¿Por qué el préstamo de $109 millones genera dudas en la Asamblea?

El domingo 9 de febrero, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil se tomaron la Asamblea Legislativa por órdenes del presidente Nayib Bukele.

Con la militarización del congreso salvadoreño, el mandatario exigía la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial.

Hoy en FOCOS analizamos cómo el Ejecutivo pretende distribuir ese crédito y por qué el destino de estos recursos genera dudas entre los diputados.

Un préstamo de 109 millones de dólares negociado por el Gobierno salvadoreño está en el centro de la crisis institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La tarde del domingo 9 de febrero, el Ejército y la Policía se tomaron la Asamblea Legislativa, por órdenes del presidente de la República, Nayib Bukele.

El Ejecutivo justificó la toma militar del Congreso con la falta de aprobación de esos 109 millones, que se utilizarían en la tercera fase del Plan Control Territorial. 

El Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, es la entidad que financiaría el crédito.

Una presentación del Gobierno, compuesta por 18 láminas y compartida con los diputados de la Comisión de Hacienda, indica que estos recursos se dividirán en cinco componentes: 

$46.9 millones para movilidad estratégica
$25.9 millones para equipo e infraestructura de videovigilancia
$17.4 millones para equipo táctico
$15.5 millones para modernización hospitalaria
$3.3 millones para administración, supervisión y auditoría, imprevistos y comisión del BCIE

La solicitud para avalar la contratación de crédito llegó a la Asamblea en noviembre de 2019.

El lunes 27 de enero de 2020, la Comisión de Hacienda emitió un dictamen favorable para aprobarlo. 

Pero en la plenaria de esa misma semana, los diputados decidieron retirar ese acuerdo y devolver la iniciativa a la comisión.

Así inició la escalada de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, que alcanzó su punto más álgido el 9 de febrero, con la toma militar de la Asamblea.

En la discusión sobre el préstamo han surgido varios señalamientos sobre el destino de los recursos, y las dudas se han profundizado después del 9 de febrero.

Los diputados critican el gasto en un buque y helicópteros para el Ministerio de Defensa. El buque costaría 13 millones de dólares y el Gobierno afirma que se utilizará para combatir el narcotráfico.

Los legisladores también advierten de un posible conflicto de interés entre Osiris Luna, viceministro de Seguridad, y las empresas proveedoras de los equipos que se comprarán con el préstamo.

El periódico digital El Faro reveló a principios de febrero que la empresa Seguritech pagó el viaje de Luna a México, una información que el funcionario ha ocultado, pese a solicitudes de acceso a la información pública. 

Seguritech Integral Security comercializa cámaras de videovigilancia y el préstamo del BCIE tiene más de 25 millones de dólares asignados para la compra de este tipo de equipos.

Los diputados también han recomendado a Hacienda que, para cubrir gastos de seguridad apremiantes, reasigne 62 millones de dólares que no se ejecutaron del presupuesto de 2019.

El martes 11 de febrero la Comisión de Hacienda no logró emitir un dictamen favorable para el préstamo, por lo que la aprobación de la iniciativa no se abordó en la plenaria del jueves. 

La comisión volverá a reunirse el lunes próximo, pero durante la sesión de esta semana, la diputada de ARENA, Margarita Escobar, puso sobre la mesa la posibilidad de pedir a Hacienda que envíe una nueva solicitud, pues las condiciones para discutir el préstamo ya no son las mismas. 

Escobar señaló que las deliberaciones en la comisión podrían reñir con las medidas cautelares que dictó la Sala de lo Constitucional el lunes para frenar el conflicto entre los dos poderes del Estado.


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