“Comandos de Seguridad”: documentos oficiales revelan cómo Bukele militarizó a El Salvador desde junio de 2019
05 de septiembre de 2025
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“Comandos de Seguridad”: documentos oficiales revelan cómo Bukele militarizó a El Salvador desde junio de 2019
El gobierno de Nayib Bukele selló la militarización en El Salvador en junio de 2019 y esta comenzó a ejecutarse un mes después, cuando se lanzó el Plan Control Territorial (PCT), una política de seguridad vendida como la solución a las pandillas, pero que en la práctica sirvió para que mandos civiles cedieran poder a mandos militares en el manejo y conducción de la seguridad pública de manera permanente.
Mientras los Acuerdos de Paz de 1992 y la Constitución de la República obligaron a la Fuerza Armada a estar supeditada al mando de autoridades civiles a la hora de participar en acciones de seguridad pública, el PCT de Bukele nació militarista hasta en las formas, al anunciar la creación de un “Comando de Seguridad Pública Nacional” y sus correspondientes copias a nivel departamental y en territorios claves.
A la cabeza de toda la coordinación, el PCT iguala el papel del ministro de Justicia (un civil) con el del ministro de la Defensa (un militar de carrera). A la base, todas los ‘comandos de seguridad’ y unidades creadas ponen en igualdad de condiciones para la toma de decisiones en seguridad pública a mandos policiales y militares.
Redacción Regional tuvo acceso a siete memorándums oficiales compartidos por altos mandos policiales hacia mandos medios entre julio de 2019 y el primer trimestre de 2022. En el primero de los documentos se presenta el “Plan Control Territorial”, avalado por la Presidencia de la República a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, entonces dirigido por Rogelio Rivas.
Según detalla el mismo documento y fuentes militares que confirmaron su existencia, este también fue enviado con copias a diferentes dependencias del Ministerio de la Defensa. Los planes también fueron validados por jefes policiales no relacionados entre sí que aceptaron revisarlos con la condición de resguardar su identidad.
Estos documentos son parte de los más de 10 millones de archivos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya Leaks, una filtración que incluyó 6.80 terabytes de documentos confidenciales de la PNC y 73 gigabytes de la FAES.
El PCT nunca ha sido presentado al público y lo que se conoce de él ha sido gracias a una serie de presentaciones privadas que el gobierno hizo a embajadas, organismos de cooperación y organizaciones de la sociedad civil en enero de 2021. Sin embargo, en esas presentaciones se omitió informar una directriz clara: emparejar al ministro de la Defensa y al ministro de Justicia y Seguridad en la coordinación de las tareas de seguridad pública.
El 1 de junio pasado, en su discurso de su primer año como presidente inconstitucional de El Salvador, Nayib Bukele arremetió contra periodistas y medios independientes y en uno los pasajes recordó que la prensa siempre exigió que transparentara su política de seguridad. “Revelar el Plan Control Territorial hubiera sido catastrófico, habrían muerto decenas de miles de salvadoreños», dijo.
Aquello que su gobierno ha guardado con tanto recelo en realidad es una reversión de uno de los puntos medulares que permitieron frenar la guerra con los Acuerdos de Paz: quitarle potestades en seguridad pública al Ejército luego de décadas de violaciones a los derechos humanos.
Y estas directrices no cambiaron entre 2019 y 2022. Según los documentos, la Presidencia prorrogó tres veces el Plan Control Territorial antes de implementar el régimen de excepción impulsado a finales de marzo de 2022, luego de que se registraron 87 asesinatos atribuidos a las pandillas entre el 25 y 27 de ese mes.
