Mujeres bajo amenaza, las secuelas de la COVID-19

(Transcripción editada de la entrevista realizada por Saúl Hernández transmitida el pasado domingo 28 de marzo de 2021)

Ana Elena Badilla (A.B.), representante de ONU Mujeres en El Salvador, y Lina Ajoy (L.A.), embajadora de Costa Rica en nuestro país, señalan durante esta entrevista cómo la pandemia por la Covid-19 agudizó aún más las problemáticas que enfrentan las mujeres en la región latinoamericana; además, enfatizan en la importancia de fortalecer la educación para la prevención de la violencia hacia las mujeres y fortalecer los mecanismos que permitan mayor participación de este sector en cargos públicos y de tomas de decisión.

Cifras oficiales reportan que, entre el 1 de enero y el 22 de marzo de 2021, asesinaron a 40 mujeres en El Salvador; 12 más que en el mismo periodo del año 2020. También hay varias desaparecidas en esos registros oficiales en el país. Quisiera conocer su lectura de cómo interpreta este incremento en asesinatos, respecto del año 2020, año de pandemia.

A.B.: Es muy preocupante, realmente, porque el país, hace algunos años, ocupaba uno de los primeros lugares en feminicidio en toda América Latina. De hecho, por ejemplo, la tasa de feminicidio en el 2016 era 13 por cada cien mil. Una tasa muy, muy elevada. Progresivamente, esa tasa empezó año con año a disminuir. No hay todavía un estudio que documente exactamente las causas de esta.

Hemos analizado la situación y creemos que hay varios factores que incidieron en la reducción, algunos factores se deben a las políticas de seguridad que los gobiernos han impulsado, tanto el anterior como el actual; pero también creemos que han contribuido otras medidas que el país adoptó para disminuir o erradicar la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, hace tres años se crearon los tribunales especializados en violencia contra las mujeres; se fortaleció el sistema 911 en materia de violencia contra las mujeres; hemos trabajado en capacitaciones, protocolos y guías de atención para el 911. Además, en la actualidad existen más de 30 unidades especializadas en atención de las mujeres en la Policía Nacional Civil (PNC), que son las UNIMUJER-ODAC; y existen servicios de atención telefónica, el 126 en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) y el 198 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se creó el año pasado.

Todo esto contribuyó a reducir la tasa de feminicidios; sin embargo, viene la pandemia de Covid-19 y altera esta situación, modifica esta tendencia de la violencia hacia la mujer y se empieza a producir un incremento en ese periodo. En los primeros meses de la pandemia, monitoreamos las muertes de mujeres por la Covid-19 y las muertes de mujeres por feminicidio y encontramos que había más feminicidios que muertes por Covid-19 de mujeres. Allí fue cuando dijimos, y esto también se ha dicho en otros países, “la pandemia para las mujeres es la violencia”.

Usted adjudica, en tu lectura que hace de la reducción de los feminicidios, que se produjo previo a la COVID-19 y responde a acciones de carácter público, a políticas públicas impulsadas tanto por el gobierno anterior como este. Sin embargo, una de las principales dificultades que tenemos desde el periodismo es poder identificar cuáles son las acciones que se ejecutan para disminuir la violencia, un plan, etcétera. Son dos preguntas: ¿has tenido acceso en algún diálogo con autoridades de seguridad sobre resultados de sus políticas para poder tener un sustento a esa respuesta o has pensado también un acompañamiento de la comunidad internacional a mejorar los índices de monitoreo de las políticas del Gobierno en temas de seguridad?

A.B.: Justo por esa situación que el país experimentó, hace tres años, la Unión Europea (UE) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) impulsaron la Iniciativa Spotlight, una iniciativa mundial que financia la UE en diferentes países de la región y El Salvador fue seleccionado por los índices que tenía. Entonces, en los dos años anteriores, cuatro agencias de la ONU nos unimos para trabajar junto con las instituciones del Estado y ofrecerles apoyo técnico y capacitación para fortalecer la atención de la violencia contra las mujeres. Hemos trabajado con la CSJ, con la PNC, con el Isdemu y con la Fiscalía General de la República (FGR), principalmente.

Algunos ejemplos de acciones que hemos hecho: con la Fiscalía y trabajamos en el Protocolo Nacional de Investigación sobre los feminicidios. Hay un protocolo regional de ONU Mujeres y del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que impulsamos; y, sobre la base de ese modelo regional, se trabajó la adaptación para El Salvador, para que la FGR tenga una herramienta específica para investigar los feminicidios.

