“¡No me vas a tocar a la gente!”: empleados legislativos contaron votos fuera de la ley en Antiguo Cuscatlán

Por Andrés Dimas y Jaime Quintanilla

El domingo 3 de marzo, día en que se celebraron las elecciones municipales, una tropa compuesta por empleados legislativos, de la alcaldía de San Salvador y de la Corte de Cuentas se vació en seis de las nueve juntas receptoras de votos (JRV) instaladas en la Universidad Albert Einstein, en Antiguo Cuscatlán, y contó los votos de la contienda en la que Michelle Sol, la candidata de Nuevas Ideas intentó, sin éxito, ganarle a Milagro Navas, de Arena, el municipio de La Libertad Este. 

Del grupo, 16 laboran en la Asamblea Legislativa. Otros dos trabajan en el Instituto Municipal de la Juventud de la alcaldía de San Salvador (que dirige el oficialista Mario Durán) y uno más trabaja en la Corte de Cuentas, presidida por Roxana Soriano, una exprecandidata a diputada por Nuevas Ideas. FOCOS comprobó la vinculación laboral de estas personas a través de documentos oficiales que confirman sus plazas.

De los 19 empleados públicos vinculados al oficialismo, solo uno residía en el nuevo municipio de La Libertad Este, pero no tenía credencial para asumir como miembro de una JRV. De los 18 restantes, uno tenía credencial para asumir como miembro suplente en un centro de votación del municipio de San Salvador Centro y 17  no residían en el municipio, no estaban registrados en el padrón electoral, como manda la ley, y no habían sido designadas por el TSE en ese recinto, según pudo corroborar Focos al cotejar sus documentos únicos de identidad, plasmados en las actas de escrutinio, con el Registro Electoral para dicho municipio.

Los integrantes que firmaron actas en esas JRV provenientes de otros municipios contrariaron el artículo 117 del Código Electoral. “Todos los miembros y miembras propietarios y suplentes de las Juntas Electorales Departamentales, Juntas Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos, deberán residir en el Departamento y Municipio respectivo donde ejercerán sus funciones como tales, lo cual acreditarán con su respectivo Documento Único de Identidad”, dice la ley.

Pese a los impedimentos, este grupo sustituyó a los ciudadanos que sí estaban acreditados pero que quedaron relegados de sus asignaciones a través de un procedimiento irregular que arrancó cerca de las tres de la mañana, cuando delegados de Nuevas Ideas ayudaron a conformar al menos seis de las nueve juntas receptoras de votos en el tercer centro de votación más grande del distrito de Antiguo Cuscatlán. En esas mesas se disputaban 4,200 de las 6,300 papeletas en contienda.

El proceso anómalo con el que se conformaron estas mesas abonó para que 24 de los 44 miembros de las JRV fueran personas ajenas al municipio. Entre estos, cuatro personas particulares y un empleado de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán que tampoco residían en La Libertad Este. De este otro grupo, dos habían sido llamadas a integrar una JRV en centros de votación de San Salvador Centro, donde residían, según el sitio de Organismos Electorales Temporales del Tribunal.

Por otro lado, de las 20 personas restantes, 19 sí estaban registradas en el municipio, una de estas personas es empleada en la Asamblea Legislativa y otro es fundador del partido Nuevas Ideas, cuya afiliación también le impedía conformar una JRV, que deben estar compuestas por personas “civiles”. De una persona más se desconoce su identidad porque el número de documento presentado ante la JRV no existe en el padrón electoral. 

La conformación de estas mesas sucedió ante la mirada de delegados de cuatro instituciones de control: la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Corte de Cuentas de la República. Todas las anteriores son instituciones controladas por funcionarios nombrados por la Asamblea oficialista. En el recinto también había autoridades del TSE, el árbitro de estas elecciones. La Policía, encargada de la custodia del recinto, también sirvió nada más como testigo.

Focos publicó cerca de los comicios legislativos y presidenciales de enero cómo Nuevas Ideas se hizo del control de las sedes del TSE en el extranjero para administrar, desde el control de mesas y centros de votación, el novedoso sistema de voto en el exterior. Tras los comicios de febrero, este medio también reveló que empleados del TSE, vinculados a la Secretaría de Innovación de Casa Presidencial, dirigieron todo el fallido proceso del escrutinio en las legislativas. La defensa e imposición que delegados de Nuevas Ideas hicieron de las mesas anómalas en Antiguo Cuscatlán es otra aproximación al control del proceso electoral que tuvo el oficialismo, bajo las autoridades electorales, policiales y fiscales como testigos.

