Ni la pandemia ni una masacre detienen las negociaciones
El primer trimestre de 2020 arrancó con constantes salidas de pandilleros, mientras Bukele jugaba a denunciar a la oposición, y a tomarse la Asamblea Legislativa con militares fuertemente armados, porque los diputados no ratificaban un préstamo de $109 millones para ‘combatir’ a las pandillas. A finales de abril, en el primer mes de la cuarentena por la covid-19, fueron asesinadas 85 personas en cinco días. Bukele decretó “emergencia máxima” en las cárceles y las imágenes de pandilleros sometidos dieron la vuelta al mundo. En secreto, las salidas de pandilleros de Zacatraz se reactivaron en junio, hasta alcanzar las 194 ese año
Por Carlos García
Con reportes de Jaime Quintanilla, Andrés Dimas, Ricardo Flores, David Bernal y Daniel Valencia
Ilustraciones: Donají Marcial y Monserrat Benítez
El 3 de marzo de 2020 el director de Centros Penales, Osiris Luna, llegó a la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca acompañado de cuatro personas encapuchadas y con lentes de sol, según los informes de inteligencia filtrados por el colectivo Guacamaya a los que ha tenido acceso La Redacción Regional. El grupo evadió el registro obligatorio de ingreso, el escáner y los protocolos de seguridad. Adentro, se reunió por una hora con el máximo líder de la MS-13, Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito”, a quien le mostraron noticias en periódicos. El director penitenciario aprovechó la ocasión y le entregó una Biblia sellada con plástico que ingresó sin ser revisada, denunciaron custodios de ese penal a través del grupo de Facebook Voz Penitenciaria. Al día siguiente, Osiris Luna ingresó de nuevo con tres desconocidos, sin pasar por los controles de seguridad, se reunió por una hora con Diablito y les dejó a los custodios 30 sardinas enlatadas para que se las dieran cuando “él (Diablito) lo solicitara”, consignó el coordinador policial del penal en su informe diario de novedades del 4 de marzo.
Las visitas de Osiris se dieron justo después de que el 2 de marzo Bukele ordenara una nueva “emergencia máxima” para que los pandilleros no recibieran ni un “rayo de sol” tras el asesinato de dos militares.Desde noviembre de 2019 hasta el primer día de marzo de 2020 los homicidios se habían reducido mes con mes, según los registros de Medicina Legal, pero las visitas al interior de los penales, la petición más añorada por las pandillas en sus negociaciones con el gobierno, seguían sin llegar. El “Análisis Diario del Fenómeno de las Pandillas” de finales de noviembre sostenía que lo pandilleros “estarían esperando, que les permitan visita familiar en enero o a principios de febrero, de lo contrario aumentarían los homicidios en las calles y amotinamiento en los penales”. Una amenaza que ya se había cumplido el 20 de septiembre de 2019, cuando fueron asesinadas 19 personas.
Lo que sí continuó, a pesar del anuncio de esta nueva “emergencia máxima”, fueron las salidas a hospitales. Del 2 al 10 de marzo, día en que se levantó el “encierro total”, fueron trasladados al menos 13 pandilleros a supuestas consultas médicas, entre ellos Eduardo Erazo Nolasco, “Colocho”, miembro de la Ranfla Nacional de la MS-13, y Rubén Arnoldo Toledo Cea, “Humilde”, uno de los máximos cabecillas de la 18 Sureños.
El 11 de marzo, Osiris Luna reapareció en Zacatraz junto al entonces subdirector de centros penales, Elmer Mauricio Mira, y se dirigió al área de videoaudiencias para hablar por dos horas con Diablito, Carlos Tiberio Ramírez Valladares, “Snayder”, y Pablo Antonio Renderos Cruz, “Bad Spirit”, de acuerdo con una investigación de El Faro.
Según reportes de inteligencia del 17 al 26 de marzo de 2020, después de estas visitas la tienda del penal fue surtida abundantemente con jamón, churros, galletas, jabón Prótex, papel higiénico, Ensure, Incaparina, suero oral, jugos Petit, pan dulce y leches donadas por la Empresa Inversiones El Panda.
Marzo superó a octubre de 2019 y se convirtió en el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz. El promedio diario de homicidios fue de 2.2. Pero cuando se cumplían nueve meses de negociaciones entre gobierno y pandillas, irrumpió la pandemia de la covid 19. El 21 de marzo el gobierno decretó “estado de excepción”, obligando a la gente a quedarse en sus casas.
Los viajes de Zacatraz se vieron interrumpidos durante las siguientes semanas, a excepción del realizado por el dieciochero Pedro Antonio Linares Ochoa, “Shaggy”, que el 30 de marzo a las 8:05 quedó ingresado en el hospital de Santa Teresa de Zacatecoluca.
