Lista Engel sanciona corrupción de Funes-Cerén y omite régimen de excepción de Bukele
Los dos expresidentes del FMLN, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, encabezan el nuevo listado de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos en El Salvador. Mientras, en Guatemala, Honduras y Nicaragua, la atención del gobierno norteamericano se centró en la coyuntura reciente de las crisis políticas que atraviesa cada país, apuntando a funcionarios del Ejecutivo, judicial y legislativo.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó como “actores corruptos” y sancionó a los dos expresidentes del FMLN que en su momento prometieron hacer un “Gobierno del cambio” y actualmente se encuentran prófugos de la justicia en Nicaragua, protegidos por el régimen dictatorial de Daniel Ortega, tras ser acusados de malversar millones de dólares de las arcas públicas en El Salvador.
La incorporación a la lista de los expresidente Mauricio Funes (1999-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) a la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica se ha dado a conocer tres días después de que en El Salvador se definieron las candidaturas con las cuales la oposición política busca impedir que Nayib Bukele se reelija en el poder, pese a que la Constitución salvadoreña se lo prohíbe, y en las que el FMLN se ha lanzado bajo una consigna de “renovación partidaria”.
En la lista para El Salvador, EUA también menciona al empresario José Miguel “Mecafé” Menéndez, expresidente del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO), parte del círculo cercano de Funes e incluye además a tres exfuncionarios del estatal Banco Hipotecario, recientemente condenados por haber favorecido un esquema de corrupción y desvío de fondos de más $351 millones de dólares durante la presidente de Funes.
Se trata de Carlos Alberto Ortiz, Carlos Enrique Cruz Arana y Jolman Alexander Ayala, quienes fungieron como presidente, vicepresidente y oficial de cumplimiento de la entidad financiera durante la gestión de Funes. Según la justicia salvadoreña, ellos ayudaron a extraer $97.4 millones desde la cuenta institucional del Tesoro Público de Casa Presidencial, a través de 1,651 cheques que fueron retirados en efectivo y enviados a cuentas particulares.
Los exfuncionarios del FMLN se unen a otras 25 personas salvadoreñas señaladas por haber incurrido en actos “significativos de corrupción” y “socavar procesos o instituciones democráticas”, entre ellos los cinco magistrados de la sala de lo Constitucional impuestos por Bukele y su partido en la Asamblea Legislativa, el jefe de bancada del partido del presidente, Christian Guevara; el asesor jurídico presidencial, Conan Castro, y la jefa de Gabinete, Carolina Recinos.
La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, conocida como “Lista Engel”, es una herramienta para contrarrestar la migración hacia Estados Unidos en Centroamérica, atacando sus raíces en la corrupción y desestabilización democrática. La principal sanción para los nombrados es la cancelación de visas o cualquier documento para ingreso válido a territorio estadounidense, aunque también da la potestad para congelar propiedades y bienes de los señalados en ese país.
Contrario a ediciones anteriores, este año el listado para El Salvador dejó fuera a funcionarios del actual Gobierno, a pesar de las denuncias que víctimas y organizaciones de sociedad civil han elevado a instancias internacionales con respecto a las violaciones al Estado de derecho y a los derechos humanos durante el régimen de excepción. En el último año y medio, además, el oficialismo ha protagonizado una serie de acciones fuera de la Constitución para garantizar su permanencia en el poder. La última, ocurrida semana y media antes de las nuevas adiciones a la lista, fue la inscripción oficial del mandatario como candidato a la reelección por el partido Nuevas Ideas.
Este año, las sanciones del Departamento de Estado se centraron en hechos de corrupción cometidos en los Gobiernos del FMLN, investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por malversación de fondos, peculado y lavado de dinero por hasta $350 millones durante la gestión de Funes y $183 millones durante la de Sánchez Cerén.
El expresidente Funes respondió a los señalamientos en Twitter señalando que se trata de una muestra de apoyo al presidente Bukele. “Incluirme a mi y a Sánchez Ceren, ambos ex Presidentes del FMLN, es un claro espaldarazo de EEUU a la reelección de Bukele. Qué curioso que esta actualización aparece meses antes de las elecciones presidenciales y en el momento que se ha profundizado la crisis económica en EEUU”, tuiteó.
En la bancada legislativa, el jefe de fracción del partido, Jaime Guevara, se desligó de los actos de los otrora líderes en el partido de izquierdas. “Nos desligamos de eso y pedimos que los mecanismos de justicia en este país sean eficientes y busquen ser equilibrados”, dijo en declaraciones a la radio YSKL.
El jueves pasado, en la antesala de la publicación del listado, el embajador de Estados Unidos, William Duncan, se reunió con el presidente Nayib Bukele. “Aprecio la oportunidad de hablar con el Presidente Nayib Bukele sobre temas de interés mutuo en la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos”, dijo el diplomático en Twitter. El presidente, que ha mantenido un discurso agresivo contra el Gobierno de ese país en las redes sociales, retuiteó el mensaje.
Esa reunión fue el primer acercamiento público de la administración Biden con el presidente salvadoreño desde la publicación de las ediciones anteriores de La Lista Engel, que implicaron la imposición de sanciones contra miembros de su gabinete y la condena de Estados Unidos a las acciones autoritarias del mandatario, como el golpe al Órgano Judicial y el anuncio de su reelección inconstitucional, la cual fue rechazada categóricamente por la embajada en un comunicado de prensa.