Pero la toma de decisiones conjuntas entre ambos ministerios, al menos hasta 2024, pareciera continuar, a juzgar por los acciones del actual ministro Gustavo Villatoro y del ministro de Defensa Francis Merino Monroy. En septiembre de 2024, por ejemplo, entregaron juntos una ‘copia del PCT’ en un acto religioso con motivo de las festividades del patrono de la Policía Nacional Civil:
El Ejército retoma control de la Seguridad Pública
La normativa diseminada desde julio de 2019 creó la Mesa Técnica Nacional (MTN), desde donde se generaron los “lineamientos de trabajo estratégicos para abordar la problemática presentada” en los municipios priorizados, según reza uno de los documentos en alusión al control territorial de las pandillas en 23 municipios del país.
A la cabeza de esta nueva estructura estuvieron los ministros de Defensa y de Seguridad, y en un segundo puesto colocaron al director de Centros Penales, director y subdirectora General de la PNC, jefatura del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y del Estado Mayor General del Ejército, subdirectores de las distintas áreas de la PNC, Jefatura del Centro Operativo Policial, jefatura División Comando Conjunto de la PNC, jefatura de División de Seguridad Pública Urbana, inspectores generales adjuntos de la Inspectoría General de Seguridad Pública y de la Fuerza Armada.
En ese momento, la mesa era coordinada de igual a igual por el entonces ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y el actual ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy.
A pesar de que la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz de 1992 establecen que la seguridad pública le compete únicamente a la Policía Nacional Civil, y que los militares solo actuaron en situaciones de emergencia llamados y dirigidos por mandos civiles, en la práctica el PCT le devuelve poderes al Ejército para proponer iniciativas, codiseñar planes de seguridad y ejecutar o incluso liderar acciones en los territorios.
Esta directriz de homologar el papel del órgano de la Defensa Nacional con el de Seguridad Pública no fue incluida en el PCT que el gobierno presentó a embajadas ante las exigencias para cumplir con organismos internacionales en momentos en que el gobierno necesita lograr financiar su nueva política. De cara a la comunidad internacional prepararon un esquema que se centraba más en la prevención y reinserción que en la represión, que además no incluía el actuar de la Fuerza Armada.
Una fuente que participó en la presentación de la política y que habla con la condición de anonimato confirmá que nunca se informó que el Ejército dejaría de estar supeditado a los mandos civiles del gabinete de Seguridad. “La Fuerza Armada habría de estar supeditada siempre a la fuerza civil. Los ponen a un mismo nivel y eso implica que las decisiones de seguridad se toman en esas mismas condiciones y eso sí estaría yendo en contra de de la separación de funciones y poder de las dos instituciones”, dice.
Recientemente, y luego de tres años de un régimen de excepción protagonizado tanto por policías como soldados, el debate sobre la militarización en El Salvador se revitalizó a partir de un nombramiento y nuevas directrices en el Ministerio de Educación. El 14 de agosto pasado, Bukele nombró a Karla Trigueros, una capitana del Ejército sin experiencia en docencia, al frente de esta cartera social. Desde entonces, y hasta la fecha, la capitana dirige la cartera con uniforme de fatiga o con uniforme de gala y ha ordenado directrices en las escuelas públicas que recuerdan al adoctrinamiento de los cuarteles y de la Escuela Militar. Sin embargo, la verdadera militarización es más profunda y lleva seis años ejecutándose.
El documento que hermanó al Ejército y la Policía Nacional Civil
El 5 de julio de 2019, la subdirección general de la PNC envió el documento con las indicaciones del Plan Control Territorial a los jefes de las delegaciones a nivel nacional. En ese momento, el comisionado César Baldemar Flores Murillo recién había sido nombrado como subdirector general pese a su pasado. En los noventas fue vinculado a un grupo de sicariato conformado por policías llamado la Sombra Negra. Su llegada planteaba el arribo al alto mando policial de un grupo formado como militares y reconvertidos en policías en 1994.
Este fue el único documento que envió Flores Murillo, pues fue reemplazo en septiembre de 2019 y para 2022 fue nombrado a la cabeza de la Academia de Seguridad Pública. Los siguientes tres planes, los envió la comisionada Zoila Carina Palma, una de las figuras claves en los primeros años de Bukele, que luego de que fallara el PCT y se aprobara el régimen de excepción exigió cuotas de capturas por delegación policial a nivel nacional.
