“La violencia de los setentas marcó un patrón de persecución a toda la comunidad universitaria.”

(Transcripción editada de la entrevista realizada por Karen Fernández transmitida el domingo 23 de agosto de 2020)

Néstor Hernández, durante el período de sesiones 173 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)realizado el 26 de septiembre de 2016, solicitó: “Pedimos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que considere hacer las siguientes recomendaciones a las distintas instancias de El Salvador. Primero, a la Asamblea Legislativa, en cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe legislar para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, sin utilizar esas obligaciones como excusa para emitir una nueva ley de amnistía, en consecuencia, debe incluir la década de 1970 como periodo indispensable.”

En septiembre de 2019 ustedes pedían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomiende al Estado Salvadoreño incluir la década de 1970 como un “período indispensable” en la investigación y búsqueda de justicia en los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno salvadoreño. ¿Por qué es fundamental la inclusión de la década de los 70’s?

N.H.: La historia salvadoreña, específicamente en el período del conflicto armado interno, fue marcada por patrones de violencia que no fueron construidos de forma espontánea, como se ha pretendido establecer por las autoridades delimitando el conflicto en El Salvador únicamente durante la década de 1980. Por supuesto, la década de 1980 es cuando estalla en su etapa mucho más grave y militarizada ese enfrentamiento y la insurrección salvadoreña. Sin embargo, esa insurrección fue una respuesta al patrón permanente de violencia que existió durante la década de 1970 e, incluso en años anteriores. Para la Universidad de El Salvador (UES) es importante incorporar esta década, no únicamente porque hubo intervenciones militares, en 1972; hubo una masacre estudiantil, el 30 de julio de 1975, sobre la 25 avenida norte; y el establecimiento de un comité de administración provisional  en la UES instruido por las autoridades militares que estuvieron al frente del gobierno en ese momento. Esto marcó un patrón de persecución a toda la comunidad universitaria. Esto es interés de la UES, por supuesto, pero no únicamente porque afectó a la comunidad universitaria, sino que este patrón de violencia –tortura, secuestro, exilio, persecución política y desplazamiento forzado- se dio desde la década de los 70´s a toda la población salvadoreña. Y también la construcción sistemática de grupos paramilitares, que también comenzó a amedrentar a la población salvadoreña. Esa es la razón principal.

Ustedes expusieron ante la comisión Ad hoc de la Asamblea Legislativa que estudiaba la propuesta de Ley de Reconciliación la inclusión de los hechos del 70 dentro de los casos a investigar, sin embargo esta petición se ignoró. ¿Qué intereses o lógica explica para ustedes la omisión de esta década en lo aprobado por la Asamblea Legislativa?

S.Z. Creo que es importante destacar que la década de 1970 estableció un patrón de graves violaciones a derechos humanos que se profundizó durante el conflicto armado. En la década de los 70´s se estableció este patrón sistemático de persecución y aniquilamiento de la oposición de los diferentes sectores –sindicatos, iglesia católica, la UES, entre otros- que se pronunciaban en esa época. En el  70 se establece toda la construcción del andamiaje del Estado para cometer graves violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar que es en ese período los hechos que constituyen graves violaciones de derechos humanos son responsabilidad del Estado salvadoreño. La universidad de El Salvador cuando participó en la Asamblea Legislativa y le hizo este llamado a los miembros de la comisión para incorporar este período tanto en la investigación de casos como en las medidas de reparación, reiteró: “No es posible entender todos los hechos de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el conflicto armado sin analizar la década de 1970, además las víctimas no pueden quedar en el olvido y estos crímenes quedar en la impunidad perpetua.”

Pero con todos estos hechos y argumentos expuestos ante la Asamblea, y teniendo que otros actores del Estado omiten la década de los años 70’s. ¿Qué explicaría que la Asamblea apruebe una ley que no incluye esta década?

S.Z.: Hay que recordar que hay órganos de Estado que tienen responsabilidad directa también en la vinculación de hechos de graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en la década de los 70. Para el caso concreto, en la ocupación militar de 1972 que vivió la UES, fue una ocupación militar que se conformó con el aval de los tres órganos del Estado. Es decir, si bien lo ejecutó el órgano Ejecutivo, que en ese momento estaba dirigido por el estamento militar, hay un decreto de la Asamblea Legislativa donde se avala esta ocupación militar, pero además la Asamblea, por decreto crea esta comisión de administración provisional de la Universidad de El Salvador (CAPUES), que en realidad fue un órgano de persecución interna a los miembros de la comunidad universitaria, a parte de todos los procesos de persecución y de desaparición forzada que se implementaron contra miembros de la comunidad universitaria desde afuera. Hay un interés de invisibilizar la década de los 70’s. Pero hay que recordar que justamente, por ejemplo, el patrón de desapariciones forzadas se implementa en los 70’s.

