Alfombra roja y detenciones, la antesala del gobierno inconstitucional de Bukele

Nayib Bukele dejará de ser presidente constitucional de El Salvador este 1 de junio de 2024, y asumirá su segundo mandato “de facto” en contra de ocho artículos de la Constitución de la República que prohíben la reelección presidencial inmediata. Para lograrlo tuvo que dar un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, colocar a sus propios magistrados y conseguir que el Tribunal Supremo Electoral le permitiera participar en unas elecciones marcadas por irregularidades. En la antesala de su investidura, además, las autoridades han desalojado a vendedores, destruido patrimonio nacional del Centro Histórico, y capturado a veteranos y excombatientes de guerra que rechazan su reelección. 

Una alfombra roja cubre el jardín central del Palacio Nacional, intervenido por el Ministerio de Obras Públicas desde abril pasado. El edificio que una vez albergó a los tres Poderes del Estado y fue declarado el 10 de julio de 1980 como patrimonio nacional, ha sido remodelado para servir como escenario de la llegada del nuevo periodo inconstitucional de Bukele.

Pantallas gigantes, pintura celeste y sillas transparentes para funcionarios y diplomáticos se han instalado en la Plaza General Gerardo Barrios, frente al Palacio. En San Salvador, grupos de militares se movilizan para instalar dispositivos de seguridad, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) ejecuta capturas contra líderes de movimientos sociales y excombatientes que se han llamado a desconocer al gobierno de Bukele.

La noche de este jueves 30 de mayo, la PNC capturó a siete veteranos de guerra a quienes acusó de planificar «atentados con explosivos» en varios puntos del país, y de haber conformado un grupo denominado «Brigada de Insurrección Salvadoreña». Sus objetivos eran «detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas» con «explosivos temporizadores», según la corporación.

Entre los detenidos está el coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y director de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ANVEGE), José Santos Melara Yánez, a quien la PNC acusa de «financiar» los planes. 

En diciembre de 2023, Melara participó en una conferencia de prensa en donde aseguró que la población tiene derecho a una «insurrección pacífica». 

Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BPR), que había anunciado protestas para el 1 de junio, señaló que esta captura es “un acto de persecución política para intimidar la jornada de repudio a la dictadura», prevista para este sábado.

«Exigimos al Gobierno la pronta libertad de nuestros compañeros líderes sociales, defensores de derechos humanos que vienen denunciando los diferentes retrocesos que ha tenido el país en estos cinco años (…) Si algo les sucede en la cárcel, desde ya responsabilizamos al presidente Bukele», afirmó la defensora.

Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que Melara fue sacado de su casa y llevado a una delegación policial «con engaños» . 

Además fueron capturados Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel. El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos (COFAPPES) también denunció la captura de Atilio Montalvo, exdirigente del FMLN. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre esta detención.

Desde diciembre de 2023, distintas organizaciones han llamado a los salvadoreños a hacer una «insurrección pacífica», reivindicando los derechos que asisten en los artículos 87 y 88 de la Constitución, que permite a los ciudadanos desconocer la legitimidad y autoridad de los funcionarios que hayan alterado el orden constitucional.

Un gobierno “de facto”

El artículo 154 de la Constitución de la República establece que el periodo presidencial en El Salvador es de «cinco años, y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más». Pero este artículo será violentado todos los días en El Salvador, donde asumirá un presidente ilegítimo, sostienen analistas consultados por Focos.

«A partir del 1 de junio ya no tendremos presidente, sino un gobernante de facto», asegura Enrique Anaya, abogado constitucionalista que ha promovido demandas contra candidatos que se mostraron a favor de la reelección de Bukele, y presentó  recursos contra el TSE para revertir su decisión.

El experto señaló que el 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa en poder del partido oficialista Nuevas Ideas, «ejecutó un golpe de Estado contra la justicia», destituyendo a la Sala de lo Constitucional y nombrando a abogados afines a Casa Presidencial. 

«Esto fue vital para eliminar el control de constitucionalidad y mandar el mensaje que podían echar a cualquier funcionario, además de designar a operadores políticos en la Sala para que dispusiera la reelección y no controlen ningún acto del Presidente o la Asamblea». 

El 3 de septiembre de 2021, sólo cuatro meses después, los abogados impuestos en la Sala emitieron una resolución para dar luz verde a la candidatura presidencial de Bukele. El objetivo fue reinterpretar el artículo 152 de la Carta Magna, el cual establece que «no podrá ser candidato a la presidencia el que haya desempeñado el cargo por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial». 

La resolución de la Sala nació como respuesta a una demanda de pérdida de derechos ciudadanos presentada por Anaya en contra de la entonces candidata a diputada de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Nancy de Martínez, por promover la reelección. La Sala ocupó este proceso como excusa para declarar que la reelección sí está permitida. Para el abogado, «es intrascendente que hayan ocupado este proceso» que él inició, pues «la decisión ya estaba tomada desde el momento en que ocurre el golpe de Estado».

«Había muchas maneras de tomar la misma decisión de reelección. Recordemos también que el TSE tenía la potestad legal de no inscribir la candidatura de Bukele: se presentaron escritos y siempre se negó a hacerlo» recordó. 