El plan operativo equiparaba las responsabilidades de ambos ministerios para “organizar, fortalecer y desplegar la FOCA (Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal)”, como se conocían a los patrullajes compuestos por un policía y tres militares, pese a que en la Constitución salvadoreña se establece que la seguridad pública estará a cargo de la PNC y esta será “independiente de la Fuerza Armada”.
Los documentos explican con detalle la conjunción de los dos cuerpos de seguridad del país (el policial y militar) en una sola fuerza de seguridad pública al margen de los principios de los Acuerdos de Paz y en contradicción con los mandatos de la Constitución, que faculta llamar al Ejército a participar como apoyo en labores de seguridad pública solo en casos de emergencia.
La dirección y subdirección general de la PNC construyeron entre 2019 y 2022 un plan anual que se renovaba, casi calcado, año tras año. Los planes tenían la venia del entonces director general de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, quien fuera estudiante de la Escuela Militar junto al actual ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy. Ascendido a subdirector de la PNC en el último gobierno del FMLN, Arriaza Chicas fue una de las piezas fundamentales en la toma militarizada de la Asamblea Legislativa protagonizada por Bukele, con policías y militares fuertemente armados en febrero de 2023; y posteriormente en los golpes a la Sala de lo Constitucional y de la Fiscalía en mayo de 2021.
Arriaza Chicas, además, fue uno de los funcionarios del gabinete de Seguridad que ordenó capturas masivas en el arranque del régimen de excepción desde una sede del Ministerio de la Defensa, un día antes de que la medida fuera aprobada por la Asamblea Legislativa.
El oficial falleció en septiembre de 2023 en un accidente de helicóptero mientras trasladaba desde la frontera con Honduras al exgerente de una cooperativa de ahorro y crédito (COSAVI) vinculada al partido de Bukele y a una trama de fraude contra sus beneficiarios.
Los planes circulados dentro de la Policía traían la aprobación y sellos del Ministerio de Seguridad Pública y la Presidencia de la República. En ellos, el Ministerio de la Defensa y el de Justicia y Seguridad coordinan al mismo nivel la Mesa Técnica Nacional (MTN), en la que también participan en un segundo nivel la Dirección General de Centros Penales, las jefaturas del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y del Estado Mayor General del Ejército entre otros jefes y directores policiales.
Este organismo mixto entre militares y policías se encarga de “generar lineamientos de trabajo estratégico” que los patrullajes conjuntos desarrollaron en los municipios que el plan priorizó.
De la MTN se desprende una segunda mesa que está a cargo del director general de Centros Penales, que desde la llegada de Bukele al poder lo ostenta Osiris Luna Meza de manera ad honorem, al tiempo que también funge como viceministro de Seguridad. La Mesa Interinstitucional Penitenciaria (Metipe) articula con la MTN para “analizar, procesar y tomar decisiones operativas para brindar seguridad al interior y exterior de los centros penales”.
Al igual que la MTN, tiene entre sus miembros a jefaturas policiales como la subdirección de Áreas Especializadas Operativas, Subdirección de Inteligencia Policial y la Unidad de Mantenimiento del Orden; y por parte de la FAES al Estado Mayor General del Ejército por parte de la FAES.
La tercera es la Mesa Técnica Territorial, que estará dirigida por cada jefatura de las delegaciones policiales y se encargará de “garantizar la presencia de los equipos Foca en los municipios priorizados”.
Las tres mesas están integradas por miembros de la PNC, FAES y Centros Penales. Pero la coordinación general del Plan Control Territorial pone al mismo nivel a los ministerios de Seguridad y Justicia y al de la Defensa Nacional.
Para Luis Enrique Amaya, experto consultor en seguridad pública, la apuesta de componer una mesa en la que el ministro de Seguridad y el de la Defensa tengan la misma jerarquía en la conducción de la seguridad pública es un gran retroceso en esta materia desde la firma de los Acuerdos de Paz.
