Diputado Bonilla: Intereses particulares impiden que Asamblea exija mejor transporte público
El diputado no partidario Leonardo Bonilla afirmó en FOCOS que intereses políticos y económicos influyen para que la Asamblea Legislativa no exija a los empresarios del transporte colectivo un mejor servicio a los pasajeros.
El 31 de diciembre de 2019 vencía el plazo para la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo, vigente desde 2007 y que permite entregar un subsidio a los empresarios del sector, a cambio de que no aumenten las tarifas.
Diputados de diferentes fracciones propusieron establecer condiciones mínimas para la entrega del subsidio, entre ellas una póliza de seguros por daños a terceros, validadores de cobros, GPS e incluso que los empresarios pagaran ISSS y AFP a sus trabajadores.
Finalmente, la voluntad de los transportistas se impuso y la Asamblea aprobó con 53 votos una extensión de la compensación económica por seis meses, sin ninguna condición.
El diputado Bonilla, quien votó en contra la prórroga, sostuvo que la extensión es una muestra que los legisladores votan en contra de los usuarios de transporte, quienes viajan en condiciones pésimas. Explicó que algunos empresarios cobraban el subsidio por unidades de transporte que no prestaban el servicio.
También señaló que otros ofrecen el servicio de transporte a diputados durante las campañas electorales. «Los transportistas, en algún momento, han querido condicionar apoyos a los partidos políticos también en función del subsidio», afirmó.
Por su parte, el diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, quien votó a favor de la prórroga, dijo que no hay condiciones para imponer mejoras a los empresarios del transporte público y consideró que el Gobierno estaba improvisando en su propuesta.
El legislador pecenista explicó que voto por una prórroga sin condiciones para evitar un paro de transportistas o el aumento a la tarifa. También porque espera que la prórroga de seis meses se utilice como un espacio de diálogo entre el sector y el Gobierno, que lleve a consensuar mejoras en el servicio.
El subsidio tiene 13 años consecutivos en vigor y durante todo ese tiempo los transportistas no han resuelto las demandas de los salvadoreños. «Si en 13 años no pudieron hacer nada, ¿por qué quieren que nosotros (los diputados) en 6 meses lo arreglemos?», cuestionó Beltrán.
No obstante, el diputado se comprometió a no votar por otra prórroga si no hay diálogo. «Aquí no hay capacidad para que un empresario (…) del transporte sea sometido por la fuerza, o por capricho o por principios o por intereses. El Gobierno tiene la capacidad de sancionar», dijo.
Finalmente, para el diputado no partidario la solución pasa por un diálogo serio que obligue a los transportistas a prestar un mejor servicio. «Es una cuestión de voluntad. El Estado (debe tener la disposición de) apoyar al transportista, en función del servicio que le dan a los ciudadanos, pero que también los transportistas estén en función de hacer buen uso de ese subsidio», concluyó.