El año pasado, cuando surgió la emergencia y con el confinamiento, apoyamos a la CSJ, al Isdemu y a la Policía en fortalecer las líneas de atención telefónica, dimos capacitación al personal; pero también ampliamos las líneas disponibles para que las mujeres pudieran llamar y buscar orientación y para denunciar la violencia.

Sí ha habido medidas que impulsan el fortalecimiento de las capacidades que estas instituciones tienen para abordar el problema. Todavía no tenemos una evaluación de impacto, porque es poco tiempo para poder medirlo, pero sí creemos que son factores que han incidido y contribuido a la reducción de esa tasa de feminicidios que teníamos.

¿Qué pasó en estos últimos meses de este año?, cuando se incrementó el número de muertes. En eso no tenemos una investigación que nos permita afirmar con certeza qué es lo que ha pasado; pero, como decía, la pandemia vino a afectar el acceso que las mujeres tenían a los servicios que daba el Estado y el acceso que tenían a las organizaciones de la sociedad civil que también les dan apoyo y que juegan un papel muy importante en la sociedad; hay muchas oenegés de mujeres en este país que trabajan desde hace muchos años, que tienen mucha experiencia en atender y acompañar en procesos de violencia a mujeres.

Siempre hablando sobre los servicios de atención a la mujer en el contexto de la violencia, hasta el año 2019 la impunidad en los casos judiciales denunciados ante los juzgados, precisamente creados por la Ley especial para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, rondaba esta impunidad en el 70 %, de casi 93 mil casos de violencia reportados, según datos oficiales. ¿De qué manera, identifican que la cooperación internacional pudiera ser mucho más efectiva en el acompañamiento de los esfuerzos a nivel judicial en la lucha contra la violencia en el país? Se lo pregunto porque vemos una gran cantidad de recursos disponibles para el Gobierno para atender con políticas públicas esto, pero ahí vemos todavía altos niveles de impunidad. ¿Qué tipo de mejoras identifica desde la cooperación en ese aspecto?

L.A.: Creo que podríamos hablar de la cooperación internacional, de la ayuda de todos los países y organizaciones en dos sentidos: primero, que es importantísimo, es la sensibilización. El tema de la mujer, la igualdad y la paridad en cuanto a los puestos de elección popular son temas fundamentales que deben ser conocidos por toda la sociedad y en esto debemos apostar a la juventud a través de los nuevos medios de comunicación y de las redes sociales, para poder enviar ese mensaje realmente efectivo, que cale en las nuevas generaciones, para que puedan afrontar de una mejor manera sus retos y su problemática.

En segundo lugar, pues obviamente, a partir de cooperación técnica que se hace desde nuestros países. En el caso de Costa Rica, apostamos a la cooperación Sur-Sur y, en ese sentido, estamos en la mejor disposición y así lo estamos haciendo también en conjunto con ONU Mujeres, para tener conversaciones y transmisión de experiencias positivas, experiencias exitosas a nivel de parlamentos, de gobiernos locales, a nivel, incluso del poder judicial, porque en este tema los jueces y juezas son fundamentales, y a nivel de formulación de políticas pública.

Lina, mencionaba que hay que apostar a esos nuevos medios de comunicación; hay conversaciones digitales en el contexto de la discusión de feminicidios, en las que se pregunta ¿por qué hablar de feminicidios en particular y no de homicidios, en general, si al final todas son personas? ¿Por qué darle el énfasis al abordaje de feminicidios?

L.A.: Porque esa es la problemática más grave. Tradicionalmente, se ha dejado un poco de lado el tema de la conceptualización de la problemática de la mujer. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años?, y yo creo que en esto Ana Elena Badilla, como representante de ONU Mujeres puede tener una mayor especialización. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos tratado, los países y los organismos, de visibilizar y poner el punto sobre las íes en la problemática que afrontan las mujeres. Estamos convencidos, en el caso de Costa Rica, que hasta que no se les ponga el nombre correcto a las cosas, por ejemplo feminicidio; es más, hasta en el léxico que utilizamos para los títulos, cuando tuvimos la primera presidenta de Costa Rica, mucha gente le decía “presidente” y ella dijo: “no, yo soy presidenta”. Tenemos juezas, tenemos una fiscala. Entonces, todo esto es parte de una nueva conceptualización que hemos venido desarrollando en conjunto con la ONU, que ha permitido visibilizar y dar esa mirada y ese enfoque un poco sensible, solidario, que nos permita abordar, de una manera efectiva, los problemas de la mujer.