Los últimos años de la década de 1970 es cuando se sistematiza esta forma de actuación del Estado como un patrón para amedrentar las voces disidentes que en ese momento se estaban generando. Nosotros hemos reiterado esto a la Asamblea, que no es posible entender estos hechos de violaciones a derechos humanos del conflicto armado, es decir, la década de los 80, no se pueden entender sin la década de 1970. Y esto es un hecho que ha reiterado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus recomendaciones, justamente a partir de esta audiencia de la que ustedes presentaban un fragmento en la sesión inicial de esta entrevista. Es decir, este proceso donde se identificaron actores de la sociedad como amenazas a la seguridad del Estado es un proceso que es imposible analizar sin la década de los 70 y sin esta mirada regional, hay que recordar todo el proceso de la doctrina de seguridad nacional, el Plan Cóndor en la región. Es decir, esto está vinculado y articulado y no se puede hacer un análisis integral de los patrones para evitar que estos hechos se repitan sin entender cómo es que un Estado se dedica a perseguir a sus propios ciudadanos en este proceso.

Vamos a elementos más específicos. Como ya decíamos: la Asamblea aprobó esta ley y no incluyó esta década. Ya sabemos que el Ejecutivo ha vetado lo que aprobó la Asamblea Legislativa, pero ¿qué hechos se dejarían de investigar con esta exclusión de la década de los 70?

N.H.: Específicamente para la Universidad de El Salvador se dejarían de investigar esa intervención militar, la masacre estudiantil de 1975, que al final representa uno de los hechos más graves que ocurrieron en El Salvador durante la década de los 70. Y, por supuesto, la sistemática persecución que se realizó dentro del campus universitario durante la segunda mitad de la década de los 70, con el establecimiento del CAPUES ahí en la UES, aquí en nuestro campus. Eso representa una gran cantidad de persecuciones, desapariciones forzadas que hubo sobre miembros de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores, docentes.

Pero casos también como la masacre en la Casa de Retiros El Despertar, en San Antonio Abad, atribuido a la guardia nacional o el secuestro y posterior asesinato del embajador de Sudáfrica, cuyo cuerpo jamás fue encontrado. ¿Estos hechos también quedarían sin investigar?

Por supuesto, de forma más operativa y la forma en la cual justifican también las autoridades delimitar el conflicto armado a un periodo más concreto. Uno de los argumentos es la declaración Franco Mexicana, que es la declaración que da el reconocimiento al 28 de agosto de 1981 al FMLN como fuerza beligerante. Esto, por supuesto facilita las condiciones para delimitar el espacio temporal, pero también limita la investigación de hechos que representaron violaciones a los derechos humanos por cualquiera de las partes.

Es evidente y el informe de la Comisión de la Verdad lo demuestran y los hechos que ocurrieron también lo demuestran, que en esas circunstancias, el patrón de violencia ejercido por instancias estatales no se compara con el patrón de violencia ejercido por otras partes, en consecuencia el impacto de la fuerza sistemática y estructural que se ejerce, y la violencia estructural sistemática ejercida desde el Estado con complicidad incluso de los 70 no únicamente del Ejecutivo con el Ministerio de la Defensa, que al final eran uno solo en ese momento, sino también de los demás órganos del Estado. Eso representó una amenaza mucho más grave para la población salvadoreña.

Ustedes han mencionado que identifican un patrón de violencia contra la comunidad universitaria de la UES, y la universidad ha estado precisamente investigando y tratando de documentar los casos de las víctimas de su comunidad ¿Cuántos casos tienen documentados?

De la década de los 70 tenemos 23 desapariciones forzadas de miembros de la comunidad universitaria, específicamente de estudiantes, el 30 de julio de 1975. Tenemos además hechos de persecución contra autoridades universitarias durante la década de los 70. Hay que recordar que con la ocupación militar de 1980 se expulsa a las autoridades universitarias y muchas se ven forzadas al exilio obligado a partir de esta ocupación, pero además hubo atentados contra docentes de la UES, donde se les daba seguimiento, ametrallaban sus viviendas, sus vehículos, eso lo tenemos también documentado.

