Especialistas ven irrespeto a la presunción de inocencia en El Salvador

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El artículo 12 de la Constitución de la República de El Salvador establece que “toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se aseguren todas las garantías necesarias para su defensa”, un derecho que comúnmente se conoce como “presunción de inocencia” y que busca proteger a todo ciudadano acusado en instancias legales.

Pero en El Salvador, diversos especialistas en el tema sostienen que este derecho no se respeta y que las acciones de las autoridades muchas veces generan juicios mediáticos que hacen que se culpe a gente inocente.

“Evidentemente si solo pudiésemos respetar el principio constitucional de presunción de inocencia con eso ya nos bastaría, si viéramos eso como la ley suprema, que en efecto lo es, lo que pasa es que no se respeta y lo que se está haciendo en el país es, paralelamente, armar un juzgamiento social que condena a la persona aún siendo inocente”, explica Lucrecia Landaverde, abogada y especialista en casos donde ciudadanos inocentes han sido acusados sin pruebas.

Un informe de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que hasta ese año había en El Salvador 19 mil 481 personas en prisión preventiva, a la espera de juicios porque no tenían una condena definitiva. Según los especialistas consultados por Focos, eso se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) abusa en gran medida de la presión preventiva.

“La Fiscal o el Fiscal, los auxiliares del Fiscal General, llevan instrucciones precisas a los casos donde tienen que ganar su caso y ganar para ellos es privar de libertad a la persona que están procesando, sin importar si esa persona cometió o no el hecho delictivo que le están imputando”, añade Landaverde.

Focos también consultó sobre el tema al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, quien consideró que en muchos casos “la costumbre, la regla general en los procesos es que la Fiscalía nunca presenta una prueba de descargo, solo pruebas de cargo” y que eso va contra los lineamientos del Ministerio Público, perjudicando a los ciudadanos que enfrentan procesos judiciales.

Tobar hizo referencia también a casos de salvadoreños que han permanecido meses y hasta años en prisión aún siendo inocentes, para luego recibir su libertad pero sin una compensación por el error. “No hay normativas que establezcan medidas de reparación pero es importante que el Estado reconozca el daño que les ha causado a las personas”, externó.

Leonor Arteaga, directora de programa para la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglás en inglés) el error es la política de las autoridades, como la Policía o la Fiscalía, de exponer públicamente a los capturados cuando no son encontrados culpables aún. “Al momento que se nos acusa de un crimen tenemos derecho a una defensa y a que se nos considere inocentes hasta que un juez diga lo contrario. En El Salvador hemos visto como los espacios para una defensa efectiva se han ido cerrando poco a poco y eso es violentar los derechos de las personas. Parece que hay un intento de demostrar resultados a través del número de capturas y condenas y no necesariamente por la efectividad de demostrar los delitos”, expone.

En Focos TV hicimos un repaso por los casos mediáticos más recientes en los que se ha violentado el derecho a la presunción de inocencia y podés verlos acá:

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