Siete policías capturados y ningún responsable: las dudas que rodean la investigación del asesinato de Foppa
26 de octubre de 2026
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Siete policías capturados y ningún responsable: las dudas que rodean la investigación del asesinato de Foppa
A más de una semana del crimen en contra de Juan Solórzano Foppa, exfiscal anticorrupción en Guatemala, el Estado no ha encontrado culpables. La primera actuación de la justicia, a cargo de la policía, inició con dos capturas arbitrarias, la liberación de dos jóvenes y siete agentes entregados a los tribunales por alterar evidencia. La familia de Foppa ve en este crimen “un mensaje claro” y un hecho de “carácter político”.
“No querían solo matar a Juan Francisco, querían generar miedo”, dice Julio Solórzano Foppa sobre el crimen contra su sobrino, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado a tiros frente a su hijo el 17 de octubre.
El ataque ocurrió alrededor de las 9:35 de la mañana, en el Campo Marte, un complejo deportivo de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. Murieron dos personas: Solórzano Foppa, de 43 años, y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 53, un instructor de la Federación de Judo a quien las autoridades describieron como una víctima colateral. Otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas un menor.
Al cierre de esta nota, las autoridades guatemaltecas no han esclarecido quién mató a Foppa ni por qué. Tampoco han precisado cuántos atacantes participaron. Lo que sí informaron es que la primera captura, la de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, se cayó tan solo horas después del arresto, y que el 23 de octubre pasado, siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados por la presunta colocación de un arma de fuego a los hermanos.
Ahora, el MP dijo que investiga el hecho como una alteración de evidencias. «Tanto la presunta colocación del arma de fuego como las circunstancias de ambas muertes son objeto de investigación, con el propósito de esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades individuales y sustentar ante los órganos jurisdiccionales competentes las acciones penales que correspondan», afirmó el MP.
Este lunes estaba programada la audiencia de primera declaración de los siete policías detenidos; pero el Juzgado Tercero Penal aplazó para este martes el proceso.
Mientras, la familia de Foppa clama por justicia y las respuestas siguen sin llegar. Para Julio Solórzano Foppa, el crimen busca más que solo silenciarlo. “Quieren enviar un mensaje, terrible, pero un mensaje”, aseguró en declaraciones a FOCOS.
Su sobrino, dice, tenía “enemigos de todo tipo” y no duda en calificar este crimen como un acto de “carácter político”. Planteó como hipótesis que pudo ser el crimen organizado, pero sostuvo que, aun así, “el hecho ya tiene un carácter político”.
¿Quién era Juan Solórzano Foppa?
Foppa ocupó por 20 años cargos públicos en los que investigó a grupos criminales y poderes fácticos. Como fiscal, persiguió a la cúpula del Barrio 18, logrando condenas contra sus máximos dirigentes como Aldo Dupié, alias “Lobo”. También dirigió la Dirección de Análisis Criminal del MP, desde donde ayudó a atar los cabos del caso La Línea, que llevó a la caída del expresidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
En 2016 pasó a la Superinentedencia de Administración Tributaria (SAT), que dirigió hasta 2018, y persiguió grandes casos de evasión contra Aceros de Guatemala, que terminó con el pago de una multa de 783 millones de quetzales.
En los últimos años, usaba sus redes para denunciar corrupción, crimen organizado y sus vínculos con actores políticos. Denunció la fuga de 20 pandilleros peligrosos de Fraijanes II, en octubre del año pasado. En ese momento, aseguró que existía una vinculación directa con funcionarios del Ministerio de Gobernación, entre ellos la exviceministra Claudia Palencia. La funcionaria se entregó las autoridades en septiembre de este año, tras ser acusada por el Ministerio Público (MP) de colaborar en la fuga de los pandilleros.
En su último video en TikTok, Foppa señaló que en una masacre ocurrida en Huité, del departamento de Zacapa, a finales de septiembre, hubo intervención de “mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos” (CIA, por sus siglas en inglés), del Ejército de Guatemala y fue planificada desde Honduras.
Bajo la gestión de Consuelo Porras en el MP, Foppa fue condenado en tres ocasiones por supuestas irregularidades en la formación del Partido Ambientalista Guatemalteco (AGUA) y por obstrucción de la justicia en el caso del periodista José Rubén Zamora, a quien defendía. Él mismo dijo aceptar estos cargos porque no aspiraba a tener un juicio justo en los tribunales guatemaltecos. Quería evitar a toda costa el sistema penitenciario, donde corría riesgos por las condenas que había logrado. Recibió dos años de prisión que fueron conmutados, y cinco años de inhabilitación para ejercer el cargo.
Su familia, además, carga con una historia amplia de violencia política y represión del Estado. Su abuela, la poeta Alaíde Foppa, fue secuestrada por el ejército y desaparecida en 1980, y su padre, Carlos López Arévalo, conocido como comandante Camilo, fue asesinado en agosto de 1983.
“Es un linaje heredado y Juan Francisco nos ha representado con letras mayúsculas. Que se siga ese ejemplo, nos corresponde pasar la estatua a las nuevas generaciones”, dijo Silvia Solórzano Foppa, madre del abogado. “Falta mucho por hacer, muchos caminos por abrir para nuestro país y nuestro pueblo”.
