La escalada autoritaria de Bukele amenaza programas esenciales para la población LGBTIQ+
02 de julio de 2025
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La escalada autoritaria de Bukele amenaza programas esenciales para la población LGBTIQ+
La marcha del Orgullo de 2025 estuvo lejos de ser sólo una celebración a la diversidad: ocurre en un contexto de persecución a personas defensoras de derechos humanos, una crisis de financiamiento por la eliminación de USAID y una nueva Ley de Agentes Extranjeros que amenaza con dar el tiro de gracia a los últimos programas de organizaciones que, a falta del apoyo del Estado, brindan servicios esenciales a la población LGBTIQ+.
Gabriela Villarroel con reportes de Kellys Portillo
Miles de salvadoreños y colectivas de la población LGBTIQ+ salieron a las calles de San Salvador este 28 de junio, para conmemorar el Día Internacional del Orgullo. Este 2025, sin embargo, la población LGBTIQ+ vive una embestida sin precedentes: graves retrocesos en el acceso a la salud, la educación, financiamiento para programas esenciales y una campaña del gobierno de Nayib Bukele para criminalizar a las voces incómodas. Aún así, marcharon. Con miedo, pero también con dignidad.
Este año, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ estuvo atravesada por el miedo y la resistencia. Miembros de colectivas históricas asistieron a la marcha, pero muchas sin portar las pancartas que sirvieran para asociarlas con organizaciones. Pertenecer a un espacio como estos es, para muchas, sinónimo de criminalización.
La principal señal de alerta para las colectivas es la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele. La ley, que entró en vigencia a inicios de junio, ha puesto en jaque la existencia de muchas organizaciones que trabajan por los derechos LGBTIQ+.
“La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros ha tenido impactos significativos y preocupantes sobre las organizaciones. Pagar un impuesto del 30 % sobre los fondos internacionales y enfrentar multas exorbitantes o incluso cancelación legal complica el funcionamiento de las organizaciones”, explicó Villy Rivera, director ejecutivo de HT El Salvador. “La realidad práctica para las organizaciones será de operatividad muy frágil, sometida a un funcionamiento bajo amenaza de cierre arbitrario”, señaló.
Los efectos ya son palpables. Organizaciones como ASPIDH Arcoiris, históricas defensoras de la diversidad sexual y de género en El Salvador, han tenido que cerrar todos los programas que atendían directamente a las poblaciones LGBTIQ+.
“Hemos cerrado espacios seguros, talleres de formación para mujeres trans y programas de inserción laboral”, afirmó Mónica Linares Hernández, de ASPIDH. “Los programas de sensibilización y de incidencia también corren peligro”, dijo.
La preocupación es compartida por otras organizaciones. Según Villy Rivera, con la eventual aplicación de esta ley y el impuesto que crea, “habrá una pérdida de operatividad de programas claves”.
Esto es, en términos simples, “menos dinero para salud integral, acompañamiento médico para personas trans en procesos hormonales, cierre de espacios de apoyo psicológico a personas jóvenes en situación de riesgo suicida o depresión, así como programas de capacitación técnica y vinculación laboral para personas trans y LGBTIQ+ excluidas del mercado formal”, explicó.
El golpe ha sido doble. Además del cerco jurídico impuesto por el gobierno de Bukele, la suspensión de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha dejado sin oxígeno a numerosas oenegés y medios de comunicación. El impacto en las organizaciones LGBTIQ+ ha sido cuantioso, según confirmaron tres organizaciones a FOCOS.
“La suspensión de fondos ha afectado considerablemente a todas las organizaciones no gubernamentales, especialmente a aquellas que trabajan con poblaciones vulnerables como la comunidad LGBTIQ+”, sostiene Rivera. “Muchas han tenido que cerrar oficinas, reducir horarios o suspender sus actividades. La vulnerabilidad se profundiza”, agregó
Educación y salud: retrocesos silenciosos
La postura de Nayib Bukele sobre las luchas de la población LGBTIQ+ ha sido consistente desde su primer periodo, en 2019. Una de sus primeras decisiones fue la eliminación de la Dirección de Diversidad Sexual y la Secretaría de Inclusión Social, que empleaban a decenas de personas de la comunidad LGBTIQ+ en El Salvador.
