Organizaciones advierten sobre riesgo de privatización en Ley de Agua del Ejecutivo

La propuesta de Ley de Recursos Hídricos enviada a la Asamblea Legislativa por la Presidencia de la República podría abrir una ventana que posibilitará la privatización del agua, señalan las organizaciones agrupadas en la Alianza contra la Privatización del Agua. 

Para las organizaciones sociales, el artículo 61 del anteproyecto es una especie de “privatización oculta”. Este apartado establece que se podrá autorizar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, hasta por 15 años prorrogables, cuando la medida sea igual o mayor a 473,040 metros cúbicos de agua. 

“No dice expresamente ‘vamos a privatizar’, pero concederle a un grupo empresarial 15 y hasta 30 años para explotar un acuífero y no garantizar agua para la población de ese entorno es privatizar”, dijo Amalia López, de la Alianza. 

Aseguró que esa cantidad de agua es equivalente a abastecer a más de 2 mil 500 familias cada año y, en ese sentido, debe haber un mayor control sobre los techos máximos en las medidas sobre las cuales se podrá autorizar el uso del agua, para que no se genere una sobreexplotación y, para ello, es necesario un inventario de los recursos hídricos del país.

Otro aspecto que preocupa a las organizaciones, que el pasado 14 de junio presentaron su propuesta a la Asamblea con la esperanza de que sea tomada en cuenta en la discusión, es que el anteproyecto del Ejecutivo no garantiza el derecho humano de acceso al agua para las personas y el ente rector será gubernamental y no público, como lo plantea la Alianza. 

Según la propuesta de la Presidencia, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) estará conformada por un presidente, que será nombrado por el presidente de la República, y una junta directiva con participación de instituciones públicas; sin embargo, criticaron que la ANDA no haya sido tomada en cuenta. Además, no hay garantía de la participación ciudadana.

El artículo 18 define que, en la junta, habrá representación de universidades públicas y privadas y de representantes de la sociedad civil; sin embargo, estas personas y sus suplentes también serán nombrados por el presidente de la República y propuestos por los sectores en una asamblea convocada por la ASA.

“Esta propuesta le deja casi la mayoría de las responsabilidades al presidente de la ASA. Es un elemento grave porque, precisamente en temas tan importantes como este; nosotros proponíamos un elemento más colegiado, donde se discutiera y se analizara y las decisiones se tomaran con base en consenso”, dijo Rodolfo Calles, miembro de la Alianza .

En materia de cobros de cánones o impuestos por uso del recurso, las organizaciones también enfatizan en que la propuesta del Gobierno no diferencia el consumo humano doméstico del uso empresarial o a gran escala.

“ANDA o una Junta de Agua no iba a pagar cánones (en la propuesta de las organizaciones); iba a tener el permiso de sacar el agua y distribuirla y los costos, que podría estarle cobrando a la población, son los costos de distribución, pero no por el agua. En esta propuesta, nos ponen a la par el canon de uso y aprovechamiento; entonces, quiere decir que aquí no hay excepciones: aquí o paga o se queda sin agua”, dijo López.

La Alianza lamenta que en el anteproyecto de ley no estén incluidos los cinco puntos no negociables para las organizaciones: el agua como bien público, el reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento, que haya un ente rector público y con participación ciudadana, la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas y un régimen económico y financiero justo y equitativo.

El presidente de la República, Nayib Bukele, dio 90 días a su bancada para aprobar un marco legal que la población ha esperado por más de 15 años. Ahora, las organizaciones esperan que en la comisión ad hoc que estudiará el tema haya representación de todos los partidos políticos y que su propuesta también sea tomada en cuenta.