Focos, Capítulo 168

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) manejó arbitrariamente $8.9 millones de dólares provenientes de los depósitos familiares en favor de los privados de libertad, a pesar de que las normas de control y fiscalización creadas por este mismo Ejecutivo obligan a que esos recursos sean resguardados por Ministerio de Hacienda y una comisión especial verifique su uso. Hablamos con Wilson Sandoval, coordinador de ALAC-Funde, para ahondar sí este uso discrecional configuraría algún tipo de delito o falta a la Ley de Ética Gubernamental.