Esto, a pesar que en el Plan Cuscatlán —la plataforma de campaña que Nayib Bukele usó para llegar al poder— prometía “tener una política con un enfoque de género en todo su accionar y en todas sus áreas”. En medio de su campaña de reelección inconstitucional, sin embargo, dejó atrás todas estas promesas. En febrero de 2024, participó en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Estados Unidos, para decir: “Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios”.
Solo en el último año, Bukele desbarató los mínimos avances en políticas públicas fundamentales para garantizar los derechos de la población LGBTIQ+. Uno de los primeros golpes fue al Ministerio de Educación, que retiró de los textos escolares “todo rastro” de perspectiva de género.
América Romualdo, activista feminista, asegura que ahora hay incluso más desafíos en cuanto a la educación. “Es necesario construir metodología de educación no discriminatoria. Sólo así podemos formar un país más inclusivo y diverso sin discriminación”, dijo.
Pero los retrocesos alcanzaron a todas las instituciones del Estado. El Ministerio de Salud (MINSAL) ordenó en febrero de 2024, vía WhatsApp, el retiro inmediato de todo material educativo relacionado con diversidad sexual en clínicas de atención a personas con VIH (VICITS) y otras unidades de salud.
Además, se eliminaron formularios epidemiológicos con enfoque de género, que permitían al Ministerio de Salud registrar adecuadamente la atención a personas trans y prevenir violencias médicas. Esto, según documentó La Prensa Gráfica, ha hecho que pacientes LGBTIQ+ dejen de asistir a controles, agravando el riesgo de transmisión del VIH.
“Tenemos derecho a ser parte de los registros históricos, tenemos derecho a un nombre que respete nuestra identidad, un sistema de educación que no discrimine y tener acceso a un sistema de salud digno”, aseguró una representante de la Colectiva Zorroridrag.
Otra de las demandas de las colectivas es la aprobación de la Ley de Identidad de Género. La Asamblea Legislativa, bajo control oficialista, ha bloqueado sistemáticamente la aprobación de esta ley, que permitiría a las personas trans modificar sus documentos para que reflejen su identidad de género, un paso crucial para garantizar el acceso a derechos básicos como educación, trabajo y salud, y derechos civiles como el voto.
Resistir para existir
Aunque no se han reportado detenciones arbitrarias específicas contra activistas LGBTIQ+, el clima generalizado de criminalización afecta a toda la red de defensa de derechos humanos, aseguran personas defensoras de la comunidad LGBTIQ+.
“Hay detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos, aunque no específicamente de personas LGBTIQ. Podemos mencionar a Ruth López, de Cristosal, que es una organización aliada. Todos los que alzamos la voz ante la violación de derechos humanos somos señalados y perseguidos”, asegura Villy Rivera.
Otras organizaciones, sin embargo, hablan ya de las primeras personas LGBTIQ+ exiliadas no por temor a la discriminación que ya viven día con día; si no a ser criminalizadas por el Estado. “La dictadura nos afecta a todas nuestras cuerpas diversas y por eso este día he venido a marchar por mis amigues que están exiliades, porque sí, ya tenemos personas exiliades”, dijo Jayme, una activista que pidió cambiar su nombre.
La valentía de marchar es un acto político. Así lo expresó una activista del Colectivo Pedrina: “Estar en esta marcha es valentía. Hemos venido desde Santa Ana y estamos conscientes de la actual situación. Existe un miedo por salir y mostrarse, muchas de nuestro colectivo nos lo dijeron, pero logramos venir y nos sentimos acuerpadas”.
Mientras el aparato estatal borra la existencia de las personas LGBTIQ+ de sus estadísticas, presupuestos y leyes, la comunidad vuelve a las calles. “Hoy más que nunca hay que asistir a la marcha, porque el discurso es que es una influencia extranjera, que esto es nuevo, pero esto viene desde los ochenta, siempre hemos estado aquí”, dijo una representante de las colectivas.
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