IAIP reserva su propio Informe sobre la transparencia de la Instituciones Públicas
A cinco meses de finalizar el año, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) mantiene bajo reserva el Informe de Evaluación del Desempeño de las Instituciones Públicas del año 2020.
Esa evaluación se realizó para verificar en qué medida las entidades del Estado cumplieron con las obligaciones de transparencia y adecuada gestión documental que establece el IAIP y la Ley de Acceso a la Información durante ese año.
El informe con las notas de cada institución está listo y aprobado desde noviembre del 2020, según el acta del pleno del IAIP número 14/2020, fechada el 27 de noviembre de ese año, pero hasta este día sigue sin ser publicado.
De cuerdo con el acta, en esa sesión la Jefa interina de la Unidad de Evaluación del Desempeño, Andrea Tenorio, y el Jefe de la Unidad de Gestión Documental y Archivos, Oscar Campos, presentaron al Pleno los resultados de la evaluación del desempeño, en la cual se revisaron los portales de transparencia de 98 instituciones del gobierno central y 60 municipalidades.
El pleno, integrado entonces por los comisionados Ricardo José Gómez Guerrero, Claudia Liduvina Escobar, Luis Javier Suárez Magaña, Andrés Grégori Rodríguez y Yanira Cortez Estevez, aprobó el informe por unanimidad.
Focos solicitó el informe al IAIP, pero la institución denegó la petición señalando que se encuentra sujeto a reserva, ya que el instituto decretó medidas cautelares sobre el documento, entre las cuales se estableció “la suspensión de la publicación del informe de Evaluación Extraordinario realizada por este Instituto en el año 2020”.
La reserva se declaró como medida cautelar luego de que el Instituto del Seguro Social Salvadoreño (ISSS) solicitó declarar nulo todo el proceso de evaluación de su desempeño en materia de transparencia, argumentando que no se tomaron en cuenta “situaciones de fuerza mayor relativas al estado de salud del personal del ISSS”.
La solicitud se admitió el 14 de abril del 2021 y fue firmada por el comisionado presidente, Ricardo Gómez, Roxana Soriano y Luis Javier Suárez. Este último renunció al cargo en mayo pasado, para ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, la publicación del informe estaba detenida mucho antes de esa resolución. La excomisionada Liduvina Escobar, quien conoció del informe, dijo en una entrevista a Focos que, cuando la comisionada Roxana Soriano se integró al pleno en diciembre de 2020, solicitó aplazar la publicación para analizar el documento. “Eso fue en 2020, hoy estamos en 2021 y no sé si la comisionada ha terminado el estudio del informe”, dijo Escobar.
Escobar, quien trabajó de cerca con la Unidad de Evaluación al Desempeño que realizó el informe, dijo que las notas de todas las instituciones eran bajas, sobre todo para aquellas del órgano Ejecutivo que se involucraron en la atención por la pandemia de COVID-19.
El acta de aprobación del pleno detalla que en cuanto al desempeño de los gobiernos locales evaluados, 3 se encuentran en el nivel intermedio de cumplimiento de los criterios de transparencia (60% y 89.99 % de cumplimiento); 11, en nivel regular (Entre 50% y 59.99 %) y 46 en nivel bajo ( entre 0% y 49.99 %).
En el caso del gobierno central, 33 entes están en el rango intermedio; 21 en regular; y 43 en bajo.
De acuerdo con la ex comisionada, las solicitudes de acceso a la información se estancaron en el 2020, mientras que la información de carácter oficioso no fue publicada en los portales de transparencia. “El COVID-19 era la excusa para no dar información pública”, añadió.
Para Escobar, la llegada de los comisionados Soriano, Gómez y Suárez al IAIP, todos electos por el presidente Nayib Bukele, implicó una pérdida en la independencia del IAIP con respecto al Ejecutivo.
La elección de Soriano fue cuestionada por su vinculación al partido oficialista Nuevas Ideas, del que fue precandidata en las elecciones internas para diputados. En tanto los nombramientos de Gómez y Suárez fueron criticados debido a que no se cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la LAIP.
RETROCESOS EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Según un informe de la organización Acción Ciudadana, en 2021 las resoluciones del IAIP han tendido a favorecer menos a los ciudadanos y más a las instituciones estatales que niegan el acceso a la información. De los 28 procesos de impugnación que ha resuelto el IAIP en el 2021, no hay ni uno solo en el que se haya resuelto entregar la información solicitada a las entidades públicas.
Estos retrocesos se podrían profundizar con el paquete de reformas legales que pretende impulsar el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, indicó Wilson Saldoval, coordinador del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC). “Las reformas que se intentaron impulsar, más estas que ahora vemos son una rebaja a los estándares que buscamos en acceso a la información”, dijo en un Live de Focos.
