La inseguridad alimentaria crece, pese a los paquetes del gobierno

En el corredor seco salvadoreño, una de las áreas más vulnerables a la inseguridad alimentaria debido al cambio climático, las familias agricultoras enfrentan una emergencia por la profundización de sus condiciones de pobreza a causa de la pandemia por Covid-19 y la pérdida de sus cosechas por las tormentas de 2020. 

Estas familias se encuentran a merced del hambre, pese a que el gobierno ha destinado más de $233 millones a un programa que tiene por objetivo combatir la inseguridad alimentaria. 

El Programa de Emergencia Sanitaria (PES) se atribuye la distribución de más de 10 millones de canastas alimentarias en todo el país, pero, según pudo comprobar Focos, en municipios vulnerables como San Simón, en Morazán y San Antonio del Mosco, en San Miguel, los paquetes han llegado en solo dos ocasiones. 

Las cajas recibidas son un alivio temporal, pero que no resuelve la crisis por la falta de acceso a los alimentos.

“No es suficiente, es poco lo que sale.  Cociendo seguido, lo más que me dura lo que viene ahí son unos 15 días”, dice Juana Castillo, habitante de San Simón, uno de los municipios con mayores índices de pobreza e inseguridad alimentaria.

El esposo de Juana perdió su trabajo en diciembre del año pasado, debido a que la comuna para la que trabajaba se quedó sin fondos para pagarle, luego de que el gobierno dejara de depositar los fondos del FODES.

Para colmo, las reservas de frijol y maíz de la familia están vacías debido a que toda la cosecha se perdió gracias a las tormentas del año pasado.

Sobrellevar la escasez de comida ha implicado tener que reducir a dos los tiempos de comida de cada día, dice Juana: Aunque quiera no se puede más. Porque ellos a veces se levantan en la mañana y me dicen mami, ‘hoy no hay galletas, no hay pan’, pero uno como no tiene ¿qué va a hacer? Afecta bastante porque ellos se sienten con el estómago vacío”.

La situación para las familias vulnerables podría empeorar en los siguientes meses, afirman instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Según un estudio de ese organismo, en febrero pasado, 684 mil personas en todo el país se encontraban en crisis alimentaria o peor, por lo que requerían acciones urgentes para garantizar su acceso a los alimentos. Para agosto de este año, se espera que esa población en emergencia se amplíe a 1.04 millones de personas.

Hasta la fecha, el PES ha sido el único mecanismo del gobierno para solventar esta crisis, pero el manejo irregular de los fondos del programa, así como la falta de criterios técnicos para definir la distribución de los paquetes, plantean preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para atender la crisis alimentaria.

La investigación de la Corte de Cuentas

La Corte de Cuentas emitió en febrero de este año un informe que señala, entre otras cosas, deficiencias en los mecanismos de compras, como la adquisición de canastas de alimentos a empresas nacionales que no se dedicaban a la venta de alimentos, sino a otros rubros, como la venta de zapatos.

La Corte también registra casos en los que se hicieron pagos anticipados a proveedores sin garantía de la prestación de los servicios. 

Tampoco hay evidencia de que los insumos para los paquetes de alimentos hubieran sido recibidos en la cantidad y forma establecida en los contratos.

Pero quizá los hallazgos más preocupantes tienen que ver con la contratación de empresas internacionales vinculadas a investigaciones de corrupción y lavado de dinero en sus países de origen.

La Corte encontró que además de sus antecedentes dudosos, estas empresas entregaron al ministerio  alimentos que presentan etiquetas de contenido nutricional con información falsa.

Tras un análisis de laboratorio se descubrió, por ejemplo, que la leche de marca Lakpura señala en su etiqueta un contenido de grasa saturada entre 0.5 y 1.0 g por cada 100 gramos,  los exámenes de laboratorio comprobaron que, en realidad tiene un contenido de 4.63 g/100g.

La deficiencia, apunta la Corte,  genera riesgos en la salud de la población beneficiaria del PES. 

Pese a las irregularidades encontradas por la Corte de Cuentas en las compras las compras de alimentos para el PES, el Gobierno ha hecho del programa un proyecto permanente.

Los alimentos siguen llegando del extranjero. En marzo de este año, se anunció la llegada del buque Melbourne Strait con un cargamento de 802,700 toneladas métricas de alimentos.

Se desconoce si estos productos corresponden a compras anteriores o si pertenecen a nuevos contratos.

La información de adquisiciones del PES está reservada en el Ministerio de Agricultura, por lo que es imposible responder a estas preguntas.

En marzo pasado, el presidente Nayib Bukele removió al ministro de Agricultura, Pablo Anliker de la cartera, pero días después se conoció que solamente lo renombró como viceministro de la misma institución.

Focos solicitó una entrevista al Ministerio de Agricultura para discutir las dudas sobre la efectividad y la rendición de cuentas sobre el PES, pero la solicitud no fue respondida

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