Una gota de rebeldía feminista en El Salvador de Bukele

La convocatoria del 8 de marzo en San Salvador fue pequeña y breve. Tanto que las activistas que organizaron la convocatoria evitaron llamarlo marcha, y eligieron que sería una caminata, un encuentro. Cualquier nombre que las alejara de una posible criminalización, persecución o censura, en un país donde el disenso es castigado con asfixia legal, cárcel o exilio.

No hubo marea verde, ni multitudes, ni columnas de mujeres y disidencias LGBTIQ+ caminando hacia la Plaza Cívica del Centro Histórico. Esta vez fue distinta: menos gente, otra ruta, más cautela. Pero aún así hubo pancartas, canciones, consignas, batucadas y jóvenes. Muchas jóvenes.

Y para Mariana Moisa, antropóloga feminista y cofundadora de la Movimienta Regional por el derecho al aborto y las maternidades elegidas, esto es suficiente para sentir esperanza. “Antes las marchas del 8 de marzo eran multitudinarias”, recuerda. “Este año tuvimos que llamarla caminata”.

Durante más de dos décadas, el feminismo salvadoreño ocupó las calles cada 8M. Eran marchas grandes, dice Moisa. Mujeres que viajaban desde los municipios del interior del país, ambientalistas, organizaciones sociales, colectivas, sindicalistas. La ciudad se llenaba de consignas, batucadas y pañuelos verdes y morados.

Su primer 8 de marzo fue en 2004. Tocaba en una batucada, la primera que se organizó en el país en el Día Internacional de la Mujer. “Era una fiesta”, dice. “Estar rodeada de mujeres, sentir protección, tomar la calle juntas”.

Ese recuerdo todavía pesa, pero la escena hoy es otra. Hoy, la marea verde es apenas una gota de rebeldía, y la histórica Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto —una de las organizaciones feministas más influyentes del país y de la cual Moisa forma parte— se disuelve y entra a un proceso de regionalización.

Un país donde el espacio cívico se reduce

Para Moisa, lo que vive El Salvador no es solo un cambio en el tamaño de las movilizaciones. Es algo más profundo.

“Lo que ha pasado definitivamente es que hay un cierre del espacio cívico democrático”, dice. Este cierre tiene efectos concretos: las organizaciones se autocensuran. Las mujeres de los territorios ya no llegan a las marchas. Las redes que durante años sostuvieron la movilización social se han debilitado.

“Las organizaciones tienen miedo”, dice Moisa sin rodeos. Y cuando las organizaciones se retraen, las primeras en desaparecer del espacio público son las mujeres más pobres.

“Hay una pobreza tremenda en los municipios”, explica. “Las mujeres no pueden pagarse venir a San Salvador, marchar y regresar”. Durante años, muchas organizaciones apoyaban esa movilización: transporte, logística, convocatorias. Hoy, hacerlo podría implicar riesgos legales o políticos.

La consecuencia es visible en la calle. Las marchas se vuelven caminatas. Algunas mujeres acuden, pero sin organizaciones que la respalden. Y, en el silencio, el movimiento social se apaga.

Pero las organizaciones feministas se han rehusado a ceder los espacios ganados, asegura Moisa. Durante dos décadas, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto fue la principal organización que defendió los derechos reproductivos en El Salvador. Acompañó a mujeres criminalizadas tras sobrevivir emergencias obstétricas y lideró una de las campañas más conocidas del movimiento feminista en Latinoamérica: la lucha por la libertad de Las 17, un grupo de mujeres condenadas por aborto.

Desde 2009, el trabajo de la Agrupación Ciudadana contribuyó a la liberación de 81 mujeres condenadas por aborto, a través de conmutaciones de penas y batallas legales en las cortes salvadoreñas; y a la creación de protocolos de salud para atender a mujeres víctimas de emergencias obstétricas.

Entre los casos más emblemáticos está el de Beatriz, una mujer a quien el sistema de salud salvadoreño obligó en 2013 a continuar un embarazo inviable que ponía en riesgo su vida. Su historia llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en diciembre de 2024 condenó al Estado salvadoreño por violar sus derechos. Beatriz murió en 2017 y el fallo fue considerado una reparación póstuma.

Pero el 23 de febrero de 2026, la Agrupación anunció su disolución legal. En un comunicado, explicó que el actual clima político y las restricciones al trabajo de las organizaciones sociales se habían vuelto incompatibles con su labor.

Entre esas restricciones está la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2025 por la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista de Nayib Bukele, Nuevas Ideas. La normativa obliga a las organizaciones que reciben financiamiento internacional a registrarse ante el Estado y a entregar el 30 % de sus ingresos. 

La ley crea un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), adscrito al Ministerio de Gobernación, decide quiénes pueden operar y bajo qué términos, dejando por fuera de la exención cualquier proyecto con palabras como participación ciudadana, política, democracia, género y derechos sexuales y reproductivos.

Para Moisa, esa ley busca algo más que controlar el financiamiento. “Lo que busca es intervenir a las organizaciones”, dice.

“Cuando se cierran las puertas, aparecen las redes”

El trabajo de las organizaciones sociales va mucho más allá de organizar marchas, asegura Moisa. Desde las colectivas feministas se acompaña a mujeres víctimas de violencia, ofrecen apoyo psicológico o asistencia legal, espacios donde el Estado destina cada vez menos recursos. O dependencias que ha eliminado por completo.

“Si las organizaciones se limitan o desaparecen, eso significa dejar a mujeres sin acompañamiento”, explica.

Por eso “no podemos darnos el lujo de desaparecer. Necesitamos seguir haciendo lo que hacemos, pero desde otros lugares. Cuando se cierran las puertas, aparecen las redes”, dice Moisa.

Uno de esos lugares para hacer es la Movimienta Regional por el derecho al aborto y las maternidades elegidas, que nace con el cierre de la Agrupación Ciudadana, para continuar su lucha por los derechos reproductivos en El Salvador y Latinoamérica.

Para Moisa, no se trata solo de una reestructuración organizativa. Es una forma de adaptación. “Nuestra organización nunca fue una gran oenegé”, explica. “Lo que hemos hecho es promover la solidaridad, tejer redes con otras organizaciones, con el movimiento global”.

La defensora de derechos humanos Keyla Cáceres, miembra de la Asamblea Feminista, toma un megáfono y llama a las asistentes a acercarse.

—Vengan a conocer La Movimienta —dice. Algunas mujeres reparten pañuelos verdes. Otras explican qué significa este nuevo movimiento.

Moisa observa la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. Para ella, el riesgo no está en las organizaciones. “El riesgo lo genera el Estado”, dice. “Es el aparato estatal el que agrede a quienes defendemos los derechos humanos”.

Al final del recorrido, las zonas verdes alrededor de la fuente se llenaron de pequeños círculos de mujeres. Hubo talleres de batucada, lectura de cuentos feministas para infancias y espacios para debatir sobre la situación del país.

Parecía más un picnic colectivo que una protesta. Pero bajo la pancarta verde, el mensaje era claro. Las organizaciones pueden desaparecer. Las leyes pueden cambiar. El espacio cívico puede estrecharse. Pero el movimiento —dice Moisa— sigue ahí. “Las demandas feministas siguen siendo necesarias”, afirma.

La caminata de este año le dejó un sentimiento agridulce, dice. Agrio por los retrocesos, y dulce porque, incluso en un país donde el espacio cívico se reduce, las organizaciones desaparecen y las leyes reprimen, el movimiento sigue. Llegan nuevas mujeres, jóvenes, infancias, y se inventan otras formas de resistir.