Ana Elena, quisiera tomar otro aspecto que está dentro de la discusión, cuando las organizaciones de mujeres y feministas hablan sobre la violencia hacia la mujer en El Salvador, particularmente. Tanto Costa Rica como en El Salvador hay una penalización del aborto, ¿consideras que la penalización del aborto es un tipo de violencia y agresión hacia la mujer, desde tu perspectiva?

A.B.: ese es un tema delicado, siempre es un tema muy sensible porque tiene que ver con el derecho a la vida y es un tema que genera posiciones de todo tipo. Nosotras creemos que una primera cosa importante que se debe decir en esto es que, cuando estamos hablando del derecho a la vida de las personas, tenemos que garantizar la vida de todas las personas y particularmente nos preocupa el derecho a la vida de las mujeres.

Naciones Unidas se ha pronunciado, muchos de los comités y organismos de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por que, en el caso de El Salvador, mujeres han sufrido condenadas muy altas por delitos de homicidio que están relacionados con emergencias obstétricas, con problemas durante el embarazo. Y estas penas son mucho más altas que las que tienen, en algunos casos, mareros que ponen en riesgo la seguridad pública y que han cometido actos graves en contra de la vida y la seguridad de las personas.

Eso, ya ha sido un pronunciamiento reiterado de la Naciones Unidas, en el sentido de que pareciera que hay un desbalance en el sistema de justicia, cuando se aplican sanciones a mujeres y a hombres en delitos que tienen diferentes niveles de gravedad, pero que las sanciones para las mujeres han sido muy altas y que esto tiene muchas otras consecuencias, porque tiene consecuencias no sólo para ellas, sino para sus familias. Por ejemplo, mujeres jefas de hogar que tienen otros niños y, al ser encarceladas por 10, 20 y hasta 30 años, dejan a sus hijos sin su madre, sin su apoyo y, en muchos casos, ellas eran el sostén de la familia.

El tema tiene muchas aristas, pero sí hay una preocupación y sí podría pensarse o entenderse que esta aplicación diferenciada de penas tan elevadas para las mujeres pueda ser una forma de discriminación. Es un tema al cual hay que ponerle atención, Naciones Unidas es respetuosa de la legislación nacional, Naciones Unidas está para apoyar a los Estados y a los gobiernos, pero sí ha llamado la atención sobre este punto que es preocupante.

Quisiera referirme a otro tema vinculado al contexto de la crisis sanitaria por la COVID-19, Ana Elena, hay un informe de la OEA y la Comisión Interamericana de Mujeres, del año 2020, que dice lo siguiente: “La mayor precariedad laboral de las mujeres se explica por los roles de género y la responsabilidad del cuidado asignado a las mujeres. Según datos de 2019, registrados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había alrededor de 900 mil mujeres en edad productiva que no trabajaban, entendiendo el trabajo únicamente como una función remunerada. Pero sí desempeñaban tareas de cuido en el hogar”. ¿Qué ejemplos de iniciativas o políticas públicas podrías compartirnos sobre cómo aplicar corresponsabilidad en la familia en las tareas de cuidado en el hogar, para que no sea una asignación que precarice el tiempo de la mujer y su trabajo?

A.B.: en ese sentido, debo decir que tenemos un gran vacío y es un tema por trabajar. También creemos que la responsabilidad del cuidado de las niñas y los niños, de las personas mayores o enfermas o con discapacidad debe ser una responsabilidad compartida. ¿Entre quiénes? Bueno, en el hogar, una responsabilidad compartida entre el hombre y la mujer, en caso de que hay parejas; pero también es una responsabilidad que debe ser compartida entre el Estado y las familias. Porque las familias requieren apoyo y, sobre todo, las mujeres que están solas.

En este país, que tiene un 53 % de población femenina y hay un tercio de las familias en El Salvador encabezadas por mujeres, que están solas haciendo frente a todas las responsabilidades económicas, sociales, educativas de sus familias. Esas mujeres necesitan apoyo. Hay experiencias muy valiosas en la región que podrían ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, Uruguay, en este momento, es uno de los países que tiene una política más avanzada sobre cuidados y creemos que, en ese tema, tenemos una necesidad ya identificada porque el cuidado de las personas y el trabajo doméstico es una de las principales limitaciones para la inserción económica de las mujeres. Si no resolvemos esto, no vamos a poder aprovechar todo el potencial que significa el aporte económico que las mujeres pueden hacer a sus propias familias, pero también a la sociedad.

