Asamblea incumple exigencias constitucionales en elecciones de segundo grado, dice abogado
El abogado Salvador Enrique Anaya afirmó en FOCOS que la Asamblea Legislativa incumple constantemente las exigencias constitucionales en elecciones de funcionarios de segundo grado.
El 24 de octubre, la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Anaya contra la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), realizada en julio pasado, porque a su juicio los diputados no deliberaron la selección de estos funcionarios.
«La Asamblea continúa sin cumplir con las exigencias constitucionales que dice que todo proyecto de ley, o en este caso un acuerdo legislativo, debe ser discutido», dijo Anaya en FOCOS.
El abogado recordó que la jurisprudencia actual de la Sala establece que con «discutido» se refiere a una deliberación pública y en el caso de elecciones de segundo grado debe haber una discusión sobre los méritos, capacidades y experiencia de cada candidato. Denunció que los diputados no respetan la jurisprudencia y continúan haciendo un «reparto de cuotas partidarias”.
Según la Constitución, el TSE se conforma con perfiles propuestos por los tres partidos políticos que obtuvieron más votos en la elección presidencial, más dos presentados por la Corte Suprema. No obstante, para Anaya esto no significa que los diputados no deban debatir en público las aptitudes y cualidades de los aspirantes.
“En el caso de los magistrados debió tomarse en cuenta si los candidatos tenían experiencia en derecho electoral o público, y determinar si tenían formación especializada”, explicó el demandante.
Anaya manifestó que es necesario hacer una reforma al reglamento interior del Congreso para que todos estos puntos sean más detallados, pero lo primordial es un tema de «voluntad política”.
El abogado afirmó que el implementar el baremo en la normativa para elecciones de segundo grado podría aportar a una decisión más objetiva.
Anaya concluyó que espera que la Sala falle a su favor y declare inconstitucional la elección de los magistrados del TSE, y fije un plazo a los legisladores para que elijan nuevos magistrados.