“Si la propuesta de este Gobierno es que trabajen como iguales y, por lo tanto, el ministro de Defensa Nacional y el ministro de Justicia y Seguridad Pública juntos dirigen como iguales la política de seguridad pública, está perversamente planteado. Significaría, además, un retroceso como el que no hemos visto hasta ahora en materia de seguridad. Siempre hemos tenido problemas con la militarización de la seguridad pública, pero nunca hasta ahora un militar siendo parte de la estructura y del estamento militar ha dirigido la estrategia de seguridad pública del país”, señaló Amaya.
La Constitución vigente en El Salvador designa en su artículo 159 inciso segundo que “la seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada”. A pesar de esto, la Carta Magna también abre la posibilidad de que el presidente use a los militares “excepcionalmente, si se ha agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna”, pero la actuación de la Fuerza Armada “se limitará al tiempo y a la medida” hasta que se haya alcanzado el objetivo.
Incluso la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, antes del golpe de 2021, había declarado inconstitucional el decreto que Funes usó para ahondar la incidencia militar en las tareas de seguridad pública, pero condicionó a que esta participación debía cesar a mediano plazo y fortalecer a la PNC.
No pasó en los gobiernos del FMLN y tampoco en la era Bukele.
De hecho, el 20 de julio de 2021, el presidente Bukele lanzó oficialmente la fase IV del Plan Control Territorial. En un tuit afirmó que “tomará 5 años en implementarse al 100 %” o, dicho de otra manera, es una apuesta que se prolongará durante años. Esta fase ha sido criticada por expertos en seguridad y en derechos humanos por priorizar el involucramiento de más militares en lugar de fortalecer a la PNC en las tareas de seguridad pública.
Los documentos del PCT tenían como propósito organizar, fortalecer y desplegar la Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal (FOCA) en los municipios priorizados. En esas zonas, los patrullajes estaban conformados por “equipos de trabajo con 01 talento policial y 03 Fuerza Armada por cada patrulla FOCA”, según indica la guía básica de actuación de dichas unidades.
Los equipos FOCA son las unidades especiales que se encargan de garantizar la “seguridad de la población en los municipios identificados como priorizados, a fin de garantizar el desarrollo económico, la seguridad de la población y la consolidación del tejido social”.
Amaya agrega que “lo que siempre se ha entendido es que en tareas de seguridad pública el Ejército está supeditado a la Policía, es decir que no deben trabajar como iguales nunca”.
La FAES está en todo
Desde su primer discurso hacía los militares en la ceremonia de entrega del Bastón de Mando de la Fuerza Armada de junio 2019, Bukele, fuera de protocolo, hizo jurar “cumplir las órdenes de su comandante general y ser leales y tener disciplina, honor hacia este servidor”. El mandatario también les juró lealtad a ellos y “darle a la Fuerza Armada el lugar que se merece”.
Solo dos años después, prometió también duplicar de 20,000 a 40,000 soldados activos. Esto sobrepasará a los policías que están en servicio actualmente. Según la Ley de Salarios de 2025, dentro de la PNC hay 26,032 miembros en los diferentes niveles; mientras que informes de organismos internacionales registran que hay 25,000 efectivos militares activos; sin embargo, no hay una actualización oficial porque el Ministerio de la Defensa clasificó como confidencial la información relacionada con los efectivos activos y en reserva aludiendo a razones de seguridad nacional.
La preferencia no solo se ve en el masivo reclutamiento militar, Bukele también ha allanado el camino para dotar de fondos y equipamiento a la Fuerza Armada. En 2019, el Ministerio de la Defensa contó con $145 millones, para 2025 está proyectado que supere los $314 millones. Un aumento de más de casi $170 millones en cuestión de seis años.
En un primer performance con el uso de la fuerza militar, la búsqueda de fondos para financiar el Plan Control Territorial se tradujo en una de las razones por las que Bukele invadió con soldados y policías fuertemente armados la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020.
