Cristosal: medidas extraordinarias en penales son inconstitucionales
La organización de derechos humanos Cristosal presentará este 2 de diciembre una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley Penitenciaria, aprobada el 16 de agosto de 2018 en la Asamblea Legislativa y que convirtió en permanentes las medidas extraordinarias en centros penales.
Celia Medrano, directora de Programas de Cristosal, y Abraham Ábrego, director del Programa de Atención a Víctimas, dijeron a FOCOS que la reforma atenta contra los derechos constitucionales de los más de 38,800 privados de libertad que permanecen hoy en día en Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión.
La demanda se basa en un estudio realizado con familiares de privados de libertad para conocer el impacto de las medidas extraordinarias en centros penales.
Ábrego explicó que la reforma aprobada en 2018 amplía la discrecionalidad a los directores de los centros penitenciarios para determinar en qué momento dictan condiciones o regímenes excepcionales a los centros penitenciarios. Por ejemplo, el artículo 14 restringe las visitas de los familiares de forma temporal o prolongada. Esta práctica aisla a los privados de libertad, advirtió.
“La restricción permanente de las visitas familiares a los reclusos y el aislamiento prolongado son prácticas que son consideradas como tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes que están prohibidos por la Constitución y las normas internacionales”, señaló Ábrego.
Asimismo, existen vacíos como el artículo 79, que permite establecer dentro de los centros penitenciarios un «régimen especialmente estricto». Ábrego indicó que la ley no aclara qué debe entenderse por régimen especialmente estricto. “(La ley) no se refiere a qué significa eso, en qué condiciones, bajo qué características», dijo.
Medrano indicó que las medidas extraordinarias se aplicaron sin distinción ni focalización, incluso en centros penales donde hay mujeres que tienen con ellas a sus hijos menores de edad. “Se está viendo el tema de centros penales desde una perspectiva ni siquiera de seguridad pública, se ha perdido una visión de seguridad humana frente a esta situación. Se está implementando el tema de restricción de derechos como un castigo», afirmó.
Con la demanda, Cristosal busca cambiar la realidad el enfoque que se aplica en los centros penales. “La única forma de combatir la criminalidad es con un enfoque de seguridad humana, que contemple la judicialización y el castigo, pero también la readaptación para que no haya un círculo vicioso”, señaló Ábrego.
