“La entrega de la información del gobierno no se da con la fluidez que se quisiera.”

(Transcripción editada de la entrevista con Karen Fernández, transmitida el domingo 24 de mayo de 2020)

La Corte de Cuentas realiza una auditoría concurrente a las compras y adquisiciones del Ejecutivo para apalear la crisis de la pandemia de COVID19, contrario a las tradicionales auditorias posteriores. Según explicó la magistrada presidenta, la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas, la institución forma excepcional está autorizada a realizar una actuación preventiva. “Aparado en ello, en el marco de la emergencia nacional hemos catalogado ciertas líneas de acción que consideremos oportuno auditar y verificar los fondos que se están invirtiendo y  gastando por parte de la administración a efecto de poder corroborar que los se están utilizando de forma efectiva y para los usos que se establecen en la emergencia nacional”, dice.

Y aunque Rivas reconoce, como han hecho sus auditores, que la entrega de la información no se da con la fluidez que se quisiera o se da de manera fragmentada, la titular justifica la forma en que está procediendo el Ejecutivo, aunque se esté lejos del “factura a factura” del que habla el presidente Nayib Bukele.

La Corte de Cuentas realiza una auditoría concurrente a las compras y adquisiciones del Ejecutivo para apalear la crisis de la pandemia de COVID19, contrario a las tradiciones auditorias posteriores. Según explicó la magistrada presidenta, la Corte de Cuentas de forma excepcional está autorizada a realizar una actuación preventiva. “Aparado en ello, en el marco de la emergencia nacional hemos catalogado ciertas líneas de acción que consideremos oportuno auditar y verificar los fondos que se están invirtiendo y gastando por parte de la administración a efecto de poder corroborar que los se están utilizando de forma efectiva y para los usos que se establecen en la emergencia nacional”, dice.

Y aunque reconoce, como han hecho sus auditores, que la entrega de la información no se da con la fluidez que se quisiera o se da de manera fragmentada, la titular justifica la forma en que está procediendo el Ejecutivo aunque se esté lejos del “factura a factura” del que habló el presidente Nayib Bukele.

En el plan de fiscalización que está ejecutando se evalúan siete componentes, entre ellos, la construcción el mega hospital del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), la entrega del bono de $300.00, la adquisición de equipos e insumos médicos del seguro social y la administración de donaciones, entre otros. ¿Qué están observando los auditores en el terreno?

C. R.: Estamos verificando lo que prácticamente se hace siempre, solo que hoy, de forma más oportuna para que la Corte sea eficiente a la hora de emitir un informe final de auditoría. En el caso del mega hospital estamos verificando los procesos de contratación de las empresas que van a ejecutar esa obra. Actualmente hemos identificado nueve módulos o paquetes en que han dividido la construcción el hospital, dentro de ese marco ya se han adjudicado dos paquetes y los demás están todavía en proceso. La entrega de la información no está con la fluidez que se quisiera, porque siempre se tienen justificantes porque están trabajando en erradicar la parte de la emergencia nacional. Sin embargo de los dos paquetes que ya se tienen adjudicados, los auditores están verificando sí se ha realizado un proceso de contratación como los lineamientos de la UNAC lo establecen. Debido al decreto de Emergencia, se abrió las puertas para que la administración hiciera procesos directos de compra. En ese sentido, hay que verificar, en primer lugar, que esté la resolución que justifique hacer la contratación directa. Sí se establecieron las especificaciones técnicas de la obra, bien o servicio que se adquiere. Los auditores tienen que verificar que las especificaciones técnicas se vayan ejecutando de acuerdo al calendario de trabajo comprometido. Así, la Corte de Cuentas va comparando el cumplimiento de los lineamientos que hizo la UNAC.

¿Se está evaluando en función de los lineamientos de la UNAC, que es una dependencia interna del Ministerio de Hacienda? ¿La Corte evalúa al Ejecutivo con un parámetro que estableció el mismo Ejecutivo?

C. R.: Es que es la UNAC la máxima rectora en el proceso y ellos deben de emitir los lineamientos. En ese sentido la Corte debe de verificar que se cumplan. Por ejemplo, los lineamientos establecieron, una vez abiertas las puertas por el Decreto Legislativo, que se podían utilizar para hacer notificaciones cualquier medio electrónico, hacer contrataciones directas y hacer pagos anticipados e incluso, en momentos determinados, obviar entrega de garantías, algo que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) no permite. A raíz de la emergencia la Asamblea habilitó el poder hacer pagos anticipados y entregas de garantías, esto debido a que la emergencia es a nivel nacional y a nivel mundial la competencia no es entre proveedores sino a nivel de países. Vimos un caso, el de los respiradores, no se logró concretar la venta antes de tener habilitado el poder hacer la venta de forma anticipada; cuando ya quisimos amarrar la compra, el proveedor ya los había vendido a otro país.

