Gobierno oculta por más de un año información sobre Constructora El Salvador

Los propietarios y las ganancias de una empresa constructora nutrida con dinero público, que desarrolla obras de infraestructura en calles y mercados municipales del país, están ocultos a la ciudadanía salvadoreña desde que esta compañía nació, hace más de un año.

El Centro de Nacional de Registros (CNR) mantiene en la oscuridad información clave relacionada a la “Constructora El Salvador, S.A de C.V.”, una empresa privada pero creada por una institución del Estado, la Dirección de Obras Municipales (DOM), caracterizada por falta de transparencia en el uso de fondos millonarios.

Desde que esta constructora fue inscrita en el Registro de Comercio, en abril de 2023, ningún ciudadano puede saber quiénes son las personas o empresas que fundaron la sociedad, la cantidad de dinero que sirvió para echarla andar, el dinero que ingresaron y gastaron y cómo lo administraron en el año, ni quiénes conforman su directiva.

Esto, a pesar de que la DOM ha asegurado ser accionista mayoritaria de la constructora, y le donó bienes muebles e inmuebles de propiedad estatal, valorados en $14.2 millones de dólares. El uso de estos recursos públicos y cómo privados disponen de ellos sigue siendo desconocido para la población salvadoreña.

Esta información, como la de todas las empresas que funcionan en el país, debe estar disponible al público, según al menos tres leyes vigentes: el Código de Comercio, la Ley del Registro de Comercio, y la propia ley del CNR, institución que está obligada a cumplirlas pero que, en el caso de la Constructora El Salvador, ha ignorado.

Periodistas de Focos visitaron periódicamente el registro mercantil y consultaron al menos una vez cada dos meses, desde mayo de 2023, la información de la Constructora El Salvador en el sistema informático disponible al público. Sin embargo, este no contenía la información mencionada y el visualizador de documentos mostraba “error” en cada uno de los archivos.

Al no encontrarlo en consulta pública, el equipo solicitó el expediente de la sociedad, tal como asiste la ley, a la oficina de atención al usuario del Registro de Comercio en diferentes ocasiones entre 2023 y 2024; sin embargo, la respuesta siempre fue que los documentos no podían mostrarse porque estaban en proceso de escaneo y digitalización, o que el libro registral estaba “armándose”.

Ante las justificaciones del CNR, Focos hizo una solicitud de información pública a la DOM y en diciembre de 2023, la institución no la entregó. Declaró como “inexistente” un documento que certifique la cantidad de acciones que poseen en la Constructora El Salvador y el resto de accionistas minoritarios que la acompañan. Y también dijo que la escritura de constitución de la Constructora El Salvador, el documento que debería estar disponible al público en el centro de registros según la ley, es información “confidencial”.

Fachada de las oficinas de Constructora El Salvador en el número 130 de la calle Circunvalación de la colonia San Benito, en San Salvador. Foto FOCOS/Guillermo Martínez.

La institución y la sociedad oculta

La Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) nació en noviembre de 2021 para centralizar en Casa Presidencial los proyectos y los fondos del desarrollo que se destinaban a las alcaldías salvadoreñas. Investigaciones de Focos revelaron el uso arbitrario de estos recursos millonarios para beneficiar a candidaturas del partido oficialista Nuevas Ideas.

En marzo de 2023, la Asamblea Legislativa hizo una batería de reformas a la ley que creó a la DOM, entre estas, que la entidad pudiese constituir sociedades mercantiles y que utilizando estas sociedades, donde tenga “participación mayoritaria”, pudiese realizar obras de infraestructura en el país.

Un mes y cuatro días después de esta reforma nace la Constructora El Salvador, S.A. de C.V., inscrita como sociedad anónima el 26 de abril de 2023 ante el Registro de Comercio, a solicitud del abogado José Mauricio Rodríguez Paniagua, empleado del gobierno de El Salvador en el área de “Cumplimiento Antisoborno y Anticorrupción”, según su curriculum público en LinkedIn.

La sociedad fue inscrita en el libro 474, asiento 207, en los folios 415 y 416 del registro mercantil. Inscribió como local la casa 130 de la calle Circunvalación, en la colonia San Benito, en San Salvador, y se declaró como una empresa de naturaleza industrial dedicada a diversos campos, entre estos “diseño, estudio, supervisión y ejecución de todo tipo de proyectos de urbanización, arquitectura, infraestructura, construcción de todo tipo de terracería y explotación técnica y comercial de todo tipo de construcciones. Además de servicios de asesoría”. 

El 20 junio de 2023, la Asamblea volvió reformar la ley de creación de la DOM, esta vez para que esta tuviera la facultad de transferir bienes muebles o inmuebles, maquinaria y equipo “a cualquier institución estatal o persona jurídica en que la DOM sea accionista” como sería el caso de la Constructora El Salvador, según la versión oficial.

De acuerdo a los considerandos de ese decreto legislativo, la DOM creó la constructora porque los fondos provenientes del Fondo General de la Nación “no son suficientes para poder desarrollar todas las necesidades de los municipios por lo que se hace necesario ejecutar acciones que le permitan contar con mayores fuentes de ingresos”.

