Gobierno desobedece orden judicial de abrir archivos del caso El Mozote

El Ministerio de la Defensa Nacional se negó a la inspección del archivo general de la Fuerza Armada, ordenada por el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, que lleva el caso de la masacre de El Mozote. Esta es la segunda ocasión en la que el acceso a los archivos militares es denegado por la gestión del presidente Nayib Bukele, quien se comprometió el 1 de noviembre de 2019 a cumplir con la orden judicial que le requirió entregar la documentación militar relativa a la causa penal.

Guzmán acudió este lunes 21 de septiembre a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para realizar la primera diligencia de inspección de los archivos militares que podrían ser tomados como evidencia en la investigación del caso El Mozote. Pero al juez ni siquiera se le permitió la entrada al lugar. En el portón de ingreso, el coronel Carlos Vanegas, director de asuntos jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional (Miden), le informó que no podría desarrollar la diligencia.

Los motivos detrás de esta negativa son los mismos que argumentó el abogado representante de la presidencia, José Ángel Pérez Chacón, en una audiencia el 28 de agosto pasado, donde indicó que en esos archivos “hay planes militares secretos que no pueden ser revelados por parte del ministerio de Defensa”. En esa ocasión el juez explicó al Ejecutivo que la decisión judicial estaba tomada y que no era objeto de negociación.

Ayer, el Coronel Vanegas repitió al juez esa argumentación, y el juez volvió a explicar que ese punto no estaba en discusión y que a las Fuerzas Amadas solo les correspondía cumplir con la orden judicial.

Sin embargo, ante la negativa del Coronel, el juez se vio obligado a continuar argumentando la resolución que ya había tomado: “Usted habla de planes militares. En el artículo 119 de la Ley de Acceso a la Información Pública es bien claro. Ahí está la información reservada y habla de planes militares y todo eso, pero en su inciso final establece que esa reserva no tiene aplicación cuando se trate de hechos graves o violación a los derechos humanos. Y este es uno de estos casos”, dijo Guzmán. Pero Vargas señaló que no estaba autorizado a hacer más que notificarle la decisión de no dejarlo entrar. El juez le preguntó al coronel quién le dio esa orden, y este dijo que tampoco podía informar al respecto.

Semanas atrás, el Ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, intentó frenar la diligencia. En un escrito al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que la orden judicial para la apertura de los archivos carece de sustento legal vigente, pues el caso de la Masacre del Mozote se desarrolla con base el Código Penal de 1973, vigente cuando ocurrieron los hechos. El escrito fue rechazado por los magistrados, según reportó la Revista Factum.

David Morales, abogado de Cristosal, una de las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas de la masacre de El Mozote, dijo que la decisión de no dar acceso a los archivos militares es una acción ilegal para “proteger a los criminales de guerra” y demuestra un “profundo desprecio” a los derechos de las víctimas sobrevivientes. “Es lamentable que este contradiciendo su propio discurso, que el presidente de la República sea un presidente más de la impunidad”, señaló.

El 1 de noviembre de 2019, después de que el juez Guzmán ordenó la apertura de los archivos militares, el presidente Nayib Bukele afirmó en conferencia de prensa: “Estamos (el Ejecutivo) por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la ‘A’ a la ‘Z’. Es más, si el juez nos pide de la ‘A’ a la ‘F’, nosotros vamos a hacer hasta la ‘Z’”.

Sin embargo, el 7 de marzo pasado el Ministerio de la Defensa Nacional bloqueó por primera vez el acceso a sus archivos, solicitado por los miembros de la comisión especial de Memoria de la Universidad de El Salvador (UES) y ordenado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

Tras la diligencia fallida de este lunes, las partes fueron al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para firmar un acta en la que hicieron constar el incumplimiento a la orden judicial por parte del Ministerio.

Morales, dijo que, como querellantes, pedirán al juez continuar con el calendario de inspecciones en unidades militares y que en cada lugar se haga constar la respuesta recibida. La próxima diligencia está programada para la siguiente semana. Además el abogado señaló que solicitarán que se certifique a la Fiscalía sobre el desacato a la orden judicial por parte del Ejecutivo, en caso de que el juez no lo haga de oficio.