¿Lo que explica es que a raíz de una petición que hizo el Ejecutivo la Asamblea reformó y permitió que se obviara la LACAP y que el Ministerio de Hacienda estableciera los requisitos que le parecieran más convenientes para la gestión de fondos y compras?

C. R.: Exactamente, recordemos que a pesar de que estamos en una emergencia hay requisitos mínimos que hay que cumplir. Recordemos que dentro de la contratación ordinaria, la LACAP ya contempla la contratación directa, siempre y cuando se reúnan los requisitos. Hoy, los decretos de Emergencia establecen que la administración puede realizar todos los procesos de compra por contratación directa sin importar los montos o los bienes y servicios que se adquieran. En ese sentido, los lineamientos lo que han hecho es reducir, facilitar y agilizar los requisitos establecidos en la LACAP.

Sí ya habían requisitos en la LACAP, ¿Era necesaria esta reforma que presentó el Ejecutivo y aprobó el Legislativo?

C. R.: Bueno, por el caso que le comentaba: que estamos en una crisis mundial; y que la competencia por adquirir un bien se vuelve difícil porque la mayoría de insumos médicos hay que comprarlos a nivel internacional, en ese sentido el país tenía la limitante de cerrar una compra si no teníamos el efectivo. Nosotros como administración pública pagamos a 60 días, darle a un proveedor nacional o internacional un quedan a 60 días de la entrega resulta bastante inconveniente cuando sabemos que la economía se ha cerrado y que no tienen otras fuentes de ingresos por el momento.

En una conferencia de prensa, el 20 de mayo, el presidente Bukele se refirió al trabajo que está haciendo la Corte de Cuentas, afirmando que factura a factura se dieron los datos a la Corte. ¿Los auditores reciben en el trabajo de campo la información que le permite revisar factura por factura, como lo dice el presidente?

C. R.: El jueves 21 de mayo nos reunimos con los directores de auditoría para darle seguimiento a las auditorias y nos mencionaba el director que le corresponde auditar la mesa de crisis y se la ha pedido la requisición al ministerio de Turismo, porque es la ejecutora de adquisición de hostales, hoteles y alimentos. El director nos decía que identificaron 102 órdenes de compra y que tenían en su poder 100 facturas, y que era viable verificar en su totalidad, pero que auditarán el 90% de las facturas de los procesos de compras. Considero que por es el presidente mencionó que se estaban verificando factura por factura.

Pero hace unos minutos nos dijo que la entrega de información no ha sido fluida y Corte de Cuentas presentó a la Asamblea un informe de avances, al que tuvimos acceso en Focos, y donde sus auditores reportan obstáculos a su trabajo. Por ejemplo, sobre la entrega del bono de $300.00 dicen que se entregó el mismo a 1.2 millones de personas, pero que existe un grupo de 100 mil beneficiarios de los que se desconocen los criterios con los que fueron seleccionados. ¿En el informe queda claro que no están recibiendo información detallada?

C. R.: Son diferentes procesos de auditoria. Usted mencionaba algunas de las líneas de auditoría que tenemos en la primera fase del plan de fiscalización y se han incorporado otras líneas, como que hay que auditar los hospitales que se remodelaron para el combate de esta pandemia; también, un equipo auditará la entrega de los víveres y los paquetes agrícolas. No todas las instituciones han tenido la fluidez de información. En unas ha sido expedita y en otras hay un retardo en la entrega de la información, sin embargo, va fluyendo el equipo de auditores va trabajando con los insumos que les van entregando.

En el caso del mega hospital ya se tienen identificado los procesos de contratación de los dos fases que involucran el paquete 1, 4, 6A y 6B. No fue de forma inmediata, sin embargo, poco a poco se ha ido cumpliendo con esa entrega. En el caso de la mesa de crisis sí nos mencionaba el director que la entrega de la información fue bastante oportuna debido a que como son procesos de compra directa que involucran menor porcentaje del monto, la entrega del producto y su factura es más viable. En el caso de los $300.00, al equipo auditor se le entregó ya la base de datos del gas licuado en tres discos duros y también se les ha proporcionado una computadora de escritorio; y una base de datos en la que verifican.

El informe de la Corte dice que se entregó a 1.2 millones de personas. Pero que se desconocen los criterios de selección de 100 mil personas. Es decir, estamos hablando de $30 millones que se entregaron sin criterios claros. ¿Cuál es la explicación del Ejecutivo sobre esto? ¿Por qué no han podido darle esa información a su institución?

