De las protestas contra Bukele al quiebre social

En los últimos meses, un legítimo hartazgo ciudadano ha llevado a las calles, de manera multitudinaria, a diversos sectores sociales, gremiales, organizaciones y activistas. Si bien estas marchas se caracterizaron por una heterogeneidad de demandas, el rechazo al gobierno se exclamó al unísono en contra de los abusos de poder y el grave deterioro democrático. Ante estos hechos, ¿podemos decir que estamos ante un quiebre democrático y social en El Salvador?

En primer lugar, la ruptura del orden constitucional y democrático gestada a partir del 1M es innegable y ha sido ampliamente denunciada por numerosos politólogos y analistas políticos. Por otro lado, aún es prematuro y sería irresponsable atribuirle el carácter de ruptura o quiebre social a las recientes protestas. Sin embargo, la reciente salida a las calles de la ciudadanía tiene un significado importante y es el que intentaré esclarecer a continuación. 

No hay que perder de vista que, aunque las últimas encuestas muestran una disminución de su popularidad, el mandatario salvadoreño aún goza de un considerable apoyo popular. Dicho esto, las recientes y multitudinarias marchas permiten dilucidar el claro malestar de una parte de la población y colectivos que exigen respeto al Estado de derecho, a la Constitución, a la independencia judicial, a las libertades fundamentales, lucha contra la corrupción y el nepotismo, eliminación de la militarización y los abusos de poder, atención a las víctimas de la violencia, respeto de los derechos de las mujeres, acceso a agua, entre otras. 

La importancia de las manifestaciones de los últimos meses reside en las interacciones que se están produciendo en nuestro sistema político: la necesidad que tiene el descontento ciudadano de expresarse en el espacio público ante la frágil y débil función de representación de los partidos políticos de oposición. En efecto, de acuerdo a las últimas mediciones sobre confianza en las instituciones o partidos políticos, El Salvador ocupa los últimos puestos. Además, los resultados de las últimas elecciones evidenciaron de manera contundente la debacle de los partidos tradicionales y el desencanto por los partidos de oposición.

De manera que estas primeras movilizaciones podrían leerse como un primer paso para dar voz a las demandas antes mencionadas y como base para la creación de nuevos partidos que canalicen estas demandas. El sistema político no puede obviar estos primeros indicios para evitar una eventual crisis de gobernabilidad. De cara a 2024, sería deseable que estas interacciones del sistema político conduzcan al surgimiento de una oferta política y programática sólida. Evidentemente, esto requeriría la construcción de liderazgos fuertes que sepan canalizar las múltiples demandas de la ciudadanía, pero además el interés y el apoyo de los electores indecisos. 

Si el descontento ciudadano se sostiene en el tiempo, y particularmente si se llegara a poner en duda la transparencia e integridad de las próximas elecciones, estas expresiones sociales podrían decantar en un estallido social. El estallido de una ruptura social implicaría no sólo la imposición en el imaginario colectivo del antagonismo del gobierno, sino que además protestas y manifestaciones que pusieran en duda la gobernabilidad del Estado, pero esto aún no ha ocurrido. La temperatura del termómetro dependerá de la capacidad del gobierno para responder a estas demandas y de la posibilidad o no de interlocución entre colectivos o movimientos y el gobierno.

Aún está por verse si la ruptura democrática conducirá o no a un estallido social en nuestro país en el futuro. En ese sentido, las acciones del gobierno en relación a algunas fibras sensibles como los temas del agua, las pensiones y la corrupción serán clave. Entre más se resista el gobierno a dialogar y atender las demandas reales de la ciudadanía, se incrementará el descontento ciudadano y se exacerbará la tensión social en nuestro país. 

Por ahora, lo que prima y comanda es, sin duda, el puro interés del gobierno, evidenciado por el hecho de que el régimen no sólo instaló retenes policiales en distintas entradas a la ciudad para impedir que manifestantes del interior del país atendieran la convocatoria de la última marcha, sino que además optó por descalificar y deslegitimar las protestas y evadió su responsabilidad democrática y gubernamental de atenderlas.

Valeria Peralta Albanez

Politóloga, con maestría en Gobierno y Administración Pública. Tiene experiencia en el análisis de políticas públicas y de programas y proyectos de desarrollo sostenible en organismos internacionales, así como en la coordinación de proyectos destinados a promover el voto informado y fortalecer el liderazgo y empoderamiento de las mujeres, pero también en la investigación y el análisis político, particularmente en los temas de democracia, elecciones, sistemas de partidos y política exterior. Es miembro de la Red de Politólogas.

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