Centros Penales usó irregularmente $8.9 millones de tiendas carcelarias

Entre septiembre de 2019 y junio de 2020, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) manejó arbitrariamente $8.9 millones de dólares provenientes de los depósitos familiares en favor de los privados de libertad, a pesar de que las normas de control y fiscalización creadas por este mismo Ejecutivo obligan a que esos recursos sean resguardados por Ministerio de Hacienda.

Los depósitos familiares constituyen la fuente de financiamiento de las tiendas institucionales que hay en las cárceles de todo el país, en las cuales los reos pueden adquirir productos de higiene y alimentos para suplir los insumos y la dieta precaria que les proporciona el Estado.

En septiembre de 2019, el presidente Nayib Bukele emitió el Decreto Ejecutivo 22, que reforma el reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario y creó un nuevo sistema de control y administración de las tiendas carcelarias con el objetivo de garantizar la transparencia. Pero a casi un año de emitida la nueva regulación, Centros Penales no ha cumplido con sus propias reglas.

La ley establece que los depósitos familiares deben ser colectados por Centros Penales, pero al tratarse de fondos que pertenecen a los reos, después de ser recogidos deben enviarse a resguardo del Ministerio de Hacienda bajo el concepto de “fondos ajenos en custodia”. De esta forma no pueden ser utilizados por Centros Penales hasta que sean gastados en las tiendas institucionales.

Según registros oficiales, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, la cantidad depositada por los familiares de los reos asciende a $8 millones 953 mil 508.33, de los cuales ni un solo centavo fue trasladado a Hacienda para su resguardo. Contrario a lo que indica la Ley, DGCP hizo uso directo de estos Fondos sin supervisión de la cartera encargada de su resguardo.

Ante una solicitud de información pública hecha por Focos, el 23 de junio pasado, el Ministerio de Hacienda notificó que a esa fecha no tenía registro de los fondos por depósitos familiares en favor de los reos. La Dirección de Tesorería de esa institución dijo que no había “recibido por parte de la Centros Penales transferencia de dinero bajo el concepto solicitado”.

Fue hasta julio de 2020, que el director de penales, Osiris Luna, depositó 418 mil dólares al Ministerio de Hacienda. Esto equivale solo al 5% por ciento del dinero que ingresó a Centros Penales por depósitos de los familiares a favor de los privados de libertad durante toda esta administración.

A pesar de ello, un ex reo, la representante de una organización de familiares de privados de libertad y dos trabajadores de Centros Penales confirmaron a Focos que las tiendas operaron con normalidad entre octubre 2019 y junio de 2020. Además, Centros Penales reporta gastos de funcionamiento de los comercios por 9.3 millones de dólares en ese mismo periodo. La institución señala que gastó 6.7 millones de dólares en abastecimiento de productos y 2.3 millones dólares en salarios para personal de las tiendas. También reporta un gasto de $248,000 en gastos extraordinarios por la pandemia de Covid-19.

Conocer la ejecución de estos gastos es imposible, pues Centros Penales se negó en tres ocasiones a proporcionar copias de los registros contables y financieros de los fondos de tiendas penitenciarias. En julio la institución rechazó una petición para obtener esa información argumentando que “Debido a las medidas para la prevención y control del Covid-19 (…) destinar personal exclusivo para reproducir tal información, podría poner en riesgo el derecho a la salud y a la vida de estas personas.”

Ese mismo mes, en la respuesta brindada a otro ciudadano, la institución negó los registros señalando que los estados financieros estaban en proceso de cierre por el área de contabilidad y por ello no podían proporcionarse. En una tercera respuesta, simplemente ignoró la solicitud.

Los dos trabajadores de Centros Penitenciarios consultados, uno de los cuales está vinculado directamente a las Tiendas Penitenciarias, dijeron a Focos, que desde que esta administración asumió la gestión de las tiendas, se han reportado retrasos en los pagos a proveedores, despidos de trabajadores y desabastecimiento.

