Una dictadura con “resultados” sigue siendo una dictadura

En El Salvador se consiente una dictadura. Y no hay argumento que la justifique.

“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero que me llamen dictador pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en resultados”.

Nayib Bukele, 1 de junio de 2025.

Al primer año de su mandato inconstitucional, el sexto gobernando El Salvador, Nayib Bukele ha revelado sus cartas y ha dictado la manera en la que pretende seguir en el poder.

No es una sorpresa para quienes venimos alertando la escalada autoritaria de Bukele que su ambición y sed de reconocimiento y acumulación le ha hecho tomar el camino más fácil para sus pretensiones, pero el más perjudicial para el país.

Hoy en día, Bukele gobierna El Salvador con base en la ilegalidad, la represión y el miedo.  

Y debe quedar claro que ninguna gestión en seguridad puede justificar que, al momento de publicar este editorial, en El Salvador existan personas encarceladas por el hecho de opinar diferente, de investigar y denunciar los abusos del poder y de proteger los derechos de las personas. Ningún resultado en seguridad justifica vivir en una dictadura.

Es incuestionable que el principal clamor de la ciudadanía ha sido atendido. Las personas expresan vivir menos preocupadas por ser víctimas de la delincuencia, pero eso no implica que la inseguridad desapareció de El Salvador: hoy, el miedo y las expresiones de violencia vienen del Estado, con persecución, criminalización, su inacción ante la precariedad de la educación y la salud, la pobreza, y el despojo de los territorios.

Pasamos de ser extorsionados por las pandillas a ser intimidados por autoridades que utilizan la seguridad como moneda de cambio. La propaganda gubernamental, pagada con millones de dólares de nuestros impuestos, nos lanza una advertencia clara: cuestionar, disentir y denunciar al poder  es invocar el regreso de las maras.  Por tanto, exigen no solo ver, oír y callar, si no obedecer y aceptar la “paz” que se nos ofrece, aunque sea impuesta con botas militares.

En este primer año de su período inconstitucional, Bukele ya no teme a las etiquetas y trata de resignificarlas. Decidió abrazar el término de dictador, y como tal, persigue a la prensa independiente, intimida con la Policía Militar y la cárcel cualquier acción de defensa del territorio en las comunidades más pobres, y encarcela a defensores de derechos humanos y críticos.

No es casual que el presidente banalice conceptos como “democracia”, “derechos humanos”, “institucionalidad”, “estado de derecho”. Ninguno de estos principios le son útiles a quienes buscan ejercer el poder sin acuerdos, sin respeto a las diferencias y sin contrapesos. El bienestar de las mayorías y garantizar la coexistencia de opiniones minoritarias no está en la agenda del presidente, ni lo ha estado desde que inició su primer mandato.  

Pero un dictador, sea o no sea “cool”, no precisa de los acuerdos porque tiene la fuerza para imponerlos, mucho menos de respetar las diferencias, sobre todo si implican cuestionamientos que erosionen su imagen. En la práctica, un dictador condiciona el bienestar de las clases populares a cambio de una lealtad ciega que le habilita a hacer y deshacer sin controles, y convierte a las  minorías en enemigos cuando no encajan en su proyecto político. 

El Salvador sigue deteriorando aceleradamente sus condiciones democráticas frente a una sed insaciable de acumulación del Clan Bukele y unos pocos en el poder. Y lo hace frente a millones convencidos de que libertad y seguridad son incompatibles. Pero no lo son. 

Esa es la tarea de las voces democráticas: seguir resistiendo, seguir explicando, seguir denunciando que la dictadura no afecta solo a periodistas, unos pocos medios y oenegés. 

La tienen también los actores políticos y la sociedad civil, que deben construir una propuesta electoral competitiva con una fórmula posible y urgente: garantizar seguridad con derechos humanos; seguridad con libertades y democracia.

Porque vivir en dictadura no se trata de enfrentarse a un conflicto semántico: es resistir al terror de Estado. 

Una dictadura con resultados sigue siendo una dictadura. Y esta no es una alarma reciente, lo venimos diciendo: cuando no haya voces ni megáfonos que denuncien las violaciones contra los derechos humanos, la próxima víctima podrá ser cualquiera.