Tenemos también documentado durante el 70 el caso emblemático de desaparición forzada de María Teresa Hernández Saballos, quien fue desaparecida en septiembre de 1979. este es uno de los casos que aparecen como objeto de investigación en la comisión de investigación de reos y presos políticos que se implementó en el año de 1979, luego de la visita in loco de la CIDH en 1978. Todos estos hechos que fueron señalados como graves violaciones de derechos humanos quedarían también en la impunidad si se omite la investigación de esta década.

Y quiero reiterar que en este proceso las desapariciones forzadas, por ejemplo, del 30 de julio de 1975, no solo se limitaron a desaparecer a la víctima sino también al hostigamiento y la tortura psicológica de las familias, que, en medio de la búsqueda de sus familiares fueron objeto de presencia militar al rededor de sus viviendas y, donde los hijos e hijas de desaparecidos tenían que recibir llamadas o ver personas que les decían que sus padres iban a aparecer, prolongando esta tortura permanente durante varios años, incluso durante la década de 1980.

La UES ha solicitado al MDN los archivos militares que den cuentan sobre los operativos que se realizaron en la universidad de 1970 a 1995. El MDN dice que no tiene esa información e incluso se ha negado a una inspección física para comprobar que los archivos no existen. ¿Por qué la UES no cree en la versión del Ejército sobre la inexistencia de los archivos?

N.H.: En realidad es una cuestión casi de sentido común, porque nos parece improbable que una institución del Estado sea capaz de sostener, por tanto tiempo, la administración de un conflicto armado sin tener ningún registro de ello. La exigencia que hace la UES al ministerio no se limita a la década de 1970, también estamos pidiendo información sobre las demás intervenciones militares: hablamos de los 80’s, específicamente de la intervención más larga que tuvo la universidad que duró cuatro años, desde 1980 hasta 1984; y, posteriormente durante la ofensiva final, en noviembre de 1989, cuando también nuestro campus fue intervenido. Esto es como mínimo, porque también hablamos del resto de casos de persecución, desaparición, etcétera.

Además, durante las audiencias que se han realizado de otros casos, el caso El Mozote, en concreto, ha sido evidente que el MDN ha demostrado que posee archivos militares y que incluso esos archivos se pusieron a disposición. Eso evidencia que tienen en resguardo esa información. Obviamente, el empeño del MDN por no admitir que se haga ningún tipo de inspección ni por la CIDH ni por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Como UES, como parte interesada,  acompañamos al IAIP para poder acceder y observar que había en el Ministerio y no se nos ha permitido nunca el acceso. Y al contrario, hemos sido víctimas de acoso por parte de las autoridades gubernamentales es evidente que algo está ocurriendo ahí.

Es obligación  del MDN como de cualquier instancia del Estado guardar la información, resguardarla y reconstruirla en el caso de que sea inexistente. Y esto es algo que el Ministerio se ha negado a hacer hasta este momento.

Para negar el acceso a los archivos, el Ministerio de Defensa ha apelado a la intervención de la Sala de lo Contencioso Administrativo en 2016. ¿Cuál es el estado de esta petición ante esta Sala?

S.Z.: Decir que esta suspensión de la medida cautelar del proceso de 2016, que era inspección de los archivos militares que fue solicitada por el rector interino Luis Argueta Antillón, quien también fue rector en la década de los 70’s y 80’s, se esperaba en este caso de acceso a los archivos sigue todos los procesos de apelación en el IAIP y en el proceso de apelación solicitamos como medida cautelar la inspección de los archivos, y el Instituto admite la medida cautelar.

Horas  antes de que se ejecute la acción se recibió la notificación de la admisión la petición del MND en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Hasta la fecha, la UES que es tercero beneficiado, estamos a la espera de una resolución final para concluir con este proceso que inició en 2016. Hay otro proceso que inició el actual Rector Roger Arias, que ya está en su fase administrativa final en el IAIP, donde se le ordena a Defensa que busque la información y la entregue.

El IAIP ha ordenado al Ministerio de Defensa que se reconstruya la información. Después de casi 50 años, ¿es factible la reconstrucción de estos archivos?

