Presupuesto 2020 y los desafíos sociales del país
Este 30 de septiembre, la Asamblea Legislativa recibió el primer proyecto de presupuesto del Estado elaborado por el Gobierno de Nayib Bukele.
Los diputados iniciarán el lunes la discusión de la propuesta del Ejecutivo. El proyecto incluye aumentos en el área social, pero la necesidad de utilizar deuda para cubrir parte del gasto evidencia que persisten las dificultades financieras.
Para el próximo año, el Ejecutivo ha propuesto a la Asamblea Legislativa la aprobación de $6,426.1 millones como presupuesto de 2020 para el Gobierno Central.
El proyecto incluye un aumento en el gasto social, destaca Ricardo Castaneda, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Para el próximo año, el Gobierno Central proyecta destinar $2,921 millones al área de desarrollo social, un monto que representaría el 10.54 % del Producto Interno Bruto (PIB). Castaneda destacó que este porcentaje sería el más alto desde el año 2000.
Si bien es una buena noticia que el Gobierno quiere aumentar el gasto social, no se sabe con certeza si ese incremento se traducirá en mejoras para la población.
El Ministerio de Hacienda lleva siete años, desde 2012, trabajando en la implementación de un presupuesto por resultados y hasta ahora no se ha concretado.
Este nuevo esquema, a diferencia del vigente, permite conocer los bienes y servicios que producen las instituciones públicas. También incorpora herramientas para medir los resultados de la ejecución del gasto público.
Sin un presupuesto por resultados, la población no puede determinar, por ejemplo, cómo el aumento del gasto social impactará en la ampliación de la cobertura de educación o salud.
Por eso es importante no solo aumentar el gasto, también conectarlo a metas y resultados, afirma Castaneda.
Pese a esta aparente apuesta por lo social, el presupuesto 2020 sigue reflejando los problemas financieros que enfrenta el Gobierno, pues de nuevo el Ejecutivo necesitará deuda para financiar una parte de sus operaciones del próximo año.
Junto con el proyecto de presupuesto, el Ejecutivo presentó una solicitud de autorización para contratar $755.8 millones en deuda pública.
Hasta agosto de este año, el Gobierno y las empresas públicas que no forman parte del sector financiero acumularon una deuda de $19,415 millones, incluyendo la deuda de pensiones. Ese monto representa casi 547 veces los $35.5 millones que se invirtieron durante el primer semestre de este año en los paquetes escolares del sistema público.
Castaneda advierte que el Gobierno históricamente ha estado inmerso en un círculo vicioso del que solo podría salir con una reforma fiscal integral.
Los ingresos, explica, no alcanzan a cubrir los gastos y por eso el Gobierno se ve obligado a prestar dinero. El resultado de esta dinámica es que el pago de intereses y capital ha crecido al punto de convertirse en la partida presupuestaria con más recursos asignados.
El proyecto de presupuesto del próximo año designa $1,102 millones para el pago de intereses y capital de la deuda pública, por encima de otras áreas prioritarias, como educación, salud y seguridad.
El presupuesto 2020 es una herencia de los importantes desafíos financieros que ha enfrentado el país en los últimos años y que no se han resuelto de raíz.
El Icefi concluye que una reforma fiscal integral, que abarque transparencia, ingresos, gastos y reestructuración de la deuda, es ahora más imperante para El Salvador.
