Organizaciones: el régimen de excepción es un pilar del autoritarismo de Bukele

El régimen de excepción dejó de ser una herramienta del Gobierno de Nayib Bukele para controlar a los grupos criminales y se convirtió en uno de los principales engranajes para la concentración de poder. De acuerdo con un informe que elaboraron seis organizaciones de la sociedad civil, “esto quedó expresamente plasmado en los mensajes de campaña del presidente Bukele, como candidato inconstitucional, quien solicitó el voto a cambio de seguridad y con el objetivo de mantener el control de las instituciones”. 

En las pasadas presidenciales del 4 de febrero, Bukele logró más de 2.7 millones de votos a pesar de ser candidato inconstitucional a la reelección. Según detallan Azul Originario,  Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) el incremento de capturas y de la presencia policial y militar días previos, durante y posteriores a los comicios fueron “medidas que pueden interpretarse como un esfuerzo por mostrar mayor actividad de las fuerzas de seguridad en concordancia del discurso de campaña del presidente, lo cual sería un uso electoral y propagandístico de las instituciones”. 

Tanto Bukele como los diputados oficialistas vendieron una narrativa en la que si no eran reelectos la oposición liberaría a todos los privados de libertad que el régimen ha capturado desde el 27 de marzo de 2022. A pesar de que esa narrativa fue falsa, sirvió para ganar votos: Bukele ganó una reelección inconstitucional y su partido la mayoría legislativa en un congreso de 60 diputados.  

“Durante su campaña, e incluso el día de las elecciones presidenciales y legislativas, el presidente Bukele, expresamente pedía el voto para sí y para su partido con el fin mantener el control del nombramiento de funcionarios claves como magistrados, jueces y fiscales, planteando una campaña de miedo con escenarios críticos como el de la liberación de los pandilleros capturados si había una correlación desfavorable para Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa”, señalaron las organizaciones. 

Desde el inicio del régimen las fuerzas de seguridad han capturado a 78,175 personas y al menos 244 han muerto en las cárceles de Bukele. Miles de familias han denunciado que sus familiares han sido capturados injustamente, hasta la fecha el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha admitido que 7,000 personas han sido liberadas. Sin embargo, el “margen de error”, como el Gobierno intenta aminorar la gravedad de las detenciones arbitrarias, puede ser mayor. El informe de las organizaciones menciona que “una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, tras un año de régimen de excepción, reveló que el 33.8% de la población conocía de alguien detenido injustamente. En la misma encuesta, el 43% de las personas creyó que el principal fracaso del régimen fue la detención de personas inocentes”.

Estas organizaciones han registrado un total de 6,305 víctimas por violaciones a los derechos humanos, en más de la mitad (3,293) la víctima ha sido un joven de entre 19 y 30 años. El principal señalado de las violaciones ha sido la Policía Nacional Civil, seguido de los grupos conformados entre agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas. También destacan que cada víctima ha sufrido en promedio 2.57 hechos violatorios. 

Las organizaciones concluyeron que el Gobierno no ha implementado otras políticas “prevención de la violencia y fortalecimiento de la cohesión social, así como de atención y reparación de las víctimas de la violencia de las pandillas y del Estado” y que solo ha concentrado sus esfuerzos en darle continuidad al régimen represivo que ha provocado una sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado. 

Entre las conclusiones, las organizaciones afirman que “Estado salvadoreño ha llevado a cabo una amplia reforma legal que ha rebajado los estándares del debido proceso en función de un sistema de justicia penal orientado a favorecer la persecución penal y la sanción por encima de la búsqueda objetiva de la verdad, el debido proceso y la rehabilitación de las personas condenadas”.

Sospechas de muertes violentas

De las 244 muertes que las organizaciones registraron desde el inicio del régimen de excepción, 105 no pudieron ser clasificadas, 63 fueron por causas naturales y una fue accidental. En 58 de las restantes hay sospechas de muerte violenta. Según el informe, “aunque no se haya proporcionado información o se haya dado informes forenses no detallados o no coherentes con el estado de los cadáveres cuando estos han presentado señales de violencia como heridas, hematomas, quemaduras, fracturas y otras señales de violencia”; mientras que las 17 restantes fueron clasificadas como muertes intencionales. 

Estas últimas suman 75 fallecimientos, o el 31 % de los registros, y podrían constituir un crimen. El informe no brinda mayor detalle de las causas de muertes, aunque señala que “en al menos 10 de estos casos, la causa determinada en autopsia fue «edema pulmonar», pero los testimonios de sus familias indicaron señales de violencia en los fallecidos y, en otros 19 casos, los reportes aludían a enfermedades respiratorias o renales”.

En cuanto a las muertes naturales o por enfermedades, las organizaciones indicaron que pudieron ser evitadas con una adecuada atención médica. 

Además, señalaron que el hacinamiento en el sistema penitenciario ha empeorado desde el inicio del régimen. Actualmente, hay un estimado de 109,519 personas presas en El Salvador entre los que estaban condenados y los capturados desde el 27 de marzo de 2022 y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) no ha aliviado la situación, pues solo a recibido a 12,500 reos de los 40,000 que puede albergar. Lo que ha provocado que haya una sobrepoblación del 335 % en el resto de centros penitenciarios.