Bukele y sus diputados reviven la minería en El Salvador
A propuesta de Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa de El Salvador eliminó la prohibición a la minería metálica que estaba vigente desde hace seis años. Una nueva ley, aprobada de manera exprés, autoriza al Estado para explorar, explotar, extraer y procesar los recursos naturales del país en asocio con empresas privadas.
El Salvador volverá a permitir la minería, tras seis años de prohibición total. Una nueva ley impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele autoriza al Estado para explotar los recursos naturales del país en asocio con empresas privadas. La Asamblea, de mayoría oficialista, se reunió de manera extraordinaria el fin de semana para conocer la propuesta y la aprobó este lunes, un día antes de la celebración de la Navidad.
Por la mañana, organizaciones ambientalistas, de pueblos indígenas y mujeres convocaron a una manifestación a las afueras del Congreso, donde expresaron su rechazo a la derogatoria de la prohibición minera. Unas 200 personas exigieron a los diputados no aprobar la ley debido a los impactos ambientales que tendría, especialmente en la agudización de la crisis hídrica que atraviesa el país.
“La minería son proyectos de muerte. Es preocupante que una lucha de 12 años (por la prohibición a la minería) hoy, en cuestión de minutos, de horas, sea derogada. Una Ley propuesta por el pueblo organizado y consciente de que no se necesita explotar los bienes naturales para desarrollar a un país”, dijo Sonia Sánchez, parte del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás que defiende los recursos hídricos de las comunidades en ese distrito de la metrópoli salvadoreña.
El Salvador prohibió la minería en 2017, tras años de lucha por parte de comunidades y organizaciones ambientalistas. Siete años después, la Iglesia Católica, defensores ambientales, pueblos indígenas y ecofeministas rechazan que El Salvador vuelva a la minería metálica.
Los diputados oficialistas se negaron a recibir a los manifestantes y, durante la lectura de la ley, defendieron los beneficios económicos de la explotación minera. “Lo que estamos haciendo es garantizando que el Estado salvadoreño tenga los recursos y las herramientas para un crecimiento sin precedentes en la economía de El Salvador” afirmó el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano.
El 27 de noviembre pasado, cuando Bukele anunció –por medio de su cuenta de X– sus pretensiones de regresar a la minería, aseguró que “estudios realizados en solo el 4% del área potencial (a minar) identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en $131,565 millones”. Sin embargo, ni durante la presentación de la ley ni en el debate legislativo se presentaron documentos técnicos para respaldar la medida. Después de dos horas de discusión en el pleno de la Asamblea, la ley fue aprobada por los 57 votos del bloque oficialista: 54 de Nuevas Ideas, dos del PCN y uno del PDC. Votaron en contra los únicos tres diputados opositores de Arena y Vamos.
Explotación sin concesiones del Estado
El artículo 6 de la ley establece que el Estado será el único autorizado para la exploración y explotación minera, aunque también podrán hacerlo sociedades anónimas en las que tenga participación accionaria o de economía mixta, junto a empresas privadas. La ley además, permite que el Ejecutivo otorgue minas en concesión, sin necesidad de aprobación de la Asamblea Legislativa.
Las empresas privadas podrán desarrollar actividades de comercialización y exportación de las materias extraídas del suelo salvadoreño, siempre que cuenten con los permisos correspondientes por parte de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
El abogado Luis Parada, quien representó al Estado salvadoreño en un litigio internacional contra la minera Pacific Rim, explicó en una publicación de su cuenta de X que el modelo de explotación desarrollado por esta ley es similar al que las empresas mineras ofrecieron al funcionarios del gobierno de Sánchez Cerén, en un intento de convencerlos para que desistieran de su defensa. En 2016, el país ganó la demanda que la empresa había presentado por la denegatoria de permisos de explotación. Esta victoria dio paso a la discusión de la ley que prohibió la minería en 2017.
De acuerdo con el abogado, el modelo es malo para el país. “Al no requerirse una concesión, se eliminan los requisitos de la antigua ley de minería que Pacific /OceanaGold no cumplía ni podía cumplir y que están diseñados para proteger a la población y al medio ambiente (…) De similar forma, no hay requisito de ninguna garantía bancaria de larga duración y de cuantía suficiente para responder monetariamente por daños y desastres medioambientales, personales y a la propiedad, que pueden ocurrir no solo durante las operaciones mineras sino que hasta décadas después del cierre de las minas”, indicó.
Los diputados también modificaron el artículo 19 del proyecto de ley para que la responsabilidad del cierre técnico de las minas sea compartida, según la participación del Estado en dicha sociedad. Anteriormente, la responsabilidad recaía únicamente en el Ministerio de Medio Ambiente y en la Dirección de Minas.