“Metámosle”

La conformación irregular de las mesas en la Einstein, denuncian cinco testigos, ocurrió de madrugada, fuera del plazo habilitado por el TSE. Fue defendida, señalan, por el jefe de centro de votación por Nuevas Ideas, Gabriel García, un experiodista convertido en asesor político y empleado público, quien también se autopresentó ante los medios de comunicación “como representante legal de Nuevas Ideas ante la Junta Electoral Municipal (JEM)”. Desde el 1 de mayo de 2021, García es asesor técnico de la gerencia de operaciones de la Asamblea Legislativa.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FOCOS (@focos.tv)

Aunque el instructivo de las JRV señalaba que “las personas integrantes propietarias y suplentes de las JRV ingresarán a los centros de votación a las 5:00 a. m., presentando su DUI y credencial del TSE”, en este centro de votación hubo una contraorden, según testigos.

“A las tres de la mañana ya estaban todas las mesas conformadas con personas que en ningún momento nadie le había revisado la credencial, el DUI, nada, si estaban acreditadas o no, entonces de ahí empezó el conflicto”, dice Esteban Barrera, delegado de la junta electoral municipal (JEM) a propuesta de Arena.

En el centro de votación, García trabajaba junto a Alberto Machado, el delegado ante la JEM del partido cian. Machado es abogado y comparte despacho con su hermano Mario Machado, exabogado defensor del expresidente Tony Saca, preso por corrupción. Tanto Alberto como Mario son los penalistas nombrados por la comisión legislativa que investigó la asignación de fondos del presupuesto de la nación a oenegés y asociaciones sin fines de lucro preseleccionadas por Nuevas Ideas. 

Según Barrera, los representantes de Nuevas Ideas se adelantaron a la hora ordenada por el TSE y actuaron sin la presencia del resto de representantes de los partidos en contienda para manipular  los paquetes electorales y armar las JRV.

Para ingresar a un aula donde estaban los paquetes electorales se necesitaba la llave de un candado que el propio Barrera asegura haber puesto el sábado anterior, por la tarde, como medida de seguridad para que solo en presencia de todos los miembros de la JEM se repartieran los paquetes. Otros dos testigos más, que pidieron mantenerse en anonimato, confirman el procedimiento pactado por los representantes partidarios y aseguran que los delegados JEM dijeron a Machado que también pusiera su propio candado, aunque  desconocen si este lo hizo. 

Cuando Barrera llegó en la madrugada, asegura que la puerta ya estaba abierta. La llave le quedó de recuerdo, dice.

Dentro del aula, Barrera observó que Machado repartía los paquetes de votación mientras García observaba la logística. Para su sorpresa, parte de los paquetes electorales que contenían las actas de apertura ya estaban abiertos y repartidos.

Entre las 4 y 4:30 de la madrugada, los paquetes llegaron a las mesas y los choques entre los representantes de Arena y García subieron de tono. La escena fue grabada en un video difundido en redes sociales por medios de comunicación. En las tomas, Mario Monroy, primer vocal de la JEM a propuesta de Arena, se acerca a la mesa 4239 e intenta retirar el paquete mientras grita que no pueden abrirlo. García, al ver que Monroy toca el paquete, lo jala para lograr ponerse entre Monroy y la mesa.

Entonces García abre el paquete electoral a los miembros de la mesa y Monroy regresa a intentar cerrarlo. García lo empuja y lo intenta someter tomándolo de los brazos. Alguien llama a los policías, pero estos solo llegan a observar la escena.

“¡Anda ebrio!”, le gritan a Monroy, que regresa de nuevo a la mesa a gritar que las personas sentadas ahí no tienen credencial.

—¡No me vas a tocar a la gente!- grita García, mientras continúa con los empujones.
—¡No tienen credencial! ¡No pueden instalarse porque no tienen credencial!- responde Monroy.
—¡No me vas a tocar a la gente!- repite García.
—¿Por qué gente que tiene credencial no está sentada?- pregunta Monroy.
—¡Porque vinieron tarde y el 106 habilita!- grita García, citando un artículo del Código Electoral que no tiene relación con la pregunta ni el conflicto.
—¿Por qué estás amenazando, pues? ¿Cuál es tu joder?- interviene un tercero.
—¿Joder de qué? Usted está mayor, váyase mejor. Está mayorcito- responde García.

Tras el altercado, Monroy intenta acercarse a una mesa de votación y García le grita en la cara: “¡No vas a tocar el paquete!”. “¡No lo vas a tocar!”, insiste.

