El Isdemu se apaga bajo el Gobierno de Bukele

En el último día laboral del 2024, decenas de trabajadoras del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) acomodaban expedientes, revisaban informes y vaciaban cajones, sin que nadie se los pidiera. No era una limpieza de rutina. Hacía días que un rumor recorría los pasillos: se venía un recorte de personal. Y aunque nadie había recibido un aviso oficial, todas parecían prepararse para el golpe.

Eran las 7:30 a.m. del 23 de diciembre, el último día antes de las vacaciones de fin de año para el sector público. A esa hora, Ana –un nombre ficticio que solicitó para proteger su identidad– cruzó la puerta como lo había hecho los últimos tres años. Al ser psicóloga de profesión, su trabajo era acompañar a mujeres víctimas de violencia de género, pero también organizar campañas de sensibilización y tejer redes con otras instituciones del Estado para ofrecer apoyo a las mujeres. 

Ese lunes, la rutina se disfrazaba de normalidad. No eran pocas las mujeres que llegaban a preguntar qué hacer si sufrían violencia, otras buscaban cómo denunciar abusos laborales. Pero entre las trabajadoras, cada informe cerrado y cada carpeta archivada tenía el peso de una despedida anticipada. Aunque pocas se atrevían a decirlo en voz alta, todas sabían que aquel día podía ser el último.

El Gobierno de Nayib Bukele aceptó desde finales de 2024 someterse a un ajuste fiscal solicitado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) –que fue firmado hasta febrero de 2025–, y en consecuencia, le pasó la cuenta al gasto social: los ministerios de Educación y Salud han sufrido recortes que superan los $121 millones, que se han manifestado con el cierre de escuelas y la precarización de los servicios de salud. Sin embargo, los programas de apoyo a mujeres, prevención y atención a la violencia de género también fueron reducidos al mínimo.

En el presupuesto general de 2025, todos los proyectos del Isdemu destinados a disminuir las brechas de género y brindar asistencia a las víctimas de violencia, fueron recortados en más de la mitad en el último año, según datos del Ministerio de Hacienda analizados por FOCOS. 

Aunque aún hay gastos mínimos de diversas carteras del Estado en temas de género, el Isdemu es la última institución del Ejecutivo que mantiene programas para prevenir y acompañar directamente a las mujeres víctimas de la violencia de género, en un país con 39 feminicidios en el último año, y cuatro muertes de mujeres en lo que va de 2025, según estadísticas de Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

Ana asegura que la violencia es un elemento común en casi todas las atenciones que brindaba en el Isdemu; sin embargo, también acudían cada vez más mujeres con cuadros de depresión y ansiedad buscando apoyo psicológico y acompañamiento. Según la última Encuesta de Salud Mental de El Salvador, realizada por el Ministerio de Salud en 2022, cinco de cada 10 salvadoreñas presentan síntomas de ansiedad. 

Solo entre octubre y diciembre de 2024, el Isdemu reportaba 3,630 atenciones a mujeres de todo el país en situación de vulnerabilidad. De estas, 2,495 eran psicológicas, 647 asesorías legales y 488 apoyos sociales. Para 2023, la institución reportó 20,960 atenciones en total.

Ana aseguró que cada semana atendía en su oficina entre 10 y 15 mujeres a quienes ya les había agendado citas para continuar sus tratamientos psicológicos al regresar de vacaciones, en 2025; pero estas no se concretaron. No sabe cómo continuarán recibiendo atención con apenas la mitad de la planta del Isdemu funcionando.

La técnica denuncia que las autoridades de la institución no le permitieron entregar los casos “de manera íntegra” a quienes sigan estos procesos. Esta misma situación se repitió en las 12 oficinas departamentales que fueron cerradas.

De los 14 departamentos en donde funcionan las oficinas departamentales de Isdemu, ahora solo quedan en funcionamiento Sonsonate y San Salvador. A estos se suman los seis centros de Ciudad Mujer en Lourdes Colón, San Martín, Santa Ana, San Miguel, Morazán y Usulután.

