Juez de El Mozote solicita a la FGR investigar a Bukele por bloquear acceso a los archivos militares

Jorge Guzmán, juez segundo de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, a cargo del caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, certificó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue si el presidente Nayib Bukele y el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy,  incurrieron en algún delito al bloquear la inspección de archivos militares ordenada por su juzgado.

Según los abogados particulares, David Morales y Wilfredo Miranda, representantes de las víctimas, Bukele y Merino, jefes máximos de las Fuerzas Armadas, habrían cometido los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes desobediencia, y supresión, destrucción u ocultamiento de documentos verdaderos.

El juez en su resolución sostiene que el bloqueo a los archivos es una violación a las sentencias de inconstitucionalidad de la Amnistía y a la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que también envió la certificación a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al tribunal regional.

Una inspección con meses de aviso

El  15 de junio 2020, el juez Guzmán aceptó la solicitud de los acusadores particulares de revisar los archivos militares para buscar evidencias documentales sobre el operativo militar que dio lugar a la masacre de El Mozote y lugares aledaños en diciembre de 1981 y sobre planes militares de campaña o de operaciones especiales desarrolladas entre 1980 y 1982.

Esto se hizo saber al gobierno salvadoreño el 28 de agosto pasado. Notificadas las partes del juicio, Guzmán hizo un calendario de inspecciones, previa coordinación con las partes, para la verificación que iniciarían el 21 de septiembre.

Como parte de esta verificación, el juez Guzmán tocó las puertas del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; del Comando de Fuerzas Especiales, en Ilopango; de la Segunda Brigada Aérea, en Comalapa, La Paz; de la Brigada de Artillería Teniente Coronel Oscar Osorio, en San Juan Opico, en La Libertad; de la la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel; y del Destacamento Militar No. 4, en San Francisco Gotera, Morazán.

En todas las unidades militares, los oficiales repitieron el principal argumento que el Gobierno ha esgrimido para impedir las diligencias: los planes militares tienen carácter secreto y la Constitución impide darlos a conocer. Algo que mantuvieron, incluso después de que la Sala de lo Constitucional emitiera una resolución descartando esos argumentos. Aun así, la orden de la Presidencia y el Ministerio de Defensa siguió siendo bloquear el acceso a los archivos.

A pesar de ello, el juez Guzmán continuó con el calendario de inspecciones y la misma escena que se podía resumir en una imagen: El juez, un militar y en medio de ellos una barrera física: un portón de reja reforzada con cinta de camuflaje castrense, una cadena de hierro y candado; pero también una barrera política: un presidente que ha hecho del Ejército un actor central de su gestión gubernamental, una posición institucional de no colaborar con la justicia, un discurso gubernamental vacío en favor de las víctimas.

En la cadena nacional del 24 de septiembre, cuando el presidente Nayib Bukele anunció que no permitiría el ingreso del juez a las instalaciones militares y se justificó afirmando que la verdadera intención de esas diligencias era indagar en los planes militares secretos actuales para entregarlos a la oposición, el mandatario no explicó ese detalle: que en cada diligencia no solo participa el juez, sino todas las partes, abogados, fiscalía y peritos. Bukele tampoco mencionó que quienes realizan las inspecciones son expertos en archivística, cuyos perfiles fueron aprobados por todas las partes para asegurar su independencia.

A pesar de ello, Bukele aseguró que él mismo desclasificó los archivos existentes y que él mismo los enviaría al juzgado. Pero un mes después, Morales confirmó que los cinco cartapacios con documentos desclasificados por el presidente se trataba únicamente de fotocopias de informes que ya habían sido enviados al tribunal en los años anteriores.

A pesar de la negativa del Ejecutivo, el juez Guzmán se mantuvo firme y recordó que la inspección era una orden judicial de obligatorio cumplimiento. Igual, el Ejecutivo no la acató.

El Déjà vu del juez Guzmán

Esa escena, que se repitió el 21 de septiembre y los 12, 13, 14, 27 y 29 de octubre fue una metáfora de los 30 años de búsqueda de verdad y justicia en el caso de El Mozote. En 1993 un pacto entre los bandos en conflicto impuso una Ley de amnistía que hasta 2016 fue la barrera que se interpuso entre la justicia y los militares responsables de la masacre.

El jueves 29 de octubre pasado, durante el último intento de inspección, el juez Jorge Guzmán explicó al oficial que le negó el ingreso para realizar la inspección por qué fue necesario tocar todas esas puertas a pesar de las negativas.

