Fiscalía busca que ARENA reintegre los $10 millones donados por Taiwán en 2001

Fotografía ilustrativa del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), al cual la Fiscalía General de la República acusó civilmente este lunes 27 de julio de 2020. / Fotografía: Twitter de ARENA.

El fiscal general de la república, Raúl Melara, reveló la mañana de este miércoles 29 de julio que el Ministerio Público interpuso una denuncia de responsabilidad civil contra el partido Alianza Repúblicana Nacionalista (Arena) por el desvío de $10 millones donados por China-Taiwán en 2001 para los afectados por los terremotos de ese año, pero que habrían entrado a las arcas de la institución política.

Melara habló en la entrevista del programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso la demanda civil en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador contra Arena y contra Banco Cuscatlán, con el objetivo que ambas instituciones respondan económicamente por los $10 millones.

«Es una acción que ha ido en contra de los imputados en el caso Taiwán, porque lo que prescribió fue la acción penal, pero no la acción civil», explicó Melara. El 5 de julio de 2019 la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador resolvió que ya era muy tarde para procesar penalmente a los implicados en el desvío, pues ya habían pasado más de diez años desde que se cometió el delito, pero dejó abierta la posibilidad de recuperar el dinero malversado.

El medio periodístico El Faro publicó en 2014 que los $10 millones que estaban destinados para las víctimas del terremoto de 2001 no llegaron a esos destinatarios, sino que se repartieron en cuentas de Arena, personas vinculadas al partido y en la campaña presidencial de Elías Antonio Saca.

FOCOS llamó hoy a Mauricio Cuéllar, director de comunicaciones de Arena, para conocer la reacción del partido ante la demanda. La respuesta fue que tenía que hablar con la directora de asuntos jurídicos, Estephanie de González, para sentar una postura y nos enviarán una respuesta. Sin embargo, al cierre de esta nota todavía no habían terminado el análisis legal y su respuesta.

Buscan recuperar el dinero

Raúl Melara dijo que aunque ya penalmente no se puede hacer nada contra los implicados, el objetivo con esta nueva demanda es recuperar ese dinero en beneficio del Estado.

«Vamos por el dinero y vamos a recuperar ese dinero. Obviamente el partido Arena también está demandado y todos ellos deberán responder por ese dinero, pero de que lo vamos a recuperar lo vamos a recuperar», declaró el fiscal general.

También explicó las razones por las que en la acusación civil interpuesta esta semana se incluye a una institución bancaria, el Banco Cuscatlán.

«Está involucrado el Banco Cuscatlán porque fue a través de ese banco que, en su momento, se desviaron los fondos pertinentes y también están siendo demandados civilmente para que respondan por estos $10 millones de dólares», sostuvo.

Melara aclaró que se acusa al banco como institución, pues la actual administración no es la culpable de lo que sucedió entre 2001 y 2003: «Hay que hacer la separación para ser justos y decir que era otra administración del Banco Cuscatlán y no los actuales propietarios, pero ellos heredan esta responsabilidad».

FOCOS contactó al Banco Cuscatlán y la institución compartió un comunicado en el que expresan que la actual administración de la institución financiera no está relacionada a lo que sucedió hace 17 años.

«Como señala el señor Fiscal General de la República, los hechos a los que hace referencia son atribuidos a la antigua administración de Banco CUSCATLAN de hace 17 años. La actual administración de Banco CUSCATLAN inició operaciones hace cuatro años luego de adquirir las operaciones de Banco CITIBANK, quien administró el banco por más de 9 años. Ninguno de nuestros accionistas o miembros de junta directiva están relacionados a la antigua administración del banco. Como institución financiera responsable, hemos brindado toda nuestra colaboración a la Fiscalía General de la República y seguiremos apoyando a las autoridades administrativas y judiciales correspondientes en este proceso».

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