Sin embargo, el recorte al Isdemu pasó factura, en primer lugar, a las trabajadoras. Al comparar las Leyes de Salarios de 2024 y 2025, la planta de empleados del Isdemu, en su mayoría mujeres, se redujo en más de la mitad. 

Despidos masivos: menos atención

El proceso de despido, recuerda Ana, fue lento y tortuoso. No hubo comunicados ni avisos oficiales. Solo un grupo de personas de la oficina central que, a media mañana, llegaron en un vehículo institucional y se instalaron en una oficina cerrada. Desde allí fueron llamando a las trabajadoras una por una. Salían de esas cuatro paredes con un cheque de indemnización en una mano y una carta en la otra que explicaba, en pocas líneas, que su plaza había sido suprimida por «falta de recursos».

En los grupos de chat internos, las trabajadoras se informaban a tientas. Ana recuerda la incertidumbre de ese día: nadie sabía si sería la siguiente en ser llamada. Algunas, anticipando lo inevitable, empezaron a vaciar sus escritorios, otras aceleraban la entrega de informes pendientes.

Para cuando el correo institucional se bloqueó y las claves de acceso dejaron de funcionar, ya no quedaban dudas. El rumor se había convertido en realidad.

Según la secretaria del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU), Sonia Viñerta, al menos 100 mujeres y 4 hombres del área administrativa y técnica de la institución fueron despedidos en diciembre de 2024. De los agentes de Protección de Personalidades Importantes (PPI), también fueron despedidos al menos 15 mujeres y 5 hombres. 

Viñerta aseguró que, desde septiembre hasta el 23 de diciembre, se enviaron cartas a la directora de la institución, Yanci Yanet Salmerón, pidiendo explicaciones sobre los recortes presupuestarios. Sin embargo, hasta ahora, no hay respuesta. 

La Ley de Salarios del Isdemu en 2024 contenía un total de 416 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 245 estaban contratados en la planilla; y otros 171 a través de contratos por servicios profesionales. En 2025, el total de la planta pasó a 209, con 107 personas contratadas por ley de salarios, y 102 por contrato.

Esta última modalidad de contratación es mucho más desventajosa, debido a que hay menor estabilidad y no hay prestaciones de ley mínimas, como seguro social, advirtió el USTTISDEMU. Además, en la administración actual, se ha vuelto cada vez más común: mientras que en 2021 había solo 7 trabajadoras bajo esta modalidad, en 2022 estas aumentaron a 20, en 2023 a 170, y a 171 en 2024.

La líder sindical, una de las afectadas por estos despidos, expuso que este recorte ha impactado directamente en la atención que se brinda a las usuarias del Isdemu. Desde enero de 2025, las mujeres están siendo referidas a oficinas departamentales distintas a su lugar de origen: las mujeres de Chalatenango, por ejemplo, deberán viajar hasta San Salvador para acceder a los servicios de la institución.

A su juicio, alejar los servicios del Isdemu tendrá como consecuencia desincentivar aún más a las mujeres a denunciar casos de violencia. Además, la disminución de fondos para los distintos programas del Isdemu llevará a una precarización en los servicios.

Silvia Juarez, coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres de Ormusa, señaló que el debilitamiento de “la única institución dedicada a las mujeres en El Salvador” tendrá un impacto en el aumento de la vulnerabilidad para las víctimas de abusos, y las expone aún más a la violencia. “Será una disminución de la protección ante los riesgos, especialmente feminicidas y de otras formas de violencia”, advirtió. 

Además, aseguró que la desaparición del Estado en el territorio impactará en las mujeres que deberán asumir las tareas de cuidado, acompañamiento y defensoría ante la violencia: trabajadoras del Isdemu que están ahora en condiciones más precarias, pero también defensoras de derechos humanos, expuestas a la criminalización. 

FOCOS buscó la postura de la directora del Isdemu sobre cómo impactarán estos recortes en los servicios que brinda la institución, y para conocer qué medidas tomarán para seguir acompañando a víctimas de violencia; pero después de correos y llamadas, no hubo respuesta.

Los recortes

La secretaria general del USTTISDEMU también lamentó que la dirección de la institución “haya decidido guardar silencio ante las afectaciones de las mujeres en esta coyuntura y la baja asignación presupuestaria, incluso siendo una entidad de capacidad autónoma”. 