S.Z.: Como ha dicho Néstor, dudamos que no existan los archivos. De hecho, la ocupación de 1972 estaba planificada desde abril de ese año. 7:24 “Hay documento desclasificados de la CIA donde se demuestra que había una planificación de estos operativos contra la UES”. No creemos que, por ejemplo, de las ocupaciones militares no exista nada. Tanto es así que en la última ocupación de la UES en la que se extrajeron materiales, equipamiento, mobiliario, algo fue recuperado vía juzgados que en aquel momento levantaron actas de entrega de bienes inmuebles sustraídos en la ocupación.

Entonces, no creemos que no exista nada. Además, están todas las noticias del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (Coprefa) realizaba de los distintos operativos militares alrededor de la universidad. La UES fue objeto de varios cateos que en los medios de prensa aparecieron los comunicados de Coprefa en relación de estos operativos. No creemos que no exista nada, no tendrán que reconstruir 50 años de información, sino que solo dar lo que ellos tienen y de aquello que efectivamente no tengan o hayan destruido tendrán que investigar y reconstruir.

Estamos pidiendo la información oficial de cosas que también se han hecho públicas. Por ejemplo, la persecución a miembros de la comunidad universitaria está señalada en el libro amarillo, que fue hecho público hace unos años, gracias al trabajo de la Universidad de Washington, Estados Unidos, donde aparece un listado de nombres en el que se incluye el caso de María Teresa Hernández Saballos.

El Ejecutivo de Bukele se niega a darles acceso a sus archivos, no solo a la UES sino también a otras organizaciones representantes de víctima. Y esta negativa está presente a pesar de las obligaciones internacionales y de las nacionales. ¿Con este bloqueo está cerrado el acceso a la justicia para las víctimas de la UES?

N.H.: Con el actual gobierno en un principio observamos algunas señales esperanzadoras en favor de nuestra lucha como comisión y como universidad. Pero poco a poco vamos viendo cómo se diluyen estas esperanzas. Nos pareció sumamente preocupante la no conmemoración de la Firma de los acuerdos de paz este año, lo cual es una señal grave para la memoria histórica y la recuperación de los hechos que nos marcaron como sociedad y que nos tiene en la situación actual. Al final nos parece que no existe una preocupación real de este gobierno por recuperar la memoria histórica y, por supuesto, el respaldo del Ejecutivo al ejército y la manera en que se celebra desde el Ejecutivo el rol del ejército en las acciones del Estado y ni mencionemos lo que ocurrió el 9 de febrero.

En general, parece que el camino que se recorre es sumamente preocupante. Esperaríamos que el gobierno de señales positivas a la brevedad posible para que también se favorezca esto hacia las víctimas y sus familiares. Como comisión nos preocupamos por esas voces de las víctimas que han sido silenciadas por mucho tiempo y que incluso con la disolución de la Secretaría de Inclusión en el Ejecutivo, también se cometió un proceso grave en contra de las víctimas. Por supuesto, los gobiernos anteriores tampoco cumplieron con una obligación mínima hacia la UES. Con el gobierno de Salvador Sánchez Cerén intentamos algunas reparaciones mínimas para la universidad, como mínimo un pedido de perdón como el que realizó el presidente Mauricio Funes en El Mozote, pero fue algo que nunca ocurrió. Desconocemos las razones de ello, pero preocuparía si hubiese sido por la presión del ejército y del MDN.

Ahora las señales que observamos no son claras y lo que procede es recurrir a las instancias nacionales, al IAIP, y a también a instancias internacionales, como Naciones Unidas,  que para elaborar el informe de la Comisión de la Verdad tuvieron que recurrir a un sistema complejo y profundo de investigación in situ, para poder recopilar todo lo que se presentó. La CIDH tiene información, pero también necesitamos crear una red de apoyo que le permita la universidad acceder a toda la información que si no está aquí puede estar fuera del país.

¿Qué debe cambiar en la Ley de Reconciliación y Justicia Transicional para hacer efectivo el derecho de acceso a la información para las víctimas y para establecer la verdad en los crímenes del periodo de guerra?

S.Z.: En el caso concreto de la UES, primero se les solicitó que se incorpore como casos a investigar los casos perpetrados en 1970; segundo, que se creen medidas de reparación incorporando como sujeto de ellas a la universidad, como persona jurídica, por todo el daño del que fue objeto.