A pesar de las duras restricciones impuestas por la contingencia sanitaria, Osiris Luna reingresó con gente encubierta al penal el 31 de marzo. En esa ocasión llegó con cinco personas para que éstas se reunieran a puerta cerrada con ocho líderes de ambas pandillas, quedando Osiris y el director de Zacatecoluca fuera de la reunión. Según el periódico El Faro , los encapuchados interactuaron con Diablito, Snayder, Humilde, Jeffrey Isaac Pérez López, “Xochil”, Erick Saúl Villalobos, “Pitoreta”, entre otros.
Casi un mes más tarde, entre el 24 y el 28 de abril, las pandillas volvieron a perpetrar varias masacres a través de un plan que las autoridades nombraron como “plan cien días o plan estrella”, según el “Informe de Análisis Integrado de Inteligencia” de esos días.
“Los homicidios a nivel nacional durante cien días; van dirigidos a personas que hubiesen tenido problemas con las estructuras, personas que laboraban para el Sistema PNC, FAES, custodios DGCP, fiscales, jueces, entre otros; aprovecharían darle muerte al que este descuidado o vulnerable”, consignaba el documento.
En cinco días murieron asesinadas 85 personas.
Al segundo día de las masacres, el 25 de abril, Bukele decretó una vez más «emergencia máxima» en los penales. Ordenó el encierro de 24 horas sin plazo definido y suspendió las tiendas y los programas penitenciarios.
Osiris Luna, por su parte, anunció una medida que pudo haber desencadenado una masacre dentro de los penales: encerró pandilleros enemigos en una misma celda.
“Este día se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda, en todos los @CentrosPenales de Seguridad”, alardeó por Twitter.
Las fotos de cientos de hombres apiñonados, sin camisa, descalzos, pero con cubrebocas dieron la vuelta al mundo.
Según la versión de “Maniaco”, un antiguo pandillero preso entonces en el penal de Izalco, un día antes el director del penal les comunicó la noticia: “Los van a unir, hablen entre ustedes no se vayan a matar, no sean tontos”. El mismo director, dice Maniaco, sacó a líderes de ambas facciones para que hablaran cara a cara y se organizaran.
Los traslados a hospitales se reactivaron poco a poco en medio de la pandemia. Entre junio y agosto se produjeron cinco traslados, entre ellos el de Diablito y Snayder, considerados los principales negociadores por parte de la MS-13, que fueron enviados el 10 de junio al Hospital Santa Teresa y quedaron internados al mismo tiempo por una semana.
Desde la masacre de finales de abril hasta julio, los homicidios cayeron en picado. De mayo a julio se registraron 254 homicidios, con 13 jornadas sin ningún asesinato. En esos tres meses se contabilizó un promedio de 2.7 homicidios diarios. Entre septiembre y diciembre se promediaron 4 por día.
De acuerdo con un memorándum de Centros Penales, dado a conocer por El Faro , el 8 de agosto los pandilleros dejaron de estar mezclados en las celdas de Zacatraz por órdenes “verbales” de Osiris Luna.
Los viajes a hospitales se retomaron a partir del 11 de septiembre. Octubre fue el mes del año donde se produjeron más traslados, con 40. Diablito salió dos veces en ese mes, Snayder y Saúl Antonio Turcios Ángel, alias “Trece”, lo harían una. El 2020 cerró con 194 salidas a hospitales en comparación con las 55 registradas en 2019.
Consultas falsas para “pacientes” VIP
Los líderes de la Ranfla Nacional de la MS-13 y los líderes de las dos facciones del Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, fueron sacados de prisión hacia diferentes hospitales con diagnósticos falsos y sin contar con un historial de tratamiento de enfermedades crónicas. Así lo aseguran un médico y dos custodios del sistema penitenciario, y un médico y un trabajador del Hospital Santa Teresa, además de las acusaciones de la Corte de Estados Unidos.
“Hubo pandilleros que estaban muy bien de salud y aun así los hospitalizaron hasta un mes. Algunas veces solo presentaban un cuadro de alergia a nivel de vías respiratorias o gripes que fácilmente pudimos tratar en la clínica del penal”, señala un médico del sistema penitenciario bajo petición de anonimato por temor a represalias. Se autorizaron salidas con la excusa de sentir náuseas, “ni tan siquiera con un cuadro de vómito. Eso es algo incomprensible”, dice el médico. “En nuestras evaluaciones no ameritaba un traslado a un centro de atención como un hospital”.
Lucas, que trabajó como custodio en el penal de Zacatecoluca y cuyo nombre real ha sido cambiado para su protección, sostiene que las salidas de los pandilleros no formaban parte de un seguimiento médico, sino obedecían a órdenes directas del director de Centros Penales, Osiris Luna: “Cuando sacaban a los pandilleros no creás que era porque la clínica coordinaba para sacarlos a un chequeo. Sino que eso llegaba de un documento de la Dirección General de Centros Penales, específicamente del director general, ya con orden y nombre del interno que iban a sacar, a qué hospital y a qué chequeo supuestamente salía. Cosa que no era que de verdad porque ni estaba enfermo”.
