La PDDH le regala aplausos a la PNC y le da la espalda a las víctimas del régimen
04 de septiembre de 2025
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La PDDH le regala aplausos a la PNC y le da la espalda a las víctimas del régimen
Un grupo de hombres de azul se levantó en medio del salón iluminado con luces y pantallas LED. Eran los únicos uniformados dentro del lujoso Complejo Salamanca, en Nuevo Cuscatlán, que estaba lleno de otros hombres de corbata y extranjeros vestidos de gala. Estos cinco hombres portaban insignias de la Policía Nacional Civil (PNC), y al menos por hoy, no iban armados. Se miraban entre sí, incómodos, mientras una ola de aplausos los envolvía.
El homenaje no venía de víctimas agradecidas ni comunidades protegidas, sino de miembros de organizaciones internacionales de “bajo perfil”, representantes de la ultraderecha y la procuradora para la defensa de los derechos humanos en El Salvador, Raquel Caballero de Guevara.
San Salvador es la sede de la “Primera Cumbre Global de Derechos Humanos”, un evento impulsado por una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que ha recibido más de 3,000 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos en las cárceles del régimen de excepción de Nayib Bukele, pero ha guardado silencio.
Hoy, la PDDH celebra el evento a espaldas de las víctimas del régimen y de sus defensores, y sin la presencia de periodistas, salvo los medios oficialistas, una agencia internacional y FOCOS, que logró ingresar antes de que se negara el acceso al resto de la prensa.
El momento culminante, sin embargo, fue la ovación dedicada a los policías, invitados de honor en las mesas. El homenaje comenzó con la voz desde el podio de Macarena Olona, exmiembro del partido español de ultraderecha Vox y actual presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana, una plataforma creada para “combatir” el feminismo y la “ideología de género”. En su intervención, reiteró una y otra vez elogios al presidente Nayib Bukele y a su régimen, al que calificó como un ejemplo de valentía.
Pidió entonces lo que llamó un “acto de honor”:
—Yo pediría a nuestros agentes uniformados aquí presentes… que se pongan en pie. Es un honor para mí que los aplausos que tengan que producirse en este auditorio sean dirigidos precisamente a ustedes —ordenó, con un tono que no admitía silencio.
Olona los llamó “nuestros perros pastores”. Les atribuyó amor, honor, patria y hasta “botas benditas”, por estar dispuestos a dejar a “sus propias familias cada mañana” con la incertidumbre de no saber si volverían con vida.
Luego continuó su intervención diciendo que El Salvador es hoy el país «más seguro del hemisferio occidental» gracias a «el modelo Bukele». Reiteró que para su país desearía tener un líder como él.
Sin embargo, El Salvador enfrenta duras críticas de organismos defensores de derechos humanos que han pedido finalizar el régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, que acumula más de 88,000 capturas sin orden judicial, miles de denuncias por capturas arbitrarias, torturas y 400 muertes en custodia del Estado.
Y aún así, en la Cumbre de derechos humanos de la PDDH, el aplauso más fuerte fue para los hombres de uniforme que representan al Estado señalado por violarlos, y a una de las instituciones más denunciadas por vulnerar los derechos de los ciudadanos durante el régimen de excepción.
Incluso la misma PDDH lo ha reconocido. Según el informe de labores publicado por la Procuraduría en agosto pasado, entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, la PDDH recibió 788 denuncias contra la Policía Nacional Civil.
Además, según datos recopilados por la PDDH, entre 2019 y el 10 de marzo de 2025 han recibido 130 denuncias por desaparición forzada a manos de fuerzas de seguridad. De estas, 66 ocurrieron en los tres años del régimen de excepción, según reveló una investigación de la Redacción Regional.
A espaldas de las víctimas
La lista de invitados a la Cumbre de Derechos Humanos está compuesta casi exclusivamente de “redes” de organizaciones extranjeras –en su mayoría de bajo perfil– que reúnen a los defensores del pueblo de varios países.
Llegaron miembros de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GAHNRI) –que agrupa a más de 100 organismos de todo el mundo, pero se abstiene de confrontar directamente a los gobiernos–; de la Red de Instituciones Nacional de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), del Consejo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Centroamérica (CINDH) y de la Asociación de Ombudsman Africanos. Ninguno se atrevió a cuestionar el régimen de excepción en El Salvador.