Desde entonces Bukele ha echado mano de la Fuerza Armada en acciones actividades como atender la emergencia sanitaria por covid-19 hasta participación de uniformados en actividades proselitistas como la entrega de víveres previo a las elecciones de 2021.
Según Jeannette Aguilar, investigadora en temas de reforma policial, seguridad ciudadana, pandillas y opinión pública, la militarización en El Salvador se ha profundizado aún más durante el Gobierno de Bukele gracias al rol político que este Gobierno le ha dado al Ejército. “La institución armada ha sido instrumentalizada políticamente para favorecer el desmantelamiento de la democracia y la concentración de poder en el Ejecutivo. En ese proceso de tránsito de la militarización al militarismo, el Ejército ha recuperado influencia en diversos ámbitos de la vida social, que tradicionalmente han estado bajo el control civil”, señala.
La dudosa efectividad del PCT
A pesar de que los documentos demuestran una estrategia para militarizar la seguridad pública, la reducción de homicidios en los primeros años tuvo como base un pacto entre las pandillas y el Gobierno de Bukele para bajar las estadísticas de violencia a cambio de beneficios carcelarios para las pandillas. El pacto, según quedó registrado en informes de inteligencia militar y policial que han sido documentados en investigaciones periodísticas y en acusaciones presentadas contra cabecillas de estas estructuras por la fiscalía estadounidense, incluyó apoyo político electoral a Nuevas Ideas.
Durante la implementación del Plan Control Territorial hubo agentes policiales que dudaron de su efectividad. Se quejaban quedito, de espalda a sus superiores porque no saben si pueden confiar en ellos. Carlos es un agente con cerca de dos décadas de servicio. Ha visto cómo diferentes planes en diferentes Gobiernos se han implementado. En 2022 estuvo destacado en Soyapango y dijo que durante los primeros tres años de la administración Bukele había zonas a las que ni la PNC podía entrar.
“Hay zonas a las que las patrullas entraban solo de paso, no se quedaban a patrullar o que no podían entrar”, dijo en un centro comercial de Soyapango. El agente, además, dijo que por órdenes de sus jefes tenían prohibido detener a peatones en ciertos lugares.
Agentes también señalaron que tenían prohibido detener a personas cerca de los CUBO (Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades). «Para nosotros la palabra CUBO significaba otra cosa. Quería decir que en esos lugares, los pandilleros tenían protección del Estado y no los podíamos investigar ni menos capturar», dijo Bruno mientras señalaba una lista de nombres anotados en una vieja libreta.
Bruno es un investigador policial destacado en el Área Metropolitana de San Salvador que cuenta cómo sus jefes obstruyeron el arresto de los pandilleros que conforman la nómina, casi ilegible, que tardó casi dos años en juntar.
Se trataba, según Bruno, de una estructura de la Mara Salvatrucha que exigía extorsión a comerciantes a cambio de no atentar contra su vida. Pero que no podía capturar porque operaba en las cercanías de donde el Gobierno ha construido un CUBO.
-¿Ustedes, su equipo, intentaron arrestarlos?
-Sí, montamos el operativo; pero el jefe nos pidió suspenderlo a última hora porque dijo que faltaba más trabajo -agregó Bruno.
En la propaganda, la Policía y el Ejército le declaraban la guerra a las pandillas en las calles. Tras bambalinas, sin embargo, era el Ejército quien cobraba protagonismo en la toma de decisiones sobre seguridad pública, mientras ambos cuerpos de seguridad se hacían de la vista gorda ante los funcionarios del gobierno de Bukele que permitían la liberación de centenares de cabecillas de pandillas desde las prisiones.
Por ejemplo, el involucramiento de la FAES y de la PNC en la Mesa Interinstitucional Penitenciaria no impidió que estos cuerpos de seguridad solo registraran, pero no denunciaran, la salida de al menos 749 salidas de pandilleros recluidos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca (conocido como Zacatraz) hacia centros de salud, incluyendo la estadía de un mes en un asilo privado de Borromeo Enríque Henríquez, conocido como el “Diablito de Hollywood”, máximo líder de la MS-13.