El protocolo indica que las consultas debían ser programadas con previo aviso a través de la tarjeta hospitalaria, en cambio, lo que llegaba era otra orden. “Se le daba cumplimiento porque era un orden del director general”, dice Lucas, “nosotros solo obedecíamos. Para decirte que algunas veces ellos (los pandilleros) ya sabían y decían ‘hoy no me han venido a traer y hoy me toca ir al hospital’. Les preguntábamos si tenían cita y decían que sí, pero cuando íbamos a clínica a preguntar decían que no tenían nada. Pero al rato llegaba la hoja donde decía que saquen a tal fulano y ahí se daba el procedimiento normal: ir a traerlo a celda, darle la custodia al hospital y de ahí para allá. No sabíamos qué pasaba adentro”.
Otro custodio, integrante del colectivo Voz Penitenciaria, sostiene en la cuenta de Facebook de esa organización que los pandilleros tenían un lugar especial en el hospital donde quedaban solos y con acceso a teléfonos. «Se reunían con otros palabreros de otros centros. Incluso con palabreros de afuera», señala. «Cuando llegaban tenían un pabellón condicionado sólo para ellos con 3 o 4 camas. Ahí hacían las reuniones para planificar lo de la tregua, mientras que los custodios se quedaban afuera haciendo guardia. Recibían también visitas de familiares. Y de ahí llegaban los otros para llevar órdenes a otros centros».
Esto lo contrasta el relato de un médico del Hospital Santa Teresa que habló para esta investigación bajo anonimato. “Nos ordenaban mover a los reos a la zona de máxima urgencia, que era más solitaria y que supuestamente era para la población, pero la ocupaban para que ellos (pandilleros) fueran visitados por otro tipo de personas”, expuso.
“Los reos tenían muchas prioridades cuando llegaban. Había médicos específicos asignados para que los atendieran y hasta ya sabían de antemano con qué diagnóstico los iban a recibir. La jefa de residentes daba la orden de asignar los médicos. Llegaban de ambos bandos (MS13 y Barrio 18) y los ponían en el mismo cuarto”, explicó otro trabajador del hospital para esta investigación.
Estas mismas fuentes aseguran que el viceministro y director de penales, Osiris Luna, llegó en varias ocasiones a reuniones en esas salas, que fueron acordonadas, lo que dificultó atender a otros pacientes.
En el archivo del Hospital de Santa Teresa solo se registró el ingreso de 25 pandilleros entre 2020 y 2022, cuando en la base de datos realizada para esta investigación a partir de más de 3,000 documentos de inteligencia policial y militar, arroja al menos 535 salidas a dicho hospital en ese periodo.
El Departamento de Justicia estadounidense acusaría más tarde en el requerimiento CR22_429 realizado por la Corte del Distrito Este de Nueva York que “los funcionarios penitenciarios también facilitaron los traslados temporales de líderes de la MS-13 (incluido Borromeo Henríquez Henríquez), a hospitales civiles para «tratamiento» de condiciones médicas inexistentes, lo que permitió a esos líderes comunicarse con miembros de la Ranfla en las Calles y facilitó las negociaciones”.
Estados Unidos llegó a la misma conclusión que los aparatos de inteligencia del Estado salvadoreño: “Como parte de estas negociaciones secretas, la Ranfla Nacional, la Ranfla en las Calles y la Ranfla en los Penales negociaron con altos funcionarios gubernamentales beneficios económicos, control del territorio, condiciones carcelarias menos restrictivas”.
La base de datos realizada con más de 3,089 documentos filtrados por el colectivo Guacamaya arroja que los pandilleros fueron sacados a hospitales tanto públicos como privados. El que mayor afluencia tuvo fue el Hospital de Santa Teresa de Zacatecoluca con 535 de salidas seguido del Hospital Nacional Rosales con 226, pero también fueron sacados a hospitales privados y más pequeños como el asilo de ancianos Casa Linda, la Policlínica Herrera o la Clínica Privada del Dr. José Alvarino Merino Ortiz, entre otras.
Los viernes y jueves eran los días con más actividad, siendo la 5 de la mañana la hora más recurrente de las salidas de los reos, quienes pasaban un promedio de cinco horas fuera del penal. Según los informes, en 121 de las 881 salidas los reos quedaron ingresados en hospitales en algún momento. Es decir, el 13.7% de las salidas no regresaron el mismo día y la mayoría de los ingresados pasaron entre 2 y 3 días fuera de prisión.
Algunas de las salidas, reportadas como traslados a centros de salud, duraron apenas media hora, el tiempo que hacía la camioneta policial solamente en ir y venir al hospital más cercano, en la ciudad de Zacatecoluca.
Lea mañana, 7:00 PM.
Capítulo 4: Se rompe el diálogo, llega el régimen
No te pierdas el segundo capítulo de este especial.