El vicepresidente Félix Ulloa, quien asumirá junto a Bukele su mandato ilegal, contradijo sus propias declaraciones con respecto a la posibilidad de reelección y respaldó la interpretación de la Sala diciendo que el periodo «inmediato anterior» es el de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN. Bukele, sin embargo, ha ejercido la presidencia del país desde el 1 de junio de 2019, por 54 meses consecutivos, hasta que él mismo dejó el cargo cumpliendo con una «licencia» que le dieron sus diputados para optar a la reelección.

Esto, según la abogada constitucionalista Ruth López, es falso. La experta afirmó que Bukele llega a su segundo mandato de forma inconstitucional, «independientemente de las justificaciones que pongan», y se consolidará «la instalación de un sistema autocrático».

La deriva autoritaria

En el camino hacia su investidura presidencial inconstitucional, Bukele mostró síntomas de su deriva autoritaria: presionó a la Asamblea Legislativa para aprobar el financiamiento a su plan de seguridad, limitó los derechos de los salvadoreños en la mayor parte de su quinquenio, con una cuarentena estricta durante la pandemia del covid-19, y más recientemente con el uso del régimen de excepción, que suma ya 26 meses y más de 79,000 detenciones.

Para Anaya, los primeros síntomas del tono autoritario que tomaría la presidencia de Bukele iniciaron desde antes del 1 de junio de 2019, al no hacer una comisión de traspaso; y en los primeros días de su mandato, cuando iniciaron los despidos por Twitter, el lenguaje confrontativo hacia críticos y opositores.

Incluso el 9 de febrero, cuando Bukele se tomó la Asamble Legislativa dominada por la oposición a mano militar, «no fue una señal, si no un acto que demostró su autoritarismo: un golpe en la mesa anunciando que haría uso político de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC)», afirmó.

Luego, «los abusos durante la pandemia ya dibujaron a la presidencia de Bukele como irremediablemente autoritaria, fueron la materialización del uso abusivo de normas e instituciones», desobedeciendo resoluciones de la Sala que lo obligaban a buscar un acuerdo con la Asamblea para imponer la cuarentena. 

¿Será reconocido el mandato de Bukele?

Las primeras voces desconociendo el cargo de Bukele surgieron esta semana en El Salvador. Organizaciones del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BPR) llamaron a la comunidad internacional a desconocer el gobierno que se instalará el 1 de junio por considerarlo «inconstitucional e ilegítimo».

Para López, sin embargo, «la comunidad internacional está cometiendo un gravísimo pecado con el Gobierno de Nayib Bukele, en nombre de su popularidad». 

La abogada señaló que debido a que Estados Unidos está en un periodo electoral y su política exterior «no ha sido consistente» en la región, «vemos que se ha enviado una representación diplomática para el evento del 1 de junio». 

Esto, a pesar que el gobierno de Joe Biden rechazó en 2022 el anuncio de Bukele para buscar un segundo periodo, a través de su encargada de Negocios, Jean Manes. 

“Es increíblemente lamentable que estemos en esta situación, porque todos teníamos esperanza de un cambio, de algo diferente”, lamentó Manes, al enumerar un «libro de jugadas» que sumó hasta entonces el gobierno de Bukele: consolidación del poder, debilitamiento de la independencia judicial, atacar y destruir a la oposición política, declarar enemigo a cualquier voz de opinión diferente, crear un ambiente de miedo, en donde las personas no pueden decir nada en contra; crear una máquina de comunicación de propaganda del Estado; atacar y destruir a los medios de comunicación independientes; crear un ambiente en donde los medios están entrando en un ambiente de censura; cerrar el espacio a la sociedad civil; empezar a usar elementos de seguridad en contra de sus mismas personas, para intimidarlos o perseguirlos. 

“Es difícil decir las cosas ¿de qué país estoy hablando? Puede ser Nicaragua, puede ser Venezuela, puede ser decisión de los salvadoreños, es un libro de jugadas, es un paso a paso. Duele decir eso”, dijo la exembajadora.

Sin embargo, en mayo de 2023, Estados Unidos cambió el tono. Al ser abordado por periodistas salvadoreños sobre el tema, William Duncan, entonces recién llegado embajador estadounidense, dijo que no opinaría sobre asuntos internos. 

Bukele resultó electo el 4 de febrero en unas elecciones marcadas por el uso de recursos públicos para hacer campaña de los candidatos oficialistas; el ahogamiento de fondos para los partidos de oposición; la apertura del voto en el exterior sin garantías ni control, y un escrutinio preliminar irregular por parte del TSE.

En total, participaron en las elecciones 3.1 millones de salvadoreños y salvadoreñas, de los cuales 2,701,725 votaron por Nayib Bukele. Esto es, un 84.65 % de los votos, frente a un 12 % que sumaron los partidos de oposición Arena, FMLN y Nuestro Tiempo. 

Hace cinco años, el 1 de junio de 2019, Bukele protestó con una mano sobre la máxima ley salvadoreña, prometiendo “ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución”. “Lo único que cumplió de lo que dijo ese día fue la parte de la medicina amarga”, concluyó López.