Monroy se aleja y García le da dos golpes contundentes a la mesa para que los que estaban sentados lo vieran. “Metámosle, en el acta solo con los que estaban”, dice con autoridad. 

Las tres personas que ya estaban sentadas sin autorización obedecen sin rechistar. De estos, el segundo vocal en la mesa trabaja, como García, en la Asamblea Legislativa, y según la ley no podía ser miembro de esa mesa porque su DUI está registrado en San Salvador. En la mesa, solo una mujer que estaba sentada dijo tener credencial.

#Elecciones2024SV | 🔴 Michelle Sol, esposa de Ernesto Castro, es candidata por La Libertad Este, donde se registró el altercado. El representante de la JEM señaló que en todas las JRV había personas sin acreditación y las que sí tenían no las dejaron ingresar. pic.twitter.com/2ntBSfYpJT

— Factum (@RevistaFactum) March 3, 2024

“No es mi gente, es la gente que vino”

Pasadas las cinco de la mañana, cuando los medios llegaron al centro de votación, García discutió nuevamente con Monroy y una delegada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. García aducía que como las actas ya estaban completas no se podían vulnerar y que así debía seguir avanzando el proceso. “Yo soy el representante legal del partido ante la JEM. El acuerdo que yo quiero alcanzar es que coloquen ya a los miembros y dejemos que el proceso avance, porque el acta está cerrada. Yo no voy a vulnerar el acta como documento jurídico, como instrumento legal que da validez al proceso”, se intentaba imponer.

Ante reclamos por la conformación de las mesas, García se excusó: “No es mi gente, es la gente que vino. La gente acreditada estaba afuera”. Pero el asesor legislativo se calló que 16 trabajan con él en el Órgano Legislativo. “El artículo 106 del código electoral dice que tiene que haber elegibles, si no hay elegibles tiene que conformar el JEM con las personas dispuestas”, insistió. 

Estaba equivocado. Es el artículo 109 del Código Electoral el que indica que “si por cualquier causa o razón al momento de la instalación de una Junta Receptora de Votos, faltare alguno de los miembros o miembras de la misma, la Junta Electoral Municipal o Departamental, encargada del centro de votación, nombrará a cualquier ciudadano o ciudadana que llene los requisitos establecidos en el presente Código y notificará a quien corresponda”. 

La instalación de las mesas que defendió García no tenía cabida según ese artículo. De las 24 personas que no pertenecían a La Libertad Este, según el padrón de votación, 13 eran de San Salvador Centro, seis de San Salvador Este, dos de Santa Ana Centro, uno de La Libertad Oeste, uno de La Libertad Sur y uno de Cuscatlán Norte. 

A la discusión por la conformación de las mesas se unió un grupo de personas capacitadas y acreditadas por el TSE para integrar las JRV. Reclamaban que Nuevas Ideas se había encargado de reconfigurar las mesas para tener a su gente en las actas. Ese grupo hizo una protesta. “Ellos dicen que es porque vinimos tarde. Vinimos a las 4 de la mañana. Los paquetes electorales se entregan a las 5, así fue en las presidenciales. Ellos a las 5 ya las tenían llenas y firmadas y habían abierto los paquetes electorales. Eso no es legal, pues”, denunció una de las mujeres acreditadas por el TSE.

“La aflicción de ellos era tener los paquetes y llenar las actas de inicio solo con la gente que ellos tenían, haciendo mención de que los demás no habían llegado temprano. Se sentaron en la mesa e ignorábamos nosotros quiénes eran. Nunca pude verificar sus documentos ni ver si sus DUI eran del municipio y podían servir en las mesas y si estaban en el padrón, pero si no estaban no podían votar”, dijo Barrera.

Al final, minutos antes de la siete de la mañana, la conformación de las mesas defendida por García quedó en firme.

Durante el resto de la jornada en la Einstein, García estuvo acompañado por otros dos empleados públicos: Francisco Reyes, director del Instituto Nacional de Energía, quien vistió los colores de Gana, y Óscar Silva, director de comunicaciones de la Corte de Cuentas de la República, quien portó un chaleco del partido oficial.

Actas de escrutinio por junta receptora de votos – centro de votación Universidad Albert Einstein.

Otros controles

Mientras el abogado Alberto Machado fue delegado en la Einstein, su hermano Mario lo fue en la escuela Walter Thilo Deininger, el centro más importante del municipio.

En ese centro escolar, Focos identificó a otros dos funcionarios del Estado en labores partidistas: Franklin Nolasco, presidente del Tribunal de Servicio Civil y gerente de operaciones legislativas; y Daniel Iván Guevara, gerente de Administración y Finanzas de la Asamblea y esposo de la designada presidencial Claudia Juana Rodríguez de Guevara.