Sin embargo, el economista José Luis Magaña señaló que la manera en la que está estructurada la participación del Estado en la ley, en realidad garantiza que los costos sean asumidos por el Gobierno; mientras las ventajas económicas las obtendrán las empresas, ya que serán estas las encargadas de la comercialización y exportación, donde existe mayor margen de ganancia.
Magaña además cuestionó las cifras utilizadas por los diputados para respaldar el supuesto impulso económico de la minería. Los $3 billones de potencial alegados por el oficialismo resultan imposibles. Para llegar a esa cifra el país tendría que tener 35 mil toneladas subterráneas de oro, tomando en cuenta que el precio de la onza de oro ronda los $2,600 actualmente. Y en ese caso, el país tendría más de la mitad de las 50 mil toneladas disponibles en el mundo, según estudios internacionales.
“Esas cifras no existen, son mentiras. E incluso si fueran ciertas, significa que, los 21 mil kilómetros cuadrados de El Salvador serían una mina a cielo abierto”, dijo.
El economista explicó que en las economías de países mineros, estas actividades no superan el 1% del PIB y que la gran mayoría de las ganancias las obtienen corporaciones internacionales y no los países productores.
Durante la plenaria, la diputada oficialista Suecy Callejas también pidió cambiar el artículo 8, que prohibía el uso de mercurio en las actividades mineras, para ampliar la prohibición a “cualquier otra sustancia no autorizada” por la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas.
Luis González, de la Mesa Nacional frente a la Minería, dijo que la ley es “contradictoria” pues prohíbe explícitamente el uso de mercurio pero no de cianuro, que es el principal químico empleado para la explotación minera en la actualidad. Tampoco regula los drenajes ácidos que producen las actividades mineras ni otros impactos ambientales.
González también cuestionó la capacidad de las instituciones estatales para supervisar las actividades mineras. “Si hoy por hoy al Ministerio de Medio Ambiente le han recortado $5 millones para el próximo año, entonces ¿cómo van a invertir más en proteger los ríos, cuando no lo están haciendo?”, dice.
Población rechaza la minería
Una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IUDOP) revela que el 59.2% de la población nacional considera que El Salvador no es un país apropiado para la minería.
La encuesta, que se realizó mediante un muestreo de alcance nacional, señala que 61 de cada 100 salvadoreños opinan que la minería tendría algún impacto en el medio ambiente. Los principales efectos identificados tienen que ver con la contaminación y explotación de las fuentes de agua.
Además, 95 de cada 100 salvadoreños advierten que vivir cerca de una mina es peligroso y el 91.9 dijo que no tenía interés en trabajar en una.
Omar Serrano, vicerrector de proyección social de la UCA, señaló que la encuesta demuestra que implementar en estos momentos la minería metálica en el país, va “en contra de lo que la mayoría de la población quiere y lo que la mayoría de la población piensa”.
El experto en minería y agua Andrew McKinley, quien participó de la presentación de la encuesta, mostró preocupación por la falta de conocimiento de los diputados sobre la materia. “Preocupa el bajo nivel de conocimiento que hay en la Asamblea Legislativa. Diputados y diputadas que no entienden la amenaza de esta industria. Están tomando decisiones sin información objetiva, científica, para apoyarnos en esa decisión”, dijo.
Mineras llegaron a El Salvador antes que la ley
La iniciativa de una ley para permitir la minería en El Salvador fue anunciada hace apenas 3 semanas por Bukele, pero investigaciones periodísticas han demostrado que los planes del Gobierno y las empresas mineras comenzaron mucho antes.
Revista Elementos reportó en julio pasado que en 2021 Bukele invitó a oenegés y universidades a participar en la redacción de una nueva ley de minería. Además reveló que un grupo de extranjeros y una empresa llamada Minera Titán, relacionada con una transnacional que operó en Honduras, llegaron a San Isidro, Cabañas, para comprar terrenos con potencial minero.
En enero de 2023 cinco líderes ambientalistas de Santa Marta, quienes formaron parte de la resistencia anti minera en Cabañas, fueron detenidos y acusados por la desaparición de una mujer durante el conflicto armado de El Salvador. Organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientalistas denunciaron que el caso fue fabricado para debilitar y amedrentar la organización de defensores en la zona. Los señalados fueron liberados tras 21 meses en prisión, luego de que un juzgado no encontrara suficientes pruebas para continuar con el caso.
Recientemente, el periódico La Prensa Gráfica, retomó denuncias de pobladores en Santa Rosa, La Unión, quienes denunciaron la militarización de las minas artesanales de la zona, tras el anuncio del presidente sobre la reintroducción de la minería.
