Exempleados de la Presidencia Bukele dirigen el irregular conteo de votos del TSE

A las 9:10 de la noche del 4 de febrero, en la sede del Tribunal Supremo Electoral ubicada en el hotel Hilton de la capital de San Salvador, la jornada transcurría calmada y en orden cuando la magistrada presidente del TSE, Dora Esmeralda Martínez y su jefe de Unidad de Sistemas Informáticos (USI), Ignacio Villagrán salieron en vivo a decir un imposible. El sistema de transmisión de resultados preliminares es un “éxito”, dijo ella, una funcionaria nombrada en el cargo a propuesta de Gana, el partido que en 2019 ocupó Nayib Bukele para alcanzar la presidencia, durante la primera y única presentación de resultados preliminares que se daría esa noche.  “Toda marcha bien. No hemos tenido percances ni incidentes”, dijo él, un informático cuyo principal logro antes del cargo en el TSE fue haber trabajado en la Secretaría de Innovación de la presidencia Bukele desde noviembre de 2019 hasta enero de 2023. El principal responsable de que el país estuviera cuatro días sin datos oficiales para la elección presidencial y una docena de días sin resultados legislativos llegó al cargo reclutado en la Casa Presidencial. 

A un costado del escenario, la magistrada ordenó a Villagrán que mostrara los resultados preliminares de las presidenciales recabadas hasta esa esa hora. La pantalla arrojó que llevaban 1900 actas procesadas, un 22.19% del total de actas, 1 millón 314 mil 755 votos emitidos. Pero la cifra que acababa de mencionar no era cierta. De haber sido correcta, al finalizar el conteo, con el 100 % de actas escrutadas, el total de votos (y votantes) hubiese alcanzado 5.9 millones de personas, es decir, una cifra mayor al padrón nacional. Aquella fue la primera falla en una cadena de inconsistencias que esa misma noche, de haber seguido por ese camino, hubiera creado un universo de votantes de hasta 20 millones de personas. 

La noche y todas las irregularidades apenas iniciaban. 

Ignacio Villagrán, en la explicación de la puesta a cero del escrutinio para las elecciones legislativas. Imagen tomada de la cuenta oficial del TSE.

Villagrán siguió su explicación con tono pausado. “Sí existen algunos lugares que no han tenido conexión a internet, como ya lo mencionan algunos medios de comunicación. Pero recordemos que el TSE ya tiene un plan de contingencia que está funcionando”, dijo, mientras en los centros de votación, a esa hora, miles de Juntas Receptoras de Votos (JRV) ya estaban batallando para conectarse al sistema de transmisión de datos y decenas de usuarios de redes sociales comenzaban a denunciar incoherencias en la divulgación de los resultados: votos contabilizados sin actas o actas adjudicadas a la JRV equivocada, entre otros.

“Algunos centros ya están transmitiendo en contingencia. Sin ningún problema”, insistió Villagrán, ignorando, voluntaria o involuntariamente, que varios centros ya estaban reportando que el sistema de contingencia tampoco funcionaba. Las JRV tendrían que improvisar, a mano, en la madrugada, el conteo de votos para el legislativo, cálculo para el cual no fueron capacitados.

Los magistrados y el jefe de la USI se retiraron en paz y, pese a la promesa realizada por la magistrada presidenta de tener resultados preliminares esa misma noche, ninguno de los funcionarios volvería a dar la cara, hasta la tarde del siguiente día, cuando el organismo colegiado salió admitir el caos que ahora todos conocemos y que forzó al conteo voto por voto de las papeletas de la elección legislativa y un porcentaje de las presidenciales. Villagrán no volvería a aparecer en público, hasta una semana después, custodiado por policías en uno de los salones del Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, y aún en esa ocasión no daría ninguna respuesta. 

Y es que si alguien puede explicar qué es lo que falló el día “D” de las elecciones es el jefe de la USI. Villagrán, un informático con 8 años de experiencia laboral, que llegó al TSE nombrado por el despacho de la magistrada presidenta, un año antes de las elecciones.

Focos pudo corroborar, a través de entrevistas con cuatro fuentes del TSE y documentos oficiales, que la Secretaría de Innovación de la Presidencia, la entidad creada por Bukele para impulsar proyectos de desarrollo tecnológico en el país, no solo fue la cantera de la cual salió el jefe de la USI, sino gran parte del equipo que le acompañó en la construcción del sistema de escrutinio con más fallas e irregularidades de la corta historia de elecciones democráticas en el país.