Esta última afirmación también fue corroborada por un ex reo, quien indicó que entre abril y junio de este año, en plena pandemia de Covid-19, hubo desabastecimiento de productos de limpieza personal, como jabón y papel higiénico.

 Además, las fuentes mencionadas señalaron que, mientras estos productos hacían falta en las tiendas, otros, como paquetes del suplemento alimenticio marca Ensure y de pan dulce, se compraron en grandes cantidades, y los reos fueron obligados a adquirirlos, pues los descontaban directamente de su cuenta.

Libre de todos los controles

La Dirección de Centros Penales no solo obvió trasladar los fondos a Hacienda, además incumplió con otro mecanismo de control de las tiendas penitenciarias: la integración de una comisión supervisora del fondo.

El reglamento dispone que los recursos de las tiendas institucionales sean supervisados por una comisión integrada por un delegado del Ministro de Hacienda, un delegado del Director de la Policía;  por tres representantes del Ministerio de Seguridad, y el Director General de Centros Penales, quien será el coordinador de la misma.

Dicha comisión tiene acceso a todos los documentos relativos al manejo del fondo y, además, debe proporcionar la autorización para realizar las compras de tiendas institucionales.

En respuesta a una solicitud de acceso a la información, la persona delegada a la comisión por el Ministerio de Hacienda hasta el 14 de julio de 2020, el licenciado Eugenio Tévez Castillo, aclaró que hasta esa fecha no participó en ninguna junta relacionada a esa instancia y que no fue hasta el 13 de julio, un día antes de su remoción del cargo, que fue convocado a una junta, pero no asistió debido a que estaba incapacitado.

Centros Penales no registra actas de reunión de la comisión y se negó a proporcionar los nombres de sus integrantes argumentando que no son funcionarios de esa institución.

La Ley, además, establece que cada seis meses el Ministerio de Seguridad realizará una auditoría a los fondos de las tiendas institucionales.

Focos pidió al Ministerio de Seguridad el informe de la auditoría que, según la ley, tuvo que realizarse en marzo. Sin embargo, esta cartera no respondió a la solicitud de información pedida por este medio.

Se buscó una explicación del viceministro y director Luna sobre por qué Centros Penales obvió reportar a Hacienda el dinero de las tiendas penitenciarias, pero el funcionario se negó a responder señalando que su institución respondió a través de la Oficina de Acceso a la Información. Al insistir en la pregunta, Luna afirmó que cumplieron con la ley y que todo el dinero se entregó. Cuando se le señaló que Hacienda indicó lo contrario, el director dijo que tenía que ir a una reunión.

También se buscó la respuesta del exministro de Hacienda Nelson Fuentes pero por vía telefónica declinó hacer comentarios sobre el tema.

La caja chica de Centros Penales

Las tiendas dentro de los centros penales han sido manejadas históricamente en la opacidad, lo que no permite saber cómo se administró el dinero que generaron. Aún con todos los cambios en las últimas cinco gestiones presidenciales, la falta de control y transparencia es el factor común.

Antes de su creación legal en noviembre de 2000, estas tiendas funcionaron a través de tratos privados entre prisioneros y las direcciones de cada centro, convirtiéndose en negocios de los presos. Los cambios hechos para procurar el ordenamiento y el control de las tiendas, incluyendo los flujos de dinero que ellas manejaban dieron poco o ningún resultado.

Focos tuvo acceso al examen especial de los recursos, elaborado por la Corte de Cuentas a solicitud del exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. El informe documenta 14 irregularidades en el uso de los fondos de las tiendas entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2016, estas incluyen pago de anticipos, complementos y bonos a salarios, pago de viáticos de viaje y de gastos de inteligencia, entre otros.

Parte de estas irregularidades sirvieron como pruebas de la Fiscalía contra funcionarios de Centros Penales en el caso de la Tregua entre el gobierno de Mauricio Funes y las pandillas, con la hipótesis que los montos en inteligencia fueron ocupados para pagar a mediadores de la tregua, como Raúl Mijango, entre otros pagos.

