Madre de los hermanos Guerrero: Autoridades quieren responsabilizar a las víctimas para evadir sus obligaciones

Este martes, Ivette Toledo, madre de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, desaparecidos desde septiembre pasado, convocó a una conferencia de prensa para desmentir a las autoridades de seguridad que responsabilizaron a los jóvenes por su propia tragedia. Este caso, según las organizaciones de sociedad civil que lo acompañan, refleja el tratamiento gubernamental al fenómeno de desapariciones en el país y el drama que viven las familias que, por sus propios medios, buscan dar con el paradero de sus seres queridos.

“Quiero aclarar contundentemente que mi hija Karen Ivette y mi hijo Henry Eduardo Guerrero Toledo no tenían vínculos con pandillas ni ninguna estructura del crimen organizado. Mis hijos no realizaban prácticas ilegales de ningún tipo. Somos una familia humilde, que con mucho esfuerzo hasta el día de ahora los he buscado”, declaró la madre con voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

Un día antes, el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, declaró en conferencia de prensa que los hijos de Toledo consumían drogas y tenían relación con sus victimarios. Sin proporcionar mayores detalles sobre ese vínculo ni sobre cómo las autoridades llegaron a esa conclusión, el funcionario insistió a lo largo de su discurso en que el caso se trataba de una relación directa de “jóvenes, drogas y pandillas”.

Las declaraciones del ministro en esa conferencia son la única información que la familia tiene sobre el caso judicial que conduce la Fiscalía General de la República (FGR). Desde el inicio de la búsqueda de sus hijos, Toledo se ha enterado sobre las indagaciones de las instituciones de seguridad a través de los medios de comunicación o las redes sociales.  

“Esto no es solamente una falta de respeto a mí como madre, a mi familia y a cualquier víctima de desaparición forzada, sino también es una calumnia de las autoridades, a quienes responsabilizó de antemano de cualquier represalia de la cual podamos ser objeto”, reclamó la madre a las autoridades.

Los hermanos Guerrero Toledo desaparecieron el 18 de septiembre pasado, cerca de las 2 de la tarde, luego de que abordaron un vehículo de la plataforma InDriver. Los jóvenes partieron de la colonia Quezaltepeque y se dirigían a la residencial Bosque de Santa Teresa, en Ciudad Merliot. El último contacto conocido de ambos es un mensaje en el cual Karen indicó a una amiga que el conductor se había desviado de la ruta hacia una zona de Nuevo Cuscatlán. 

La FGR capturó por este caso a José Alexander Martínez Saavedra, presunto conductor de InDriver, y a Víctor Alexandro Ruiz Mejía, alias «Snefer», supuesto autor intelectual del crimen que las autoridades ya manejan como un “homicidio”, aunque hasta la fecha no se hayan localizado los cuerpos de las víctimas. 

Pedro Cruz, abogado representante de Toledo, dijo que ayer solicitaron a la Fiscalía formar parte del proceso y tener acceso a las diligencias de investigación. Sin embargo, aclaró que esta incorporación dependerá de la veracidad de las indagaciones, pues, tal como la familia ha señalado, lo dicho por las autoridades con respecto a las víctimas no corresponde a la realidad.

Johana Ramírez, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), organización que ha dado acompañamiento a la madre de Karen y Eduardo, dijo que las acciones del Gabinete de Seguridad contradicen las declaraciones que los representantes del Estado dieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a finales de octubre, en una audiencia temática sobre la desaparición de personas en el país.

En esa ocasión, la representación del Estado, entre la que se encontraban delegados del Ministerio de Seguridad y FGR,  destacó la implementación de protocolos y mecanismos para hacer más efectiva la investigación de esos casos. “Pero esto contradice la realidad de las miles de familias de las personas desaparecidas”, señaló Ramírez.

En el caso de los hermanos Guerrero Toledo, por ejemplo, no se activó el Protocolo de Acción Urgente (PAU), que garantiza el inicio inmediato de la búsqueda de personas desaparecidas, afirmó el abogado de la familia.

Aunque en la conferencia del Gabinete de Seguridad, el ministro Villatoro dijo que la madre de las víctimas esperó 48 horas para presentar la denuncia; esto fue desmentido por Toledo, quien aseguró que la desaparición se reportó 6 horas después del último contacto con los jóvenes y que fueron las mismas autoridades policiales quienes indicaron a la familia que debían esperar 72 horas para denunciar.  Ante la insistencia de la madre, la denuncia se logró interponer al día siguiente.

“Yo no me detuve. El día 19 en la mañana fue lo primero que hice. (…) Me hice presente a esa delegación a preguntar si se tenía información sobre ellos. Llegué el 19 de septiembre a las 8 de la mañana, cuando mis hijos llevaban 19 horas de desaparecidos. Tenemos una copia de la denuncia”, dijo Toledo.

En la audiencia temática ante la CIDH, las organizaciones sociales que solicitaron la vista, señalaron que, a pesar de la implementación del PAU, las autoridades siguen haciendo uso del periodo de 72 horas de espera para iniciar la búsqueda de personas. Además, reclamaron la falta de mecanismos de las instituciones estatales para establecer mecanismos de interlocución con las familias, obligándolas a iniciar la búsqueda de sus seres queridos por sus propios medios.

“No he tenido acceso a ninguna información como víctima, ni hemos tenido la atención eficiente o diligente de las autoridades”, dijo Toledo con respecto al caso de sus hijos.

La revictimización y la criminalización de las víctimas, sobre todo en el caso de la desaparición de jóvenes, es también una práctica sistemática de las instituciones de seguridad, señalaron las organizaciones ante la CIDH. Esa situación desincentiva la denuncia por parte de los ciudadanos y ciudadanas, obstaculizando el acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas.

 “Como madre queremos que el caso se trabaje lejos de agendas políticas y mediáticas de las instituciones del gobierno que quieren responsabilizar a las víctimas para evadir sus competencias legales y sus obligaciones de prevenir y sancionar la violencia y el crimen”, dijo la madre de Karen y Eduardo.

Toledo se solidarizó con todas las madres de desaparecidos, que en muchos casos son quienes lideran las búsquedas de sus familiares, pese al riesgo que esto conlleva. “En mi caso no voy a callar, no voy a callar hasta encontrar la respuesta integral al problema que tengo. Hay muchas madres en mi lugar”, sentenció.

Hasta el 13 de octubre de este año, la FGR registraba 1,192 personas desaparecidas en todo el país. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado la posibilidad de que exista un subregistro debido al temor de las víctimas a denunciar y también a la falta de un registro único que permita homologar los datos de las instituciones encargadas de investigar los casos.

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