“Así como es posible que se encuentren evidencias, es posible que no, pero lo importante aquí es que las víctimas estén conscientes de que el órgano judicial ha hecho todo lo posible por investigar estos temas. Es una medida de reparación para ellos, la certificación de que los hechos se han investigado con toda diligencia y que el Estado ha prestado toda la facilidad necesaria para ello. Ese es el motivo de estar aquí”, dijo el juez Guzmán al oficial que lo escuchaba del otro lado de un portón cerrado.

A las 8:20 de esa mañana de ese jueves, la prensa esperaba al juez Guzmán en la entrada del Destacamento Militar San Francisco Gotera, Morazán. Detrás del portón de la entrada, los soldados de guardia, cuyos rostros apenas se alcanzaban a ver a través de una malla ciclón,  también esperaban. Un soldado con un chaleco antibalas, casco y arma larga custodiaba al centro de sus compañeros.

El juez Guzmán apareció puntual a las 9:00 de la mañana, pero retrasó su diligencia mientras esperaba la llegada de todas las partes involucradas en el proceso judicial.  Tras 20 minutos de espera, el juez se acercó al portón de ingreso del DM-4 para repetir  la escena del juez, el militar y la barrera entre ellos.

Esta vez la respuesta que recibió del oficial a cargo fue corta: “No hemos recibido información alguna referente a las diligencias a practicar”.

A continuación el juez preguntó al oficial por su nombre y su rango, para poder identificarlo en la certificación que posteriormente enviaría a la FGR. Pero el militar se protegió tras el anonimato: “Si usted desea mayor información, le solicito que lo haga a través del Ministerio de la Defensa Nacional”, respondió el militar. “¿O sea que usted no tiene nombre ni grado?”, pregunta Guzmán. “Como le expreso, cualquier solicitud que usted necesite hágalo a través del Ministerio de la Defensa Nacional”.

Durante los siguientes minutos, esa frase fue repetida por el oficial como respuesta a todas las indagaciones del juez, como un guion previamente memorizado, una zona segura que no implica una negación directa de la solicitud. “¿No tiene más que decir?”, dijo el juez fastidiado. El militar respondió: “Cualquier información que usted necesite hágalo a través del Ministerio de la Defensa Nacional”.

Guzmán se cansó de escuchar al militar repetir una y otra vez la misma respuesta. “Bueno, solo hacerle ver que todos estos bloqueos podrían ser debidamente castigados, porque se trata de una desobediencia a decisiones judiciales y en este proceso de investigación no solo podían resultar involucradas las personas que les están ordenando, sino ustedes mismos, por estar obedeciendo órdenes ilegales”, dijo el juez para concluir.

Las certificaciones a la FGR es todo lo que Guzmán puede hacer para procurar el cumplimiento de su resolución. El resto quedará en manos de la Fiscalía, que tendrá que investigar quiénes son responsables del bloqueo a la orden judicial.

Antes de retirarse del DM-4 junto al juez, Leonel Claros, presidente de la asociación de víctimas de El Mozote, quien ha acompañado cada una de las diligencias, se quejó de la negativa del Ejército a colaborar con la justicia.  “Teníamos la esperanza de que quizá por tratarse del destacamento de Morazán quizá iban  a dejarnos entrar, pero se mantuvieron igual”, dice. Y continuación recuerda la promesa de Bukele: “El presidente dijo que los daría a conocer de la ‘A’ a la ‘Z’, pero no cumplió”.

David Morales, abogado de Cristosal y querellante del caso, explicó que a partir de ahora el caso continuará su curso en el juzgado. A su criterio existe suficiente información para esclarecer las responsabilidades sobre los hechos, aunque lamenta que el presidente Bukele haya perdido la oportunidad histórica de abrir los archivos militares para que se conozca la verdad de este y otros casos de violaciones a derechos humanos durante la guerra.

Morales afirmó que ahora solo se está a la espera de que la FGR tome cartas en el asunto e iniciar las acciones como identificar a los autores materiales de la obstaculización de las inspecciones. «Y en el caso del presidente y el ministro de la Defensa Nacional, proceder con el proceso de desafuero, por que se tienen actas judiciales del cometimiento de los delitos. La fiscalía no tiene excusas para dilatar el proceso», afirmó.

(Con información de Andrés Dimas y Rodrigo Baires)