Carlos Acevedo: “Habrá que apretarse el cinturón cuando pase la emergencia”
El economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, afirmó en FOCOS que la deuda de $2,000 millones que pide el Ejecutivo para financiar gastos extraordinarios por la covid-19, obligará al Estado a contener el gasto corriente, revisar exenciones fiscales para empresas y racionalizar más los subsidios.
En el gasto corriente se incluyen pagos de salarios para empleados públicos, así como las compras estatales de bienes y servicios.
A pesar de que endeudarse por $2,000 millones implique sobrepasar los límites establecidos en la ley de responsabilidad fiscal, Acevedo dijo que la normativa contempla situaciones extraordinarias como la que se enfrenta hoy en día con la pandemia del nuevo coronavirus.
La ley de responsabilidad fiscal permite suspender temporalmente las metas fiscales establecidas, pero pide que se establezca un plan de regularización para retomar la trayectoria de sostenibilidad fiscal en un plazo razonable, plan que el Gobierno aún no ha hecho público.
Para Acevedo, esta deuda se adquiere de “forma preventiva”, por lo que “podría no gastarse todo el monto”.
«Yo creo que es preventivo, yo no lo veo como que ‘tenemos $2,000 millones para gastarlos’. Es tener un colchón financiero para que cualquier situación que se salga de control, el Estado tenga los recursos para hacerle frente», agregó el economista.
Por ello, Acevedo recalcó la importancia de disminuir el gasto corriente porque entre más se empleen esos $2,000 millones de deuda “habrá que apretarnos fuertemente el cinturón cuando pase la emergencia”.
«Es, digamos, comprar salud y vida ahora a base de endeudarse, para que luego saludable uno trabaje más para pagar esa deuda», añadió Acevedo.
Esta deuda por $2,000 millones debe pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa. El presidente legislativo Mario Ponce confirmó que esta semana estudiarán la petición.
El expresidente del BCR también evaluó las medidas económicas dirigidas a la población para paliar la crisis, que incluye la suspensión por un trimestre de los pagos a los servicios de electricidad, agua, teléfono, cable e internet, pagos de casas comerciales, créditos hipotecarios y alquileres.
Acevedo dijo que estas medidas son “razonables” porque beneficiarán a las personas que se vean sensiblemente afectadas por la cuarentena domiciliar para contener la covid-19.
Sin embargo, explicó que estas deben implementarse con base a un reglamento específico para determinar quiénes son los beneficiarios. «No tiene que haber mucho margen de discrecionalidad para acogerse a las medidas, sino que realmente, como el caso de los subsidios, deben focalizarse en aquellas personas que realmente lo necesitan», agregó.
Respecto a la advertencia que algunos economistas han planteado sobre que estas medidas podrían afectar la liquidez de las instituciones que prestan estos servicios, Acevedo sostuvo que es “un mal menor” porque las empresas tienen más capacidad que la mayoría de los hogares.
«Si todo fluyera normalmente, sin implementar medidas, sería mucho peor porque dejaríamos de percibir ingresos; y además la salud de la gente se vería comprometida y el sistema de salud estaría colapsado y los costos económicos serían mayores», puntualizó el economista.