En 2023, el Isdemu recibió un presupuesto de $12.2 millones de dólares, según el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda. En 2024, el monto aprobado fue de $11.6 millones, con una ejecución de $11.2 millones al cierre del año. Los principales gastos de la institución se dirigieron a remuneraciones (un 52 %) y la adquisición de bienes y servicios (34 %).

El presupuesto aprobado para el Isdemu en 2025 es de $7.2 millones; es decir, un 37.6 % menos que lo aprobado en el año anterior, equivalente a $4.3 millones de dólares.

Los programas de la institución también sufrieron recortes. Ciudad Mujer, un proyecto emblemático en materia de derechos de la mujer y reconocido internacionalmente, ha sido uno de los más golpeados. De recibir cerca de $7.5 millones en 2024, pasó a manejar un presupuesto de $5.7 millones este año.

Bajo el gobierno actual, Ciudad Mujer se alimenta de tres distintas instituciones: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Isdemu. Sin embargo, en 2025, únicamente Salud mantuvo su cuota de $1.9 millones, mientras que el MAG eliminó completamente este aporte y el Isdemu lo redujo en 32.4 %, pasando de $5.5 millones a solo $3.7 millones.

Otros programas como el de Servicios de Atención Integral y Especializada a Mujeres que Enfrentan Violencia también sufrió un recorte de $815,522 en 2025: pasó de tener $1.8 millones en 2024, a $1 millón en 2025. Esto es una disminución del 44.4 %.

Además, el programa de Vigilancia y Promoción de los Avances de Políticas Públicas de los Derechos de las Mujeres se redujo en $1.2 millones pasando de $2,045,678 en 2024 a sólo $815,875 en 2025. El recorte es equivalente a un 60.1 %.

Mientras, otras instituciones del Estado como el recientemente clausurado Instituto de Bienestar Animal (IBA) tenía asignado $16,664,486, más del doble de lo asignado a Isdemu; y Casa Presidencial tiene un presupuesto de $139,667,868 casi 19 veces más de lo destinado a asuntos de las mujeres. 

Para Tatiana Marroquín, economista feminista, el recorte al financiamiento de programas destinados a las mujeres “es sustancial”, pero “el recorte de recursos institucionales es aún más grave”. 

“No parece que sea un recorte que afecta el presupuesto 2025 únicamente, sino la visión de mediano plazo de la política de igualdad de género, derechos de las mujeres y no violencia; la cual parece estarse llevando a la total desaparición”, sentenció. 

Silvia Juarez, de Ormusa, señaló que la reducción del gasto público en temas esenciales como servicios de atención a las mujeres muestra “la debilidad en los compromisos asumidos para atender las necesidades de las mujeres desde una agenda integral” del Estado. 

Reprochó, además, que como ente rector, el rol principal del Isdemu “debería ser dar asistencia técnica en todas las decisiones de política pública, para que estas tengan un enfoque diferencial que contribuya a erradicar la violencia”; así como disminuir las brechas de desigualdad en el Estado. 

Sin embargo, “el Isdemu asumió la carga de atención directa a las mujeres a falta de un subsistema de protección”, que debería ser asumido por otras instituciones del Estado, como la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). 

Juarez reconoce, sin embargo, que “no hay claridad del objetivo de esta disminución presupuestaria”, y que el costo, al final del día, “lo pondrán las mujeres”.

“El Salvador había avanzado muy medianamente en la institucionalidad de protección a víctimas de violencia de género. La Fiscalía, la Policía y otras instituciones tenían apenas algunas políticas e instancias incipientes de respuesta. Esto causaba que la meta de una vida libre de violencia fuera lejana, pero lo cierto es que había algún camino. Ahora parece no solo que no hay camino, sino que el Estado no considera relevante o su obligación la protección de mujeres frente a estas violencias”, agregó Marroquín.

La economista consideró que, sin financiamiento, las leyes aún existentes “no logran proteger a las mujeres más vulnerables a estas violencias, como lo son aquellas con nulo o cero ingresos, que viven en el área rural, con discapacidades y menores de edad”.