Fuentes internas del TSE, quienes pidieron el anonimato para evitar represalias, dijeron a Focos que solo un pequeño grupo de personas aparte de Villagrán tuvo conocimiento del proceso de arquitectura, diseño, desarrollo y las bases de datos de ambos sistemas. De este grupo cerrado participaron los técnicos Manuel Alexander Delgado Henríquez, José David Zelaya Sánchez y Miguel Bran Mejía. Los dos primeros trabajaron junto a Villagrán en la Secretaría de Innovación de la Presidencia, mientras que el último trabajó por 11 años en la extinta Autoridad Marítima Portuaria, según documentos públicos a los que Focos tuvo acceso. 

Además, durante la búsqueda de los responsables del sistema se identificó que otro miembro de la USI, encargado de las compras de ese departamento también salió de la secretaría de Capres: José Alex Zepeda Figueroa, ingeniero en sistemas informáticos.

Villagrán y compañeros no son los únicos fichajes provenientes de Casa Presidencial que el TSE ha realizado en el marco del proceso electoral. En octubre de 2021, Focos reportó el intento de contratación de un funcionario de confianza de Nayib Bukele para el cargo que ahora ocupa Villagrán como jefe de la USI. Se trataba del entonces director de Modernización del Estado de la Secretaría de Innovación, Christian Portillo, quien venía trabajando con el presidente desde que era alcalde de San Salvador y es miembro fundador de Nuevas Ideas. De acuerdo con fuentes internas del TSE, el nombramiento de Portillo fue impuesto por la magistrada presidenta, pero nunca llegó a presentarse a su cargo y su contratación fue suspendida tras la publicación de este medio. 

Las fuentes señalaron, además, que esa institución de la Presidencia envió delegados para vigilar el desarrollo del sistema y que, en medio del escrutinio final, se presentaron otros técnicos a los salones de conteo de votos para cumplir roles de soporte. 

Portada y escudo de la Secretaría de Inovacción, oficina de Capres en la que Villagrán y otros técnidos del TSE laboraron antes del proceso electoral 2024.

Los perfiles ocultos de los ex técnicos de Capres

En la hoja de vida pública de Villagrán, el técnico oculta su experiencia laboral dentro de la Secretaría de Innovación. De acuerdo con su currículum, adjunto en un proceso de contratación de servicios para el voto electrónico en el exterior, Villagrán se graduó en el 2016 de la Universidad Andrés Bello. De 2016 a 2018 trabajó como docente de informática y robótica en el Complejo Educativo Catolico Padre Rutilio Grande. En 2018 trabajó como auditor de “Noise Ciberseguridad”, y afirma que, desde 2019, trabaja como “consultor independiente”. 

Pero planillas de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, a las que tuvo acceso Focos, señalan que estuvo contratado en esa institución desde noviembre de 2019 hasta enero de 2023, fecha en la que ingresó al organismo electoral como técnico del despacho de la magistrada presidenta, Dora Esmeralda Martínez de Barahona. 

En septiembre de 2023, Villagrán escaló a jefe de la USI, tras la destitución de Oswaldo Martínez de ese cargo. Martínez fue trasladado al área de Gestión de Proyectos Internos después de que votó por descartar a la empresa Indra del proceso de adjudicación para el voto en el exterior, debido a que valoró que la española modificó su oferta inicial. Una investigación de Focos reveló que el TSE se saltó las opiniones técnicas de Martínez y otros dos miembros de la mesa de evaluación de la oferta y contrató a la empresa a pesar de ser la más cara y peor calificada.

Un especialista externo al TSE consultado por Focos, quien pidió no ser citado, indicó que la hoja de vida de Villagrán demuestra fortalezas en el área de ciberseguridad, pero que carece de experiencia alguna en la gerencia de proyectos del nivel de una elección general. Además, señaló que el cambio de jefe de USI, a cinco meses de la elección, fue una decisión desacertada de los magistrados del TSE, ya que no había tiempo de adaptación ni transición para el nuevo perfil. 

A pesar de ello, tras Villagrán nuevos fichajes de Presidencia se irían incorporando al TSE: Alexander Delgado, un joven de 23 años, a quien las fuentes internas señalan como el responsable del desarrollo del sistema de escrutinio de las JRV y el portal de difusión. Comenzó a trabajar en la Secretaría de Innovación en agosto de 2022, pero contratos de consultoría disponibles en el portal de transparencia del Estado revelan que ya realizaba consultorías en ese lugar al menos desde 2020. 

Posteriormente, al equipo se incorporó como técnico José David Zelaya Sánchez, quien en su perfil de Linkedin, aparece aún como Gerente de Desarrollo en la Secretaría de Innovación. De acuerdo con los registros de la institución está contratado ahí al menos desde enero de 2022. 