C. R.: Todavía, justificación del Ejecutivo no tenemos como equipo auditor debido a que no se ha hecho una comunicación preliminar, todavía estamos en la propuesta, ya se aprobó el memorándum de planeación, de acuerdo al proceso de auditoría. En ese sentido estamos revisando. Ya el equipo auditor identificó algunas líneas. Dentro de este marco, ese porcentaje se refiere a las personas que no estaban contempladas en la base de datos del gas licuado que fue la primera información que el Ejecutivo, podríamos decir, tomó de base para poder identificar y seleccionar a las personas que iban a ser beneficiadas con los $300.00. De esta base de datos, según algunos criterios que ya identificó el equipo auditor, se estableció que se sacó, se excluyó de la base a todas aquellas personas que de acuerdo a su Documento Unido de Identidad (DUI) o Número de Identificación Tributaria (NIT) aparecían como asalariados, registrados en las AFP o el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Luego, el siguiente porcentaje que se refiere a las personas que no estaban en la base y que es más el sector informal. Sabemos que a través de redes, la administración dijo que iba a proporcionar este beneficio a los artistas, por ejemplo. En este sentido, la administración, contrató dos call center que iba a hacer una primera inscripción vía web de la gente para ver si podía optar a ser beneficiaria, como un primer filtro. Luego iban a pasar a un segundo call center, que haría otra depuración, a efecto de crear una nueva base de datos de los que pudieran optar a este beneficio.

Para cerrar este punto, ¿ya exigieron al Ejecutivo la información sobre los criterios de selección de estas 100 mil personas?

C. R.: El equipo de auditoria ya hizo la solicitud de la información, ya tienen en sus manos la base de datos que les mencionaba, ya están analizando la información. Hay que recordar que una de las técnicas de auditoría es tomar una muestra de la gente que está en esta base de datos y que fue seleccionada con estos call center otra muestra de la base de datos del Gas Licuado. También se han identificado varios reclamos que en la primera fase no aparecía. El equipo de auditoría ya identificó esas líneas que verificará en campo para determinar la procedencia y la forma en que fueron seleccionados.

La Corte de Cuentas también ha reportado inconvenientes para realizar su trabajo en la construcción del hospital de CIFCO. Sus auditores dicen que el Minsal y el MOP han demorado o no les entregan la información. Pero la ley de la Corte dice que en sus funciones está exigir cualquier información o documentación. ¿Por qué los auditores CCR han aceptado esta falta de respuestas del Ejecutivo?

C. R.: De acuerdo al artículo 45 de la ley tenemos acceso irrestricto para acceder a cualquier documentación o registro en cualquier institución pública.

¿Cómo es posible que el Ejecutivo les diga que no tienen la documentación o que demoren su entrega?

C. R.: Dentro de las normas de auditoría y la ley de la Corte de Cuentas, lo que no tenemos son plazos fatales para exigirle a la administración la entrega de la información, lo tenemos a nivel de política de auditoría, en la que se establece un plazo, pero de acuerdo al rango de la normativa, las políticas no tienen una fuerza para poder exigir eso acceso irrestricto de forma absoluta. Este es uno de los vacíos que he identificado y en la propuesta de reforma integral a la ley de la Corte de Cuentas que presenté a la Asamblea establezco términos fatales para exigir esta documentación e incluso multas y la posibilidad de hacerme acompañar de la fuerza pública para exigir que me entreguen la información o acceder a la institución para ello.

¿Cómo es posible que el presidente diga en conferencia de prensa que ellos les entregan factura por factura pero en el informe de avances, sus auditores dicen claramente que el MOP y el Minsal no le está entregando información?

 C. R.: Se han ido entregando la información pero no con la fluidez que se deseara para como de Corte de Cuentas ir avanzando. Aprovecho a hacer un llamado a la administración, porque esto procesos a nivel de mandos medios o de personal operativo; tal vez la presidencia puede tener toda la disposición de entregar y estar abierta a los procesos, sin embargo es necesario que como Corte nos entreguen esa información. Sabemos que están trabajando en el marco de la emergencia pero también de tener en cuenta que tenemos dos semanas de trabajo interrumpido de forma presencial de la Corte en las sedes donde se realizan los procesos debido a los casos positivos de COVID19 que se dieron del personal de la obra. Entonces se suspendió y estamos porque nos avisen donde será la sede para instalar el personal operativo para hacer las gestiones y el equipo de auditoria, que está trabajando desde casa y la Corte de Cuentas con la poca información que ya les fue entregada. Sí, la entrega no fue inmediata, sin embargo dentro de los anexos que yo incluí, la directora de auditoría hacía esa acotación que un primer requerimiento no fue atendido, que tuvieron que hacer un segundo y que este ya había sido atendido.

¿Usted interpreta que el retraso y la poca fluidez en la entrega de información tienen la intención de obstaculizar la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Hay un intento de mantener en la opacidad el uso de los fondos?

