Mejores pensiones, ¿cómo pagarlas?

Las pensiones guardan un profundo nexo con las finanzas públicas salvadoreñas y por eso ofrecer un sistema previsional con mejores beneficios depende de la salud financiera del Estado.

Pero el Gobierno está en una situación delicada, advierten analistas. En 2019, los ingresos no lograron cubrir 824 millones de dólares en gastos y buena parte de esa brecha se originó en el sistema de pensiones. 

Los diputados de la Asamblea Legislativa continúan recolectando insumos para una nueva reforma de pensiones. 

Hasta la fecha, la comisión ad hoc ha recibido más de 14 iniciativas que prometen mejores beneficios para los trabajadores. 

¿Pero quién pagará por esos beneficios? Ricardo Castaneda, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el Icefi; afirma que esa será la pregunta de fondo en la discusión.

¿Por qué los analistas afirman que las finanzas públicas no marchan bien? Una variable que sustenta esta aseveración es el déficit fiscal, que aparece cuando los gastos del Gobierno son mayores que sus ingresos.
Según datos del Banco Central de Reserva, en 2019 el Gobierno gastó 824 millones de dólares más de lo que ingresó a sus arcas.

De ese monto, 345 millones venían del sistema previsional.

Las brechas entre ingresos y gastos se cubren con deuda pública. Incluso las generadas por las pensiones.

Desde 2001 el Gobierno se ha endeudado para pagar pensiones. No obstante, fue hasta 2006 que se transparentaron estas cuentas, cuando el Estado creó un mecanismo para emitir deuda pública que por obligación deben comprar las AFP con los ahorros de los cotizantes.

Con ese mecanismo, el Estado obtiene recursos para cubrir pensiones públicas y a cambio paga a los trabajadores una tasa de interés por el dinero que le prestan.

Entre 2006 y 2019, la deuda pública total del país creció 2.3 veces. De 8 mil 373 millones de dólares pasó a 19 mil 808 millones.

La deuda de pensiones aumentó 58 veces en ese lapso y en 2019 llegó a 5 mil 264 millones.

De esta manera, en ese periodo la deuda de pensiones pasó de ser el 1.08 por ciento de todo lo que debe el aparato estatal, a representar casi el 27 %.

Solo para 2020 el Gobierno ha asignado 397 millones de dólares al pago de pensiones públicas y deuda previsional. Si se toman en cuenta los presupuestos por institución, solo el de Salud y Educación superan ese monto.

Ante este panorama, y tomando en cuenta que los desafíos del sistema previsional tienen raíces en problemas estructurales, cuya solución exige obtener más recursos, el Icefi concluye que mejorar las pensiones pasa por una reforma fiscal.

El analista del Icefi señala que si la Asamblea de verdad busca una reforma integral, también tendrá que discutir las condiciones del mercado laboral, porque los salarios inciden en el monto de la pensión que recibirá el trabajador al final de su vida productiva.

Datos oficiales indican que el salario promedio mensual es 327 dólares, pero un estudio reciente del Centro para la Defensa del Consumidor estimó que el costo de la vida en el país alcanza los 658 dólares al mes.

Otros temas que deberán ponerse en la mesa es la comisión que los trabajadores pagan a las AFP.

Los diputados también deben abordar la rentabilidad que los cotizantes obtienen al invertir sus ahorros para pensiones – incluso cuando le compran deuda al Estado, que en los últimos años ha pagado bajas tasas de interés -; así como crear más competencia en la industria de las pensiones.


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