También se incorporó Juan Miguel Bran Mejía, quien trabajó como técnico informático en la extinta Autoridad Marítima Portuaria por 11 años, antes de pasar a ser instructor de Insaforp. Según su Linkedin, trabaja en el TSE desde julio de 2023, como asesor de tecnología de la información. En los documentos consultados por Focos no se pudo vincular su perfil a la Secretaría de Innovación, pero se corroboró que formó parte del grupo cerrado que tenía conocimiento del sistema del TSE.

Las fuentes del TSE consultadas para esta nota señalaron que Capres colocó varios perfiles más en la USI, sobre todo contrataciones temporales para las elecciones, aunque no todos pudieron ser identificados con nombre, apellido y cargo.

 Sin embargo, entre otros perfiles de la Secretaría de Innovación identificados en la USI se encontró a José Alex Zepeda Figueroa, también informático, encargado de gestionar compras de equipo tecnológico para el TSE y la unidad. 

Además, dos miembros del organismo electoral dijeron que personal de la Secretaría de Innovación participó en el escrutinio final dando soporte a los digitadores, a pesar de que no estaban acreditados para ese rol. Además, señalaron que, delegados de Innovación, así como el representante suplente de Nuevas Ideas en la Junta de Vigilancia Electoral, Nelson Cárcamo, supervisaron de cerca distintas etapas del proceso de desarrollo de las soluciones digitales para las elecciones, particularmente en la implementación del voto electrónico y por internet en el extranjero.

En contraparte, Focos consultó a Arena, FMLN y Nuestro Tiempo sobre el conocimiento que sus vigilantes tuvieron a todo el proceso, incluyendo el acceso al Centro de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE) el día de la elección, y los tres coincidieron en que fue restringido. “Lo que les dijeron es que regresaran al hotel, porque las mismas pantallas que iban a ver en el CNPRE iban a ver en el hotel”, indicó Carlos García Saade, representante de Arena. 

Este medio llamó a los teléfonos de Villagrán, Delgado, Zelaya, Bran y Zepeda, pero ninguno respondió a las preguntas. En el caso de Delgado, indicó que se trataba de un número equivocado, aunque Focos corroboró que se trataba del suyo. Zelaya desistió de contestar a las preguntas sobre el rol que jugó en la creación del sistema y cómo llegó a la USI, e indicó que “deben buscar otros canales para hacer esas preguntas”. Al preguntar qué otros canales se podrían utilizar, no dio respuesta. Bran y Zepeda atendieron las llamadas y, tras escuchar las consultas, dijeron que devolverían la llamada en unos minutos, pero no lo hicieron. Villagrán no contestó a las llamadas ni lo mensajes enviados. 

Wendy Alfaro, al centro, rodeada de policías y delegados de Nuevas Ideas. La candidata a diputada por Vamos denunció acoso e intimidación en la madrugada del 17 de febrero, cuando en una mesa se paralizó el conteó que beneficiaba a su partido y se invocó un «código rojo». Alfaro también fue la primera en denunciar, en la madrugada previa, la irrupción de un cerco policial a los centros de escrutinio. Imagen tomada de redes sociales.

El caos y la falta de respuestas

Hasta la fecha ni Villagrán ni el TSE han explicado por qué tanto el sistema de transmisión de actas como el portal de divulgación de resultados fracasaron el día de los comicios, forzando al recuento manual de los votos en el escrutinio de la elección legislativa y retrasando la publicación de los resultados finales. En una reunión llevada a cabo el martes 6 de febrero con los representantes de partidos políticos, el jefe de la USI dijo que la transmisión de las actas no pudo llevarse a cabo debido a que no se distribuyó papel de seguridad en todos los paquetes entregados a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y también indicó que no se capacitó a los miembros de esos organismos para activar el sistema de contingencia. 

Sin embargo, tal como Focos pudo corroborar el día de la elección y han declarado miembros de JRV y demás organismos electorales, el obstáculo principal para transmitir las actas y llevar a cabo el escrutinio preliminar fue la falta de conexión con la red del sistema o el mal funcionamiento de este. Sobre estas situaciones no se pronunció Villagrán, como tampoco lo hizo sobre las inconsistencias reportadas por decenas de usuarios con respecto a los datos que aparecían en el portal de divulgación de resultados, donde los números de votos adjudicados no coincidían con el total de actas escrutadas y en otros casos se adjuntaban actas de una JRV con votos de otros lugares de votación. Además, el jefe de la USI delegó en subjefaturas la responsabilidad de los fallos que sí mencionó, ignorando que todos esos puestos están bajo su supervisión, según explicó una de las fuentes del TSE consultadas. 

