Abogado de implicados en caso El Mozote: mis defendidos se beneficiarán con la ley de reconciliación

El abogado defensor de militares implicados en la masacre de El Mozote y el asesinato de los jesuitas, Lizandro Quintanilla, aseguró en FOCOS que sus defendidos se beneficiarán si entra en vigor la recién aprobada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional.

Quintanilla es defensor del general Walter Salazar, señalado como uno de los responsables de la matanza de cerca de 1,000 personas en 1981 en El Mozote, Morazán. También de Orlando Zepeda y Francisco Elena Fuentes, miembros de la cúpula militar que habría ordenado el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su colaboradora y la hija de esta en 1989. Ambos casos ocurrieron durante la guerra salvadoreña.

Quintanilla ve con buenos ojos la nueva ley porque “cumple con los parámetros de la Sala de lo Constitucional”, refiriéndose a lo establecido en la sentencia que abolió la amnistía general de 1993 y que también ordenó crear una nueva ley de reconciliación. No obstante, organizaciones de víctimas de la guerra y organismos internacionales como Naciones Unidas argumentan que la ley aprobada contradice el fallo de la Sala.

«Me parece que es una ley que de manera integral comprende todos los aspectos relacionados a la reparación, a la justicia, a la verdad, al perdón y desde luego al castigo de los hechos de aquellos que resultaran responsables», dijo el abogado.

Según la ley, el juzgamiento de los crímenes tendrá una vigencia de 10 años. Quintanilla dice que este plazo «probablemente» contradiga la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero que el marco legal aprobado está enfocado en hacer la transición de la guerra a la paz.

«No podemos pasar eternamente juzgando casos que se dieron en el contexto del conflicto armado, que no tenga la finalidad de consolidar la paz», agregó.

Lizandro Quintanilla es el abogado defensor de militares implicados en la masacre de El Mozote y el asesinato de los jesuitas, hechos ocurridos en 1981 y 1989, respectivamente. /Elisa Hernández

A pesar que la Sala de lo Constitucional advirtió que esta nueva normativa no debía invocar tiempos con el fin de entorpecer, demorar o negar el ejercicio efectivo e inmediato del derecho de acceso a la justicia, Quintanilla reiteró que el plazo de 10 años es suficiente, aunque reconoció que es complejo investigar un crimen que ocurrió hace más de 25 años.

La nueva ley también contempla reducir las penas de cárcel para los implicados que reconozcan su participación en los hechos, pidan perdón y colaboren el esclarecimiento del caso. También ofrece conmutaciones de pena por razones de salud y edad. 

El abogado Quintanilla consideró que se puede garantizar justicia transicional y restaurativa sin penas de prisión. «Las víctimas, al fin y al cabo, lo que necesitan saber es dónde está enterrado el cadáver de su familiar, dónde lo secuestraron, dónde murió, dónde lo pueden ir a traer y que le pidan perdón», dijo a FOCOS.

La Sala de lo Constitucional ordenó en su sentencia que aplicar penas proporcionales y con dosimetría en beneficio de las víctimas, no de los victimarios, pero el abogado sostuvo que las penas tienen la función «retributiva» y sustituyen a la venganza privada.

El presidente Nayib Bukele vetó el viernes la ley de reconciliación que con 44 votos aprobó la Asamblea Legislativa. El proyecto regresará a los diputados, quienes deberán conseguir 56 votos si quieren superar el bloqueo del Ejecutivo.

Al respecto, Quintanilla aseguró que esta es una oportunidad para que la Sala de lo Constitucional evalúe la ley y se pronuncie definitivamente sobre el tema.

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