Esto a pesar que en 2023, la DOM contó con $399.4 millones del presupuesto general del Estado y para 2024 cuenta con una tajada mayor, $430.6 millones, según el portal de transparencia fiscal. Si se compara con los 16 ministerios del Ejecutivo, la DOM tendría el quinto presupuesto más alto, por detrás del ramo de Justicia y Seguridad Pública.

Pero el 5 de octubre de 2023, la Asamblea aplicó la facultad que había autorizado en junio y aprobó que la DOM transfiriera bienes muebles e inmuebles valorados en $14.2 millones a la constructora. Para esa fecha, la constructora ya ejecutaba su primer proyecto, el tramo I de cableado subterráneo en la Zona Rosa, en San Salvador, valorado en $7 millones.

El decreto justificaba el traslado de bienes porque la DOM es “accionista mayoritaria” de la sociedad privada. El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, reconoció que no eran públicos los accionistas de la sociedad y agregó que era “importante conocerlos” previo a votar por la autorización. Sin embargo, a la fecha, no se conocen, ni se pueden conocer.

Extracto de respuesta que dio la Dirección de Obras Municipales el 4 de diciembre de 2023, donde declara inexistente la participación accionaria de la constructora y confidencial su escritura de constitución.

Privatizar lo público para “huir” de los controles

“Nacimos para dar respuesta a una situación que se observó en el sector de la construcción que estaba saturado, entonces el presidente Nayib Bukele crea la Constructora El Salvador, una empresa estatal con el objetivo de llevar desarrollo a todo el país”, dijo el ingeniero Federico Violante, quien participó como “representante” de la constructora en el programa AM del oficialista canal 10.

Aunque Violante la llame una empresa estatal, por la supuesta participación mayoritaria de la DOM, la sociedad fue creada como una empresa privada, con la particularidad que recibe donaciones de bienes del Estado y ejecuta obras de infraestructura pública, pero su información registral no está disponible al público como mandan las leyes.

La Ley del Registro de Comercio, en su artículo 1, establece el principio de “publicidad registral», que en su artículo 2 define como “dar publicidad formal a los actos o contratos mercantiles” y publicar “de manera periódica” la información sobre las empresas. En el artículo 4, la ley reivindica el derecho de “cualquier persona” a consultarlos.

Para el experto en derecho administrativo, José Marinero, la falta de información sobre alguna empresa no es habitual en el CNR, y en el caso de la Constructora El Salvador “supone vulnerar las normas de publicidad de toda materia societaria regulada en el Código de Comercio”. 

Entre los datos que deben publicarse están las matrículas de la empresa, el registro de locales, agencias y sucursales, las escrituras de constitución y modificación, poderes administrativos y legales, credenciales de administración, balances generales y estados financieros. Todos estos, según el artículo 485 del Código de Comercio, tienen “valor de divulgación”.

“El pretexto de que no se ha formado el libro suena a un intento por salir del paso” legal, consideró el experto. Esta actitud de ocultar información, dijo, responde a un “esquema evidente” para “huir” de los controles públicos sobre el manejo del dinero de los salvadoreños.

Por su parte, Jessica Estrada, de la oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac), dijo que en el artículo 2 de la propia Ley del Centro Nacional de Registros (renovada en julio de 2023 por la Asamblea oficialista) habla de garantizar la “seguridad jurídica y la publicidad registral”, y que por lo tanto, no divulgar información de la constructora “no entra en esa lógica de transparencia y publicidad”. “Debería tenerse el mismo acceso a información que se tiene de otras sociedades anónimas”, agregó.

El caso de Constructora El Salvador guarda similitudes con los casos de Chivo, la billetera estatal de bitcoin y de Diario El Salvador, órgano de propaganda gubernamental. En todos estos casos, el Gobierno utilizó sociedades privadas, nutridas con recursos públicos, para evitar ser fiscalizadas. 

No obstante, a diferencia del caso Chivo o el caso Diario El Salvador, esta es la primera vez que el Registro de Comercio oculta la totalidad de la información de una empresa constituida.

“El público debe tener claro que este que este gobierno ha encontrado una forma de privatizar lo público, es decir, de entregar a manos privadas los bienes que son de todos sin las habituales cautelas que este tipo de operaciones requiere. Paradójicamente un asocio público privado tiene más controles que esta operación. Y el Gobierno lo está haciendo para fines que no quiere o no puede aclarar”, detalló Marinero.

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Focos visitó por última vez el Registro el 6 de junio pasado, más de 13 meses después que se inscribió la sociedad, para volver a solicitar información de la Constructora El Salvador. En el sistema de consulta, nuevamente los archivos no estaban disponibles, salvo uno nuevo. 

El 5 de abril de 2024, la Constructora había inscrito un poder, y el mismo abogado Rodríguez Paniagua había sido el encargado del trámite. Sin embargo, al cargarse el documento, la escritura era ilegible y ninguna información adicional estaba disponible.

Al consultar con la jefa de atención al usuario, Milady Sosa,  y la jefa del sistema de sociedades del registro, Flor Funes, ambas repitieron que todos los documentos de la Constructora El Salvador seguían “digitalizándose”.

Se intentó obtener una versión de parte de CNR con la gerente de Comunicaciones, Claudia Arévalo Flores, pero no atendió las llamadas a su oficina. El 11 de junio, Focos envió un correo electrónico solicitando una reacción o una entrevista con el director ejecutivo Jorge Trigueros, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.