A la cumbre no llegaron representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Naciones Unidas; o de organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Pero la ausencia más notoria fue la de las víctimas y las organizaciones salvadoreñas que defienden sus derechos.
A dos kilómetros de la Cumbre, un bus con unas 50 personas fue detenido por agentes de la PNC y militares. Eran miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), conformado por familiares de personas capturadas de manera arbitraria, desaparecidas, torturadas o muertas en custodia del Estado. Se dirigían al evento para entregarle una carta a la procuradora.
— Mire, ¿nos va a dejar pasar? —preguntó uno de los retenidos a un agente de la PNC que se subió al bus.
— Sí, los voy a dejar pasar —respondió. —Nosotros estamos para servir —insistió el uniformado, antes de identificar a 46 adultos y tres menores de edad que acompañaban a sus madres y abuelas.
—”Servir y proteger al pueblo”, pues —dijo uno de los pasajeros del bus, citando el lema de la PNC. Otro se puso a reír.
—¿Van a Salamanca?
— Sí.
— ¿Y quién es el líder? — Somos todos. Aquí no hay líderes, venimos juntos—, respondió uno de los voceros del MOVIR. Identificar a los organizadores del evento es clave para la PNC, que ha arrestado a otros líderes comunitarios durante protestas, como en el caso de la Cooperativa El Bosque.
Cuando finalmente fueron liberados del retén, las familias de los detenidos lograron acercarse solo unos 300 metros al auditorio. Instalaron sus pancartas y comenzaron a exigirle a la procuradora que saliera a recibir un escrito, o en su defecto, enviara a algún delegado. Pero fueron ignorados.
“La inoperancia es la constante en su mandato, señora Caballero. Usted ha incumplido ese mandato, le pedimos que tenga la conciencia de poder ayudar a las víctimas, de poder ayudar a inocentes, porque MOVIR defiende inocentes”, dijo un portavoz del movimiento, con megáfono en mano.
La prensa rodea a una mujer con documentos en las manos: una constancia de antecedentes penales y policiales de su sobrino, Omar Alexander Lemus Pineda, un campesino detenido bajo el régimen de excepción en 2022.
“Él es un hombre trabajador, no le ha hecho nada a nadie. A la una o dos de la mañana se levantaba para ir a trabajar, ordeñar vacas, ver el ganado”, dijo.
La mujer aseguró que en 2019, tanto ella como su sobrino votaron por Nayib Bukele y estaban listos para apoyarlo nuevamente en 2024. “A mi sobrino lo extorsionaban, mi sobrino dijo: este señor sí es mi presidente, y por segunda vez le iba a dar el voto” recordó.
Así como ella, madres, hijas y hermanas llegaron a las afueras de la Cumbre Global de Derechos Humanos, donde una vez más, la procuradora mantuvo el silencio ante las denuncias de las víctimas.
La campaña de la procuradora
La Cumbre de Derechos Humanos promovida por la PDDH ocurre en medio de la campaña de reelección de la procuradora Raquel Caballero de Guevara, quien busca dirigir la institución por tercera ocasión desde 2016.
Durante su primer período, entre 2016 y 2019, la procuradora fue criticada por su fuerte postura en contra de la despenalización del aborto, y por respaldar públicamente las medidas extraordinarias que impulsó el gobierno de Salvador Sánchez Cerén (FMLN), a pesar de reconocer en un informe que estas medidas violaban derechos humanos. Cerró su mandato publicando un polémico informe donde reconoció 116 ejecuciones extrajudiciales a manos de la PNC.
Sin embargo, una de las acusaciones más sonadas de su mandato es la de nepotismo. En enero de 2019, el Tribunal de Ética Gubernamental condenó a la procuradora a pagar $1,006.80 por promover un aumento de salario y un ascenso laboral en favor de una de sus hijastras, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla.