Menciona la necesidad de la corresponsabilidad del Estado y la sociedad y pero la Asamblea Legislativa dio prórrogas a la iniciativa de salas cunas para que pudiera haber, de alguna manera, apoyo hacia las mujeres en ese sentido. ¿Critica esa postura de la Asamblea sobre esta decisión de prórroga?

A.B.: Bueno, está terminando el periodo legislativo actual yo esperaría, más bien daría un mensaje de esperanza hacia el futuro, que la nueva legislatura realmente retome este tema porque ya la Asamblea actual tiene muy poco margen de acción y quisiéramos; de hecho, vamos a tener un acercamiento con las diputadas electas, principalmente, para que ellas pudieran retomar este tema dentro de su agenda. Para la primera Dama, Gabriela de Bukele, por ejemplo, el tema de la primera infancia es su tema prioritario. En un foro que tuvimos, con motivo del Día Internacional de la Mujer, con el tema de liderazgo de las mujeres y tuvimos el mensaje de apertura de la primera Dama y ella volvió a señalar la importancia de la primera infancia y generar el proyecto de ley sobre casas cunas u otra iniciativa que vaya orientada hacia el tema del cuidado de las niñas y los niños es fundamental y se alinea en esa prioridad que ella ha colocado y esperamos que sea acogida por mujeres y hombres dentro del nuevo parlamento.

Lina, siempre en el contexto de los impactos de la Covid-19 en El Salvador, y particularmente en las mujeres, el informe que citamos de la OEA sobre la situación de la mujer en el contexto de la pandemia señala que en la región la participación laboral de las mujeres es del 50.3%, que representa 25% menos que la de los hombres. En materia de participación laboral se habla de que en 2017 la tasa de desempleo en la región fue ocupada en un 10.4 % por las mujeres, frente al 7.6 % de los hombres; y que, un 51.84 % de las mujeres en la región estaban aplicando su labor en sectores de baja productividad o en el sector informal. ¿Por qué este contexto hizo más difícil a las mujeres llevar a cabo actividades económicas en la pandemia? ¿Cómo analiza, esta desigualdad a nivel económico y el impacto de la pandemia en ellos?

L.A.: Es innegable que la pandemia vino a poner en riesgo todos los logros, pocos o muchos, que nuestros países habían alcanzado en términos de combate a la pobreza, desigualdad y en términos de la no violencia contra las mujeres. En el campo económico, también es innegable que no podemos abordar la crisis de la pandemia si no apostamos hacia un empoderamiento real de las mujeres y esto pasa por… Usted hablaba del empleo informal, de los altos índices que tenemos en nuestros países sobre todo en las mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. Pero, bueno, el empoderamiento de las mujeres pasa, primero, por educación. No podemos empoderar económicamente a las mujeres, si no les damos el acceso a una educación de calidad; segundo, la formulación de políticas públicas, no podemos decir ‘estamos empoderando a la mujer’, si no formulamos políticas públicas efectivas y dirigidas a atacar esa problemática. Y tercero: el tema de la participación política de la mujer. Todo pasa primero por dar mayor acceso para que la mujer pueda acceder a puestos directivos, gerenciales, de elección popular, para que a partir de allí podamos las mujeres que estamos en posiciones de liderazgo coadyuvar en la atención real de estas problemáticas.

Lina, uno de los aspectos que se valoran mucho del caso costarricense es esa apuesta importante por la educación, incluso dejar de destinar recursos a áreas como la Fuerza Armada, que tiene que ver más con la militarización de la sociedad, y promoverlos hacia los servicios públicos, de salud, seguridad social, etcétera. Desde la experiencia costarricense, para poder nosotros también retomar casos de éxito, ¿El hecho de apostar más por la educación, por sobre la militarización, ha sido el caso de éxito de Costa Rica, es eso lo que ha permitido, mejorar la condición de vida de las mujeres y de las personas?

L.A.: La Costa Rica de hoy está basada en tres pilares fundamentales: la atención a la educación, que tenemos un 8 % del presupuesto nacional destinado a la educación pública; la atención a la salud, tenemos casi un 10%, igual que los países desarrollados, solamente para lo que es atención de salud y, obviamente, el tema de medioambiente que, a partir de los años 80, Costa Rica ha venido avanzando en un concepto de desarrollo sostenible, pero también inclusivo, en parte de lo que estamos hablando. Costa Rica no sería Costa Rica, sinceramente, si no hubiéramos abolido el Ejército en 1948 y si, a partir de ese momento, no se hubiera tomado la decisión de, en lugar de invertir los impuestos de la ciudadanía en armas, invertirlos en educación, en salud, en políticas públicas realmente dirigidas al ámbito social y en materia de la protección de nuestro ambiente.

