Grupo de expertos documenta crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de Bukele

Un grupo de expertos internacionales sostiene que hay motivos razonables para creer que el Gobierno de Nayib Bukele ha cometido crímenes de lesa humanidad por violaciones sistemáticas a los derechos humanos como asesinato, torturas, violaciones sexuales y desapariciones forzadas durante el régimen de excepción impuesto desde marzo de 2022 en El Salvador.

El informe, que contiene la acusación más grave por violaciones de derechos humanos contra el presidente Bukele hasta ahora, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), y presentado esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.

“El informe concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)”, señala el documento, que consta de 275 páginas y contiene más de 1,700 fuentes directas y secundarias.

Para determinar si el Estado ha cometido delitos de lesa humanidad, los expertos se basan en estándares del derecho internacional como el Estatuto de Roma, ratificado por El Salvador en 2016. En su artículo 7, este instrumento internacional define los crímenes de lesa humanidad como una serie de actos diversos que son “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, y forman parte de una política de Estado.

Claudia Martin, abogada y experta del GIPES, asegura que las violaciones documentadas en el informe —entre ellas detenciones arbitrarias masivas, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia del Estado— no son hechos aislados, sino “parte de un patrón generalizado y sistemático que podría configurar responsabilidad internacional del Estado”.

Si estas violaciones se caracterizan como crímenes de lesa humanidad, hay implicaciones jurídicas tanto para el Estado como para los perpetradores ante la Corte Penal Internacional, explicó Martin. “Hay responsabilidad individual no sólo para los perpetradores materiales, sino también aquellos que han planeado, diseñado y se definen como autores intelectuales”, añadió.

Los expertos urgen a la comunidad internacional evaluar mecanismos de investigación que permitan esclarecer los hechos, contribuir a que los responsables sean procesados y garantizar justicia para las víctimas.

Los autores del informe son cinco profesionales independientes que se unieron en 2024 para investigar las denuncias por graves violaciones a derechos humanos en el marco del régimen. El GIPES cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Comisión Internacional de Juristas (ICJ) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), entre otros. 

La excepcionalidad como política permanente

El grupo de expertos señaló que el régimen de excepción decretado desde marzo de 2022 y prorrogado 48 veces, perdió su característica de medida extraordinaria y se ha transformado en una política permanente de seguridad pública. Junto a reformas penales y procesales, este régimen ha creado un “entramado legal” que propicia violaciones masivas y sistemáticas a derechos humanos. 

Durante las audiencias ante la CIDH y la ONU, los representantes de organizaciones internacionales señalaron que el régimen ha permitido la captura de más de 90,000 personas, muchas de ellas sin garantías básicas de debido proceso.

El informe también documenta 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos bebés y menores de edad, más de 814 casos de tortura, así como 504 denuncias de desapariciones forzadas registradas hasta 2025.

Entre los casos reportados hay denuncias por golpizas, descargas eléctricas, humillaciones, amenazas, violencia sexual, desnudez forzada y violencia psicológica contra personas detenidas propiciadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES).

Los informes citados también señalan asesinatos bajo custodia y graves condiciones de detención, con falta de atención médica, acceso a alimentos, agua y sanitarios. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado 500 casos de muertes bajo custodia del Estado en los casi cuatro años de régimen de excepción.

Estas prácticas, señalan los expertos, “no pueden ser consideradas reacciones legítimas a una situación de emergencia, ni son casos aislados, sino parte de un patrón coherente, planificado y sostenido de acción estatal”. 

Las acciones, además, se han dirigido no solo a pandilleros, sino también contra opositores políticos o personas consideradas disidentes del Estado. El documento también describe un deterioro sostenido de las libertades cívicas, campañas de estigmatización y represión contra organizaciones de la sociedad civil, y criminalización de defensores de derechos humanos.

Según datos presentados por las organizaciones, entre 2019 y 2025 se han documentado al menos 174 casos de persecución y criminalización contra personas defensoras, periodistas, operadores de justicia y sindicalistas. Solo en 2025 se registraron 55 casos de hostigamiento contra defensores y periodistas.

La respuesta del Estado 

Durante la audiencia ante la CIDH, organizaciones de la sociedad civil también denunciaron un aumento de la persecución contra defensores de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios. Entre los casos mencionados en la audiencia se encuentran el de la abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal Ruth López, detenida desde el 18 de mayo de 2025, sin acceso a juicio y procesada bajo el régimen de excepción.

La relatora especial de la ONU para defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, advirtió ante la CIDH que el entorno para defender derechos en El Salvador ha sufrido un “deterioro progresivo y claro”.

“Cuando una defensora es encarcelada sin juicio, envía un mensaje grave sobre la situación de derechos humanos en el país”, afirmó.

En la misma audiencia, el Estado salvadoreño rechazó las acusaciones de persecución y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores y parte de la delegación del Estado salvadoreño, defendió el régimen de excepción por sus resultados en seguridad y luego justificó la criminalización a defensores.

“La labor de defensa de derechos humanos no puede ser una carta de inmunidad frente a conductas delictivas”, dijo.

El procurador General de la República, René Escobar, acudió como parte de la delegación en defensa del Estado. En su intervención final, aseguró que “el Estado rechaza cualquier intento de atribuirle una política o práctica orientada a la comisión, tolerancia o promoción de actos como desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias”.

Mira también negó que el Estado haya ocultado el paradero de Ruth López, a pesar que el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU denunció que estuvo desaparecida por 32 horas, sin contacto son su familia ni abogados.

El procurador general también negó que la captura de Ruth López sea por motivos políticos. “El Estado no persigue a personas por sus ideas, su visibilidad pública o su posición crítica”, aseguró.

Hasta ahora, la respuesta del Estado sobre las violaciones a derechos humanos ha sido limitada. No hay investigaciones abiertas contra agentes de seguridad que hayan perpetrado abusos, más allá de un único caso por violación de una menor en el que se procesó a un sargento de la Fuerza Armada y fueron absueltos cinco soldados.

El grupo de expertos recomendó al Estado salvadoreño crear una comisión con cooperación internacional para revisar las más de 90,000 detenciones arbitrarias del régimen, y urgió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investigar las acusaciones.

“Debe crearse una comisión que investigue las violaciones graves en El Salvador, a los efectos de que se puedan investigar las responsabilidades penales y también se establezcan reparaciones efectivas para las víctimas”, concluyó Martin.