Guevara también es fundador del partido Nuevas Ideas pero en el centro de votación vistió con un chaleco naranja, color del partido GANA. 

Tanto Nolasco como Guevara defendieron que personas identificadas con distintivos de GANA y Nuevas Ideas fueran apuntados como vigilantes de mesas de votación de la escuela sin que fuera verificado su documento de identidad, a pesar que es contrario al artículo 123 de la ley. En muchos de estos casos, los vigilantes se integraron a las mesas como constó en acta pero los miembros de la JRV acordaron impedirles votar por concejos municipales y solo les otorgaron la papeleta de PARLACEN.

En el centro de la Einstein, tomado por Nuevas Ideas, cuatro vigilantes con chalecos de Nuevas Ideas no tenían arraigo en el municipio. Dos estaban registrados en el municipio de La Unión Norte, otro en Ahuachapán Centro y el último en la Libertad Sur. Tres de estos también trabajan en la Asamblea Legislativa.

La estrategia con los vigilantes se repitió en al menos otros 12 centros de votación de cuatro distritos de La Libertad Este, según 95 actas de escrutinio, de 148, que revisó Focos.

De las 793 personas que trabajaron en las mesas de votación en todo el municipio, entre vigilantes e integrantes de JRV, 114 no eran del municipio o tenían documentos de identidad fuera del padrón electoral. Además de los miembros de las JRV de la Einstein, 72 personas eran vigilantes que defendieron los votos de Nuevas Ideas y de cuatro de sus partidos aliados: GANA, PCN, CD y Fuerza Solidaria. 

En el caso de Arena, 11 personas sin registro en el padrón electoral del municipio fungieron como vigilantes en tres centros de votación (dos de Antiguo y uno en San José Villanueva). Y en la Universidad Albert Einsten, un empleado de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, sin arraigo en el municipio, integró una junta receptora de votos.

Focos cuestionó al equipo de la alcaldesa electa Milagro Navas porqué esta docena de personas propuestas por su partido también incumplieron la normativa electoral. 

Gilberto Pérez, director municipal de Arena, mostró imágenes de los documentos de identidad de estos delegados en los que consta que actualizaron su residencia, pero según los mismos documentos esto ocurrió después del cierre del padrón electoral, el 5 de agosto de 2023.

Pérez justificó que estas personas podían ejercer vigilancia pero que no tenían derecho a votar y que así lo hicieron porque él se los indicó para “no incurrir en problemas”. 

Según el Código Penal, votar en un municipio ajeno al reportado en los documentos de identidad es una violación que se sanciona con penas de entre 10 a 15 años de cárcel. A la fecha, ni los partidos de oposición ni Nuevas Ideas ni los partidos aliados al oficialismo han denunciado que en La Libertad Este se hayan movilizado votantes de otros municipios y conformado mesas de manera anómala, para incidir en los resultados. 

Expertos electorales señalan que dadas las evidencias en la conformación de las mesas, y en los listados de vigilantes que acudieron a cuidar urnas sin pertenecer al municipio, las autoridades están obligadas a investigar.

“La Fiscalía debería iniciar de inmediato una investigación, pero sabemos que esto no ocurrirá”, dice Ruth Eleonora López, jefa anticorrupción de Cristosal.

Malcolm Cartagena indica que si los miembros de las mesas ejercieron el sufragio,  “estamos ante una ilegalidad y se le debe dar aviso a la FGR. Mover votantes artificialmente de una circunscripción a otra para influirla es delito electoral”, aseguró. 

“El TSE ha sido omisivo como institución de control y ha renunciado a actuar de oficio. La falta de aplicación de la ley, la primacía de las irregularidades, las reformas a la medida, la imposición en los organismos electorales, la ausencia de un órgano de control que garantice derechos -y no que los vulnere- es el nuevo orden electoral en el país”, concluye Ruth López.

---

Nota de la redacción: FOCOS solicitó reacciones al asesor legislativo, Gabriel García, y al abogado Alberto Machado. También solicitó respuestas a las unidades de comunicaciones de la Fiscalía, Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República y Policía Nacional Civil, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. 

El viernes 15 de marzo, FOCOS también intentó, sin éxito, obtener reacciones de la Corte de Cuentas. En concreto se solicitó conocer si habían levantado acta sobre lo ocurrido en la Universidad Albert Einstein y las reacciones por la participación de dos de sus empleados en ese proceso.