Con claveles rojos sobre su ataúd, cientos de personas despidieron al abogado en un cementerio en Mixco este 20 de octubre, el mismo día en que se conmemora La Revolución de 1944. La Plaza de las Niñas se convirtió en lugar del último homenaje para el abogado que denunció el crimen, la corrupción y la impunidad en el país.
Para su familia, el crimen devuelve a Guatemala a los a los años de los asesinatos políticos. La muerte del exfiscal recuerda a los hechos que ellos mismos y miles de guatemaltecos sufrieron durante la guerra interna, en los que redes criminales asesinaron a quienes les resultaban incómodos por su pensamiento, movilización o participación política.
“Creí que la violencia política había terminado con la firma de los Acuerdos de Paz”, dijo Julio Solórzano Foppa, tío del abogado asesinado.
Dos capturas caídas y una PNC investigada
El mismo día del crimen, el ministro de Gobernación dijo que las autoridades estudiaban “el móvil y el alcance” del ataque, sin que hasta ahora se haya ofrecido un posible móvil. La investigación la lleva la División Especial de Investigación Criminal de la PNC junto con el MP, que pidió “apoyo internacional”. Prensa Libre identificó que se trata del FBI.
“No vamos a adelantar, en este momento, conclusiones, ni tampoco vamos a excluir ninguna hipótesis”, afirmó el ministro de Gobernación.
Por ahora, el caso ha dejado más preguntas que respuestas sobre la acción del Estado. Según reportó El Faro, el recinto deportivo donde fue asesinado Foppa no cuenta con cámaras de seguridad. Prensa Libre documentó que el Ministerio de Cultura buscó, sin éxito, contratar decenas de cámaras para el complejo.
Foppa contaba con escolta de la PNC desde 2010, cuando investigaba organizaciones criminales como el Barrio 18. Villeda dijo que, al llegar a la cartera en noviembre de 2025, ordenó “aumentar” su seguridad “con razón del perfil político” que tenía, sin ofrecer más detalles. Al momento del ataque, los dos agentes estaban con el hijo menor del exfiscal. Según el ministro, los policías informaron que Foppa les había pedido quedarse junto a su hijo.
Las primeras capturas por el caso ocurrieron unos 15 minutos después del crimen, a las 9:50 de la mañana. Los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz fueron detenidos en el Bulevar San Isidro, zona 16, a unos 10 kilómetros del Campo Marte. La Policía informó que les incautó una carabina, municiones de 9 milímetros y un chaleco táctico. Los hermanos, de 30 y 18 años y originarios de San Antonio Senahú, Alta Verapaz, trabajaban como repartidores.
Los hermanos denunciaron que iban a recoger un pedido cuando fueron detenidos y que los policías plantaron el arma en su mochila de reparto, dañaron su teléfono, donde podría comprobarse el trabajo, y los obligaron a cambiarse de ropa. La Policía difundió una imagen de ambos en una camioneta de la Comisaría 13; uno de ellos llevaba una chumpa con el logo del F.C. Barcelona, el mismo club cuyas camisetas vestían los atacantes.
La madrugada del domingo 18 de octubre, el MP solicitó falta de mérito para los hermanos, Choc Toz. El juez de turno accedió y los dejó en libertad. Según el medio La Hora, fuentes judiciales confirmaron los señalamientos hacia los agentes policiales, que habrían colocado el arma en una caja que usaba uno de los acusados para repartir comida a domicilio.
El viernes 23 de octubre, el MP ejecutó siete órdenes de captura un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes de la Comisaría 13, identificados con iniciales: Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D. Los acusa de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego. No están acusados del asesinato.
El MP dijo que realizó allanamientos y secuestro de evidencia en 11 inmuebles de varios departamentos, en la Comisaría 13 y en la sede del Distrito Central de la PNC, y que la presunta colocación del arma y las circunstancias de las dos muertes son objeto de investigación. Las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de Guatemala.
Al llegar a la Torre de Tribunales, uno de los agentes dijo que el crimen organizado “está bien metido” en la política, que actuó en ejercicio de sus funciones —“Hice mi trabajo”— y, al preguntársele quién ordenó colocar el arma, respondió que existe “aprovechamiento político”.
El 21 de octubre, interpelados por el Congreso, dirigentes de la Policía dijeron que los agentes rompieron la cadena de mando y llevaron a los hermanos a una subestación sin conocimiento ni autorización de sus superiores.
Un reto para el MP
Más de una semana después del ataque, la investigación recae en un Ministerio Público que cambió de mando hace pocos meses. Gabriel García Luna asumió como fiscal general el 17 de mayo de 2026, después de ocho años de Consuelo Porras, la fiscal sancionada por corrupción en decenas de países, al frente de la institución (2018-2026). El caso de Solórzano Foppa es una de las primeras pruebas de cómo funcionará esta nueva etapa del MP.
