Precariedad laboral, una barrera para prevenir la covid-19
El aislamiento social es una de las principales medidas que los países afectados por el nuevo coronavirus han implementado para impedir la expansión de la epidemia.
Pero en El Salvador, para muchos es un privilegio quedarse en casa.
Se estima que el 70 por ciento de los trabajadores salvadoreños son informales. Esto significa que pese a la emergencia de salud pública que se vive ahora, deben salir a buscar el sustento diario de sus familias.
Por eso, en un país como el nuestro, la precariedad del empleo es un factor que influye en el control efectivo de la covid-19.
Marta Vásquez tiene 72 años y es vendedora ambulante de platos en el centro de San Salvador.
Días antes de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ordenara cuarentena domiciliar obligatoria para toda la población, Marta continuaba trabajando en las calles, a pesar del temor de contagiarse del nuevo Coronavirus.
Marta sabe que las personas de 60 años o más son particularmente vulnerables a infecciones graves o fatales derivadas de la COVID-19.
Sin embargo, depende de su venta para sobrevivir.
Dice que no salir de casa implica quedarse sin ingresos para comprar alimentos y pagar los gastos de su hogar.
Marta vive con una de sus hijas. Ella también es vendedora ambulante y si les va bien, con el trabajo de las dos obtienen alrededor de 25 dólares diarios, de los cuales deben sacar la inversión para la próxima venta.
Marta y su hija decidieron seguir trabajando hasta que el Gobierno se los prohibiera y si no obtienen apoyo estatal, tendrán que comer menos para que el dinero les alcance mientras regresan a las calles.
Así como Marta, hay 2.2 millones de salvadoreños con un empleo informal.
Fusades elaboró un ejercicio para determinar cuánto le costaría al Estado salvadoreño aplicar medidas de protección para los trabajadores formales e informales.
Suponiendo que 150,000 trabajadores formales se van a cuarentena, Fusades estima que el Seguro Social necesitaría entre $35 y $70 millones de dólares para pagar esos salarios.
Además, si durante una quincena el Gobierno entrega a un millón de trabajadores informales una bolsa de productos básicos, valorada en $7 diarios, necesitaría $112.5 millones de dólares.
Pedro Argumedo consideró importante que el Ejecutivo aplique a líneas de crédito de emergencia, abiertas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, e incluya medidas paliativas para los sectores vulnerables.
El sábado, mientras el Presidente Nayib Bukele anunciaba en cadena nacional la cuarentena domiciliar obligatoria, la policía desalojaba a cientos de vendedores ambulantes en el centro de San Salvador.
El mandatario anunció una transferencia de $300 para hogares que consuman menos de 250 kilovatios/hora de energía al mes, como paliativo para los efectos económicos de la cuarentena domiciliar obligatoria.
En total beneficiaría a 1.5 millones de hogares y la medida costará $450 millones.
No obstante, el Gobierno todavía no ha definido cómo entregarán este dinero ni cómo financiarán la medida. Tampoco explicó qué ocurrirá con las familias de escasos recursos que no tienen acceso a energía eléctrica.