C.R. : La percepción o interpretación que pueda hacer no sería lo más lógico. Me avocaré a dos disposiciones. Primero, constitucionalmente, la presunción de inocencia; y segundo, en nuestra ley, en el artículo 56, nos manda a la presunción de corrección. Presumimos que el trabajo se está haciendo cómo de cómo debe de realizarse de acuerdo a la normativa. Será ya cuando hagamos el proceso de auditoría que vamos a determinar si existen deficiencias. En el proceso de auditoria hay una fase en el que se comunican resultados preliminares, deficiencias e irregularidades que se hay identificado a la administración. Y dentro de esta fase, la administración tiene la oportunidad de aportar las pruebas correspondientes a efecto de subsanar las deficiencias. En caso que no se subsanen, esto queda reflejado dentro del informa de auditoría.

Hace unos minutos decía que los retrasos en la entrega de la información para auditar son causados por los mandos medios. ¿Usted ha comunicado esto al Presidente y a sus Ministros? ¿Casa Presidencial sabe que ustedes no están recibiendo información con fluidez?

Dentro del proceso de auditoría, el trabajo de los auditores es independiente, objetivo e imparcial, por eso es elaborado por el personal técnico de la institución. Dentro de nuestra normativa, la ley y las normas, los magistrados no tenemos ningún nivel de injerencia dentro del proceso de auditoría, es un trabajo técnico. Sin embargo a raíz de la petición que hizo la Comisión Política de la Asamblea Legislativa de un primer avance de las auditorías concurrentes que estamos realizando, con base a lo que es el artículo 195, numeral 2, de la Constitución, le envié copia de ese informe a la Asamblea y al presidente de la República para que él tomara las medidas pertinentes y afecto de que de lineamientos a sus dependencias a que nos den la información más expedita para que permitan viabilizar el trabajo de auditoría y que podamos salir de forma oportuna, siempre en el marco de la emergencia y cumplir el objetivo de poder ser una Corte de Cuentas oportuna y eficaz.

Durante esta emergencia, el Ministerio de Hacienda reporta compras por $194.85 millones, de estas, el 66% son compras hechas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Este ministerio ha hecho mucho más compras que los ministerios de Obras Públicas (MOP) o el de Salud (Minsal). ¿Por qué la Corte de Cuentas no ha estado auditando al MAG?

C. R.: Cuando se hizo en primera fase el Plan de fiscalización, no se tenía contemplado una auditoria al MAG. Este se incorporó por el incidente que se dio con las cuatro denuncias al alcalde de Panchimalco. Estas denuncias fueron incorporadas cuando se estableció la línea de acción: se tenía que verificar la entrega de paquetes agrícolas. Como de igual manera ya se está incorporando el equipo de auditores para la entrega de los víveres, que también ejecuta el MAG.

¿De los 128 millones que ha gastado el MAG en compras en un mes, no hay auditoria, solo hay un plan?

C. R.: Ya el equipo que está haciendo la auditoria de la entrega de los paquetes agrícolas ya está en la etapa de planificación para ejecutar las líneas que se han establecido que se van a verificar dentro de la auditoria concurrente de los paquetes agrícolas. Esa auditoría ya la tenemos bastante avanzada, por lo menos ya pasamos de la etapa de planeación y ya estamos en la ejecución.

Para enfrentar la emergencia, el Gobierno trasladó recursos al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, (Fopromid). Al fondo ha llegado dinero de un préstamo del JICA y reasignaciones del presupuesto 2020. En este período, el fondo ha acumulado $538.7 millones. Según, Hacienda de estos ya se gastó un 88.3% y está disponible solo $62.8 millones. ¿Hay diferencias de auditoría para fondos que se ejecutan vía Fopromid?

C. R.: Los equipos de auditoría ya identificaron algunas líneas de financiamiento, tal es el caso de los fondos del gobierno central, que tienen supeditados las instituciones que están ejecutando algunos proyectos, también tenemos algunos fondos de actividades especiales que se están utilizando y efectivamente de Fopromid, que tienen sus propia ley de aplicación, que excluye totalmente la aplicación de la LACAP, sin embargo como funcionarios responsables siempre debemos de tener el debido cuidado de hacer las compras de forma eficaz. Si bien es cierto no se aplica la LACAP, la ley orgánica de administración financiera el estado (safi) establece que de todo gasto debemos tener documentación que la respalda.

¿Cuándo tendremos resultados de los hallazgos de las auditorías? ¿Cuándo se darán a conocer públicamente?

C. R.: El alcance de la auditoría llegaba al 30 de mayo, pero estamos sujetos a que tanto se vaya extender este estado de emergencia. Sin embargo, al ir concluyendo algunos procesos, la Corte de Cuentas va ir dando a conocer los informes finales de auditoría. Los mismos van a ser publicados en el portal de transparencia de la Corte.