El abogado y analista Javier Monterroso declaró a FOCOS que acciones como la captura de los hermanos Choc Toz fueron una pérdida de tiempo para identificar a los verdaderos responsables. Aún así, sostiene que el MP tiene capacidad para investigar el crimen.
“Capacidad técnica y operativa hay. El MP, por ser nuevo el fiscal general y por dar unas muestras de autonomía, puede hacer esta investigación”, sentenció.
Uno de los riesgos, dijo, es que se desvíe la atención únicamente a la exigencia de la captura de quienes ejecutaron el hecho, pero la vinculación a los autores intelectuales puede demorar.
Pero lo que el MP ha mostrado en los primeros días gira más en torno a la Policía que a los atacantes. Hasta ahora, el caso se mantiene en reserva y no se ha explicado qué líneas de investigación siguen.
La disputa por el relato
Para Monterroso, la investigación debe ser despolitizada, porque se está aprovechando el momento para que opositores políticos al actual gobierno, incluso contrarios a Foppa, se pronuncien e instalen una narrativa que les favorezca.
Varios sectores aprovecharon el crimen para pronunciarse por la inseguridad, y a sugerir que no se trata de un crimen político. Zury Ríos, vinculada al sector empresarial y militar en el país, se pronunció en sus redes sociales y señaló: “Tocamos fondo: la seguridad, la criminalidad y violencia en Guatemala están fuera de control”. Ríos, hija del militar condenado por genocidio Efraín Ríos Montt, ha buscado sin éxito llegar a la presidencia en procesos electorales anteriore
El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de Sandra Torres, también usó sus redes sociales para hacer referencia a que Guatemala necesita “mano dura contra el crimen”. Además, exigen medidas contundentes del gobierno de Arévalo contra los criminales.
Ricardo Méndez Ruiz, quien promovió casos de criminalización contra periodistas y jueces en los últimos años, también usó el momento para indicar que “los niveles de violencia actuales no se veían en décadas”.
También señaló que este crimen “fue cualquier cosa, menos un asesinato político”.
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, lamentó la pérdida de vidas humanas y calificó de “cuento chino” que fuera un asesinato político.
El netcenter, ¡Yes Máster!, hizo una publicación en X en referencia al crimen, esto momentos después de ocurrido el hecho. Este bot está vinculado a la administración de Consuelo Porras y al exsecretario de la institución, Ángel Pineda. Durante la administración de Porras, desde esta cuenta anunciaban órdenes de captura antes de que fueran públicas; también impulsaron la narrativa de criminalización contra periodistas y exoperadores judiciales.
El abogado Eduardo Masaya, criminalizado por su participación en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), señaló que el netcenter hizo apología del delito. Denunció además que se instrumentaliza la muerte de Solórzano Foppa para crear una narrativa contra el actual gobierno y contra quienes han luchado contra la corrupción.
Julio Solórzano Foppa también advirtió de intentos de instrumentalizar el crimen. Dijo que su familia tiene un historial de crímenes en su contra, e hizo el llamado a la ciudadanía a no detener sus luchas: “Hay muchas personas y organizaciones que se quieren subir y utilizar este terrible crimen para desestabilizar al país, al gobierno. Para crear miedo, para que no regresen los exiliados, para que no actúen políticamente las personas comprometidas. Guatemala tiene que luchar y seguir luchando por su democracia y la lucha contra el crimen organizado. Juan Francisco ha dado su vida por eso”.
El periodista José Rubén Zamora, a su llegada al funeral, dijo que el crimen busca generar miedo e intimidar a la sociedad. En sus redes sociales escribió: “Por ahora, se les ha cerrado la vía judicial para intentar destruir nuestra honra y anularnos moral y cívicamente. Recurren entonces a sus prácticas tradicionales: ejecuciones extrajudiciales, escuadrones de la muerte y sicarios improvisados para desviar las investigaciones y generar inestabilidad”.
Desde el ataque, la presión internacional también se ha dejado sentir. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margareth Satterthwaite, exigió a las autoridades esclarecer el hecho. La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala pidió una investigación “transparente”. A este llamado se unió la congresista estadounidense Norma Torres.
Mientras, la muerte de Foppa continúa rodeada de preguntas sobre los responsables y sus motivaciones. Ocurre, ademas, a solo meses de las elecciones generales previstas para el 27 de junio de 2027. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que el país está “prácticamente” en año electoral y que en esos años los actos de violencia suelen elevarse.
Foppa también buscó acceder a cargos de elección popular. En 2023, intentó ser candidato a alcalde de la capital por Semilla, pero el Tribunal Supremo Electoral rechazó su inscripción. Era además secretario general del partido AGUA, cuya formación tampoco fue autorizada y le valió una de sus condenas. No llegó a competir.
Para Julio Foppa, después del asesinato de su sobrino, el rumbo es claro. “No podemos hacer es que esto se convierta en el inicio del regreso al pasado”, dijo. “Nos toca a nosotros construir una ciudadanía más participativa, no solo en elecciones, sino más participativa en la vida diaria de las personas, en las organizaciones, en la búsqueda de la justicia. O nos unimos o nos van a joder, uno por uno”.
*Con reportes de Didy Aceituno.
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