Quiero que hablemos de la participación política de las mujeres. En los últimos años, hemos visto una organización política de las mujeres muy importante en América Latina, pero particularmente del activismo social, de la organización y el movimiento feminista. ¿Qué lectura haces de este movimiento en estos momentos en la región?, porque parece que es un movimiento que cada vez toma más fuerza, relevancia y sus demandas se ven en las calles. ¿Qué tipo de elementos de análisis haces sobre el movimiento feminista?

A.B.: El movimiento feminista en la región es muy, muy amplio y ya no estamos hablando sólo de las organizaciones de mujeres en la sociedad civil, que están en las comunidades o agrupadas en oenegés que dan atención a las mujeres. Hoy el feminismo ha calado los Estados y el sector privado, en estos días, con motivo del Día Internacional de la Mujer, tuve la oportunidad de participar en varios foros con el sector privado y es impresionante ver a mujeres que están tomando liderazgo, que están diciendo: “tenemos que lograr más participación de mujeres en las juntas directivas de las empresas”, por ejemplo; “tenemos que dar más oportunidades a que las mujeres tengan posiciones de gerencia o de dirección en las empresas, y no sólo que sigan siendo las secretarias, las recepcionistas o las aseadoras”; o también, abrirles las puertas en carreras no tradicionales a las mujeres, que estén en la tecnología de la información, en la mecánica e ingeniería, en otras áreas en las que las mujeres han tenido muy poca participación.

Creo que hoy, en primer lugar, hay que perderle ese miedo que teníamos al movimiento feminista, dejar de llamarlas “feministas radicales”. Es decir, hoy el movimiento feminista, incluso en muchos casos, incorpora a hombres que tienen una gran sensibilidad y que apoyan o están apoyando la causa de la igualdad entre mujeres y hombres, que es de hecho el objetivo número 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de la ONU, que no es algo que nos inventamos las Naciones Unidas, sino que es el consenso que lograron los más de 190 países que forman parte de ella, El Salvador incluido, para avanzar hacia el desarrollo sostenible en el que realmente la participación plena de las mujeres es una condición indispensable.

Si las mujeres en el mundo entero son la mitad de la población pues es fundamental que ellas estén en todas las esferas de decisión y de participación, dentro y fuera del hogar y en los ámbitos económico, político, social y cultural, también, en lo científico. Hoy en día, el 73 % del personal de salud en todo el mundo son mujeres y no sólo enfermeras, tenemos médicas, científicas, biólogas, microbiólogas y hoy tenemos mujeres que están en todo el mundo tomando decisiones al frente de la pandemia. Y, de hecho, una cosa muy importante, se ha destacado que las mujeres jefas de Estado, presidentas, primeras ministras, han demostrado una gran capacidad de manejar esta pandemia y algunos de los países que han lidiado mejor con la pandemia, en todo el mundo, son países encabezados por mujeres.

Pero en El Salvador sí que hemos retrocedido en la participación de mujeres en política. Las recientes elecciones dejaron que de las 84 diputaciones, sólo 23 van a ser de mujeres y, de las 262 alcaldías, sólo 30 van a ser gobernadas por mujeres. ¿Es posible hablar de democracia plena, cuando tenemos esos números?

L.A.: Creo que sí es posible, porque, al final de cuentas, todas ellas, pocas o muchas, fueron elegidas popularmente. Creo que aquí tenemos que enfatizar otros temas, que era lo que hablaba anteriormente: la educación, crear conciencia y mandar un mensaje directo a la jóvenes generaciones para que procesen, de alguna manera, que las cosas tienen que cambiar, que en nuestros países obviamente somos sociedades muy tradicionales, muy paternalistas, etcétera, etcétera; pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor, no sólo a nivel interno sino, también, como parte de la comunidad internacional, para apoyar esos procesos de concientización desde los más pequeñitos, porque yo creo que todo empieza no sólo en casa, sino desde el kínder. Un poco recogiendo algo que dijo Ana Elena y es que no debemos tenerle miedo, satanizar, el tema del feminismo. En mi caso particular, me considero una feminista; una feminista, pero desde el lado solidario, que defiende los derechos humanos de las mujeres, que cree firmemente en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y en la igualdad de derechos para todos, desde los niños y las niñas. Todo empieza con la educación y yo creo que este es un mensaje que tenemos que dejar en todas estas entrevistas y en todos estos foros: la educación de nuestras niñas y niños es fundamental para que las nuevas generaciones puedan ir terminando esos procesos que, como bien decís, a veces también se siente que tiene retrocesos.