Según una acusación del Departamento de Estado de Estados Unidos contra la MS-13, “los oficiales de prisiones facilitaron temporalmente la transferencia de líderes de la MS13, incluyendo Henríquez (Diablito), a hospitales civiles para ‘tratamiento’ de condiciones médicas inexistentes, lo que permitió a dichos líderes comunicarse con miembros de la Ranfla en las Calles y facilitar las negociaciones”.
La investigadora Jeannette Aguilar señala que el PCT no funcionó como una política de seguridad. “El Plan Control Territorial se redujo fundamentalmente a operativos de concentración de fuerza, en patrullaje militares y cerco militares”, señala la investigadora y agrega que era “un plan buscaba ser utilizado para búsqueda de cooperación internacional”.
El régimen que dio rienda suelta a los militares
El 26 de marzo de 2022, Bukele reunió de emergencia a los protagonistas del PCT y al fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado.
El 11 de abril de aquel año, a eso de las 5:30 de la tarde, José (nombre falso) estaba trabajando en su taller de bicicletas que tenía en Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, cuando un grupo de militares llegó. Le dijeron que el capitán lo estaba llamando y que fuera al puesto militar. José entró a cambiarse, pero cuando se dio la vuelta los militares estaban dentro de su casa apuntándole con sus fusiles.
“De repente entran a mi cuarto y me dicen hijo de las tantas dónde tenés la droga, dónde están los homeboys. ¿Cuáles homeboys?, les digo yo. Caminá (le respondieron). Yo en esos días tenía un gimnasio a este lado y toda la gente admirada”, dijo.
José fue víctima de la rienda suelta que Bukele le dio a los soldados y policías para que capturaran a cualquier persona que consideraran sospechosa. Los soldados entraron a su casa sin su autorización, a pesar de que el allanamiento a la morada no fue uno de los derechos constitucionales que anuló el régimen.
“Nada de permiso, solo cuando acordé tenía apuntándome en mi cuarto. ‘¿Y qué hijo de tantas? Pasa adelante’. Y recuerdo que uno de ellos me quería pegar un culatazo y le dije: ‘Hey yo podré caminar junto con ustedes porque no soy delincuente, pero tampoco no voy a aguantar un culatazo’”, contó.
Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, señala que los jefes policiales dejaron de recibir el documento que contiene la operatividad del PCT con la instalación del régimen y que los militares comenzaron a patrullar sin acompañamiento policial.
También señala que los militares cada vez se involucran más en actividades que no les competen para mejorar su imagen pública. “Es una estrategia mediática. A nivel de los territorios, a los soldados los han desplegado estratégicamente en diferentes puntos carreteras, zonas turísticas, estadios deportivos. Pero el detalle es que cuando hay un evento cuando hay un evento como un accidente de tránsito, por ejemplo, hay soldados más cerca que policías, entonces el soldado llega a ver el accidente de tránsito y empieza a tomar fotos de la escena e inmediatamente la suben en la cuenta de X de las Fuerzas Armadas y dice personal de tropa atendiendo a la ciudadanía en accidente de tránsito”, dijo Reyes.
La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA señaló que la población confía más en las Fuerzas Armadas que en la PNC. A pesar de los abusos que los militares han cometido durante el régimen, la FAES tuvo un 7.93 de nota de aprobación, mientras que la Policía obtuvo un 7.85.
Para la investigadora Jeannette Aguilar, el régimen “se ha convertido más bien en un dispositivo y una estrategia de control y aleccionamiento social, es decir, el gobierno de Bukele ha visto en esta estrategia de suspensión de derechos un mecanismo que le permite ejercer control social mediante la instauración del miedo colectivo, pero también que desarticula y que desarticula y puede fragmentar cualquier esfuerzo iniciativa de movilización social”.
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