Los funcionarios cómplices del régimen aspiran llegar a la Corte Suprema de Justicia

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) elaboró un listado de 70 abogados candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes son elegibles para participar en el proceso en el cual se nombrará a cinco magistrados. De este listado preliminar el Consejo deberá elegir a 13 aspirantes para presentar a la Asamblea Legislativa, que realizará la elección final. 

Entre los candidatos seleccionados está el actual presidente de la CSJ, Óscar López Jerez, cuyo período finaliza el próximo 30 de junio. López Jerez fue nombrado presidente de la Corte luego del golpe que el oficialismo dio al poder judicial el 1 de mayo, cuando destituyó ilegalmente a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. 

En el listado también aparecen Raquel Caballero de Guevara, actual titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y José Apolonio Tobar, exprocurador de Derechos Humanos; ambos señalados por su inacción frente a las violaciones de derechos humanos durante la vigencia del régimen de excepción. 

Otros candidatos  señalados de estar alineados con el oficialismo son Dora Esmeralda Martínez, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Noel Orellana, magistrado propietario del TSE,  quienes  dieron sus votos para avalar la inscripción de la candidatura de Nayib Bukele a la reelección inconstitucional. Los magistrados suplentes del TSE, René Abelardo Molina Osorio y Marlon Harold Cornejo Ávalos, también están incluidos en la lista. Este último es miembro del equipo Ad Hoc para la reforma constitucional liderada por el vicepresidente Félix Ulloa.

El proceso 

La Constitución establece que los magistrados de la Corte Suprema deben ser seleccionados de listas de 15 personas propuestas por el CNJ y el gremio de abogados. La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), el órgano que representa a los profesionales independientes, aún no ha elegido a sus representantes, quienes deben cumplir con requisitos de moralidad, competencia notoria, y más de ocho años de ejercicio profesional.

Sin embargo, para analistas consultados, muchos de los aspirantes a la CSJ no cumplen con los requisitos de probidad, capacidad y moralidad notoria.

La abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Leonor Arteaga, que ha dado seguimiento a la elección de la CSJ, señaló que el listado generado preocupa a la organización debido a que está conformado por funcionarios  fieles al presidente Nayib Bukele, o que han jugado roles muy cuestionados.

 “Son funcionarios que en los puestos que ocupan han sido parte de una maquinaria que tiene por objetivo proteger al Gobierno de cualquier investigación en su contra. En segundo lugar, son funcionarios que no cumplen sus funciones, sino que tienen como prioridad cumplir las órdenes del presidente. En tercer lugar, algunos de ellos están señalados por actos de corrupción o nepotismo», dijo.

Los perfiles 

El CNJ dio visto bueno Ramón Iván García, quien actualmente funge como magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, a pesar de que ha sido señalado de pedir favores al exfiscal Luis Martínez y por avalar matrimonios entre menores de edad y sus abusadores.

Además hay candidatos que estuvieron en posiciones de contraloría del Estado, como María del Carmen Martínez Barahona, exmagistrada de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y actualmente agente auxiliar del fiscal General Rodolfo Delgado, que ha ejecutado la detención contra más de 79,900 personas durante el régimen de excepción.

Entre los candidatos también hay otros nombres vinculados a Casa Presidencial, como William Ernesto Zetino Urbina, de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la República, y Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros, asesor jurídico de la vicepresidencia. 

También aparece Lidia Patricia Castillo Amaya, secretaria de cumplimiento y mejora contínua de la presidencia, un órgano creado por el gobierno de Bukele para garantizar la transparencia en las dependencias del Ejecutivo cuando lanzó una campaña de “lucha contra la corrupción”, tras haber expulsado a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) por investigar a sus funcionarios.

René Alirio Atala, quien ha sido secretario de la mesa de discusión de las reformas constitucionales elaboradas por el vicepresidente Félix Ulloa, también se encuentra en la lista.

Además de López Jeréz, aspiran a seguir en la CSJ los magistrados Henry Alexander Mejía y Sergio Luis Rivera Marquez, de la Sala de lo Contencioso Administrativo; Alejandro Antonio Quinteros, de la Sala de lo Penal y los magistrados suplentes Ricardo Torres Arieta, y Oscar Antonio Canales Cisco, de la Sala de lo Constitucional. 

El asistente del presidente de la CSJ, Jorge René Meléndez Orellana, y el oficial de información de la Corte, Giovanni Alberto Rosales Rasagni, también buscan el nombramiento como magistrados. Así como el jefe de la sección de probidad de la Corte, Carlos Guillermo Quiteño Quintanilla, y el exjefe de esa misma unidad, Carlos Rafael Pineda Melara. 

La Asamblea Legislativa deberá elegir a cinco nuevos magistrados, quienes reemplazarán a Sergio Rivera y Paula Velásquez de la Sala de lo Contencioso Administrativo; Dafne Sánchez y Leonardo Murcia de la Sala de lo Civil; y Óscar López Jerez de la Sala de lo Constitucional, cuyos períodos concluyen en agosto.

Esta elección será el tercer proceso de nombramiento controlado por el oficialismo. El primero ocurrió con la destitución de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021, seguido por la elección ordinaria en junio de ese mismo año. Con estos nuevos nombramientos, los diputados de la Asamblea, controlada por Nuevas Ideas, habrán elegido a la totalidad de miembros de la CSJ.

“Lo que hemos visto en el comportamiento del Congreso salvadoreño en los últimos años es que posiblemente no habrá debate y que no habrá posibilidad de participación de la sociedad civil, de ningún escrutinio. Tenemos base para creer que harán un proceso abreviado, casi exprés, para evitar cualquier participación y evitar la presentación de tachas u observaciones. Y eso es muy preocupante”, señaló Arteaga.