La invasión a Ucrania y un silencio gubernamental inaceptable
Por Héctor Dada Hirezi
El cinco de junio de 2019, al iniciar su quinto día en Casa Presidencial, Nayib Bukele escribió al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Al final de la misiva el recién estrenado presidente exponía: “Es por ello que formalmente presento a Ud. y a la Asamblea General la candidatura de la República de El Salvador para el puesto de miembro no-permanente del Consejo de Seguridad por América Latina que será electo este venidero 7 de junio”.
La extemporaneidad de la carta es obvia para cualquiera que conozca medianamente los procesos del organismo internacional – la cancillería tiene la obligación de conocerlos – y el resultado lo muestra: la candidatura no tuvo éxito, si acaso recibió alguna consideración de los países miembros de la ONU. Lo importante, lo que a los salvadoreños nos debe llamar la atención, es la justificación que el señor Bukele dio a su intención de formar parte del organismo mundial encargado del mantenimiento de la paz en el mundo.
Comenzaba la misiva por expresar al secretario general cuáles iban a ser las líneas centrales de su presidencia: “…al iniciar la relación de mi gobierno con la organización mundial que tan dignamente dirige quiero expresarle mi firme intención de actuar de la manera más constructiva en lograr los nobles objetivos de nuestra Organización (…) en proteger la paz y la seguridad internacional, promoviendo la democracia representativa, el pleno respeto de los Derechos Humanos, y el imperio de la ley fortaleciendo el Estado de Derecho“.
Y a continuación vienen las frases más importantes de la carta: “Mi país es de los estados miembros que más se han beneficiado del valioso apoyo de la ONU, como usted bien sabe, y puedo afirmar sin el menor temor a equivocarme que sin su concurso hubiese sido muy difícil, quizás imposible, lograr la paz de la cual ya disfrutamos hacen (sic) veintisiete años. Hemos aprendido que las dictaduras solo salen del poder pacíficamente con la ayuda de la comunidad internacional democrática, mucho más numerosa, pero menos organizada y más lenta en responder a las tendencias que la amenazan que las coaliciones de autócratas y tiranos que pretenden eternizarse en el poder minando las bases de la democracia que originalmente les permitió alcanzarlo (sic, las negritas son mías). Ha llegado la hora en que debemos hacer nuestro propio aporte al logro de los objetivos de la Carta de la ONU”.
Pido disculpas por haber transcrito casi toda la carta, pero me pareció importante contrastar lo que se dijo menos de tres años atrás con lo que ahora se hace. No es este el espacio para hablar de la incongruencia de las palabras de quienes recibieron el mandato de gobernar el país en democracia con la realidad que han creado – autoritaria, de populismo autocrático sin respeto al estado de derecho, con opacidad – y con su voluntad actual de eternizarse en el poder que entonces condenaba; ni tampoco vamos a hablar de la contradicción entre el desprecio que ahora tiene para los Acuerdos de Paz logrados bajo los auspicios de la ONU, y el reconocimiento que en la carta se hace al logro de la paz de la que “disfrutamos”, como dice el presidente, a la vez que los señala como una razón básica de nuestra obligación como país para corresponder a la comunidad internacional.
Al fin y al cabo, a cada paso el gobierno de la familia Bukele Ortez y de sus asesores venezolanos ha mostrado permanentemente total incongruencia entre las ilusiones que entregó al pueblo y sus actos. Y no pocas veces entre lo que dice un día y lo que afirma en otra ocasión.
Pero ahora quiero centrarme en la actitud que ha tenido el presidente frente a la invasión de Ucrania por la Federación Rusa. Bukele estuvo muy activo en las redes sociales en los días anteriores a la invasión, enviando una buena cantidad de mensajes diarios. Su principal objetivo era burlarse de los mensajes del Presidente de los Estados Unidos de América afirmando que la invasión era inminente; llegó a decir que la verdadera guerra no estaba en Ucrania sino en Canadá y Estados Unidos. Después de la invasión, lo que hemos tenido es un silencio total sobre la guerra iniciada, y más bien parece que sus prioridades están centradas en las mascotas y en las falsas ilusiones que vende sobre el uso del criptoactivo especulativo llamado bitcoin.
También en el seno de los organismos internacionales el silencio de los representantes del Estado salvadoreño ha sido notorio; y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha mostrado una vez más su práctica inexistencia. Es claro que si en junio de 2019 el presidente expresaba su “firme intención (… de colaborar para) proteger la paz y la seguridad internacional”, en el caso de esta sangrienta invasión, que rompe con las normas del derecho internacional, y que ha sido iniciada por uno de los autócratas populistas que entonces consideraba amenazas para la paz, la actitud ha contradicho flagrantemente los palabras dichas en la misiva. Abstenerse en la Asamblea General Extraordinaria de la ONU, sin decir ni una sola palabra, después de similar silencio en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), no hacen sino mostrar la incoherencia, la falta de una línea directriz de política exterior, de este gobierno.
Las justificaciones expresadas por personeros del gobierno no dejan de ser poco serias. Un diputado del partido oficial (GANA) atribuyó el silencio a que no había claridad sobre lo que sucedía, dado que se decían tantas cosas en los medios; olvida el señor diputado – o pretende no saber – que las cancillerías no deben informarse por los medios de comunicación, sino a través del servicio exterior, y si requiere más información puede recurrir a expertos en política exterior nacionales para discutir las alternativas. Y el vicepresidente compara la actitud con la de los países no alineados durante la Guerra Fría, lo que representa un verdadero insulto a esa agrupación de países que lejos de guardar silencio mantenía una constante posición de defensa de la “soberanía e integridad de todas las naciones” dentro de los “fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas” (Conferencia de Bandung, Indonesia, 1955).