Aún así, fue electa por la Asamblea Legislativa en poder de Nuevas Ideas para un segundo periodo el 14 de octubre de 2022. En ese momento, el diputado oficialista William Soriano dijo que la explicación de Raquel Caballero, de unos 10 minutos, les bastó para respaldar “su postura” sobre este caso. La explicación fue: la ley de ascensos y del servicio público le permitían favorecer a su hijastra, pues ella tenía la capacidad de ostentar el cargo que se le otorgó.
El 20 de agosto pasado, el exdiputado Romeo Auerbach reconoció en una entrevista en La Tribu que elegir a Raquel Caballero fue, en ese momento, “una lección de espejo” para ARENA y FMLN. “Había una posiblidad de votar por otra persona, una mujer que no diré su nombre. Pero ellos (opositores) dijeron que no, entonces la pregunta es: ¿cómo antes votaste por ella y ahora no?”, cuestionó.
Ahora, Raquel Caballero busca la reelección una vez más. Si el oficialismo vuelve a designarla, estará a cargo de la PDDH hasta octubre de 2028.
Además de la actual procuradora, también buscan dirigir a la PDDH el abogado y sindicalista Roswal Gregorio Sólorzano Hernández, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), que apoyó y promovió en primera línea la reelección de Bukele; la abogada y trabajadora de la PDDH Carolina María Hernández de Hernández; el abogado y notario Wálter Edgardo Fuentes Rodríguez y el juez David Oswaldo Escobar Meléndez.
Actualmente, Raquel Caballero es cuestionada por organizaciones de derechos humanos que insisten en la inacción de la PDDH frente a las miles de denuncias por capturas arbitrarias, torturas y asesinatos por parte del Estado. Ella ha manifestado públicamente que en el país no se han vulnerado los derechos humanos bajo el régimen, y que, en todo caso, entre las personas privadas de libertad no hay inocentes.
«No creo que hayan inocentes. No lo creo. La mayoría de ellos, si no todos, tienen tatuajes en todo su cuerpo», dijo la procuradora en septiembre de 2023 al medio colombiano Noticias Caracol. Esto, a pesar que el Gobierno había reconocido hasta esa fecha la liberación de al menos 7,000 personas inocentes durante el régimen de excepción. Bukele dijo en 2024 que ahora son más de 8,000.
FOCOS buscó que la titular de la PDDH hablara sobre su campaña de reelección al frente de la institución o que respondiera ante las críticas sobre su silencio ante los abusos del régimen; pero no hubo respuesta.
Uno de los miembros del MOVIR, Samuel Ramirez, cuestionó la capacidad de Caballero de Guevara para garantizar que se respeten los derechos de las personas inocentes detenidas bajo el régimen.
“Hay niños muertos, hay bebés muertos en las cárceles y no hay nadie que esté pagando por esos crímenes. Ni siquiera Raquel Caballero sabe cuántas personas han sido capturadas en el régimen, cuántos son inocentes, cuántos son pandilleros. Hay una total negligencia y ella anda en otro mundo, ajena al problema de las víctimas de violaciones; escuchen a las víctimas, conozcan la verdad de lo que pasa en el país”, dijo Ramírez.
El Estado salvadoreño ha negado reiteradamente que haya violaciones a derechos humanos a nivel internacional. El excomisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero, era el principal delegado del Estado salvadoreño en audiencias públicas convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, desde ahí, respondía a las denuncias de graves violaciones de derechos humanos negándolo todo.
Desde que Guzmán renunció al cargo de comisionado presidencial la noche del 18 de mayo –que coincidió con la captura de Ruth López–, el Estado se abstiene de participar en audiencias donde es cuestionado por violaciones a derechos humanos, persecución de defensores o cierre del espacio público.
El Gobierno de Nayib Bukele notificó su ausencia a la última audiencia pública de la CIDH minutos antes de iniciar, alegando un “desacuerdo” con el título de la sesión: “Consecuencias del cierre del espacio cívico para las personas defensoras de derechos humanos”. Desde ahí, las organizaciones buscaban denunciar la detención, persecución y el exilio de defensores, activistas y periodistas.
La actual procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, tampoco se ha pronunciado sobre la persecución y el exilio de decenas de defensores de derechos humanos o periodistas. En su cumbre, sin embargo, tiene previsto presentar una ponencia sobre “Derechos Electorales y el Voto en el Exterior”.
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