¿Asamblea alista una amnistía disfrazada?

El lunes pasado, los canales oficiales de la Asamblea Legislativa informaron que la próxima semana se presentaría el proyecto de ley que sustituirá a la amnistía general de 1993, declarada inconstitucional hace tres años.

Organizaciones de derechos humanos obtuvieron una copia de este borrador, al que consideran un fraude a la sentencia de la Sala de lo Constitucional porque sigue limitando el acceso a la justicia para las víctimas de crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña.

Una sentencia de 2016 declaró inconstitucional la amnistía de 1993, que impedía juzgar y sancionar a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado salvadoreño.

Este fallo de la Sala de lo Constitucional también obligó a la Asamblea Legislativa a elaborar una ley que garantizara el acceso a la justicia para las víctimas, y la implementación de medidas de reparación y no repetición. 

Luego de un polémico y fallido primer anteproyecto presentado en mayo, se creó una subcomisión para recolectar insumos y según lo informado por la Asamblea, estaría lista para entregar una nueva propuesta a la Comisión Política la próxima semana.

Organizaciones de derechos humanos obtuvieron una copia de este nuevo proyecto. Diputados confirmaron a FOCOS que el documento es verídico, aunque advirtieron que algunos apartados podrían cambiar. 

¿Qué propone este nuevo proyecto? Los cambios respecto a los puntos más polémicos del borrador de mayo son cosméticos, afirma David Morales, de Cristosal. El activista lamenta que este nuevo borrador no se haya incluido en el debate con las víctimas.

El borrador mantiene el mandato para que la Fiscalía General de la República elabore una lista cerrada de casos que se investigarán y procesarán penalmente. 

La información divulgada el lunes pasado por la Asamblea indica que las personas tendrán cinco años para pedir a la Fiscalía que incluya un caso, aunque el documento plantea que serán solo 4 meses.

En todo caso, una vez concluido el plazo, los crímenes que no se incluyan en la lista no podrán ser juzgados. El vocero de Cristosal advierte que esto viola el derecho internacional porque los crímenes de guerra y de lesa humanidad no prescriben.

Uno de los artículos que más polémica causó en mayo fue la eliminación de las penas de cárcel. Aquella propuesta planteaba la suspensión de la pena si era inferior a los 10 años de prisión. Si era mayor, los imputados pagarían con trabajo de utilidad pública.

El nuevo anteproyecto señala que los procesados mayores de 65 años, o con enfermedades crónicas o inhabilitantes, tendrán mecanismos especiales para cumplir las medidas impuestas o harán trabajo de utilidad pública. Además, a diferencia de la propuesta anterior, no menciona la posibilidad de deducir responsabilidad civil.

Los demandantes de la inconstitucionalidad de la amnistía solicitaron el miércoles una prórroga a la Sala para que la Asamblea apruebe una ley de reconciliación. El plazo se vence este 13 de noviembre.


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