Negarse a votar a favor de una resolución que deplora enérgicamente la invasión y llama al cese de hostilidades ha sido una grave decisión, y un ejemplo más de incongruencia. Si el problema es que no contenía un llamado al diálogo, una seria declaración en el podio de Naciones Unidas debió ser el lugar para expresarlo (como lo hizo Sudáfrica, por ejemplo), y no un silencio que nos llena de vergüenza a quienes creemos en la paz y en el diálogo para resolver los conflictos. Negarse a reconocer que se cometió un grave error al burlarse de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, no puede ser una causa suficiente – como algunos afirman – para justificar esta condenable actitud.
Quizá la primera consecuencia de lo sucedido es la confirmación – una vez más – de un hecho muy grave: no se puede confiar en la palabra del presidente. Como hemos dicho, esto es recurrente y en los encargados de las relaciones de El Salvador en las cancillerías y en la academia es ya un supuesto inicial para hacer sus análisis. Cualquiera que tenga la capacidad de reflexión y la suficiente seriedad para obtener información confiable se dará cuenta de que no es posible establecer buenas relaciones estables con un gobierno que no se sabe si va a mantener lo dicho el día anterior.
En segundo lugar, es claro que la impresión que se ha consolidado es que no solo en El Salvador ha violentado el estado de derecho, sino que nuestro autócrata populista ha pasado a formar parte de lo que él mismo llamaba “las coaliciones de autócratas y tiranos que pretenden eternizarse en el poder minando las bases de la democracia que originalmente les permitió alcanzarlo”; no puede olvidarse su viaje a Turquía, ni su programado viaje a Rusia a mediados de este año, ni su intensa relación con su asesor Max Keiser, que mantiene un programa en el medio oficial ruso RT en el cual ha alabado a Putin y a Bukele mientras publicita al bitcoin.
Si eso es ya suficientemente grave, es claro que ésta es una posición que se une a otras acciones conflictivas del presidente y su entorno con respecto a compromisos establecidos en convenio con diversos países; es el caso del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) de los Estados Unidos y del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica, que comprenden no solo normas con respecto al comercio, sino también relativas al comportamiento democrático – y por lo tanto respetuoso de los derechos humanos – de los distintos gobiernos.
La posición de silencio frente a una invasión violatoria del derecho internacional y los derechos humanos se une a las acciones antidemocráticas que se realizan constantemente en el país, así como a los riesgos de utilización de la secretividad de las transacciones en bitcoin para transacciones ilícitas (rusos que tienen recursos están utilizando la red del criptoactivo para violar las restricciones monetarias puestas por el gobierno de Putin para limitar los efectos de las restricciones establecidas por la comunidad internacional y las consecuencias directas de la guerra); esto nos coloca en una posición en la que lamentablemente es factible que se le impongan al país restricciones que pudieran afectar severamente las exportaciones nacionales, y por ende a la producción y el empleo.
Es insoslayable que la economía nacional se vea afectada por las consecuencias de la guerra sobre el comercio internacional, dado el papel de los países directamente involucrados en la exportación de materias vitales como es el petróleo (Rusia es el segundo exportador del mundo), granos básicos indispensables para el alimento de personas o para forraje de animales, fertilizantes y metales. No solo tendrá consecuencias sobre los precios internos de productos esenciales – como ya está claro en el caso del petróleo y del trigo – sino que puede afectar importantemente la misma capacidad de producción del país; y hay que tener presente que esto sucede cuando aún los efectos de la pandemia del COVID-19 siguen estando presentes en diversos rubros de la economía que ya afectan al país.
Termino citando el comunicado de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO) emitido el 26 de febrero pasado: “El silencio frente a eventos en los que el derecho internacional está en juego, en los que también las vidas de numerosas personas están siendo sacrificadas en aras de intereses poco claros, es moral y políticamente inaceptable. Es de personas y de gobiernos seguros de sí mismos saber reconocer los errores que se hayan cometido, y rectificar en beneficio de la armonía internacional. Los conflictos mal manejados, en los que la voluntad de una de las partes se impone – sea una u otra parte – no es una política adecuada para mantener la paz al interior de la familia, la sociedad, el Estado o la comunidad internacional”.
Las conversaciones entre Rusia y Ucrania han comenzado. Esperemos que se conviertan en un verdadero diálogo que ponga fin a la guerra, y en el que se asuma con decisión la solución de los intereses legítimos de ambos países; dado que el respeto de éstos no dependen solo de los contendientes, los actores no directos deben involucrarse en la solución del diferendo.
Héctor Dada Hirezi. Doctor, Maestría y Licenciado en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, e Ingeniero Civil de la Universidad de El Salvador. Fundador y Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Programa El Salvador, desde 1992 hasta julio de 2002. Ha sido Ministro de Economía, y Ministro de Relaciones Exteriores, y otros cargos públicos, Oficial de Asuntos Económicos de CEPAL, subsede de México, Consultor del Instituto para la Integración de América Latina (INTAL, México).