En esa misma reunión, la magistrada presidenta, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, señaló que podría haber existido un “boicot interno” para hacer fracasar las elecciones, pero no dio detalles al respecto y hasta la fecha el organismo colegiado no ha informado sobre ninguna denuncia a la Fiscalía por un evento de ese tipo.

El 11 de febrero pasado, el día del inicio del escrutinio final para las elecciones legislativas, Villagrán reapareció frente a los medios de comunicación para presentar una nueva puesta a cero del sistema de conteo de votos. Aseguró que el sistema era uno “nuevo”, pero en realidad es el mismo que se usó en la elección, de acuerdo con usuarios consultados por Focos.  En esa ocasión, tampoco aceptó preguntas de la prensa y tan pronto como terminó el acto protocolario, salió apresurado del salón. Y el sistema, hasta el 16 de febrero, reportó fallas y “apagones”. Muchos de ellos, denuncian vigilantes y candidatos a diputados de la oposición, cuando los conteos en las mesas no favorecen a Nuevas Ideas. 

Al centro, de lentes, Nelson Carcamo, representante suplente de Nuevas Ideas ante la Junta de Vigilancia Electoral.

Un tribunal electoral cian

La llegada de personas vinculadas a Capres al escrutinio final, refuerza la percepción del control que ha tenido el oficialismo en todo el proceso electoral. La misión de observación de la Organización de Estados Americanos registró que miembros del partido oficialista suplantaron a miembros de JRV convocados por el tribunal en el 80% de los centros de votación en los que sus delegados tuvieron presencia. En la mayor parte del país, según los partidos de oposición, esa desigualdad fue una constante.

En el siguiente eslabón de la cadena, la custodia de los paquetes electorales tras los comicios, Focos reveló en una investigación que este también fue un proceso en el que Nuevas Ideas aportó la mayor cantidad de propuestas de personal para integrar los organismos temporales el día de la elección, frente a la limitada capacidad de sus oponentes, quienes no recibieron el financiamiento de ley para pagar representantes en todos los espacios de vigilancia. 

En el caso del voto exterior, Focos también corroboró que Nuevas Ideas hizo la mayor cantidad de propuestas de personal para jefes de centro del TSE, los cargos responsables de toda la organización del evento electoral en el extranjero y que incluso empleados de las embajadas y consulados jugaron un papel importante en toda la logística electoral para potenciar al partido. Un audio filtrado por este medio reveló que Carolina Recinos, comisionada presidencial y funcionaria señalada por corrupción en la lista Engel, instruyó a los jefes del TSE con simpatías por el partido a ignorar los instructivos del tribunal y facilitar el voto de la mayor cantidad de personas posible.

El escrutinio final ha sido la última muestra de este control. Decenas de representantes del partido han copado la vigilancia del conteo de votos y partidos políticos han denunciado incluso que muchos de los digitadores contratados por el tribunal son personas vinculadas a la organización cian. En las últimas 72 horas, al cierre del escrutinio y con los departamentos de La Libertad y San Salvador como última fase (departamentos clave para la oposición), el Ejecutivo incluso mandó a instalar un cerco policial en los centros de conteo de votos. 

Bajo la excusa de dar seguridad al proceso, los policías vigilan el trabajo de las mesas, patrullan los pasillos e intentan bloquear a vigilantes de la oposición, observadores independientes y periodistas cuando estos intentan documentar con video o fotografías alguna irregularidad en el proceso. Al acoso de los vigilantes de la oposición, y a las permisividades a favor de Nuevas Ideas, también se suman los representantes de la Fiscalía Electoral, enviados al recinto por el fiscal general Rodolfo Delgado, afín al oficialismo desde que fue impuesto el 1 de mayo de 2021. 

El magistrado Julio Olivo publicó un comunicado en el cual denuncia la desigualdad de condiciones en las que se lleva a cabo el escrutinio final. En una conferencia de prensa, el viernes 16 de febrero, aseguró que la decisión de que la Policía ingresara a los salones del escrutinio fue unilateral y no fue tomada por el Tribunal. Una semana antes, un grupo de magistrados suplentes anunciaron a través de escritos revelados por Revista Factum y El Faro que se separaban del proceso y de la toma de deciones «no emanadas de forma legal».

Policías vigilan en los pasillos del centro de conteo del Gimnasio Nacional Adolfo Pineda que no se tomen videos o fotografías. «¿Está tomando fotos al proceso? Eso está prohíbido», dijo al periodista cuando se percató de la toma de esta imagen. Foto de Daniel Valencia.