La respuesta del gobierno de Salvador Sánchez Cerén ante la opacidad con las que funcionaban las tiendas fue reformar su funcionamiento. El mismo examen especial de la Corte de Cuentas de 2016 validó el uso de una de las tres recomendaciones para manejar con mayor transparencia los fondos de las tiendas que había propuesto el mismo ministerio de Seguridad y Justicia: la creación de una asociación no gubernamental que administraría el servicio: Asocambio. 

La asociación, presidida por el ministro de Justicia y Seguridad Pública de turno, según su acta de constitución, centralizó el programa de reinserción penitenciaria Yo Cambio y la administración de las tiendas penitenciarias a partir de diciembre de 2018.

Si la Asociación hizo o no un manejo más transparente del dinero era imposible saberlo públicamente, porque toda la información de ingresos y egresos de las Tiendas de 2009 a 2016 era información reservada por razones de seguridad desde el 5 de junio de 2013. El Ministerio de Seguridad mantuvo la reserva cuando se creó Asocambio, que sí estaba obligada a dar informes semestrales a las autoridades de la cartera, quienes a la vez eran parte de su junta directiva.

Además, en las reformas no se incluyó la creación de un Fondo Especial de Actividades para el dinero de las tiendas, por lo que quedó fuera de la controlaría de la Corte de Cuentas. En su lugar, crearon cuentas individuales por tienda que eran auditadas por la misma oenegé.

El 26 de junio de 2019, el presidente Nayib Bukele denunció públicamente al  exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde; y al exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima por supuestamente desviar 14 millones  de dólares provenientes de las tiendas institucionales en las cárceles del país a través de Asocambio. 

El presidente Nayib Bukele denunció públicamente a Asocambio y removió a la ONG de la administración de las tiendas en junio de 2019 y en septiembre de ese mismo año emitió el Decreto Ejecutivo 22, que reforma el reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario y crea un nuevo sistema de control y administración de las tiendas carcelarias.

La gran modificación fue borrar del mapa a Asocambio y pasar la administración de nuevo a la dirección general.

En un paso para el mayor control y transparencia, creó un fondo en custodia del Ministerio de Hacienda, que como se ha revelado en esta investigación, desde que fue creado hasta junio de este año, no recibió dinero por parte de Centros Penales.

El nuevo modelo mantuvo el uso de dinero electrónico, como se hacía desde 2015, aunque con un nuevo programa informático. Sin embargo, también mantuvo algunos vicios de modelos anteriores como el sobreprecio de los productos de las tiendas, una de las anomalías reportadas por la Corte de Cuentas en 2016.

Con el nuevo sistema además aumentó el presupuesto asignado a salarios de cargos administrativos. Bajo Asocambio, la planilla de administración era de $43,381 dólares para 55 trabajadores. Ahora, con la administración centralizada en la Dirección de Penales, el rubro se dividió en “Administración” y “Coordinación” con una planilla de $72,159 para 81 personas. Esto refleja un aumento del gasto administrativo en 66.3%.

De hecho, la administración de Osiris Luna creó plazas que no existían bajo la gestión de Asocambio,  las de siete supervisores regionales que  tienen los salarios promedios mensuales más altos de toda la planilla, por un monto de $2 mil 257.15, por encima incluso las jefaturas de tiendas y de personal, que no llegan a los $2,000 dólares. 

La función de dichas plazas no se puede determinar, ya que el Manual de Organizaciones y Funciones de la Dirección de Centros Penales solo menciona que el área de seguimiento y control coordinará las actividades que realiza el equipo supervisor. 

Focos solicitó a Centros Penales la planilla con los nombres de sus funcionarios, y esta institución respondió que esa información está disponible en su Portal de Transparencia, pero al consultarlo no se encontró registro de los supervisores regionales. 

“Si la caja grande de los gobiernos anteriores ha sido la partida secreta, la caja chica del Ministerio de Justicia lo ha sido los fondos de las Tiendas penitenciarias”, dijo a Focos, el antropólogo y especialista en seguridad, Juan Martínez d’Aubuisson.