Wilson Sandoval, del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Funde, lee la publicación de hoy como “una calibración de la estrategia” del Departamento de Estado. “No podemos omitir recordar, que el Estado fue el primero en saltar cuando se sancionaron a miembros de Nuevas Ideas, argumentando que no había gente del FMLN. Bueno, por ahora ahí los tienen. ¿Con qué argumento se queda ahora el Estado salvadoreño ahora que también se sancionan a los que ellos reclamaban? Creo entonces que es una estrategia que conlleva ciertos elementos narrativos, políticos y de calibración”, dijo.
Además, Sandoval dijo que aún se espera que se emitan posibles sanciones a nivel de la Global Magnitsky Act, por lo que “el espacio para más sanciones queda de sobra”. Magnitsky es una herramienta más acotada para los casos de corrupción y violaciones de DDHH, que son los elementos más recurrentes que se han visto en el actual contexto salvadoreño, según el experto.
La lista corta de El Salvador
De acuerdo con el comunicado del Gobierno estadounidense Funes Cartagena se involucró “en una importante corrupción al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas del Estado”.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Funes y a otras 28 personas por presuntamente desviar $351,035,400.49 millones que fueron ejecutados como imprevistos en la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República, pero que terminaron usándose para beneficio personal, de su familia y amigos cercanos.
Funes, quien se encuentra en Nicaragua protegido por el régimen de Daniel Ortega, está pendiente de ser juzgado por este caso, pero ya recibió dos condenas en ausencia por parte de tribunales salvadoreños: una por negociar una tregua con las pandillas para reducir el número de homicidios, por la cual recibió una sentencia de 14 años, y otra por evasión en el periodo fiscal de 2014, por la cual deberá purgar 6 años.
El expresidente Salvador Sánchez también fue sancionado por el Gobierno estadounidense por presuntamente beneficiarse de la red de corrupción, “al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de $1.3 millones en fondos públicos a cambio”.
Además, es señalado por actos de corrupción durante su periodo presidencial, los mismos por los cuales la Fiscalía inició una investigación en su contra y de 17 personas más, quienes presuntamente participaron en una red de corrupción que se habría apropiado de más de $183 millones de las arcas del Estado durante su administración, desviando fondos de la partida secreta de la Presidencia hacia cuentas particulares, en una trama en la que también fue clave el Banco Hipotecario
José Miguel “Mecafé” Antonio Menéndez Avelar, expresidente del Centro de Ferias y Convenciones, y quien fue amigo y asesor de Funes entró al listado por incurrir en corrupción al “dirigir un contrato del Ministerio de Obras Públicas por $8,4 millones para la construcción de un puente en el departamento de Chalatenango, El Salvador, a un empresario guatemalteco. A cambio, Menéndez recibió ilegalmente un pequeño avión, un Beechcraft King Air 90, como regalo”. Por ese caso, en agosto de 2022, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador sentenció al empresario a ocho años de prisión por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos.
Una lista que apunta a coyunturas, excepto en El Salvador
A diferencia de la lista corta en El Salvador, para el caso de Guatemala, Estados Unidos pareciera hablarle a la coyuntura reciente. Guatemala viene de condenar a 6 años de cárcel a José Ruben Zamora, director de El Periódico, uno de los medios más representativos de la región, y que cerró operaciones en abril pasado en medio de la persecución penal contra sus periodistas. Además, tras los comicios generales del 25 de junio pasado, atraviesa una crisis política instigada por el intento del Ministerio Público y el sistema de justicia de anular al partido Movimiento Semilla, el partido sorpresa, nacido de los movimientos ciudadanos anticorrupción del 2015, que disputa la segunda vuelta presidencial.
Diez guatemaltecos fueron incluidos en esta edición del informe, encabezando la lista Freddy Orellana, el juez que ordenó la suspensión del partido Semilla previo al balotaje para la presidencial de agosto próximo, y a la fiscal Consuelo Porras, que ha impulsado la persecución de periodistas y exfiscales anticorrupción. También se incluyó al rector de la universidad pública, Walter Mazariegos, cuya elección fraudulenta mantuvo a esa casa de estudios en un paro por meses.
Mientras tanto, en Honduras, en la lista se incluyeron al coordinador y un diputado del Partido Liberal: Yani Rosenthal y Samuel García, respectivamente. El señalamiento a dicho partido cae como agua fría en momentos en que en el Congreso continúan las negociaciones para la designación del nuevo Fiscal General, una plaza, como la elección de nuevos magistrados en 2022, por la que el Gobierno de Xiomara Castro está pujando con insistencia a través del partido Libre. La lista, además, toca a la presidenta de manera directa en momentos en que su Gobierno y su partido impulsan una campaña anticorrupción con la instauración de un Comisión Internacional Contra la Impunidad liderada por Naciones Unidas. Entre los señalados aparece Marcelo Antonio Chimirri Castro, exfuncionario del gobierno del depuesto Mel Zelaya, condenado por corrupción a su paso por la estatal Hondutel, pero amnistiado por una ley impulsada por el gobierno de su tía, la actual presidenta del país.
En Nicaragua, Estados Unidos apuntó contra funcionarios del Ejecutivo, el legislativo y el Judicial señalados por abrir procesos penales, persecuciones y confiscaciones contra aquellos que el régimen considera parte de la disidencia. La lista en la encabezan Wendy Morales Urbina, actual procuradora general y la vicepresidenta de la Asamblea, Arling Patricia Alonso.
