el caso del transporte público, el cual no tiene impedimento legal para circular. «Es que eso debe estar en una ley, no en una norma ejecutiva. Cuando una norma viene de la Asamblea hay un debate público y se aprueban por cierta mayoría, algo que en el Ejecutivo no se da. Tampoco los civiles tienen una prohibición para comenzar con la actividad económica, porque el gobierno no puede legalmente sancionar. Tampoco la policía te puede parar y detener», explicó.

Manuel Escalante, también especialista en temas constitucionales, afirmó que Casa Presidencial solo intenta encontrar un hueco para incumplir la resolución de la Sala. «Usan un lenguaje para disimular el aparente cumplimiento de la sentencia, pero no logran cumplir con lo que se pidió. Por ejemplo, emiten unas reglas para la reapertura económica pero siguen limitando la circulación para los ciudadanos que tienen que esperar hasta las últimas fases para poder salir. Mientras unos salen otros esperan y a esos que esperan se les suspenden sus derechos», opinó.

Los tres juristas consultados por Focos creen que la Sala debe pronunciarse lo más pronto posible para que quede claro el «grado de obligatoriedad» de este nuevo decreto.

«Es más un llamado de buena fe, para que la gente cumpla las medidas, pero legal y obligatorio no es. La Sala debe también pronunciarse sobre los decretos legislativos, que también han sido aprobados, vetados y luego ratificados. Debe dejar claro cuál es válido», concluyó Escalante.

* Nota con aportes de Rodrigo Baires.

Leé también: Piden a Sala de lo Constitucional si presidente y diputados cumplen sentencia.

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