En el caso de Costa Rica, por ejemplo, en la última elección de alcaldes tuvimos menos alcaldesas; aunque tenemos más diputadas. Pero, por otro lado, tenemos una vicepresidenta de la República, doña Epsy Campbell Barr, que además es afrodescendiente y es una figura internacional defensora de todos los derechos de la mujer y de las comunidades vulnerables; tuvimos una presidenta ya en costa Rica, doña Laura Chinchilla (2010-2014). Un poco es eso, no veamos los periodos específicos, sino la línea de tiempo que se ha dado y tenemos que seguir adelante, en un proceso constructivo y nuestra responsabilidad como países es seguir construyendo y seguir apostando a la educación y a la concientización.

Y en esa línea progresiva, en la que es importante destacar y hacer conciencia de la participación de mujeres en la política, usted ha dicho que es necesario el aspecto de la educación para sensibilizar a las futuras generaciones. Usted forma parte de un grupo de mujeres embajadoras en El Salvador y, además de ser muy valiosa esa declaración que hace a los medios, quisiera saber si hay algún tipo de acciones de incidencia en las políticas o en los diálogos con los ejecutores de políticas en el país, para proponer algún tipo de integración, de conciencia de la participación de las mujeres en la sociedad en general. ¿Han tenido esa oportunidad?

L.A.: Tenemos un diálogo muy abierto, tengo que decirlo. El Día Internacional de la Mujeres todos los jefes de misión en El Salvador, no sólo las embajadoras, tuvimos una reunión con todas las ministras del Gobierno en un ramillete de ministras profesional que dejó la mejor de las impresiones. Yo he tenido conversaciones bilaterales con la gran mayoría de ellas y, realmente, uno siente que hay una intención real de ayudar y de apostar por todas estas temáticas y la realidad es que, en la medida que tengamos más mujeres en puestos de dirección y puestos de toma de decisiones, en esa medida se va a poder facilitar y se va a poder plasmar y materializar esas decisiones que se necesitan en nuestros países para apoyar estos temas de igualdad de género.

Durante la campaña electoral, registramos desde el periodismo, expresiones de acoso, intimidación y amenazas a mujeres políticas; pero también hacia mujeres periodistas en redes sociales por parte de funcionarios y aspirantes de distintos partidos políticos. ¿ONU Mujeres, como la entidad rectora de Naciones Unidas en materia de la mujer, estaría dispuesta a alzar más fuerte la voz contra ese tipo de acciones que vienen de funcionarios públicos contra las mujeres, ya sea en la política o en el periodismo?

A.B.: Hemos hecho varias cosas. Hemos dado, incluso, asistencia técnica a la Asamblea Legislativa para la formulación de un proyecto de ley para sancionar la violencia política contra las mujeres; que hace como un mes, fue aprobado por la Asamblea pero aún no ha sido sancionado por el presidente. Esto nos parece muy importante porque, ciertamente, el mayor tiempo que ahora las mujeres pasamos en el internet y redes sociales, por ejemplo, ha dado pie a mayor violencia virtual sobre todo después de la pandemia, también coloca a las mujeres en mayor riesgo de recibir violencia.

Tenemos ejemplos muy lamentables de casos de violencia política contra las mujeres, principalmente candidatas, que vimos a través de los medios de comunicación, y que son muy lamentables, y que son sancionables. Dichosamente, las autoridades tomaron cartas en el asunto, se han procesado, pero creo que tenemos que apostar más a la prevención, por un lado, y también a ampliar competencias de algunos organismos para actuar en esa materia. Por ejemplo, en conversaciones que hemos tenido con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se ha hablado de la posibilidad, por ejemplo, de fortalecer la competencia del Tribunal para recibir denuncias sobre casos de violencia política y que este organismo pueda tomar acciones inmediatas. En el caso actual, el Tribunal tomó algunas medidas, la Fiscalía también intervino y creo que es necesario que ellos sigan teniendo ese rol muy activo, para frenar estas formas de violencia que lo que tratan, en última instancia, es inhibir la participación de las mujeres en la política. Entonces, definitivamente, hay que actuar más fuertemente en ese sentido.