Especialistas ven peligro en el uso excesivo de la Fuerza Armada
El viernes 21 de agosto la Comisión Política de la Asamblea Legislativa interpeló al actual Ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, por los hechos sucedidos el 9 de febrero de este año, cuando varios elementos del ejército ingresaron al Salón Azul acompañando al presidente Nayib Bukele.
Según el dictamen número 24 de la citada Comisión, la idea de interpelar a Merino Monroy en el plano del Órgano Legislativo es conocer «por qué militarizaron la Asamblea Legislativa el día 9 de febrero de 2020, violentando la institucionalidad democrática y el Estado Derecho», para lo que prepararon un cuestionario de 17 preguntas, el cual te compartimos a continuación.
Focos consultó a dos especialistas para analizar no solo lo que sucedió en el llamado «9F», sino para determinar si el uso que el actual gobierno hace de la Fuerza Armada tiene fundamentos.
Para Leonor Arteaga Rubio, especialista en derechos humanos y violencia de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), lo que sucedió en febrero fue un «alarde» del Órgano Ejecutivo sobre el poder que tiene de la mano de la Fuerza Armada, lo cual es un «mensaje peligroso».
«Ese acto nos dejó muy claro que estábamos frente a un gobierno de corte autoritario. Nunca antes en la historia de El Salvador un presidente había hecho alarde del uso de las fuerzas armadas como un instrumento para amedrentar y amenazar a los otros poderes del Estado», analizó Arteaga sobre lo sucedido el 9 de febrero.
Otto Argueta, coordinador de programas de la organización Alianza para la Paz, también considera que lo que pasó a inicios de año marca un antes y después en la historia reciente salvadoreña y demuestra pocos avances en la idea de usar para fines políticos la fuerza militar.
«No es cualquier institución la que se llevó el presidente (el 9F), es la fuerza militar, la más poderosa en término bélico, en término de movilización, en término de acción. No es que se llevó a los maestros, que también estaría mal, ni a los médicos, que también estaría mal. Pero llevarse a los militares en un país como El Salvador, con una larga historia de guerra y violaciones a los derechos humanos, tiene un impacto simbólico muy poderoso», analizó Argueta, quien también es historiador y conocer muy bien los procesos militares de la región centroamericana.
Merino Monroy pudo negarse
El 8 de febrero, previo a la llegada de los militares al Palacio Legislativo, el ministro Merino Monroy publicó en su cuenta de Twitter el mensaje: «estamos esperando órdenes de nuestro Comandante General, @nayibbukele, y estamos dispuestos nuestra patria aún a costa de nuestra vida». Luego lo borró.
Sin embargo, no es la única vez que Merino Monroy se ha mostrado por completo al servicio del presidente de la nación y tanto Laura Arteaga como Otto Argueta coinciden en que esa es una mala señal del ejército actual. Incluso sostienen que el ministro se pudo haber negado a la invasión legislativa el 9 de febrero, porque la Constitución se lo permitía.
«El hecho que el presidente, en su calidad de comandante general de las fuerzas armadas, dicte A, B o C, no indica que los funcionarios deban cumplirlas, porque su primera misión es proteger a la población antes de ser súbditos de un mandatario», sostiene Arteaga, quien también añade que aparentemente hay un «pacto» entre el Ejecutivo y el Ejército.
«Es peligroso en varios sentidos es un pacto donde hay beneficios en doble vía. El gobierno tiene a un cuerpo armado a su servicio y eso significa que prefiere hacer uso de la fuerza a cualquier costo antes de promover estado de derecho y consensos sociales. Por el otro lado esto representa no tener controles, que la fuerza armada se comporte como mejor le parezca, que reciba beneficios en su presupuesto y participar en decisiones políticas», expone.
«El ser Comandante General de las Fuerzas Armadas, en democracia, es una función más bien simbólica honoraria. Esto no significa que el presidente pueda ordenar lo que se le venga en gana, al contrario es un riesgo muy grande. Los militares tienen sus mecanismos de toma de decisiones y hay otros poderes del estado que tienen capacidad de fiscalizar las decisiones del ejército, como el congreso, que tiene la potestad de llamar al ejército al orden en el momento en el cual sienta que pasa sus funciones, así sea por una orden que le de el presidente en su rol de comandante general», explica Argueta.
Arteaga sostiene que es preocupante ver en redes sociales como el ministro de Defensa e incluso el director de la Policía Nacional Civil profesan «fidelidad absoluta» al presidente y no a las leyes nacionales.
«Todo funcionario público, incluyendo al ministro de Defensa y el director de la PNC están llamados en primer lugar a cumplir con la constitución y las leyes, por tanto a desobedecer cualquier orden que esté fuera de ese marco», señala.
Identifican un uso excesivo de la Fuerza Armada
Aunque El Salvador es un país que lleva 28 años sin guerra, después de la firma de los Acuerdos de Paz, el Ejército sigue con un papel fundamental en la política salvadoreña, según los especialistas.
El Ministerio de la Defensa salvadoreño ha recibido tres aumentos consecutivos en su presupuesto durante los últimos tres años y el más significativo lo tuvo justamente después que Nayib Bukele asumiera el mando del Órgano Ejecutivo. Pasó de un presupuesto de $145.2 millones a $220.3 millones.
Incluso, el gobierno actual le ha dado también un importante impulso a la imagen del ejército, con videos como el siguiente, en el que hace referencia a «la nueva fuerza armada»:
Tanto Arteaga como Argueta analizaron ese video para Focos y concluyeron en que existe un inusual exaltamiento al ejército.
«Este video en efecto lo que muestra es que los militares harán todo, desde una plaga, educación, agricultura, salud, en fin. Se presenta a unos militares que son la solución para todos los problemas y todas las tareas que tiene un gobierno, eso lo que hace es reducir la importancia del resto de instituciones», expone Argueta y añade: «lo que refleja un video de esa naturaleza es que mi gobierno va a ser llevado por un conjunto de acciones lideradas por la acción militar, y esa no es la forma ideal de liderar en una democracia».
Arteaga sostiene que la propaganda de este tipo solo refuerza el papel político que en estos momentos tiene la Fuerza Armada, algo a lo que nuevamente hace referencia como peligroso.
«A las nuevas generaciones se les está enviando un mensaje de que las armas y la fuerza son más importante que cualquier otro escenario democrático», concluye la especialista de la DPLF.
